POLITICA
El Gobierno, después del Senado: riesgo fabricado, sombras internas y final incierto
El Senado acaba de escenificar el conflicto político de mayor magnitud que alimenta y a la vez enfrenta Olivos, ya en plena temporada electoral. La media docena de votaciones en una sola jornada sacudió el tablero nacional y genera muchas lecturas, pero ninguna puede partir de la sorpresa. Fue un resultado cantado, expresión del peor momento de la relación de Javier Milei con los gobernadores, algo que supera la batalla con la oposición más dura y que tiene doble origen: la situación financiera de las provincias y la disputa de poder territorial cada vez más abierta. Eso explica en buena medida el desenlace de este capítulo legislativo, pero no todo. Se advierten además las sombras y los ruidos de la interna violeta, que terminaron de cerrar las puertas a la negociación, al menos de momento.
La interna expuso un capítulo visible con la masiva carga sobre Victoria Villarruel. La vicepresidente tuvo un papel nada menor con su decisión de presidir la sesión, una vez asegurado el debate en el recinto. Sin embargo, nadie podría decir que fue determinante, porque el final estaba escrito desde muchos días antes, y lejos del Congreso.
Es ilustrativo el repaso de lo que venía ocurriendo en el heterogéneo conjunto de gobernadores. También, las señales del oficialismo, teñidas por el cálculo electoral. Y un tema repetido: la interlocución con las provincias, es decir, qué nivel de decisión real tienen los operadores y funcionarios encargados de las conversaciones.
Las reuniones plenarias de los jefes provinciales, en el CFI -un ámbito que refuerza el mensaje al poder central-, constituyeron la primera señal llamativa: no desaparecían las diferencias entre gobernadores, pero mostraban voluntad de contenerlas. Al mismo tiempo, la predisposición al acuerdo de los “dialoguistas” y el virtual silencio del núcleo del PJ/K abrían chances para las tratativas. El paso de los días aumentó el malestar por las respuestas de los funcionarios nacionales. Y la reacción fue expresada por el impulso a dos iniciativas que según sus cálculos tienen nulo o muy escaso costo fiscal: modificaciones en el reparto de ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La presentación efectiva de los proyectos -con la firma de casi todos los bloques- se produjo cuando el diálogo ya parecía liquidado. Frustrado por razones climáticas y políticas el acto del 9 de Julio, el cuadro se agudizó con la descarga de Milei contra los líderes provinciales, a los que acusó, en bloque, de querer “destruir al Gobierno”. Sin embargo, todavía después, los gobernadores más jugados a una instancia de diálogo -ex JxC, algunos provinciales, peronistas no kirchneristas- transmitían por diversos medios su intención de no acompañar los proyectos sobre jubilaciones y sistema de discapacidad.
Eso mismo ponía en tensión el difícil entendimiento entre los veinticuatro distritos, pero el intento de abrir negociaciones se frustró sobre todo por el juego mileista. De hecho, la evaluación asomaba sencilla. Con posiciones intransigentes y apuntadas a tratarlos como bloque, sin distinciones, el Gobierno le daba oxígeno a la franja más dura, aunque minoritaria en número: cuatro o cinco mandatarios, con Axel Kicillof como cara visible y el kirchnerismo como marca.
Lo más evidente: Milei ratificó dureza discursiva, sin hacer distinciones entre el proyecto sobre jubilaciones y las iniciativas impulsadas por el conjunto de los gobernadores: ICL y ATN. Para completar, los tuiteros oficialistas y Patricia Bullrich recargaban la ofensiva y hablaban de intento de golpe institucional en el Senado.
No fue un hecho aislado. En medios políticos, desde hace rato se viene destacando que la “estrategia violeta” es dictada exclusivamente por Karina Milei, con sus subordinados y operadores, en especial Eduardo “Lule” Menem. En ese terreno, perdió peso Santiago Caputo, a quien en las especulaciones más envenenadas señalaban como poco interesado en evitar el sacudón de las votaciones en el Senado.
