POLITICA
El Gobierno despidió a 110 empleados del Hospital Posadas que “no iban a trabajar”
El Ministerio de Salud anunció este miércoles que despidieron a 110 trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas como parte de un “reordenamiento profundo de los hospitales nacionales”.
El Gobierno argumentó que los afectados “no trabajaban” ni “cumplían sus funciones”. Además, la cartera solicitó a la Secretaría de Trabajo levantar la conciliación obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan debido al incumplimiento del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Los despidos en el Posadas ocurren en medio de un fuerte enfrentamiento de los médicos residentes con la gestión libertaria. El miércoles pasado, los profesionales se sumaron al reclamo del Hospital Garrahan por mejoras salariales en la marcha frente al Congreso.
La semana pasada renunció el director ejecutivo del Posadas, con quien los profesionales tenían “un buen diálogo”. La expectativa se había puesto en el nuevo titular del equipo directivo, Luis Quintas, luego de un comunicado donde ratificaron que habría “una mejora en los ingresos con recursos propios”.
Este miércoles, en una nueva marcha por los jubilados frente al Congreso, residentes del Hospital Garrahan y del Posadas se sumaron a la movilización, tal como ocurrió la semana anterior.
Mientras eso ocurría, el Gobierno compartió el comunicado de los despidos. “Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”, informaron.
Según pudo conocer LA NACIÓN, estos 110 telegramas enviados se suman a otros 40 que recibieron empleados del hospital nacional ubicado en Morón, hace cuatro semanas. Así, llegan a 150 los trabajadores despedidos por inasistencia, de acuerdo con información “consensuada” con los responsables de áreas en las que se desempeñaban.
En el Posadas derivaron toda consulta al respecto con el Ministerio de Salud. Entre los 110 despidos que se conocieron hoy, según respondieron, la mayoría corresponde a personal administrativo del área contable, de recursos humanos, logística, mantenimiento y portería. El listado incluye “algunos” auxiliares de enfermería, según refirieron oficialmente a este medio.
“Lo que se comprobó es la inasistencia para cumplir tareas. En algunos casos, ingresaban pero no se presentaban en el área donde estaban destinados y, algunos, ni siquiera presentaban la tarjeta de acceso a diario. Se constató cada caso y las áreas ampliaron esa información con la concurrencia efectiva o no al lugar de trabajo”, ampliaron.
En el comunicado oficial a través del que se difundieron los nuevos despidos, el Ministerio de Salud remarcó, como lo viene haciendo con otras medidas, que en esta gestión “no hay lugar para ñoquis ni acomodos”. “Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”, sumaron.
El director anterior, Ángel Elia, había realizado una propuesta de aumento salarial para los 514 profesionales médicos residentes, que fue ratificada el lunes por Quintas. Se trata de un refuerzo salarial con un bono no remunerativo de alrededor de $300.000, más el bono trimestral de $250.000 que recibe el personal de planta. También dijo que duplicarían el día de guardia de $120.000 a $240.000.
En el comunicado, la dirección del hospital reafirmó “su convicción de que el fortalecimiento del sistema de salud no solo requiere recursos, sino también criterios claros y transparentes de gestión”. “Para poner fin al descontrol presupuestario es necesaria una limpieza estructural que incluya la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos, perjudicando al conjunto del sistema. Los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más y, los que no cumplen, deben quedar afuera”, remarcó.
La situación del Hospital Garrahan
El Ministerio de Salud informó, primero, que había solicitado el fin de la conciliación obligatoria por la situación del centro pediátrico de referencia nacional. A las pocas horas, rectificó en comunicación con que, dentro de ese proceso que prevé la legislación laboral ante una disputa gremial, lo que la cartera había solicitado a la Secretaría de Trabajo era la “suspensión de la audiencia” de este martes “debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE“.
Para Salud, ”el gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”.
Expresaron también que le descontarán el día a todos los trabajadores que se sumaron a las medidas de fuerza, que calificaron como “ilegales”. “En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias”, señalaron desde la cartera.
Este miércoles comenzó la primera jornada de un paro de 48 horas del personal de planta del Hospital Garrahan, comandada por delegados de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). En medio de la protesta renunció la presidenta del Consejo de Administración, Soraya El Kik, que había asumido en octubre por “motivos de salud”. El consejo se encarga de la gestión del nosocomio.
Los delegados de los sindicatos con presencia en el Garrahan esperaban que las autoridades del consejo se presentaran hoy a una nueva audiencia por los reclamos salariales. Aun así, no concurrieron. Desde las 16 los trabajadores marchan hacia Plaza de Mayo.
“Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical”, concluyó el Ministerio de Salud.
El comunicado completo del Ministerio de Salud
“En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas.
Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes.
Además, el Ministerio de Salud solicitó a la Secretaría de Trabajo que levante de inmediato la Conciliación Obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan, debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE. El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales. En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias.
Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical.»
