POLITICA
Prepagas: el Gobierno dio de baja a otras 13 empresas

El Gobierno avanzó con una nueva etapa del proceso de ordenamiento del sistema de salud privado. A través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se dispuso la exclusión de otras 13 entidades que figuraban como agentes del seguro de salud porque no acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La medida fue comunicada oficialmente y funciona como notificación formal para los usuarios de las empresas alcanzadas.
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Según trascendió, las auditorías realizadas permitieron detectar que se trataba de agentes sin actividad real: estaban inscriptos en el registro, pero no contaban con afiliados, no prestaban servicios efectivos y carecían de la documentación exigida para operar. En ese contexto, fueron caracterizadas como entidades “fantasma”.
El acto administrativo resolvió rechazar la inscripción definitiva de aquellas firmas que no completaron los requisitos previstos por la Ley 26.682, que regula la actividad de la medicina prepaga. Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo central es consolidar un padrón claro y confiable, integrado únicamente por agentes que compitan en igualdad de condiciones y ofrezcan prestaciones efectivas y de calidad a sus afiliados.
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Esta nueva resolución se suma a una serie de decisiones similares adoptadas en los últimos meses. En lo que va de enero, ya son 40 las empresas excluidas del sistema de medicina prepaga. Además, desde el Ejecutivo advirtieron que las tareas de fiscalización continúan en curso, por lo que no se descarta que en los próximos meses se dispongan nuevas bajas.
El plan de revisión se enmarca en un proceso iniciado en 2024, que el propio Poder Ejecutivo definió públicamente como un “reordenamiento” del sistema. La intención declarada es depurar el registro, eliminar irregularidades acumuladas y garantizar mayor transparencia en un sector sensible para millones de usuarios.
Cuáles son las 13 prepagas que el Gobierno dio de baja
Las empresas alcanzadas por la última disposición son:
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud.
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc).
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra).
- Armiento S.A. (Grupo A Mano).
De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud, la decisión impacta sobre entidades que contaban con inscripciones provisorias o que nunca finalizaron el trámite para obtener la registración definitiva. El procedimiento administrativo contempló tanto la cancelación de los registros temporales como el rechazo formal de las solicitudes pendientes.
Estas 13 firmas se agregan a las cuatro que habían sido inhabilitadas el 20 de enero: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y la Cámara de Tabaco de Misiones.
Con estas resoluciones, el número total de empresas dadas de baja por irregularidades asciende a 152 desde el inicio de la actual gestión. La nómina completa incluye a prestadoras, mutuales, cooperativas y sociedades comerciales que no cumplían con las condiciones legales y administrativas para operar dentro del sistema. La lista también incluye cooperativas de trabajo, asociaciones mutuales, centros médicos, empresas de emergencias y obras sociales de diverso alcance territorial.
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Para los afiliados, la medida no implica una pérdida automática de cobertura médica. La resolución funciona como una notificación formal para que los usuarios tomen conocimiento de la situación de la empresa a la que estaban inscriptos, muchas de las cuales no registraban actividad efectiva ni prestación de servicios.
En los casos en que no hubiera afiliados activos, el impacto es nulo; cuando los hubiera, el proceso administrativo apunta a garantizar la continuidad de la atención mediante el reordenamiento del padrón y la regularización de la cobertura dentro del sistema.
MEDICINA PREPAGA, prepagas, Superintendencia de Servicios de Salud
POLITICA
La fiscalía y ARCA rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA

La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos.
La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.
Pero la AFA pidió cerrar la causa por inexistencia de delito, porque sostiene que esas deudas no son exigibles puesto que existe una comunicación del ministerio de Economía, prorrogada en cuatro oportunidades, que suspendió las ejecuciones fiscales y que por lo tanto los abogados del Estado no pueden llevar a juicio esas retenciones.
El juez Diego Amarante le pidió opinión a la AFA y a la ARCA antes decidir si corresponde o no cerrar la causa. El fiscal Claudio Navas Rial escribió que la ARCA informó que, tras verificar el calendario fiscal, “los vencimientos de obligaciones oportunamente denunciadas no sufrieron modificación alguna”.
