POLITICA
El Gobierno designó a Mariano Mengochea como reemplazante de Andrés Vázquez en la DGI
Luego de que el Gobierno designara a Andrés Vázquez como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este miércoles la administración libertaria nombró a su reemplazante en la Dirección General Impositiva (DGI), que depende del organismo.
A través del Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial, Mariano Mengochea fue nombrado al frente de la DGI. Hasta el momento, el flamante titular ejercía como subdirector general de operaciones impositivas metropolitanas de la dirección.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, indica: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al contador público Mariano Mengochea en el cargo de director general de la Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.
Mengochea fue siempre un funcionario de extrema confianza de Vázquez e incluso trabajó con él en la Regional Sur Metropolitana, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.
En 2009, el ahora titular de la DGI fue supervisor en aquella dirección, a la que llegó de la mano del propio Vázquez, y en 2013 ascendió a jefe de División de Fiscalización, para después acompañar a su jefe en su camino por la Aduana de La Plata.
De profesión contador, Mengochea pasó años en la zona aduanera del puerto platense. Allí se desempeñó como “analista de asuntos técnicos” hasta que Vázquez asumió al frente de la DGI a fines de octubre y lo nombró como subdirector general de Operaciones Metropolitanas.
A principios de esta semana, el hasta entonces director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, presentó su renuncia al cargo y el Gobierno designó como su reemplazo a Vázquez. Ambos movimientos quedaron oficializados este martes con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.
La norma aceptó la dimisión de Pazo a partir del 18 de diciembre de 2025 y formalizó en el mismo acto la designación de Vázquez como nuevo director ejecutivo del organismo recaudador, que funciona como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía. Según se explica en el texto oficial, Pazo le comunicó a Caputo su decisión de dar un paso al costado. También se indicó que el exfuncionario volverá a desempeñarse en el sector privado y “seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro”.
Vázquez, que tiene más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.
En diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez al frente de la DGI, publicó una investigación en la que documentó que el nuevo titular de ARCA compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
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POLITICA
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado
El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.
De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.
El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.
De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.
Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.
También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.
En el peronismo que conduce José Mayans no descartan fugas. Allí conviven senadores de provincias cordilleranas -como los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca)- que podrían respaldar los cambios, atentos al impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos.
Con una porción de Pro y el radicalismo en duda, será decisivo el acompañamiento de parte del PJ para apuntalar la reforma.
Es un dato político relevante después de que el Gobierno les arrebatara la vicepresidencia de la Cámara y se la diera a Moisés, la díscola enemistada con Cristina Kirchner.
Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
La reforma de la ley de glaciares es una pieza clave dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Forma parte de los compromisos asumidos con gobernadores que respaldaron la agenda de extraordinarias, donde también avanzaron la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.
La iniciativa es impulsada especialmente por mandatarios de provincias cordilleranas –Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca)- que, en conjunto, reúnen 13 diputados y cinco senadores. Para esos distritos, una redefinición del área protegida podría habilitar nuevas inversiones y aumentar los ingresos vinculados a la minería.
El proyecto otorga además mayor autonomía a las provincias para identificar qué áreas constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico. Sus evaluaciones de impacto ambiental pasarían a tener un peso determinante para autorizar o rechazar emprendimientos.
En términos operativos, el Inventario Nacional de Glaciares seguiría siendo una consulta obligatoria, pero las provincias podrían solicitar la incorporación o eliminación de áreas protegidas con argumentación técnica.
Finalmente, el texto establece que actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos solo quedarían prohibidas cuando puedan alterar “de modo relevante” la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. También habilita excepciones para tareas de rescate, investigaciones científicas de bajo impacto y deportes no motorizados, que no requerirían estudios de impacto ambiental previos.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Crisis del PJ. Quién es Carolina Moisés, la nueva aliada que consiguió el Gobierno entre los desertores del kirchnerismo,,Movimientos en el Senado. Un cisma que acota la influencia de Cristina Kirchner en las negociaciones más relevantes,,Histórico. El Senado celebrará tres sesiones en una misma semana
Tras una modificación en el plan de labor, el Senado tratará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad por medio de la modificación del Régimen Penal Juvenil este viernes.
Este tema, cuyo tratamiento confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, se sumará a la reforma laboral, que ya cuenta con sanción del Senado y Diputados, pero volverá a la Cámara Alta este viernes para ratificarse o no tras las correcciones sobre las licencias por enfermedad.
La sociedad entre La Libertad Avanza y los gobernadores deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado
Un día antes del tratamiento de dichos proyectos, el jueves, el Senado pondrá el eje sobre la Ley de Glaciares con el foco en la modificación de las zonas de protección periglacial y ampliar así la frontera extractiva de la minería y los hidrocarburos, lo que conlleva una transferencia de autonomía a las provincias sobre los territorios en cuestión.
Otro tema que se tratará el jueves es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta articulación de ambos bloques precisa de la ratificación parlamentaria en los países que los conforman y, por el momento, se encuentra judicializada en Europa.
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
En ese marco, se discutirá la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, la Unión Europea, al ser Bruselas, la capital belga, la sede ejecutiva del organismo supranacional.
