“Efectivamente, sí vivo en vivo en el barrio de Caballito”, reconoció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que dio la semana pasada para intentar despejar los interrogantes sobre su capacidad económica para adquirir inmuebles desde que llegó a la función pública y su escapada en Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado.

Esa afirmación, sin más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100% en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, no sólo no dio por terminada la especulación sobre su vivienda actual, sino que abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento en la zona más exclusiva de Caballito.

Su sueldo como funcionario durante 2024 y 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano. Recién a principios de este año, Javier Milei autorizó una suba en las remuneraciones de los empleados jerárquicos del Gabinete.

Ante las dudas sobre el incremento de sus bienes, afirmó que su situación patrimonial es pública. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, se limitó a decir. Sin embargo, su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que debe presentar desde que es funcionario jerárquico, corresponde al período 2024, ya que aún no venció el plazo para presentar la de 2025.

En esa presentación, no figura el departamento de Caballito ya que su adquisición ocurrió en 2025 y debería aparecer en la declaración jurada cuyo plazo vence a mitad de año, aunque los funcionarios pueden presentarla antes, una vez cerrado el período fiscal anterior. No está claro, ya que Adorni no lo explicó, si la casa de fin de semana en el country Indio Cuá a nombre de su mujer y adquirida en 2024, fue incluida o no en el Anexo reservado de la declaración jurada de jefe de Gabinete.

A partir de la reforma de 2013, promovida durante el gobierno de Cristina Kirchner, los bienes de los cónyuges y trabajos anteriores en el sector privado de los funcionarios, no aparecen más en el formulario de acceso público que se publica en la web de la OA. Las expensas de la casa de Indio Cuá están a nombre de Angeletti ascienden a $700.000, según reveló Clarín. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro hicieron una presentación para incorporar el comprobante de las expensas a la causa judicial que investiga el patrimonio de Adorni.

La mujer del jefe de Gabinete es licenciada en administración de empresas, especializada en “coach ejecutivo y de vida”. El mismo año que escritura la casa en el country de Exaltación De la Cruz, funda su consultora en coaching ontológico, a la que llamó +Be.

En la DDJJ de 2024, cuando era Secretario de Comunicación, solo aparece un departamento en Parque Chacabuco en la calle Asamblea al 1100, de 115 m2 según informó, del cual es titular en un 50% con su esposa, y otro en La Plata, que declaró haberlo recibido como donación familiar. También informó tener USD 42.500 en efectivo en el país, de un préstamo.

En total, su patrimonio al cierre de 2024 era de $107,9 millones y, al mismo tiempo, deudas por $85,5 millones. Estas acreencias correspondían a un préstamo de su madre y otra mujer ya fallecida por USd 42.500, y otros USD 50.000 correspondientes a de 2 deudas hipotecarias: una con una jubilada de 68 años que trabajó en la Policía Federal y se dedica a servicios inmobiliarios y otra con una joven de 34 años, que actualmente también es empleada en esa fuerza de seguridad.

El jefe de Gabinete escrituró su nueva vivienda en Caballito, ubicada en la calle Miró al 500, el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, según reveló el diario La Nación. Pero esa operación no vendió su anterior departamento en Parque Chacabuco.

La propiedad sigue publicada en USD 289.000 en una web de ofertas inmobiliarias, donde se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete seguiría pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer.

Pero eso no es el único dato que llama la atención. La adquisición del semipiso de 200m2 con cochera en Caballito, en un edificio de categoría con amenities, lo compró con un préstamo hipotecario no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades. Para concretar la operación, dos mujeres jubiladas -que eran las anteriores dueñas en la inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble -, le prestaron USD 200.000. Se trató de una hipoteca no bancaria por casi el 90% del valor declarado en la operación: USD 230.000.

Un departamento en ese barrio con esa cantidad de metros cuadrados y cochera no baja los USD 400.000 y se acerca, según su categoría, a los USD 500.000. De hecho, el metro cuadrado del departamento que tiene en venta en parque Chacabuco está valuado en USD 2.100, mientras que por el de Caballito, ubicado en una zona mucho más cara de la Ciudad, lo pagó USD 2100 el metro cuadrado cubierto.

Según corroboró Infobae, Adorni debe ante la AGIP las dos cuotas del impuesto municipal de 2026, correspondientes a enero y febrero, por un total de $78.000. También está impaga la cuota correspondiente a octubre del 2025, lo que eleva la deuda acumulada a $117.458.

Antes de asumir como jefe de Gabinete, y siendo vocero presidencial, Adorni había sido electo legislador porteño, pero nunca llegó a asumir. El funcionario, de estrecha confianza de los hermanos Javier y Karina Milei – quien lo vienen respaldando en forma sistemática pese a las polémicas sobre su patrimonio -, es uno de los nombres fuertes de La Libertad Avanza para disputarle la Jefatura de Gobierno porteña al PRO.

La investigación judicial

El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo sobre el presunto enriquecimiento ilícito y el vuelo privado de Adorni a Punta del Este, ya solicitó al Registro de la Propiedad el detalle de los inmuebles en CABA y la Provincia de Buenos Aires a nombre de Adorni y de su esposa, así como la escritura del departamento donde vive actualmente en Caballito, revelada ayer por La Nación. Desde esta semana, el expediente concentra las denuncias de los diputados Paulón, Ferraro y Frade por un lado, y de Marcela Pagano, por el otro. La diputada – que se fue de La Libertada Avanza – es quien fue la que reveló la existencia de la casa en el country de golf de Indio Cuá.

Pollicita también requirió todos los viajes al exterior de Adorni desde 2023, su esposa y de su amigo y periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado su vuelo privado a Punta del Este.

Paulón, Juliano y Ferraro ampliaron la denuncia que hicieron sobre el incremento patrimonial de Adorni, y ayer pidieron citar como testigo a la escribana que intervino en la hipoteca del departamento de Caballito y la escritura de la casa en Indio Cuá, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, por la inscripción unipersonal a nombre de Angeletti, siendo un bien ganancial.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar los salarios docentes, las becas y los programas de investigación.

El tribunal integrado por Sergio Fernández y Jorge Morán hizo lugar a la demanda iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades, y recordó que “no debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo. Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación”.

Pese a haber sido promulgada, el Gobierno resolvió suspender su ejecución mediante un decreto, bajo el argumento de que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.

Pero, profundizaron los camaristas, ¿podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?.

Para los jueces la respuesta es negativa, ya que “la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación”.

Tras analizar las pruebas ofrecidas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.

Por su parte, “el Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad”, aseguraron los jueces.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades

El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme.

Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. En la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y argumentan que su aplicación tendría un fuerte impacto fiscal.

La Justicia intervino en la disputa y el juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.

Mientras ese frente judicial seguía abierto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario pero aún no fue tratado.

Días atrás, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno que cumpla con la ley y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma.

Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.

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