Patricia Bullrich recibió este mediodía a la familia de Germán Giuliani, el último de los argentinos que queda detenido en Venezuela y del que aún no hay novedades respecto de su liberación. El encuentro se realizó a las 24 horas de que la ex ministra de Seguridad recibiera al gendarme Nahuel Gallo, quien también estuvo detenido en el país centroamericano y que regresó a la Argentina en un vuelo charteado por la Asociación del Fútbol Argentino. Del encuentro, que se desarrolló en el despacho de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, también participó la diputada libertaria Sabrina Ajmechet.

Por la familia estuvieron presentes la mamá de Giuliani, su mujer, Virginia; Karina y Lorena, hermanas del detenido, y Diego, un amigo de Germán. También estuvo presente Elisa Trotta, activista venezolana y defensora de Derechos Humanos. Bullrich publicó un video en redes sociales donde se fueron presentando uno a uno -y donde no aparece Ajmechet, que sí participó de la reunión-. Luego toma la palabra la senadora, quien dice que “estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que Germán vuelva, es absolutamente fundamental. El último argentino que queda”, en relación a los que fueron detenidos y ya liberados por el régimen de Maduro. “Te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”, culmina el video que subió la senadora en su cuenta de X.

Desde el entorno de la senadora explicaron que no había más detalles del encuentro porque se definió que sea “cerrado”, lo que significa que sólo participaron los familiares y las dos legisladoras. La familia Giuliani viene reclamando por la liberación de Germán desde hace meses. Vanesa Giuliani explicó a Infobae que su hermano viajó a Venezuela en mayo de 2025 por motivos comerciales, no políticos. “Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detienen a 80 personas más, entre ellas activistas políticos, en la previa de una elección importante”. Remarcó que en Venezuela “hay dos leyes que les dan el derecho a que si tenés alguna imagen en el celular que ellos interpretan como contra el régimen, te pueden meter preso”. Señaló la vigencia de la ley del odio y la ley Simón Bolívar, que se utilizan para justificar las detenciones arbitrarias.

Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención. A esto se le suma que, aunque Giuliani no concentraba la atención, muchos entendían que iba a ser liberado al mismo momento que el régimen soltara a Nahuel Gallo. Esto no sucedió, por lo que el impacto emocional y la desesperación que vive su familia se multiplica tras la reciente liberación del gendarme.

En las últimas horas, Bullrich criticó a la Asociación del Fútbol Argentino por haber dejado a Giuliani en Venezuela cuando hizo la operación para repatriar a Gallo. Respecto a esto, la esposa de Giuliani expresó su sorpresa y malestar: “No sabíamos que la AFA había intervenido. Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión, pensamos que venía mi hermano también”.

La comunicación con Germán es escasa y controlada. “Mi hermano tiene una llamada cada 15 días, de dos minutos, con un custodio en frente y en altavoz. Siempre dice que está bien, pero en una llamada dijo que salía entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Eso nos llenó de esperanza”.

A menos de 24 horas de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara públicamente que buscaba renovar los equipos técnicos de la cartera, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, presentó su renuncia formal.

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario saliente dejó en claro que su renuncia no fue una decisión personal, sino que acató la decisión del sucesor de Mariano Cúneo Libarona.

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“Decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, subrayó Vítolo en el inicio del texto.

Vítolo, que había sido designado mediante el decreto 53/2023, defendió su paso por el organismo encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles.

Y luego le envió un mensaje a la nueva gestión, cuyo titular aún no está definido: “Tengo la esperanza de que continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología».

En un tono de despedida, afirmó haber cumplido con su deber “con el orgullo y la serenidad” de quien hizo valer la ley frente a estructuras de poder.

“Durante mi gestión procuré, sin concesiones ni privilegios, hacer valer el imperio de la ley frente a estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles”, disparó, en un mensaje que resuena en medio de la fuerte disputa que el Gobierno mantiene con la AFA y otras entidades de peso.

El ahora exfuncionario destacó entre sus logros la modernización normativa y la revalorización de la “libertad para emprendedores”, aunque lamentó no haber podido completar la digitalización total de la IGJ debido a la “falta de tiempo” y dificultades presupuestarias.

El recambio de Mahiques

La salida de Vítolo se suma a la de otros organismos estratégicos como la UIF (Unidad de Información Financiera), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados.

Tal como adelantó TN, Mahiques busca desembarcar con un equipo propio y acelerar definiciones que estaban trabadas, entre ellas, el envío de veedores a la Asociación del Fútbol Argentino. “Llego con un equipo; son funcionarios que pone la política y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, había declarado Mahiques ayer en una entrevista televisiva.

En el cierre de su carta, Vítolo envió un mensaje directo a quien sea su sucesor —el Gobierno ya analiza tres nombres para el cargo— y pidió preservar los intereses del Estado “por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.

Con un agradecimiento final a Milei por los 26 meses de confianza, Vítolo cerró su etapa en un organismo que, a partir de ahora, será central en la estrategia judicial y de control que pretende imprimir la nueva gestión de Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Justicia, IGJ, Javier Milei

En sintonía con un alineamiento político con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei ratificó su cooperación bilateral con Estados Unidos en el área de energía nuclear.

Delegaciones de ambos países se reunieron en Washington a finales de febrero, donde valoraron el rol central del Organismo Internacional de Energía Atómica en la cooperación técnica y la promoción de aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.

También coincidieron en sostener y perfeccionar el régimen global de no proliferación nuclear. El interés conjunto por nuevas tecnologías civiles, particularmente los reactores modulares pequeños, tuvo un lugar central en la agenda, según se informó, al tiempo que se reafirmó la asociación en el marco del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños.

En el texto, además, se informó que las delegaciones identificaron el potencial de los reactores avanzados para el desarrollo económico y energético de sus respectivos países. El diálogo abordó acciones concretas como el intercambio de información técnica sobre regulación, licencias, supervisión, ciberseguridad y protección física, junto con controles de exportación y verificación internacional de salvaguardias.

A su vez, uno de los temas prioritarios fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear, que reemplazará al actual convenio vigente hasta 2027. Ambas administraciones hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos.

En septimebre del año pasado, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos, que apunta a promover el despliegue de esos dispositivos a escala regional y global.

FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, se indicó de manera oficial en aquel momento.

Y se agregó: “La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo”.

La 19º reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos se celebró en Washington, entre el 25 y el 27 de febrero. Estuvo presidida por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Argentina; y Gonzalo Suárez, subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La delegación argentina incluyó también a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., así como de la Embajada de la Argentina en Washington.

La delegación estadounidense incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y el Departamento de Comercio.

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