POLITICA
El Gobierno debate los tiempos para tratar la Ley Penal Juvenil: los plazos y las claves de la articulación

Luego de la reunión de mesa política, el Gobierno Nacional diseña los planes para avanzar en la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y tiene en mente la idea de consensuar el proyecto con los sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares para obtener los consensos necesarios que les permita su aprobación. Pese a haberla incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada debaten los plazos de su tratamiento y mientras hay quienes anticiparon a Infobae que podría quedar relegado para el año legislativo que iniciará el 1° de marzo, otros se mostraron dispuestos a aprobarlo este verano.
En el oficialismo están abiertos a articular y consensuar con la oposición que presentó normativas sobre el tema para sintetizar en un único proyecto, con base en el ya presentado, que garantice los respaldos para su sanción. Algo similar hicieron en agosto de 2024, cuando trataron el tema en Diputados, específicamente en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En aquel entonces hubo debate de los bloques, se presentó una síntesis y se dio lugar a reuniones con técnicos y especialistas, lo que derivó en el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025.
“Hay varios proyectos presentados. La idea es unificar y buscar consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos generar los consensos”, explicó a este medio una importante fuente involucrada.
Lo cierto es que, si bien la administración libertaria aspira a que la reducción de la edad de imputabilidad sea a 13 años, están al tanto de que el consenso obtenido estableció que sea a partir de los 14, por lo que no descartan abrir el debate respecto de los detalles con los aliados. “La intención del Gobierno siempre fue 13, pero el consenso que se consiguió en comisión durante 2025 es que sea 14″, admitó una fuente del Gabinete a este medio.

La determinación de incluir la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias fue adoptada esta mañana por la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta mañana bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún hay debates al interior del reducido equipo legislativo que sabe que el tratamiento demandará más tiempo del establecido para la prórroga de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mes.
El Ejecutivo espera iniciar febrero con el tratamiento de la reforma laboral, prevista para el 12 en Senadores en paralelo al debate en la Cámara Baja por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para trabajar proyectos cruzados y optimizar los tiempos. En el mejor de los escenarios, una vez que los proyectos continúen su curso, podría darse inicio a la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.
“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos. Quizás se empieza a tratar ahora y se continúa en extraordinarias. Hay que ver, pero lo cierto es que con los feriados de Carnaval hay pocos días”, explicó una importante fuente del ecosistema libertario.
Una tercera voz al respecto, también integrante de la reducida mesa, explicó a Infobae que Diputados podría dar lugar inicialmente al tratamiento para optimizar la tarea y confesó que la posibilidad de continuar durante el período ordinario está bajo análisis. “La idea es iniciar en Diputados, dado que casi todo lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, confesaron a este medio.

El tema volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Desde el corazón de la mesa chica, motorizaron la posibilidad de avanzar con el legislativo para dar lugar a la discusión que impulsó Patricia Bullrich, en traje de ministra de Seguridad, y que comprometió al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en articulación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El proyecto que apuntaba a reemplazar la Ley de Minoridad, vigente desde 1980, propone establecer también un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, con el objetivo de adecuar la normativa argentina a los estándares regionales. “En Brasil, está establecido a los 12 años y en Uruguay a los 13″, argumentó una fuente legislativa.
En paralelo, también hay planes de concluir con la reescritura de la reforma del Código Penal, cuyo debate se postergará para marzo con intención de tratarla con tiempo. En el oficialismo aclaran que el envío del proyecto que aún debe definirse, pero que reducirá la edad de imputabilidad, irá por fuera de las modificaciones dado que se trata de regímenes diferentes.
Con respecto a los cambios penales, en una primera instancia, la idea del mandatario era aprobarla en febrero, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la reforma laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partir del 1° de marzo.
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POLITICA
Cómo sigue la salud de Federico Pelli, el diputado libertario que sufrió un violento cabezazo en Tucumán

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli fue agredido el miércoles pasado en la localidad tucumana de La Madrid, cuando se acercó a colaborar con los afectados por las inundaciones. El legislador fue sometido a una operación este jueves por las lesiones óseas que le produjo el cabezazo recibido.
“A Federico lo operaron ayer de la nariz. Salió bien de la operación. Estaba medio dolorido en la garganta, pero probablemente hoy ya le den el alta”, contó a Paula Omodeo, exdiputada nacional.
La intervención quirúrgica estuvo a cargo del cuerpo médico de la Clínica Mayo, un establecimiento privado de la ciudad capital. Anteriormente, Pelli había recibido atención médica en el Hospital Regional de Concepción, donde le realizaron estudios preliminares y atención de primeros auxilios.
Según informaron los médicos de esa institución a la prensa local, el dirigente debió ser asistido por un traumatismo encéfalocraneano y una fractura del tabique nasal. “Una desgracia con suerte. El diputado tuvo un traumatismo encéfalocraneano y nasal. Le realizamos una tomografía computarizada y tiene una fractura del hueso propio, pero está estable”, había especificado el cuerpo médico, según consigna en el medio Contexto Tucumán.
Durante ese primer examen, los médicos también descartaron una lesión cerebral, aunque adelantaron que el legislador permanecería en observación y sería trasladado luego, por decisión del paciente, a una clínica privada.
Pelli había sido agredido el miércoles, cuando se acercó junto a otros dirigentes del partido de Javier Milei a repartir donaciones y ayudar a los vecinos de la localidad tucumana de La Madrid afectados por las inundaciones y el temporal que azotó esta semana a la provincia. En videos que se viralizaron en redes sociales, el agresor – luego identificado por LLA como Marcelo Segura, referente del PJ local- increpa a Pelli y, tras un breve intercambio verbal, le da un cabezazo en la cara el legislador libertario.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo, quien estuvo presente al momento de la agresión, relató a la prensa local que, por el golpe, Pelli tuvo una “importante pérdida de sangre”. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, relató.
Ahora, Pelli permanece estable, pero deberá seguir en reposo por algunos días. Mientras tanto, en el partido de Milei piden que se investigue y tomen medidas contra Segura por su comportamiento.
agredido el miércoles,agredido el miércoles,agresor,prensa local,@JMilei,@pellifederico,pic.twitter.com/Au15pG8sYw,March 11, 2026,March 11, 2026,La Libertad Avanza,Tucumán,Conforme a,La Libertad Avanza,,Tucumán. Quién es Marcelo Segura, el hombre que agredió con un cabezazo al diputado libertario,,Su perfil. Quién es Federico Pelli, el diputado libertario agredido por el chofer de Darío Monteros, ministro de Interior de Jaldo,,La interna de LLA. Valenzuela dijo que “está todo perfecto” con Karina Milei, pese a su desembarco frustrado en el Gobierno
POLITICA
La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a salir del país para que asista a un sorteo de la Conmebol

