El gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, avanza con la auditoría sobre el universo de un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan.

Hasta la fecha, a 65.230 personas se les suspendió el beneficio por diferentes irregularidades. Otras 8.207 renunciaron a la asignación estatal de forma voluntaria para evitar un posible juicio, ya que no cumplían con los requisitos. Se dieron de baja 6.643 beneficios más porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.

En total, el Estado dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Solo esas bajas significan un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales, exactamente $23.143.120.000.

La cifra surge de multiplicar la cantidad de suspensiones y bajas por los $289.000 mensuales que percibían: los $219.000 que representan el 70 % de la jubilación mínima, sumado al bono de $70.000.

En los despachos oficiales especulan que, al finalizar la auditoría, las bajas podrían superar ampliamente los 250.000 beneficiarios como mínimo.

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

Las autoridades de la ANDIS entienden que “la importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.

La auditoría afecta a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los beneficiarios reciben una carta documento con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse, según el domicilio declarado cuando accedieron al beneficio. En caso de no responder, se envía una segunda intimación. Si no asisten, se procede a la suspensión. En ese punto llega la tercera instancia: en el banco donde cobran el beneficio se les informa que no percibirán la asistencia si no regularizan su situación, esto es, comunicarse con la ANDIS para acordar una revisión médica. De no hacerlo, se inicia el trámite para la baja definitiva.

En la auditoría se revisan los documentos que acreditan la condición médica del beneficiario. Por esa razón, es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo posee, y los certificados médicos por los que se accedió a la pensión.

Spagnuolo y los funcionarios del Ministerio de Salud manejan una hipótesis basada en testimonios y causas judiciales en trámite, como por ejemplo en Chaco y Salta. Durante el último gobierno kirchnerista, a cargo de Alberto Fernández, se habrían entregado hasta mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en actos políticos. Lo que representa unos 300 millones de pesos mensuales.

“Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta. Es lo que estamos revirtiendo”, afirman.

Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales; una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”; una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo; presos que se presentaron a la evaluación; y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal.

El 12 de febrero pasado, el gobierno de Javier Milei, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, comenzó a enviar las primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral activas.

Desde la Casa Rosada sospechan que en las últimas dos décadas los gobiernos —en especial los kirchneristas— utilizaron el otorgamiento de este tipo de beneficios con fines políticos. “Las estadísticas no mienten —sostiene Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS—: entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes, incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice, y agrega: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023”.

El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. Por ejemplo, crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes), y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Se la autoriza a intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”. Entre ellas se detectó, por ejemplo, que:

-212 presos cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El 85 % de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos kirchneristas.

-331 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones.

-Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y, al ser citado para revisión médica, “asistió acompañado de un abogado”.

-Había beneficiarios con documentación incompleta o diagnósticos falsos, quienes argumentaron haber recibido la pensión por estar “respaldados por representantes del Movimiento Evita”.

-En otro caso, en lugar del beneficiario, a la auditoría se presentó su hijo, quien reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobraba la pensión.

El gobierno también derogó el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles y que, según las autoridades de la ANDIS, había facilitado la inclusión de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos.

La nueva legislación impone que: “Todos los beneficiarios deberán revalidar su condición mediante una declaración jurada actualizada y una nueva evaluación médica”, y “se fija un plazo obligatorio para reinscribirse, tras el cual los beneficios podrán suspenderse o darse de baja”.

El decreto también especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que:

-Estén detenidas o prófugas de la justicia.

-Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación.

-Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles.

Entrevistado por Infobae Diego Spagnuolo, ya había expresado que: “Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a estas prestaciones”. El ex abogado de Javier Milei recordó que su gestión frente a la ANDIS “avanza en pos de la transparencia y justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso” y aseguró que “no se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda”, pero que sí lo perderán “aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.