Según el fiscal, las resoluciones generales citadas por la defensa (como las 5482/2024 o 5806/2025) no alteraron las fechas de vencimiento impositivo y previsional de los períodos investigados.
Dijo el fiscal que el delito penal está configurado porque no existe ninguna “circunstancia desincriminante”. Existía una obligación exigible al cumplirse la fecha de vencimiento y el contribuyente no cumplió dentro del plazo estipulado por la ley penal. Esto habilita la continuidad del proceso penal, independientemente de las gestiones administrativas posteriores.
Navas Rial sostuvo que las modificaciones que alega la defensa de Tapia se refieren a “facultades administrativas de forma” que tiene la ARCA para recaudar, pero que no son oponibles a un juez en un proceso penal. Y advirtió que de aceptar el planteo de la AFA se supondría que resoluciones generales administrativas determinen la extinción de una causa penal, lo que sería violar el orden de las normas.
Por su parte, la ARCA, en su rol de querellante, dijo que el pedido para cerrar la causa es “manifiestamente improcedente”. El argumento central es que la defensa de la AFA confunde dos conceptos. El organismo aclaró que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron el “inicio de los juicios de ejecución fiscal” y la traba de medidas cautelares, pero “nunca se suspendieron o prorrogaron los plazos de vencimiento de las obligaciones tributarias”.
“Es decir, la AFA seguía obligada a pagar en fecha, aunque el Estado hubiera pausado temporalmente la posibilidad de embargarlos”, dijo la ARCA. Y mencionó que si se generaron intereses, como lo admite la defensa, “la deuda estaba en condiciones de ser exigida”, sostiene el escrito.
El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados, o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.
En un primer momento, la cifra denunciada ascendía a %9.500 millones, pero luego, con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de $19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.
Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Pablo Toviggino.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Reforma laboral: los puntos que rechazan los gremios y tensan el conflicto antes del debate en el Senado

Sin cerrar la puerta al diálogo con el oficialismo, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, detalló cuáles son los artículos del proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei buscará tratar el miércoles en el Senado y que los gremios consideran innegociables. También volvió a advertir que la iniciativa apunta a debilitar el modelo sindical argentino.
Según planteó, la discusión no se reduce a cambios técnicos sino que involucra derechos colectivos. “Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, sostuvo.
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Martínez señaló que esos puntos conforman el núcleo del conflicto con la reforma y alertó que, de avanzar sin modificaciones, el proyecto puede afectar la negociación colectiva y la representación sindical.
“Con todo el Gobierno hablo. El diálogo no está cortado. Para nosotros el diálogo es una herramienta fundamental. Tenés el diálogo o la confrontación”, explicó en declaraciones a Infobae, pero reclamó que “el que tiene el poder se siente a discutir” con la CGT. “Hoy el diálogo más sensato y objetivo es con Patricia Bullrich, que va a ser la miembro informante en el Senado”, detalló.
Ultraactividad de los convenios colectivos
Uno de los principales focos de conflicto es la ultraactividad, el principio que mantiene vigente un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que se firme uno nuevo. Para los gremios, se trata de una garantía central para evitar la pérdida de derechos.
“La ultraactividad permite que los convenios sigan vigentes hasta que se firmen otros nuevos”, explicó Martínez. Según advirtió, eliminar o limitar ese mecanismo dejaría a los trabajadores expuestos si las negociaciones se estancan.
El dirigente sostuvo que este punto no admite concesiones porque impacta directamente sobre la estabilidad de las condiciones laborales y el poder de negociación de los sindicatos.
Prevalencia de los convenios por empresa
Martínez también rechazó los artículos que alteran la negociación colectiva y advirtió que la reforma habilita acuerdos que debilitan los convenios sectoriales.
“La prevalencia de convenios por empresa” fue uno de los aspectos que Martínez ubicó entre los límites infranqueables. Según explicó, ese mecanismo permitiría acuerdos por debajo de las pautas nacionales y debilitaría la unidad de representación.
En ese sentido, alertó que el proyecto avanza sobre los acuerdos ya pautados. “Buscan romper los derechos colectivos, que es la representación sindical”, afirmó.
