POLITICA
El Gobierno define las multas que aplicará contra los gremios de trenes y colectivos que adhirieron al paro
Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni vengaza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incuplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acomstumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.
En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.
Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.
“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.
La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.
Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.
Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimiento de la central para convocar a las bases.
“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.
El gobierno de Javier Milei logró anoche un importante triunfo en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma laboral, que impactará en el mundo del trabajo en caso de que la próxima semana reciba el último aval del Senado, algo que descuentan en la Casa Rosada.
La Libertad Avanza (LLA) pudo festejar gracias a que se aseguró el apoyo de sus aliados habituales —Pro, UCR y MID— y de un grupo de gobernadores. Fue decisivo el aporte que le dieron, sobre todo, a la hora de conseguir el quorum para iniciar la sesión, los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones)y Raúl Jalil (Catamarca).
El oficialismo pudo aprobar el proyecto de modernización laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Esa fue la cosecha que consiguió Milei en el debate en general. Pero el análisis de la votación en particular permite distinguir las diferencias en torno a ejes centrales de la iniciativa que afectará la vida laboral de los argentinos.
Hubo cinco títulos en los que LLA tuvo más dificultades para lograr consensos. En esas votaciones pesaron, ante todo, los alineamientos políticos o la necesidad de los aliados de Milei de desmarcarse de temas sensibles, que impactaban directamente a los sindicatos o determinados sectores, como la creación del fondo para las indemnizaciones; la eliminación del concepto de “ultraactividad”; la derogación del estatuto del periodista; los límites al derecho a huelga; y el desfinanciamiento del Incaa.
El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.
UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.
Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.
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El Gobierno de la provincia de Misiones dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo, luego de que se viralizara un video suyo en Cancún que desató una ola de críticas.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026, que anula el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024. El documento lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo, José María Arrúa. Según informaron fuentes cercanas al Gobierno, la medida fue tomada ya que “no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos”.
El desplazamiento se produjo luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se la ve practicando parapente en Cancún, México. En las imágenes, Acosta afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres” y, entre risas, agrega: “Fuera, pobres”.
La ahora exfuncionaria se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo– Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El contenido generó una inmediata reacción negativa en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron tanto el tono como el mensaje del video, en especial al conocerse que quien hablaba ocupaba un cargo público vinculado al área de Turismo Social. “¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!”, “Ojo con la caída. Suele ser ruidosa” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro”, fueron algunas de las reacciones más fuertes de los usuarios.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social. Además, se indica que, tras cumplir con los pasos administrativos, el documento será archivado en la Unidad Sectorial de Personal correspondiente.
Karina Acosta, conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no se encuentra disponible, ya que fue dado de baja), se presentaba como creadora digital de Posadas y “coaching profesional”. En Facebook, también figuraba como presidenta de una asociación denominada Comunidad Solidaria. Su última actividad pública registrada en redes fue el 1° de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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