POLITICA
El Gobierno designaría a Diego Valenzuela en Migraciones y define la estructura de la nueva agencia, con poderes ampliados
El gobierno de Javier Milei impulsa un giro drástico en la política migratoria vigente en la Argentina durante las últimas décadas, con el objetivo de endurecer los controles en el ingreso de extranjeros y revertir años de apertura indiscriminada y falta de herramientas para enfrentar el ingreso y actuación de la delincuencia transnacional. En las últimas semanas, altos funcionarios de la Casa Rosada avanzaron en el diseño de la estructura, atribuciones y objetivos de la Agencia Nacional de Migraciones, que, según pudo confirmar Infobae, estará presidida por Diego Valenzuela, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y en uso de licencia como intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense.
La decisión ya fue tomada, aunque no se formalizó. La designación de Valenzuela requiere la firma final del presidente Milei y la definición de las normas de aplicación que otorgarán marco legal y operativo a la agencia. En el Gobierno reconocen que el anuncio solo ocurrirá cuando el esquema esté completamente cerrado: misión, facultades, organigrama, y coordinación con las fuerzas de seguridad.
No se trata de un trámite rutinario. La creación de la Agencia Nacional de Migraciones representa un cambio estructural que redefine el papel del Estado en una cuestión sensible y de impacto político.
De dirección administrativa a agencia de seguridad
Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control migratorio. Ese modelo, según el actual oficialismo, quedó atado a una política de fronteras laxas y controles escasos.
El nuevo diseño apunta a transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, más allá del control documental. Este cambio supone pasar de un perfil administrativo a uno con protagonismo en la seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.
El rumbo quedó establecido cuando Milei transfirió el área del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva. En la Casa Rosada explican que el movimiento no puede entenderse fuera de la estrategia general del Gobierno. “Refleja la batalla cultural: reforma laboral, tributaria y migratoria”, subrayan próximos al Presidente.
La selección de Diego Valenzuela tiene una carga política evidente. Intendente experimentado, ex PRO, uno de los primeros en sumarse a La Libertad Avanza y hombre de confianza de Bullrich, Valenzuela encarna el perfil elegido para liderar una etapa de confrontación con el enfoque anterior. Su desembarco será una señal interna, consolidando el peso del espacio vinculado a Bullrich en seguridad interna y externa, anticipando conducción política para un organismo que abandona lo técnico y pasa al centro del debate.
Valenzuela, con aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, gana así visibilidad nacional en una agenda prioritaria para Milei.
El endurecimiento de la política migratoria contrasta de modo explícito con el kirchnerismo y el Plan Patria Grande, programa creado por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Ese plan facilitó la regularización masiva de extranjeros, admisión amplia, controles mínimos sobre antecedentes y fuertes restricciones para la expulsión inmediata de quienes cometieran delitos. En opinión del oficialismo, ese esquema dejó al Estado sin herramientas efectivas para impedir la entrada de personas con antecedentes criminales y actuar rápidamente ante delitos cometidos por extranjeros. “Se optó por la apertura sin controles suficientes y los límites están a la vista”, afirman cerca de Milei.
El paradigma actual busca revertir ese enfoque: más controles fronterizos, criterios de admisión estrictos y mayor capacidad estatal para responder a situaciones de riesgo. “No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen”, remarcan en el Gobierno.
La Agencia ofrecerá una impronta clara de seguridad, articulando operativamente con fuerzas federales y creando un esquema de coordinación más dinámico. Un punto clave será la adscripción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza central en aeropuertos y pasos internacionales. La reciente designación de Carlos Tonelli Banfi al frente de la PSA, en reemplazo de Alfredo Gallardo, se inscribe en ese proceso de integración.
Hasta ahora, el sistema funcionaba de manera fragmentada: el personal de Migraciones dependía de Interior y necesitaba de una fuerza de seguridad en caso de irregularidades. El nuevo modelo busca integrar funciones y reducir plazos en la respuesta estatal. “En Estados Unidos y en muchos países, el personal migratorio tiene estado policial. Esa es la dirección hacia la que se apunta”, afirman fuentes del Gobierno.
Alineamiento internacional y definición pendiente
El giro argentino forma parte de una tendencia global de endurecimiento migratorio. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, elevó el control de fronteras a un eje central de su política. La creación del Department of Homeland Security tras el 11 de septiembre transformó la migración en un asunto de seguridad nacional. Bajo ese paraguas funcionan agencias como la Border Patrol, responsables tanto del control territorial como de la lucha contra el crimen transnacional.
Europa transitó un camino similar, impulsada por el aumento de los flujos migratorios y el avance del crimen organizado. El gobierno de Milei propone alinear a la Argentina con esos parámetros internacionales, distanciándose así del modelo que prevaleció durante el kirchnerismo.
Pese a la decisión política, persisten definiciones pendientes. La estructura final, el organigrama interno, competencias específicas y mecanismos de coordinación interministerial están en proceso de elaboración, bajo la atención de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de traducir los lineamientos en normativa concreta. Por eso, la designación de Valenzuela sigue sin ser oficial. El Ejecutivo prefiere cerrar todos los cuadros antes de formalizar, evitando anuncios parciales o improvisados en una materia considerada estratégica.