Con la colaboración de Fabiola Czubaj
luna llena
POLITICA
Quiénes son los 15 prófugos buscados por los disturbios durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. Son buscados por actos de “violencia extrema”, según definió la propia ministra Alejandra Monteoliva cuando se refirió a los hechos. De esa lista, por ahora hay sólo dos detenidos.
La identificación de los manifestantes fue resultado de un trabajo entre las fuerzas federales y la Justicia. Se utilizó imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.
Según supo Infobae, la mayoría de los implicados son vecinos de la provincia de Buenos Aires, mientras que unos pocos son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del país.
Los dos detenidos fueron encontrados por la Policía de la Ciudad en CABA: el primer arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo. El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.
El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos. Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial. El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como Néstor Gabriel Barrera, argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.
Luego, durante la tarde, la fuerza de seguridad porteña detuvo a otro de los manifestantes que participaron en los incidentes y ataques con bombas Molotov frente al Congreso el pasado miércoles.
Fuentes policiales le indicaron a Infobae que se trata de Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, uno de los identificados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad.
La detención fue realizada por personal de la comisaría vecinal 1B en Montevideo al 300, al reconocerlo por ser asiduo en la zona. Fue clave, según se observa en las imágenes, un tatuaje que el delincuente presenta en su brazo izquierdo. Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, avaló la detención de Roldán.
Según datos oficiales, los identificados que continúan prófugos son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.
En diálogo con la prensa este viernes, Monteoliva sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.
“Gente que llevaba en su mochila bidones de nafta, bombas molotov, bulones para tirar con gomeras, palos convertidos en lanzapalos”, enumeró la ministra.
La ministra también señaló la existencia de grupos organizados, entre ellos barrabravas y sectores de izquierda combativa, que participaron en los incidentes.
Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.
En cuanto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la fiscal Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.
El ministerio anticipó que presentará una denuncia por terrorismo, considerando el uso de artefactos explosivos y la intención de generar caos.
marcha contra la reforma laboral,detenidos
POLITICA
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo
Así como no todo lo que reluce es oro, el voto de los senadores peronistas contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no implica una señal de unidad en el PJ sino que, por el contrario, encubre un hervidero de internas que amenazan con hacer volar por los aires la más que endeble unidad del conglomerado que conduce José Mayans (Formosa).
Que el peronismo pasa por su peor momento en la Cámara alta es una verdad que ya no se puede ocultar. Qué un oficialismo que apenas tiene 21 senadores haya logrado aprobar una reforma que flexibiliza de las leyes laborales en el Senado hubiese sido inimaginable hace menos de un lustro atrás y es toda una señal del retroceso que vienen registrando los seguidores de Cristina Kirchner.
Pero las señales siguen acumulándose. Desde diciembre, el conglomerado peronista en el Senado se ha dividido en tres bloques, tras la última elección el kirchnerismo tocó la cota más baja de bancas desde que devino en el sector hegemónico del partido fundado por Juan Domingo Perón y, como si fuera poco, su intención de seguir imponiendo su agenda y estrategias ha convertido en una olla a presión al interbloque rebautizado “Popular”. Si hasta el nombre, elegido por la conducción kirchnerista, molestó a varios legisladores por considerar que no expresa nada.
La tensión interna alcanzó su pico más alto en la previa a la sesión por la reforma laboral cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció en público al kirchnerismo por llevar a cabo “aprietes” y “presiones” para imponer por la fuerza su postura de rechazo cerrado al proyecto.
“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, afirmó Sáenz, que lleva años enfrentado con la conducción de Cristina Kirchner.
En un despacho de la Cámara alta avalaron los dichos de Sáenz, pero fueron un poco más allá y equipararon la situación con las purgas de la desaparecida Unión Soviética. “Como ven que está perdiendo poder el kirchnerismo está haciendo estalinismo puro y duro, expulsando a todo aquel que disiente con ellos”, se quejó un legislador que hace rato viene amenazando con abandonar el sector kirchnerista de la bancada, pero que siempre encuentra una razón para no hacerlo.
Las palabras del mandatario salteño también encontraron eco durante el debate de la reforma laboral, cuando la jujeña Carolina Moisés se quejó en pleno recinto por las presiones y la persecución que viene sufriendo como consecuencia de su enfrentamiento interno en Jujuy con Leila Chaher, referente de La Cámpora con llegada directa a la expresidenta que cumple condena por corrupción.
“Llevo más de un mes aguantando una campaña tremenda, con aprietes espantosos, de parte de algunos que se dicen compañeros, atacándome y tratando de doblar mi voluntad, poniendo en duda por qué voto lo que voto”, denunció Moisés.
La senadora acusó al kirchnerismo de haberla expulsado del PJ de Jujuy “por las decisiones” que tomó en el ejercicio de su cargo. “La verdad es que no les tengo miedo; mi voluntad está conducida no por una persona ni un partido, sino por la voluntad de los jujeños que me pusieron en esta banca”, desafió.
