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POLITICA

El Gobierno define un proyecto para cambiar la metodología de las visitas del jefe de Gabinete al Congreso

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El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”, plantea el artículo 101 de la Constitución de 1994, que ningún funcionario cumplió. El actual, Guillermo Francos, advirtió sobre una metodología nunca terminada de reglamentar y, a semanas de presentarse en el Senado -se estima, en principio, para la segunda quincena de junio, la Casa Rosada mastica un proyecto para modificar este tipo de reuniones, según confiaron desde el Ejecutivo a Infobae.

“Diputados y senadores tienen todo el derecho del mundo en hacer cualquier tipo de consulta. Mucho más, en el recinto y con el funcionario presente. El problema ocurre por preguntas repetidas o similares que luego vuelven a ser realizadas en el recinto y ministerios que, con pocos días de anticipación, tienen que dar precisiones sobre centenares de consultas. Por caso, a Economía le aterrizaron cerca de 1.000 para la última visita de Francos a Diputados. Se hace muy difícil congeniar todo, las sesiones después se convierten en pesadas y muchos legisladores aprovechan para el minuto de fama. Se pierde la seriedad”, aseguraron desde La Libertad Avanza a este medio.

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En concreto, el borrador de la iniciativa es masticado por el secretario de relaciones parlamentarias del Ejecutivo -enlace entre el Gobierno y el Poder Legislativo-, Oscar Moscariello, un ex poli rubro del PRO que reemplazó en el cargo al mendocino Omar De Marchi. El objetivo es terminar de presentarlo a diferentes jefes de bloque de ambas Cámaras y avanzar, siempre y cuando se arribe a un acuerdo entre las bancadas. Además de la cuestión de las preguntas, podría establecerse un tiempo límite para la exposición del jefe de Gabinete de turno. Algunos involucrados deslizaron entre tres y cinco horas de recinto, como máximo.

¿Qué ocurrió en abril en Diputados?

Según consta en la versión taquigráfica del último informe de Francos en la Cámara baja -16/4-, el peronista disidente y jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, manifestó: “Hoy, a las 12 del mediodía, los bloques recibimos las respuestas. Fueron notificados periodistas antes que nosotros. Si vamos a llevar adelante la tarea de repreguntar, me parece que hubiera sido conveniente y adecuado que se manejaran con tiempo. No tiene la culpa el señor jefe de Gabinete de ministros, pero me parece que deben mencionarse estas falencias porque, en el marco de las respuestas, es importante la posibilidad de repreguntar. Nadie pudo leer detenidamente las respuestas”.

El secretario de relaciones parlamentarias de Casa Rosada -enlace con el Congreso-, Oscar Moscariello (Martín Rosenzveig)

“Quería hacer esta reflexión al final de mi exposición, pero en virtud de las palabras del señor diputado Pichetto la haré ahora. Entiendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete de ministros debe concurrir alternativamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores una vez por mes. Entiendo que esto ha sido de cumplimiento relativo en el pasado y que a veces se ha cumplido de manera presencial, mientras que otras veces ha sido por escrito. Asimismo, entiendo que no hay una reglamentación del artículo 101 de la Constitución Nacional. Solamente está la reglamentación que cada una de las Cámaras dispuso en sus reglamentos internos. Quiero decir que estas reglamentaciones no son obligatorias para el Poder Ejecutivo. Para el Poder Ejecutivo es obligatorio venir”, empezó el libertario en su alocución.

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Seguido a ello, reflexionó: “Las formas en las que concurre tienen que ser reglamentadas en conjunto por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo a través de una ley. Es así como se reglamenta la Constitución Nacional. Quiero hacer esta reflexión porque creo que no es razonable este mecanismo que se ha impuesto de formular preguntas. En esta oportunidad se hicieron 4.000 preguntas -varias de ellas repetidas-, de las cuales seleccionamos 2.300 para contestar porque había muchas repetidas. Este mecanismo implica para la Administración una tarea enorme de clasificación y respuesta por organismo, por lo que entiendo que debe haber una vía más razonable para hacerlo en el futuro”.