Un giro institucional, a punto de concretarse
La eventual asunción de Diego Valenzuela al frente de la Agencia Nacional de Migraciones resume el sendero elegido por el Gobierno: de una política administrativa y la apertura irrestricta, a un enfoque de seguridad nacional, con controles reforzados y alineado con los cambios internacionales. La batalla cultural de Milei suma así a la gestión migratoria como uno de sus frentes principales.
Una vez que el Presidente firme la designación, la Argentina materializará un cambio institucional que modificará de fondo la administración de fronteras y el ingreso de extranjeros. El mensaje político ya fue instalado. Resta únicamente el paso formal para convertirlo en realidad.
POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. En ese sentido, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión e indicó que, en el marco de la jornada de protesta, habrá un cese de actividades desde las 13. Es por eso que muchas personas se preguntan si habrá colectivos mañana, más que nada para buscar alternativas de viaje de ser necesario.
Según confirmó con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
En paralelo, y ante la amenaza de un paro llevado adelante por la UTA en el interior del país, el Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria. De esta forma, la posible medida de fuerza para los colectivos, impulsada por el gremio, no se llevará adelante.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país”, apuntaron desde el ministerio.
Según detalló Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo de este lunes, los sectores que harán el cese de actividades este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 son el portuario, el marítimo, el aéreo y el subte.
El dirigente consideró que la reforma laboral “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.
En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según un comunicado de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), “se llevará a cabo este miércoles la medida de cese de actividades de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.
Por su parte, los Metrodelegados publicaron un comunicado en el que detalla el cese de actividades del subte este miércoles: inicia a las 21 y se extiende hasta el cierre de la jornada, que suele ser hasta las 23.30, según cada línea.
En el caso puntual de los trenes, no estarían afectados por el paro de transporte. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.
La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral,Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA),Agenda,CGT,Paro de transporte,,Paro de la CGT. Qué sindicatos se adhieren a la movilización del miércoles 11 de febrero,,Movilización. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT,,Ciclo lectivo. Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia,Agenda,,Qué se sabe. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero,,Confirmado. Todo lo que se sabe del paro de subtes de este miércoles 11 de febrero,,Paro de transporte. ¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?
POLITICA
El oficialismo incluyó el acuerdo entre el Mercosur y la UE en la sesión del jueves en Diputados
La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 horas una sesión especial destinada a debatir una serie de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil. El pedido fue realizado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, quienes impulsan la discusión de una agenda centrada en la responsabilidad penal de adolescentes y menores de edad en Argentina.
Esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo la semana pasada en la reunión que realizó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de cada uno de los bloques. Sin embargo, la novedad fue que en el pedido de sesión que hizo el presidente del bloque de LLA, en el temario apareció el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El acuerdo comercial con los países que conforman la Comunidad Económica Europea ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada pero hasta ahora no hubo una sola reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera que mañana -hoy a la tarde se va a conformar la comisión del Mercosur– los diputados tengan un primer debate al respecto, por eso es que llamó la atención el apuro del oficialismo en los legisladores de la oposición.
Este “apuro” se podría justificar en la intención del Gobierno de ser el primer país de la región en ratificarlo. Y, aunque parezca un detalle menor, el oficialismo aceleró una vez que se enteró que el Congreso de Brasil ya tiene dictamen y planea tratarlo post carnaval.
Sin embargo, choca de frente con la realidad de la Unión Europea donde están a la espera de lo que resuelva mediante un dictamen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación. Esta decisión que pidió el Parlamento Europeo no cuestiona el acuerdo económico pero sí su validez jurídica.
Sin embargo, y aunque hay una buena recepción de parte de la oposición respecto del entendimiento con la UE, muchos legisladores señalaron que es apresurado. “Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo”.
Régimen Penal Juvenil
El otro punto en el temario es la modificación del régimen Penal Juvenil. El gobierno había mandado ayer un proyecto de ley para que sea el que se busque dictamen. En el mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y una pena máxima de 20 años. A diferencia de lo que había enviado en 2024, en este caso tenía fondos asignados. Sin embargo, anoche y sin mediar muchas explicaciones, decidió retirarlo.
Es por eso que en el temario del llamado a una sesión para el jueves figuran al menos trece expedientes que abordan distintas propuestas para modificar, derogar o crear un nuevo marco legal para el tratamiento penal de personas menores bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 13 y 14 años. Entre los documentos destacados se encuentra el Mensaje Nro. 46 enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 2024, que propone un proyecto de ley específico para el Régimen Penal Juvenil.
Sin embargo, como es el mismo proyecto de hace dos años, cuando la Argentina no contaba con un Presupuesto, el documento que se establece en el temario no cuenta con fondos asignados.
Varias de las iniciativas presentadas contemplan la derogación de la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y su reemplazo por un sistema que regule la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años. También se analizarán modificaciones al Código Penal Argentino y la introducción de nuevos criterios para la imputabilidad de menores.
La convocatoria incorpora expedientes impulsados por diferentes bloques parlamentarios, entre ellos los proyectos 0244-D-2024, 1099-D-2024, 1218-D-2024 y 2467-D-2024, que proponen cambios profundos en materia de justicia juvenil. De acuerdo con el temario oficial, las iniciativas buscan establecer un marco normativo actualizado para los delitos cometidos por adolescentes, así como regular las condiciones de detención y resocialización.
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