El círculo de Olivos dejó de lado la idea de buscar acuerdos electorales con gobernadores donde fuera posible. Y en cambio, se extiende el criterio de disputar espacios en cada provincia. Viene ocurriendo en adelantos de elecciones, anotó un último ejemplo camino a la disputa por la gobernación correntina y proyecta batallas para octubre, con el presupuesto de mejorar las bancadas estrictamente propias -sin aliados- en el Congreso.
Ese juego, combinado con la desatención de la demanda de los veinticuatro distritos en materia de coparticipación, motorizó la escalada política de estas horas. La interna con Villarruel tiene otro sentido, además de venir de arrastre. El último y más ácido capítulo se relaciona con la convalidación de la sesión del Senado, con su función en el recinto cuando LLA daba el primer paso -el abandono de las bancas- para discutir la validez de la sesión.
Allí asoma un dato que expone al menos la falta de una receta estudiada y ya definida para ir contra los proyectos de mejora jubilatoria, moratoria y discapacidad, convertidos en ley el jueves último. Si se afirma la intención de discutir el tema en la Justicia, quedaría en zona gris el anuncio de los vetos del Presidente. Se abre entonces otro interrogante: ¿el planteo a los tribunales sería por una cuestión reglamentaria o con otra letra, como que atenta contra la ley de administración financiera pública?
Tales argumentos son rechazados por la oposición. La cuestión práctica, y central, es que una demanda involucraría a la Justicia en un tipo de pelea que suele rechazar. El riesgo de los vetos es otro: ¿el oficialismo puede asegurar el número suficiente de diputados para sostener después la decisión presidencial? Lo logró en otros casos, de manera ajustada, y en parte gracias a negociaciones con los gobernadores.
En las primeras especulaciones, parece posible blindar el veto a la moratoria previsional. Menos claro asoma el panorama para el oficialismo en cuanto a la recomposición de jubilaciones y la emergencia en el sistema de atención a la discapacidad. Los números de las votaciones en el Senado son significativos. La moratoria salió con cifra ajustada. En cambio, las otras dos iniciativas tuvieron respaldo amplio, muy por encima de los dos tercios. Las bancadas de aliados o dialoguistas -PRO, UCR, provinciales- se dividieron entre apoyos, abstenciones y ausencias, según el tema, pero no dieron batalla en contra.
Queda además un interrogante sobre si la contraofensiva de Olivos alcanzaría también a los proyectos sobre ATN y combustibles, impulsados por los gobernadores, en caso de que Diputados los convierta en ley, sin demoras. Y también queda abierto de hecho un espacio para la negociación, que además sumaría el difícil desafío de los vetos.
El Gobierno se siente cómodo en el discurso de la polarización. Pero también en ese plano, el de la batalla por el relato, expone matices y contradicciones. Voceros formales e informales dicen que el rechazo cerrado a las leyes con impacto presupuestario favorece a la imagen presidencial. Pero al mismo tiempo, proyectan un muy peligroso impacto coyuntural en la economía. Por ahora, la receta política es incierta.
POLITICA
Javier Milei se prepara para insistir en Davos en la apertura comercial, el alineamiento con EE.UU. y las críticas a la agenda «woke»
Javier Milei planea volver a apuntar contra la agenda “woke”, insistir con la apertura comercial y reforzar su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos en su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente viajará en enero al evento, que se realizará entre el 19 y el 23 en Suiza.
El jefe de Estado estará acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En el Gobierno aseguran que el mensaje estará en línea con el del año pasado y que buscará volver a tener “impacto” en la conversación digital.
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Según pudo saber TN, el equipo presidencial trabaja sobre un borrador que vuelve a poner en el centro lo que el oficialismo define como “los valores del mundo occidental”. En el Ejecutivo anticipan que el primer mandatario planea retomar conceptos vinculados a la “familia, las tradiciones, el comercio y el capitalismo”, sin modificar el tono confrontativo.
En su último discurso en Davos, Milei calificó al wokismo como un “virus mental” y manifestó que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”. Puso como ejemplo el caso de una pareja homosexual de los Estados Unidos, que fue condenada por abusar de sus hijos adoptivos.