“Por eso, le propongo a esta Cámara, y se lo propondré en su momento también a la Cámara de Senadores, que en conjunto reglamentemos este artículo que, si bien tiene su sentido, la forma en la que se lo está llevando adelante tal vez no sea la más razonable. Señores diputados y señoras diputadas: tampoco hay una norma que diga con qué antelación ni de qué manera tienen que ser respondidas las preguntas. De todos modos, aquí estoy para dar un informe general sobre la gestión de gobierno. Después también responderé las preguntas complementarias que quieran hacer, sin perjuicio de que entiendo que no hay obligación del jefe de Gabinete de ministros de responder más preguntas ni tampoco obligación de responder las que enviaron por escrito”.

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Tierra del Fuego: denuncian que un diputado libertario les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios

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El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego Santiago Pauli quedó en el centro de una controversia tras la filtración de presuntos audios que revelarían que exigía a asesores legislativos del bloque provincial libertario que devolvieran el ítem de “desarraigo” de su salario para cubrir gastos del partido en Río Grande. El adicional salarial que se abona por “desarraigo” es de aproximadamente $500.000.

En las presuntas grabaciones, una voz atribuida a Pauli hablaría con un puntero sobre la utilización de parte de su sueldo para solventar gastos del local partidario en Río Grande, en el norte de la isla de Tierra del Fuego.

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El denunciante es Rolando Correa, autodenominado puntero del frente La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien ha mencionado en declaraciones a medios locales que en un principio trabajó con Pauli como asesor en Diputados y luego pasó al bloque libertario de la Legislatura provincial, integrado por los legisladores Natalia Gracianía y Agustín Coto.

Los audios difundidos contienen recortes de conversaciones entre el diputado Pauli y Correa, en los que este último expresa su negativa a realizar el “retorno” del ítem de desarraigo argumentando su necesidad del dinero.

Santiago Pauli, diputado nacional de La Libertad AvanzaFacebook: Santiago Pauli

Pauli, en respuesta, le indicaría que de no concretarse el retorno del monto darían de baja los contratos: “Es simple de entender, es un viático por un trabajo que alguien no hace, en vez de exigir un porcentaje de un contrato que es lo que cualquier partido hace, dijimos, quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando”.

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Pauli no respondió ayer a las consultas de . En la justicia fueguina no se presentó aún una denuncia formal. Correa apuntó solamente contra Pauli en los medios de comunicación.

El denominado ítem “desarraigo” es un plus salarial destinado a cubrir los gastos de traslado y residencia de los empleados que cumplen funciones en la Legislatura provincial, cuya sede central se encuentra en Ushuaia, y deben viajar desde Río Grande, a 200 kilómetros de distancia.

Finalmente, fuentes cercanas al partido Republicanos Unidos – que conforma la Alianza en Tierra del Fuego y del cual Correa es afiliado- dijeron que se trataría de un aporte voluntario de parte de un afiliado, que “esta persona se apartó por diferencias políticas y dejó de aportar”.

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El Ejecutivo promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación

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El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.

Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

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Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:

  • Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
  • Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
  • Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
  • Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.

Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:

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  • Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
  • Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
  • Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.

Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.

Qué implica la suspensión en la puesta en marcha de las leyes

  • La promulgación formal significa que las leyes existen y están vigentes.
  • La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
  • Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.

En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.

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Boleta Única: ¿tengo que llevar mi lapicera para las elecciones 2025?

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En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral. Esta incluye todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que se define en cada provincia. Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. En ese sentido, muchas personas se preguntan si es necesario llevar una lapicera al momento de acercarse a las urnas.

¿Cómo se vota en las elecciones legislativas nacionales 2025?

De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.

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El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.

Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?Ignacio Amiconi

Las elecciones legislativas de 2025 introducen la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido.

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El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.

Es importante destacar que habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción, debido a la variación de cargos a elegir. Por un lado, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados, tendrán como máximo los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.

El proceso de votación con la BUP es el siguiente:

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Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera

En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).

Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.

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