POLITICA
El gobierno de Tierra del Fuego apelará la intervención del puerto de Ushuaia: “Es ilegal, no hay fundamentos para hacerlo”
Luego de que el Gobierno de Javier Milei tomara la decisión de intervenir el puerto de Ushuaia por un año, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró a TN que apelarán la medida ante la Justicia. “Es ilegal lo que hicieron, no hay fundamentos”, remarcó el mandatario en diálogo con este medio.
La decisión de Melella es agotar las instancias por la vía judicial, por lo que se presentará la apelación en las próximas horas. En la provincia sostienen que la maniobra está guiada por “algún negocio detrás” y se reaviva el fantasma de la privatización del puerto.
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La vicegobernadora Mónica Urquiza se acercó este miércoles a hablar con trabajadores en el lugar. Este jueves se pedirá el levantamiento de la medida.
Los cruces entre el gobierno nacional y la administración provincial vienen desde el inicio de la gestión de Milei. En los últimos días, el mandatario provincial apuntó contra Nación por la quita de aranceles a los teléfonos celulares importados y aseguró: “Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”.
Las razones del Gobierno para intervenir el puerto
La medida de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se tomó a partir de la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que operan allí y luego de que los trabajadores denunciaran un presunto vaciamiento del lugar.
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De acuerdo a lo que informaron, la ANPYN llevó adelante inspecciones y comprobó fallas en la infraestructura portuaria, como el faltante de pilotes en el muelle, la presencia de defensas gastadas y deficiencias en la carpeta asfáltica, entre otras cuestiones.
“La Comisión de Inspección advirtió un deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial, particularmente en el Sitio 3″, señaló la disposición. En esa línea, advirtieron: “Se constató la obsolescencia y discontinuidad de los sistemas de protección contra incendios, carencias en señalización y alumbrado. Los aspectos técnicos relevados configuraban un escenario de incumplimiento grave y persistente de las condiciones que sustentan la habilitación del puerto”.
También detectaron irregularidades en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa.
De hecho, durante el operativo, el organismo no encontró el registro de ingresos y egresos de dinero y compras que la administración provincial tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas. De acuerdo a lo indicado, todas estas fallas fueron informadas debidamente a la provincia de Tierra del Fuego.
Según la normativa vigente, el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo. Sin embargo, se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego uso un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados.
Ante esa situación, la Agencia planteó: “Existen sobrados fundamentos para disponer la inmediata intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia”. En principio, la medida será por 12 meses. Una vez vencido el plazo, las autoridades evaluarán si se regularizó la situación para levantar la disposición o la extienden.
Durante ese período, el puerto será asistido por la Prefectura Naval Argentina, que se harán cargo de las tareas operativas y de garantizar las condiciones de seguridad, mientras que las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino, con capacidad técnica y el conocimiento requerido.
De todas formas, aclararon: “Esto no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones de empleo vigentes, sino la momentánea puesta a disposición del personal idóneo que permita garantizar la prestación de los servicios portuarios”.
ushuaia, Gobierno, Gustavo Melella
POLITICA
Piden que la Justicia investigue los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.
En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.
Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.
La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?» desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.
El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”.
Por su parte, Bongiovani, un exPro, apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo.
Y agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.
En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
En el texto de su denuncia, Frade advirtió que “resulta evidente que, desde el punto de vista de lo funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”
Por lo tanto, la diputada de la CC advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”. La presentación también pide que se investigue si se incurrió en los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.
Por tal motivo, en el texto remitido a la Justicia, la diputada de la Coalición Cívica solicita que revisen los “legajos crediticios” completos de funcionarios y legisladores y las “actas del Directorio [del BNA] mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y se de actuación al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.
La denuncia penal de Frade se suma a otras medidas impulsadas por dirigentes de la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) ya había presentado, el miércoles, un pedido de informe y de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del BNA para, entre otras cuestiones, determinar cuántos funcionarios mantienen deudos con la entidad financiera, sus montos y los controles que se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.
“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el diputado santafesino en uno de los textos presentados.
otorgamiento de créditos del Banco Nación,Felipe Núñez,Oficina de Respuesta Oficial,Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones,April 2, 2026,pic.twitter.com/dstkAhKUMq,April 1, 2026,Banco Nación,Coalición Cívica,Conforme a,Banco Nación,,“Gran remate”. El Banco Nación será sede de la subasta televisada de más de 25.000 animales,,Nuevo plazo fijo. Cómo funciona la inversión que permite ganarle a la inflación todos los meses,,»Malicioso». Uno de los diputados señalados de recibir créditos del Banco Nación desmintió las acusaciones
POLITICA
El Gobierno dispuso una recomensa de $20 millones por información sobre Apablaza, el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.
El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.
Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del ex guerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.
A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.
La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Helmut Ditsch exigió explicaciones por el retiro de su obra sobre el glaciar Perito Moreno de la Casa Rosada
El artista plástico argentino Helmut Ditsch confirmó hoy que se enteró por Infobae acerca del retiro de la reproducción de El triunfo de la naturaleza, (2006) cuyo original se expuso desde 2012 en la antesala de la Sala Eva Perón de la Casa Rosada y, cinco años después, tomó su lugar una reproducción en alta calidad de la misma obra hecha en carbon print con una resolución de 4 mil mega pixel.
