POLITICA
El Gobierno designó al hermano de Manuel Adorni en un cargo clave del Ministerio de Defensa
El Gobierno oficializó este lunes, como había anticipado , la designación de Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, como director representante del Ministerio de Defensa en el directorio del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM), un organismo central en la administración de las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 543/2025 de la cartera encabezada por el ministro Luis Petri. Asumirá en reemplazo de Betina Betsabé Surballe, a quien Petri eligió para presidir la obra social de los militares, tras el desplazamiento de su titular, Roberto Fiochi.
De esta manera, Adorni encabezará el Directorio del organismo, que integran tres representantes de las Fuerzas Armadas —el general de brigada Carlos Caneva, el vicealmirante Juan Carlos Abbondanza y el brigadier mayor Pedro Girardi, todos retirados—, la contadora Marcela Singer por el Ministerio de Economía y el abogado Oscar Romero por la Secretaría de Trabajo. La dirección ejecutiva sigue a cargo de Marina Sawinski.
El Instituto de Ayuda Financiera, creado en 1983, es el ente encargado de gestionar los recursos destinados al pago de haberes de más de 300.000 retiros y pensiones del personal militar, un régimen previsional especial que representa uno de los mayores niveles de gasto por beneficiario dentro del sistema público. Este organismo también administra recursos para el otorgamiento de préstamos.
Su designación al frente del IAF se suma a un ascenso progresivo dentro del Ministerio de Defensa, donde desde marzo ocupaba también la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna. El contador público egresado en la Universidad Nacional de La Plata llegó a ese cargo tras desempeñarse como asesor de Luis Petri en el área de control de procedimientos internos.
Antes de incorporarse al equipo del gobierno nacional, trabajó durante más de dos décadas en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes cercanas al oficialismo consultadas por , mantiene un buen vínculo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y en los últimos meses fue tenido en cuenta como posible candidato en territorio bonaerense.
Su nombre había cobrado notoriedad a comienzos de la gestión libertaria, cuando se difundió que el salario asignado a su puesto de asesor en Defensa superaba los $2,6 millones mensuales. El impacto que generó esta información se vio resaltada por haber surgido en paralelo con la aplicación de importantes recortes en materia salarial y de personal dentro del Estado.
javier milei, cristina kirchner
POLITICA
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.
La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.
En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínmos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.
El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.
En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.
Leé también: El Gobierno negocia para que el Congreso trate en abril un punto clave para el acuerdo comercial con EE.UU.
El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentarará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.
El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensiones judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.
Gobierno, universidades
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Los bienes de Adorni: el fiscal Pollicita citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito
El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tal como reveló ayer de , Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros públicos- le hicieron las propias vendendoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.
Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.
Consultada por , Nechevenko respondió esta mañana que no iba a dar información sobre el caso porque está en juego el “secreto profesional”.
El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo– ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa), quiere hacerse de los documentos disposibles en los registros de la propiedad.
Por el momento, no planea citar a las mujeres que figuran como quienes le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.
Las mujeres identificadas como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni fueron Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. se comunicó ayer con Viegas, que dijo que no conoce a Adorni.
En cuanto a Sbabo, la mujer que atendió su teléfono celular sostuvo no ser ella, pero respondió que no conocía a Adorni y que no sabía si Sbabo lo conocía o no.
Con la causa delegada en su fiscalía, Pollicita ordenó decenas de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete y su mujer.
Pidió todas las declaraciones juradas de bienes que Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción (OA), incluidos los anexos reservados -hasta hoy no conocidos- donde están los bienes declarados a nombre de su mujer. En ese documento debería constar la compra de la casa de Indio Cua, su valor y el origen de los fondos con los que se adquirió.
En cuanto a la casa del country, el fiscal ordenó además medidas para investigar si es cierto que el matrimonio Adorni hizo una obra importante antes de ocupar la casa. Para eso, le pidió a la administración del club que informe si “se ha gestionado o aprobado algún plano, permiso de obra, remodelación, ampliación o declaración de mejora respecto del lote 380 o de cualquier otro inmueble asociado a esas personas, y la fecha de inicio y finalización de eventuales obras”. Algo similar preguntó en la municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde además pidió que le informaran sobre posibles “mejoras declaradas sobre el inmueble”.
Mientras investiga los gastos y el patrimonio de Adorni, el fiscal reúne la información sobre sus ingresos. Le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “el detalle mensual de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación y acto administrativo de sustento”.
Además, Pollicita le solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Manuel Adorni y su mujer, “incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista”.
Y lo mismo solicitó respecto de Silvia Pais y Norma Zuccolo, otras dos mujeres que Adorni declaró ante la OA que le prestaron dinero. En el caso de ellas, el fiscal dijo que la medida tenía como objetivo “establecer los ingresos previsionales o laborales registrados que pudieran guardar relación con los préstamos invocados”.
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Quién es Raúl Horacio Ojeda, el juez K que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei
El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, dictó un fallo que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los pedidos de inconstitucionalidad planteados por la CGT.
El magistrado cuenta con un perfil académico como docente de la UBA y autor de textos especializados, y entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor del ex ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada en asuntos legislativos.
En su trayectoria, Ojeda manifestó posiciones críticas hacia ciertas normativas, llegando a calificar de “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo en una conferencia universitaria en 2022. Durante esa charla, el magistrado defendió la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y sostuvo que “el derecho a huelga sale del Pidesc, que es una norma universal de derechos humanos”.
La Justicia puso en pausa la reforma laboral: suspendieron 83 artículos por la presión de la CGT
Además, es vocal del Grupo de Estudio de Derecho Social, una organización que declara confiar en la ciencia jurídica como un medio para la “realización de la justicia social”.
El magistrado, que reemplazó a la jueza María Alejandra D’Agnillo tras su renuncia en 2024, fue objeto de una recusación por parte de Hugo Moyano en 2020 en una causa vinculada a multas gremiales.
Con este nuevo fallo, Ojeda paraliza gran parte de la modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en ocasiones no hace falta plantear la inconstitucionalidad sino “la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo”.
La decisión judicial fue ratificada por la CGT como un respaldo a la organización sindical frente a las reformas vigentes.
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