Jueces federales de todo el país, presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones, expresaron este viernes su preocupación ante el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que reserva para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en los casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado.

Los magistrados dijeron que esta norma, el DNU 575/2025, “lejos de disipar toda duda” en la recuperación, administración y disposición de bienes, “genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias”.

Los presidentes de las Cámaras Federales salieron a así a expresar su preocupación porque este DNU choca con un reglamento que dictó la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se reservó la administración de estos bienes decomisados.

Los camaristas dijeron que el decreto “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” que reglamentó el asunto y además “podría afectar la Ley de Autarquía Judicial” que le reserva a los jueces la administración de sus recursos.

Por eso, los jueces dijeron que propician “el dialogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”.

Los magistrados también salieron a defender a la Corte Suprema de Justicia frente a las críticas que recibió por los fallos que determinaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el encargado de intervenir como revisor de las causas de la justicia nacional criminal, laboral, comercial y civil.

Los camaristas dijeron que, más allá de los disensos ante el fallo Levinas y Levinas II, “reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia funcionamiento del Poder Judicial”.

La decisión de la Corte merece un “debate serio”, dijeron, pero señalaron que debe darse “sin que el disenso pueda dar lugar a un espacio de violencia verbal o escrita y, menos aún, que se permita desconocer la autoridad de los fallos que emanan del máximo tribunal”.

“Las meras descalificaciones, así como las constantes afrentás que ha recibido la Corte Suprema menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, señalaron los jueces al defender al máximo tribunal de las críticas de los jueces nacionales que ignoran su decisión.

Por último, los magistrados demostraron su preocupación por la extraña intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, a quien le ingresaron a su domicilio sin violencia y le dejaron señales para evidenciar que pudieron vulnerar su casa, como una colilla de cigarrillos y la luz prendida.

El histórico enfrentamiento político entre Malena Galmarini y Daniel Scioli sumó un nuevo capítulo. La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires revivió su antigua disputa con el exgobernador y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Galmarini compartió anécdotas inéditas de su tiempo como funcionaria en Tigre para cuestionar la gestión provincial de Scioli, a quien calificó como un “mal gobernador”. Las acusaciones se centraron en presuntas irregularidades en obras públicas y en el manejo de créditos internacionales.

Galmarini relató un episodio específico para ilustrar sus críticas. El hecho involucra a la Escuela N.º 10 de Islas, ubicada junto a la residencia de Daniel Scioli en Villa La Ñata. Según la candidata, durante su gestión en el área de Educación del municipio de Tigre, hace aproximadamente dos décadas, se impulsó un proyecto para llevar gas natural al establecimiento educativo. La obra requería la instalación de una tubería de 500 metros.

“Hicieron una licitación, sencilla. Llegó el caño, hicieron la obra y, de golpe, la escuela no estaba conectada”, afirmó Galmarini durante una entrevista en la radio Futurock. La dirigente explicó que, tras la queja de la comunidad educativa, se descubrió la causa del problema. “Cuando fuimos al barrio, se había conectado un edificio al caño: la casa de Scioli. Y la escuela estaba desconectada”, sentenció.

Añadió que la municipalidad de Tigre finalmente tuvo que asumir el costo de la conexión para la escuela, que en ese momento ascendió a 150.000 pesos. Para dar fuerza a su denuncia, Galmarini aseguró: “Así como te lo cuento, tengo papeles. Le dije muchas cosas, mucho tiempo, respecto de muchas cuestiones”.

La candidata a senadora sumó otra acusación vinculada a la misma escuela vecina a la residencia de Scioli. Afirmó que una licitación para remodelar la fachada del establecimiento educativo se cayó en tres oportunidades.

“Fue así porque no le combinaba el frente de la escuela con el frente de la casa. Entonces se caía la licitación”, citó. Con ironía, agregó: “¡Vivir cerca del que te gobierna a veces es re difícil! ¡Con tipos como Scioli!”.

Las críticas de la dirigente de Fuerza Patria también apuntaron al Club Villa La Ñata. Denunció que el actual funcionario nacional se había “adueñado” del lugar. “Todos lo conocemos porque él jugaba a la pelota y se hacía el que era un crack. Y lo que hizo fue agarrárselo, convertirlo en un club al que no puede entrar nadie, es un club privado”, se quejó.

El relato más duro de Galmarini sobre este tema se situó durante una grave inundación en Tigre. Recordó que ella se encontraba en Dique Luján, sobre una pala mecánica, en medio de la emergencia por un temporal.

“Estaba arriba de la pala mecánica, muerta de frío, toda mojada, hecha un estropajo, y me avisan que estaban entrando al Club Villa La Ñata un montón de jugadores de fútbol, de funcionarios, en las 4×4 de las patrullas de la Policía Bonaerense, para jugar a la pelota», narró.

La situación la llevó a contactar a su esposo, Sergio Massa. “Loco, lo tengo que matar [a Scioli]. Estamos todos con el agua al cuello, todo el pueblo con un metro de agua en la casa, y el señor jugando a la pelota”, rememoró. Detalló que el partido no se suspendió, sino que se trasladó a Hebraica.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.