En el Gobierno describen a Davos como un ámbito de “interlocución no institucional” y argumentan que lo utilizan como un plano de disertación ideológica, más allá de lo económico. En Balcarce 50 remarcan a la última disertación como “clave” para acercar a Milei al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
“Sirvió para posicionarlo como líder de la derecha, lo que permitió forjar una alianza con los Estados Unidos”, agregan. En Nación sostienen que el presidente también hará foco en el libre comercio y en la desregulación de la economía como ejes de su gestión. Lo mismo aplica para la eliminación de barreras arancelarias, las reducciones estatales e impositivas y los acuerdos comerciales unilaterales.
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En el Ejecutivo advierten que el alineamiento con Washington ocupará un lugar central y que el jefe de Estado volverá a expresar su cercanía con la agenda conservadora. Abarca a menciones para los mandatarios Giorgia Meloni (Italia), Benjamín Netanyahu (Israel), Viktor Orbán (Hungría), entre otros.
Es parte de la alianza de países con líderes conservadores que Milei busca establecer a nivel global y regional para articular agendas comúnes de seguridad, defensa, comercio e inteligencia. El presidente prepara una cumbre de dirigentes de derecha en la Argentina para 2026, a la que planea invitar a José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña y Nayib Bukele, entre otros.
Javier Milei, Davos, discurso
POLITICA
La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero
Especulador de los tiempos, el Gobierno esperó a que finalicen las sesiones extraordinarias y que el Congreso ingrese en receso para imponer por decreto de necesidad y urgencia (DNU) una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un sector de la oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión al menos hasta febrero próximo.
Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras –Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.
Ante esta situación, los detractores del DNU tienen dos caminos por delante: esperar a febrero, cuando vencerán los plazos que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, o bien acudir a la Justicia. El bloque de Unión por la Patria apuesta por el camino parlamentario y ya presentó un proyecto para derogar el DNU de la discordia. La Coalición Cívica, por su parte, no descarta también realizar una presentación judicial.
“Este decreto es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Wednesday,Aug.6,2025Hernan Zenteno –
Por de pronto, los bloques más críticos del Gobierno ya estudian alternativas para voltear el decreto. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin intervención del Congreso, redefiniendo el sistema de inteligencia y habilitando a la SIDE a aprehender personas en el marco de sus actividades”, advirtió Unión por la Patria en su proyecto para derogar el decreto.
“Vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal, al permitir privaciones de la libertad sin orden judicial previa, y afectan de manera directa el principio de división de poderes, al concentrar atribuciones normativas y operativas en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó.
Los opositores reclaman al unísono la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los DNU presidenciales, esto es, si cumplen con los preceptos que establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Se descuenta que Menem y Villarruel harán oídos sordos y dilatarán el trámite; en este caso, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen de la Comisión Bicameral.
Empero, para llegar a esa instancia se deben cumplir ciertos plazos. El primero de ellos es el de los 10 días hábiles que tiene la Jefatura de Gabinete para comunicarle el decreto al Congreso. Se da por descontado que el Gobierno aguardará hasta el último día para efectivizar este trámite. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral tiene otros 10 días hábiles para expedirse; si no lo hace, recién entonces ambas cámaras quedarán habilitadas para llevar el DNU al recinto.
En pocas palabras, recién a partir de febrero próximo las cámaras estarán en condiciones de abordar en sus respectivos recintos el decreto en cuestión, el 941/2025. Para su tratamiento no es necesario que sea incorporado en el temario de las sesiones extraordinarias que, según se anticipó, convocará el presidente Javier Milei a partir de ese mes. Se descuenta que el Poder Ejecutivo no lo incluirá, pero la ley 26.122 habilita expresamente al Congreso a discutir los DNU presidenciales en cualquier momento del año y sin autorización previa del Poder Ejecutivo.
Los opositores al decreto no tienen otra alternativa, entonces, que esperar al mes próximo para intentar voltear el decreto, pero ese no es el único obstáculo: además, deberán reunir quorum en ambas cámaras para poner en marcha una sesión. El siguiente paso será alcanzar la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo, también en las dos cámaras. Solo entonces el DNU quedaría sin efecto.