Moisés votó en contra de la reforma, dando por tierra con versiones periodísticas que la ubicaban apoyando el proyecto. “Eso querían ellos para tener una razón para expulsarnos. Nos vamos a ir, pero cuando lo dispongamos nosotros, y cuando lo hagamos nos vamos a llevar a varios de los que hoy están con los kirchneristas”, advirtió a un allegado al bloque Convicción Federal, molesto por la estrategia adoptada por el kirchnerismo de negarse a participar del debate y obligar a sus senadores a tomar posturas extremas, sin grises.
Convicción Federal es uno de los tres bloques en que se divide el interbloque “Popular” y está integrado por Moisés, Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), todos críticos de la praxis política y del modelo de conducción del kirchnerismo.
El grupo acaba de dar otra señal fuerte de disidencia interna, aceptando integrar las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores a contramano de la estrategia de la conducción del interbloque, que se niega a designar representantes en los cuerpos de trabajo legislativo en protesta porque no se le respeta el número que, aseguran, les correspondería en un reparto proporcional.
El mapa peronista del Senado se completa con la mayoría kirchnerista, aglutinada en el Bloque Justicialista y que conducen la troika conformada por Mayans, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), todos con llegada directa a San José 1111; y los dos miembros del boque del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el exgobernador Gerardo Zamora.
Por el momento no hay fecha de ruptura porque nadie quiere dar el primer. Pero la tensión viene en aumento, con gestos de desafíos internos y un tema en la agenda futura del Senado que podría convertirse en el detonante de la ruptura: la elección de los jueces de la Corte Suprema.
El Gobierno ya ha tomado nota de que el kirchnerismo cayó a 21 legisladores puros y, por lo tanto, perdió la llave del tercio del cuerpo (24 legisladores) que lo convertía en factor clave a la hora de negociar los nombres de los candidatos a ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal.
En otras palabras, en la Casa Rosada saben que todavía necesitarán de votos peronistas para conseguir los dos tercios que exige la Constitución para darles acuerdo a los magistrados, pero también tienen claro que Cristina Kirchner ya no tendrá que estar necesariamente sentada en esa mesa. Todo un golpe para la expresidenta.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno confía en reunir mayoría en Diputados y apunta a aprobar la ley en marzo
El Gobierno nacional intensificó las gestiones políticas para avanzar con un nuevo esquema de financiamiento universitario y asegura contar con respaldo suficiente en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa. Sin embargo, pese al optimismo oficial, la discusión legislativa no se concretaría durante las sesiones extraordinarias y quedaría postergada para el inicio del período ordinario.
En Balcarce 50 sostienen que el número de votos está prácticamente garantizado gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas y legisladores provinciales. De acuerdo a estimaciones oficiales, el proyecto podría alcanzar un piso cercano a la mayoría simple necesaria para la media sanción.
La intención inicial era tratar el texto esta misma semana: primero obtener dictamen en comisión y luego llevarlo al recinto. Pero los tiempos parlamentarios y la necesidad de seguir negociando cambios técnicos obligaron a aplazar la votación. La estrategia ahora apunta a marzo.
Qué propone la reforma
La iniciativa no elimina la normativa vigente aprobada por el Congreso el año pasado, sino que busca modificar su mecanismo central: la actualización automática de partidas presupuestarias. El Ejecutivo pretende reemplazar ese sistema por incrementos escalonados y revisiones periódicas.
Según explican fuentes oficiales, el objetivo es evitar que el gasto universitario quede atado de forma permanente a la inflación y genere compromisos fiscales difíciles de sostener. En su lugar, la propuesta prevé ajustes programados y una evaluación a mitad de año para revisar el impacto de la evolución de precios.
El esquema incluiría una recomposición inicial para gastos operativos de las universidades respecto de los fondos asignados en 2025, junto con una instancia de revisión en junio para comparar la actualización otorgada con el Índice de Precios al Consumidor.
Negociaciones con las universidades
Paralelamente al armado político en el Congreso, funcionarios del área educativa mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas. Las reuniones abordaron salarios docentes, funcionamiento institucional y previsibilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno aseguran que buscan un acuerdo técnico que reduzca la conflictividad y evite nuevas crisis de financiamiento. Las casas de estudio, en tanto, reclaman garantías de estabilidad para sostener el calendario académico y el pago de sueldos.
El debate universitario se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política durante el último año, con marchas masivas y cruces entre el oficialismo y la oposición. En este contexto, la Casa Rosada considera clave mostrar capacidad de negociación y avanzar con una ley propia.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El escenario parlamentario
El oficialismo apuesta a construir una mayoría con aliados circunstanciales, especialmente legisladores de provincias que condicionan su apoyo a la incorporación de cláusulas específicas. Por eso, el texto aún permanece abierto a modificaciones.
Aunque el Gobierno asegura tener los votos, en el Congreso reconocen que el resultado final dependerá del nivel de consenso que logre el Ejecutivo con rectores y gobernadores. La discusión, por lo tanto, continuará en las próximas semanas y se proyecta como uno de los primeros grandes debates legislativos del año político.
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Cámara de Diputados,financiamiento universitario,Javier Milei,universidades nacionales
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