El reconocido artista, nacido en Villa Ballester y radicado desde 1988 en Viena, expresó su desconcierto por la falta de comunicación oficial: “No, yo les quiero preguntar a ustedes si saben algo, porque el Gobierno no me responde. Yo le envié un e-mail a la persona encargada del patrimonio después de haber visto la noticia que salió en tu medio”, dijo Ditsch, vía teleconferencia, al periodista Nacho Girón, en Infobae al Amanecer, co-conducido junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar.
Y enfatizó su sorpresa. “Nadie se contactó conmigo, ni siquiera de manera informal”. Su reacción inmediata fue escribirle al departamento de Patrimonio en la sede de Gobierno. “Esto me está empezando a preocupar porque, ya hace días que les escribí amablemente que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad”, aclaró con vehemencia.
“Problemas estructurales” fue la versión oficial que llegó desde Casa Rosada por lo cual la reproducción de su obra fue removida de su lugar de exposición. A lo que Ditsch se preguntó: “¿Qué significa problemas estructurales? Puede ser de restauración, pero esa no puede ser la excusa porque esa obra no se puede restaurar, porque es una copia. El único daño que se le puede hacer es con un cúter, cortar, que tenga algún corte”, reiteró.
El artista solicitó que como esa obra es de su patrimonio y la cedió a la Casa Rosada, sea cual fuere el Gobierno o color político en cuestión, “para cuando ellos decidan podrían devolvérmela, siempre”, agregó.
La cesión de la obra y el retiro de la misma
Ditsch explicó el contexto del acuerdo artístico durante la entrevista de esta mañana. “Llegó en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se terminó de restaurar la sala Eva Perón. Y quedó claro que eso era cedido. Yo, luego, les pregunté si ellos quieren comprar una obra y me dijeron que ´no´, que si tenía algo para darles».
Como el artista sabía que era para una sala de acceso público -ya que hay visitas guiadas a Casa Rosada para colegios e instituciones durante tres días de la semana-, él señaló que los sucesivos gobiernos aceptaron la presencia de la obra, hasta este retiro. “Después del gobierno de Cristina, les pregunté si querían la obra todavía o si preferían que me la lleve. Y Mauricio Macri me dijo que no, que estaba fascinado y es un fan de la obra. Y así siguió con el próximo gobierno y esta es la primera vez que se saca de ese lugar”.
La decisión de retirar la obra coincide con el tratamiento en el Congreso de la Ley de Glaciares, una legislación que protege estos ecosistemas y limita la minería cercana.
La Ley 26.639, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, y ha generado fuertes fricciones entre ambientalistas y empresas del sector minero.
Ditsch relacionó el episodio con el clima de debate sobre el tema: “No puedo decirlo que es una coincidencia, pero me hace mucho ruido. Justo ahora. Una obra que la vieron millones de personas desde el 2012″, se lamentó el artista.
Y aprovechó para remarcar los riesgos de las actividades extractivas sobre los glaciares: “El sentido común se está perdiendo”, advirtió. “Por eso, cuando ahora se debate la ley de glaciares, no es menor el aspecto de la fragilidad de ese fenómeno que puede desaparecer de un día para el otro. Entiendo perfectamente que el Estado necesite ingresos, que necesite ver dónde se puede hacer, dónde se pueden producir divisas, pero la meseta patagónica está llena de tierras raras, necesitas agua para la minería, conozco a las empresas austríacas que son especialistas en los túneles para las mineras», sorprendió acerca del conocimiento acerca del tema.
Y agregó: “Las mineras tienen un muy mal nombre mundialmente, si se meten en hacer trabajos de perforación cerca de glaciares, es la peor propaganda que ellos pueden hacer y van a tener más pérdida que lo que pueda dar de ganancia“, cerró.
Antecedentes y el lugar del arte argentino en el patrimonio oficial
La exhibición de obras de artistas consagrados en la Casa Rosada y otros edificios públicos es tradición en el patrimonio estatal argentino. Ditsch detalló la colocación de su trabajo: “Cuando hicimos el cambio del original por la copia (en 2017), la hicimos en una acción comando para que el público no se dé cuenta. Es una impresión de altísima calidad que costó, en su momento, unos quince mil euros“. Y fue pagada por el artista, sin ninguna ayuda del Gobierno argentino, que él solicitó.
La cesión de obras al Estado ha incluido piezas de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni y Xul Solar evidencia la interacción entre arte y función institucional. “Toda la gente de patrimonio deberían ser, en general, muy respetuosos y, aparte, deben ser personas dedicadas al rubro de la restauración y académicos. Lo primero que hacen es llamar al artista, porque lo más fácil para restaurar una obra, si el artista está vivo, es llamarlo a él”, enfatizó.
Y dejó un mensaje acerca de su obra récord, El hielo y la eternidad transitoria, también inspirada en el Glaciar Perito Moreno -que nunca estuvo en Argentina- y fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung -récord de venta en el arte argentino- en manos de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.
La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.
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