El oficialismo apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. Por de pronto, la bancada de Pro mostró prudencia y si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el bloque de diputados de Pro, presidido por Cristian Ritondo, exintegrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
La oposición reclamó que cuanto antes se constituya también esta comisión bicameral, clave para fiscalizar las tareas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “En apenas dos años el Gobierno modificó en dos oportunidades la estructura de la SIDE por decreto y nombró tres directores. Esto no solo es llamativo; es anómalo”, deslizó un exintegrante de esa comisión bicameral.
Laura Serra,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Duras críticas. Los constitucionalistas rechazan el decreto que reforma la ley de inteligencia,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
POLITICA
El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen
El Gobierno argentino emitió una recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. La Cancillería argentina informó la medida este viernes, luego de casi una semana de movilizaciones que han provocado enfrentamientos, víctimas fatales y un clima de alta tensión en distintas regiones iraníes. El comunicado oficial se conoció tras días de protestas masivas que desafían abiertamente al régimen y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población.
La recomendación se difundió a través de un mensaje formal de la cartera que conduce Pablo Quirno, en el que se pidió a los argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad. Las autoridades nacionales advirtieron, además, sobre la importancia de extremar precauciones para quienes ya se encuentran dentro del territorio iraní y mantenerse informados de manera constante sobre la evolución de los acontecimientos.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en el contexto de una serie de manifestaciones que sacuden a Irán desde el pasado domingo. La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza y se transformaron en expresiones de descontento político, con consignas dirigidas contra las máximas autoridades iraníes y demandas de soluciones a los persistentes problemas económicos.
En su comunicado, la Cancillería argentina aconsejó a quienes se encuentren en Irán que “extremen las precauciones y se mantengan permanentemente informados sobre la evolución de la situación”. Además, el mensaje incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, especificando el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.
Las calles de Teherán y otras grandes ciudades, como Mashhad y Shiraz, volvieron a ser escenario de protestas este viernes, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales y recogidas por Agencia EFE. Los manifestantes, en barrios orientales y occidentales de la capital iraní, entonaron consignas abiertamente críticas hacia el líder supremo, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, en abierta confrontación con el régimen. Las movilizaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, detalló que durante los primeros cinco días de manifestaciones fallecieron al menos siete personas, 33 resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas. Las protestas, de acuerdo con la misma fuente, se extendieron a más de treinta ciudades y constituyen la mayor ola de descontento ciudadano desde las revueltas que sacudieron Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Medios locales confirmaron que el jueves se registraron conflictos violentos en ciudades medianas y rurales, como Lordegan, donde dos civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos, según la agencia Fars. Azna, en la provincia de Lorestán, fue otro de los puntos críticos, con tres muertos y 17 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Kuhdasht, un integrante de la milicia Basij falleció durante los disturbios, mientras que otros 13 policías sufrieron heridas por pedradas, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.
Las autoridades de la República Islámica de Irán intentaron calmar los ánimos reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante el deterioro de la situación económica. En declaraciones recogidas por la televisión oficial, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en un instrumento de “inseguridad o destrucción de bienes públicos” recibiría una respuesta “firme” por parte del Estado.
La agencia Tasnim informó que 30 personas fueron detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”, y que otras siete habrían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica” con base en el extranjero. Las detenciones se suman a las ya reportadas en los últimos días, en el marco de un operativo de control que busca contener la expansión de las protestas.
La crisis económica de Irán se ha profundizado en los últimos meses: el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la inflación anual se ubicó en 52% en diciembre, según datos del Centro de Estadísticas nacional. El deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos han impulsado a la población a salir a las calles, pese al riesgo de represión.
En respuesta al clima de tensión, el presidente Masud Pezeshkian advirtió a su gabinete sobre la necesidad de atender los reclamos sociales. “Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, expresó el mandatario ante funcionarios, de acuerdo con medios oficiales.
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