La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay y participar del sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La decisión fue adoptada en el marco de la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social.
El permiso fue concedido por el juez Diego Amarante, quien dispuso además que el dirigente deposite una caución de 30 millones de pesos como condición para autorizar el viaje.
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La autorización se produce mientras el expediente judicial atraviesa una etapa clave. Tras finalizar las rondas de indagatorias y con los escritos de defensa ya presentados, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
A partir de esta instancia, el juez tiene un plazo de diez días hábiles para resolver si dicta el procesamiento de los imputados, si los sobresee o si establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas por la ley en esta etapa del proceso.
Cómo sigue la causa
La investigación judicial se centra en una presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por parte de la AFA. Según la acusación, la entidad no habría pagado en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales correspondientes a un período que se extiende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El monto involucrado asciende a 19.300 millones de pesos. De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configura cuando vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza dentro de los 30 días posteriores.
La acusación sostiene que durante ese período la asociación actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en el plazo establecido. Según el planteo del organismo recaudador ARCA, esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos.
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En total, el expediente contabiliza 69 hechos que concurren entre sí. Para el organismo, los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a los que se les habían practicado esas deducciones.
En su presentación ante la Justicia, ARCA también señaló que la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
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La defensa de los dirigentes, en cambio, sostiene que no existió incumplimiento. Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en los que argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, sostuvieron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.
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El tesorero de la entidad insistió en ese argumento en el escrito presentado ante el juez. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó Toviggino. En el mismo documento agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA. Según su postura, la denuncia impulsada por el Gobierno nacional fue presentada en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, AFA, ARCA, Conmebol
POLITICA
Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral

La reforma laboral que el Gobierno consiguió aprobar a fines de febrero recibió su primer revés en la Justicia. Un juez de Córdoba declaró “inconstitucional” el artículo 55 de la norma, un punto que regula la actualización de créditos laborales.
El magistrado Ricardo Giletta, integrante de la Sala I de la Cámara del Trabajo de esa provincia, sostuvo que ese apartado de la norma crea una distinción “arbitraria” entre los trabajadores con juicios en trámite y aquellos que demanden tras la vigencia de la ley.
La nueva ley establece que, para los casos que se inicien tras su sanción, el mecanismo de actualización será por Índice de Precios al Consumidor (IPC, inflación), más un 3% de interés anual; y para los casos que nacieron antes de su sanción y se encuentran todavía en trámite judicial, se aplicará la tasa pasiva del BCRA y, si esa tasa es muy baja, se garantiza un “piso” del 67%.
El juez consideró que ese desdoblamiento viola la garantía de igualdad ante la ley.
En su fallo, también sostuvo que la tasa pasiva del Banco Central -el instrumento contemplado en el artículo 55 para realizar la actualización- es “marcadamente insuficiente” para compensar los efectos de la inflación.
“Queda desechada la validez constitucional del artículo 55”, escribió el juez.
La resolución sin embargo, fue desfavorable para el trabajador que inició la demanda, Mario Urbano, quien reclamaba indemnizaciones por un despido que consideraba injustificado.
La empresa lo había despedido alegando que Urbano presentó certificados truchos para justificar sus inasistencias durante 2016. El juez ratificó que esas presentaciones eran falsas y sostuvo que el despido estaba, en efecto, justificado, pero marcó que algunos rubros de cobro no se pierden por mala conducta y ordenó a la empresa pagar los días trabajados de agosto de 2016, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, ya que el empleador no presentó recibos que demostraran su pago.
Otros cuestionamientos
El viernes pasado, como parte de una estrategia a varios tiempos, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido cautelar contra el traslado de la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad, que forma parte de la reforma laboral que aprobó el Gobierno durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Ayer, el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazó el planteo. Entre otras cuestiones, dijo que no se advierte “peligro en la demora”.
Uno de los aspectos cuestionados en la presentación realizada el viernes pasado se concentra en el artículo 91 de la reforma, que contempla la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito moldeado por los años de Pro en el distrito y, a priori, menos favorable para los trabajadores.
En rigor, con el texto de la reforma laboral se aprobó el “acuerdo” firmado el 9 de febrero entre el gobierno de Jorge Macri y la administración nacional, por el que se dispuso poner en marcha esa transferencia, una deuda que la Ciudad de Buenos Aires y la Nación arrastran desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó un nuevo estatus a la Capital.
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