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Acuerdo Mercosur-UE,Edad de Imputabilidad,ley de glaciares,Reforma Laboral,régimen penal juvenil,Senado
POLITICA
Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados
En Infobae en vivo, la discusión sobre la legitimidad y el costo de los concejos deliberantes cobró fuerza a partir de los datos presentados por la Fundación Libertad. “Si yo veo eso, digo: ¿para qué le estamos pagando?”, planteó Rosendo Grobo al analizar el informe que expone la estructura de empleados en los cuerpos legislativos locales.
Durante el intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el debate giró en torno al informe anual que detalla “cuánto salen los concejos deliberantes” en distintas ciudades del país. Jove destacó: “Lo hace todos los años, se renueva y actualiza las cifras la Fundación Libertad respecto a cuánto salen los concejos deliberantes. Empieza a llamar la atención la comparación: por qué ciudades con más o menos habitantes tienen más gasto por concejal”.
El informe de Fundación Libertad y la polémica por la estructura
El punto de partida fue el informe de la Fundación Libertad, que reveló diferencias notorias en la cantidad de empleados por concejal entre distintas localidades. Grobo subrayó: “En Posadas, por cada concejal hay 122 empleados, Manu. No estoy diciendo que los concejales tienen que cobrar más o menos. De hecho, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos deberían cobrar mejor, deberían cobrar bien, pero debería haber un concejal y no debería haber 122 empleados por cada concejal”.
El referente advirtió sobre el desvío de recursos: “Se está utilizando el concejo deliberante para otra cosa”. El informe, según el panel, expone cómo la estructura se convierte en una “caja para hacer otras cosas”. Manu Jove resaltó: “En realidad lo que está arrastrando el presupuesto por concejal es un montón de otros empleados que terminan usando los concejos deliberantes como caja”.
Maia Jastreblansky sumó una perspectiva sobre la lógica política detrás de la estructura: “Esos contratos son un insumo para hacer política. ¿Cómo le pagás a tus colaboradores? Con contratos”.
Desigualdades y funciones en los concejos deliberantes
La discusión avanzó sobre las diferencias entre localidades y provincias. Grobo precisó: “La ciudad de Posadas tiene 13 concejales, por cada concejal, la ciudad de Posadas tiene 122 empleados. A menos que sea el concejo deliberante más prolífico del planeta Tierra, hay algo raro acá”. Y agregó: “No se explican las diferencias tampoco adentro de la misma provincia, porque el caso de Oberá no tiene nada que ver con Posadas y están muy cerca”.
El panel analizó también el sentido de los concejos deliberantes y su rol de contralor: “El concejo deliberante regula o hace ordenanzas municipales, es como el Legislativo a nivel local”, explicó Grobo. Lara López Calvo advirtió sobre el poder institucional: “Es el órgano que puede destituir al intendente también. Por eso, en general, el intendente busca controlar el concejo deliberante”.
Jove aportó: “En muchos casos, es siempre el Conurbano. En el Conurbano, vemos varios casilleros que tienen un número veinticuatro”.
Crisis de legitimidad y demandas de mayor transparencia
La crisis de confianza en las instituciones fue otro eje de la discusión. Grobo sentenció: “La legitimidad de las instituciones la defienden las instituciones. Si el Congreso después se está quejando porque los diputados ganan malos sueldos o porque la gente no les cree, tienen que preocuparse por trabajar para dar mejores resultados”.
A propósito del uso de los recursos, Grobo fue contundente: “La biblioteca del Congreso tiene más empleados que ninguna empresa privada. ¿Y con qué explicación? Ya no se lee ni libros en formato físico. No estoy diciendo que hay que cerrar la biblioteca del Congreso, pero se utiliza para otra cosa que no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso”.
El informe de la Fundación Libertad fue considerado un avance en materia de transparencia. Jove remarcó: “Este informe anual repasa y consigue todos los presupuestos, te habla de un nivel de transparencia poco habitual en la política, porque andá a conseguir el presupuesto en detalle de varias legislaturas provinciales, no aparecen”.
Grobo celebró la mayor conciencia fiscal que se instaló en el debate público: “Creo que hay algo positivo de la época y de lo que trae Milei, que es mayor conciencia fiscal”. Y completó: “Lo primero que hay que hacer es que las instituciones funcionen para lo que tienen que funcionar, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que es legislar, y que los concejos deliberantes hagan lo que tienen que hacer, que es hacer ordenanzas municipales”.
El panel coincidió en que la estructura actual dificulta la eficiencia: “No hay ninguna forma de justificar que en una ciudad haya un defalco de guita como la que hay. Me parece que eso es parte de la crisis de legitimidad que tienen esas instituciones. Cuida la guita, no gastes guita de más, mostrame qué servicio público estás dando por esto y tiene que haber muchísima más transparencia”, reclamó Grobo.
La discusión se cerró con un llamado a revisar la estructura de asesores y empleados: “¿Cómo puede ser que tengan la misma estructura que hace diez años, con lo que cambió el mundo? Una estructura de 122 empleados no tiene sentido. El problema es, además, que no trabajan de eso”, concluyeron los analistas.
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