El Senado acaba de escenificar el conflicto político de mayor magnitud que alimenta y a la vez enfrenta Olivos, ya en plena temporada electoral. La media docena de votaciones en una sola jornada sacudió el tablero nacional y genera muchas lecturas, pero ninguna puede partir de la sorpresa. Fue un resultado cantado, expresión del peor momento de la relación de Javier Milei con los gobernadores, algo que supera la batalla con la oposición más dura y que tiene doble origen: la situación financiera de las provincias y la disputa de poder territorial cada vez más abierta. Eso explica en buena medida el desenlace de este capítulo legislativo, pero no todo. Se advierten además las sombras y los ruidos de la interna violeta, que terminaron de cerrar las puertas a la negociación, al menos de momento.

La interna expuso un capítulo visible con la masiva carga sobre Victoria Villarruel. La vicepresidente tuvo un papel nada menor con su decisión de presidir la sesión, una vez asegurado el debate en el recinto. Sin embargo, nadie podría decir que fue determinante, porque el final estaba escrito desde muchos días antes, y lejos del Congreso.

Es ilustrativo el repaso de lo que venía ocurriendo en el heterogéneo conjunto de gobernadores. También, las señales del oficialismo, teñidas por el cálculo electoral. Y un tema repetido: la interlocución con las provincias, es decir, qué nivel de decisión real tienen los operadores y funcionarios encargados de las conversaciones.

Las reuniones plenarias de los jefes provinciales, en el CFI -un ámbito que refuerza el mensaje al poder central-, constituyeron la primera señal llamativa: no desaparecían las diferencias entre gobernadores, pero mostraban voluntad de contenerlas. Al mismo tiempo, la predisposición al acuerdo de los “dialoguistas” y el virtual silencio del núcleo del PJ/K abrían chances para las tratativas. El paso de los días aumentó el malestar por las respuestas de los funcionarios nacionales. Y la reacción fue expresada por el impulso a dos iniciativas que según sus cálculos tienen nulo o muy escaso costo fiscal: modificaciones en el reparto de ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La presentación efectiva de los proyectos -con la firma de casi todos los bloques- se produjo cuando el diálogo ya parecía liquidado. Frustrado por razones climáticas y políticas el acto del 9 de Julio, el cuadro se agudizó con la descarga de Milei contra los líderes provinciales, a los que acusó, en bloque, de querer “destruir al Gobierno”. Sin embargo, todavía después, los gobernadores más jugados a una instancia de diálogo -ex JxC, algunos provinciales, peronistas no kirchneristas- transmitían por diversos medios su intención de no acompañar los proyectos sobre jubilaciones y sistema de discapacidad.

Eso mismo ponía en tensión el difícil entendimiento entre los veinticuatro distritos, pero el intento de abrir negociaciones se frustró sobre todo por el juego mileista. De hecho, la evaluación asomaba sencilla. Con posiciones intransigentes y apuntadas a tratarlos como bloque, sin distinciones, el Gobierno le daba oxígeno a la franja más dura, aunque minoritaria en número: cuatro o cinco mandatarios, con Axel Kicillof como cara visible y el kirchnerismo como marca.

Lo más evidente: Milei ratificó dureza discursiva, sin hacer distinciones entre el proyecto sobre jubilaciones y las iniciativas impulsadas por el conjunto de los gobernadores: ICL y ATN. Para completar, los tuiteros oficialistas y Patricia Bullrich recargaban la ofensiva y hablaban de intento de golpe institucional en el Senado.

No fue un hecho aislado. En medios políticos, desde hace rato se viene destacando que la “estrategia violeta” es dictada exclusivamente por Karina Milei, con sus subordinados y operadores, en especial Eduardo “Lule” Menem. En ese terreno, perdió peso Santiago Caputo, a quien en las especulaciones más envenenadas señalaban como poco interesado en evitar el sacudón de las votaciones en el Senado.

El círculo de Olivos dejó de lado la idea de buscar acuerdos electorales con gobernadores donde fuera posible. Y en cambio, se extiende el criterio de disputar espacios en cada provincia. Viene ocurriendo en adelantos de elecciones, anotó un último ejemplo camino a la disputa por la gobernación correntina y proyecta batallas para octubre, con el presupuesto de mejorar las bancadas estrictamente propias -sin aliados- en el Congreso.

Ese juego, combinado con la desatención de la demanda de los veinticuatro distritos en materia de coparticipación, motorizó la escalada política de estas horas. La interna con Villarruel tiene otro sentido, además de venir de arrastre. El último y más ácido capítulo se relaciona con la convalidación de la sesión del Senado, con su función en el recinto cuando LLA daba el primer paso -el abandono de las bancas- para discutir la validez de la sesión.

Allí asoma un dato que expone al menos la falta de una receta estudiada y ya definida para ir contra los proyectos de mejora jubilatoria, moratoria y discapacidad, convertidos en ley el jueves último. Si se afirma la intención de discutir el tema en la Justicia, quedaría en zona gris el anuncio de los vetos del Presidente. Se abre entonces otro interrogante: ¿el planteo a los tribunales sería por una cuestión reglamentaria o con otra letra, como que atenta contra la ley de administración financiera pública?

Tales argumentos son rechazados por la oposición. La cuestión práctica, y central, es que una demanda involucraría a la Justicia en un tipo de pelea que suele rechazar. El riesgo de los vetos es otro: ¿el oficialismo puede asegurar el número suficiente de diputados para sostener después la decisión presidencial? Lo logró en otros casos, de manera ajustada, y en parte gracias a negociaciones con los gobernadores.

En las primeras especulaciones, parece posible blindar el veto a la moratoria previsional. Menos claro asoma el panorama para el oficialismo en cuanto a la recomposición de jubilaciones y la emergencia en el sistema de atención a la discapacidad. Los números de las votaciones en el Senado son significativos. La moratoria salió con cifra ajustada. En cambio, las otras dos iniciativas tuvieron respaldo amplio, muy por encima de los dos tercios. Las bancadas de aliados o dialoguistas -PRO, UCR, provinciales- se dividieron entre apoyos, abstenciones y ausencias, según el tema, pero no dieron batalla en contra.

Queda además un interrogante sobre si la contraofensiva de Olivos alcanzaría también a los proyectos sobre ATN y combustibles, impulsados por los gobernadores, en caso de que Diputados los convierta en ley, sin demoras. Y también queda abierto de hecho un espacio para la negociación, que además sumaría el difícil desafío de los vetos.

El Gobierno se siente cómodo en el discurso de la polarización. Pero también en ese plano, el de la batalla por el relato, expone matices y contradicciones. Voceros formales e informales dicen que el rechazo cerrado a las leyes con impacto presupuestario favorece a la imagen presidencial. Pero al mismo tiempo, proyectan un muy peligroso impacto coyuntural en la economía. Por ahora, la receta política es incierta.