Aporte solidario y tope a las contribuciones
El tercer punto central del conflicto es el aporte solidario, la contribución que realizan todos los trabajadores alcanzados por un convenio, estén o no afiliados al sindicato. Martínez reclamó que existan topes claros para evitar abusos.
“No puede ser mayor el aporte solidario que la cuota sindical”, sostuvo. Según señaló, en algunos convenios se establecieron porcentajes que llegaron a duplicar el valor de la cuota, lo que consideró inadmisible.
Críticas al proyecto general
Más allá de los artículos puntuales, Martínez cuestionó la lógica general de la reforma. “El proyecto tiene artículos pensados inteligentemente por varios estudios de abogados que representan intereses internacionales”, afirmó, y advirtió sobre una “ingeniería legal” para debilitar la negociación colectiva.
Según explicó, existen disposiciones que se superponen y pueden anularse o reactivarse entre sí, lo que, a su entender, no es casual. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo.
En ese marco, insistió en que la discusión excede lo laboral. “Muchos de los artículos del proyecto rozan con valores constitucionales”, advirtió.
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Además, Martínez rechazó que el sindicalismo defienda privilegios y planteó que el eje está puesto en los trabajadores. “Defendemos los derechos colectivos y los individuales”, afirmó. También vinculó el debate con la situación social y económica. “Ser pobre no es un fenómeno natural, por eso existe el salario, y para defenderlo están los sindicatos”, sostuvo.
Al evaluar la iniciativa, fue categórico: “No sirve. Va a ser una ley más, de las tantas que no generan un impacto positivo”.
reforma laboral, Gerardo Martínez, CGT
POLITICA
El ministro de Seguridad de Córdoba probó en él mismo un nuevo guante eléctrico de la Policía para reducir delincuentes

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se sometió este lunes a una prueba en vivo de un guante eléctrico, un nuevo dispositivo de tecnología que la cartera estudia incorporar en la fuerza policial para la reducción de delincuentes.
La presentación oficial tuvo lugar en la Jefatura de Policía. Allí, el funcionario decidió experimentar en carne propia los efectos del G.L.O.V.E. CD3, un guante diseñado para emitir descargas de bajo voltaje que generan una parálisis muscular momentánea sin consecuencias permanentes, según explicaron especialistas durante el acto oficial.
Antes de someterse al procedimiento, el ministro dijo: “Me parece que no hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. Como no tengo aquí al gobernador, lo voy a probar yo. Como dijo Tusam: ‘puede fallar’. Espero que no”, afirmó en diálogo con el DoceTv.
En el video de la demostración, se ve como el funcionario pierde el equilibrio con una mueca de dolor y es asistido por la policía que lo rodeaban para evitar que cayera al suelo.
Tras la prueba, Quinteros reconoció la fuerte descarga recibida. “Son como 10.000 magiclicks al mismo tiempo”, describió. Asimismo, contó que sintió una pérdida total de fuerza en la extremidad. “En este momento tengo un pequeño molestia en mi brazo. Es muy efectivo”.
Y cerró: “Desde que comenzó la gestión del gobernador Martín Llaryora hemos realizado una inversión histórica no solamente en materia de capacitaciones sino también adquiriendo tecnología de punta. En ese sentido, Córdoba es vanguardia en la región con la adquisición de 25 mil armas menos letales, lo que nos permitió cubrir al 100% de nuestra fuerza policial con esta tecnología”.
Según un informe del ministerio de Seguridad provincial, esta herramienta de última generación tiene como objetivo proveer al personal policial una instrumento extra para la reducción de personas en el marco de procedimientos regulados bajo el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.
“Desde el gobierno provincial es una prioridad invertir en tecnología que permite a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, con herramientas que van desde la fuerza física, pasando por el armamento de baja letalidad, hasta la utilización de armas de fuego en casos de extrema necesidad”, manifestaron desde la cartera.
Además de los guantes, el Ministerio de Seguridad presentó otros elementos destinados al trabajo diario y a operativos especiales. Entre ellos se destacaron 300 cascos de protección balística nivel RB3, escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.
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