POLITICA
Javier Milei revirtió los despidos en el INTA y otros organismos públicos, tras el rechazo en el Congreso

El Gobierno dio marcha atrás con el pase a disponibilidad de más de 340 trabajadores del INTA, la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y otros organismos públicos, luego del rechazo del Congreso a los decretos delegados.
La medida fue oficializada con las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes el Boletín Oficial. Así, la continuidad laboral de cientos de empleados.
“Resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025″, indica la resolución 1343.
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El Ministerio de Economía había dispuesto que el personal con estabilidad adquirida en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasaran a situación de disponibilidad.
Este martes, la Justicia admitió la cautelar que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno que a que se abstenga de ejecutar “cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” vinculadas al INTA, INV e INASE.
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Mientras que en la resolución 221, el Gobierno dejó sin efecto los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
“Resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”, indica la normativa.
En esa línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró las medidas: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar».
El INTA recuperó su normativa de funcionamiento
El Gobierno restituyó la vigencia de varias normativas del INTA y de otros organismos públicos, que habían sido modificadas por decretos presidenciales. La marcha atrás se efectivizó, a través de los decretos 627 y 628.
La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran a fines de agosto cinco DNU que habían generado controversia por su alcance y objetivos.
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El Ejecutivo aclaró que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.
INTA, trabajadores
POLITICA
Designaron a las nuevas autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Eva Perón

El Gobierno nacional designó a las autoridades de los institutos Sanmartiniano y de Investigaciones Históricas Eva Perón.
Con respecto a este último, el Ejecutivo nombró como titular a un arquitecto que en agosto de 2025 había ejercido el cargo de manera transitoria. A partir de una designación que se publicó esta madrugada en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó a Juan Martín Repetto frente al organismo que se encarga de la difusión de la figura de Eva Perón en la historia argentina. Se trata de un espacio desconcentrado de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, también conocido como Museo Evita.
Mediante el decreto 232/2026 se estableció que Repetto estará en el cargo por un período de 2 años -tal como lo indica la normativa que le dio orígen al organismo-, realizando tareas “ad honórem”. La elección responde a la propuesta elevada por la Secretaría de Cultura tras la elección de una terna por la Asamblea de los Miembros de Número del Instituto, conforme lo establece el artículo 12 del decreto original, el 1113/98.

Repetto estuvo frente a la Presidencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, pero en 2018 presentó su renuncia manifestando “razones estrictamente personales”, también fue director nacional de Patrimonio y Museos de 2002 a 2003; y en agosto del año pasado la resolución 285/2025 lo designó con carácter transitorio y “ad honórem” por el término de180 frente al Instituto Eva Perón.

Unos meses antes, el Gobierno habia anunciado el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El vocero presidencial en aquel entonces, hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo hizo público en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada argumentando que se trataba de “una carga presupuestaria injustificada”.
El espación ubicado en calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, “será dirigido, administrado y representado por una Comisión Directiva compuesta por un Presidente, entre otras autoridades”, argumentó el texto.
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Cultura consideró que Repetto reúne los antecedentes y condiciones necesarias para ocupar el cargo, en tanto la designación se realizó a partir de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, y de acuerdo a la normativa vigente. Se trata del primer y único instituto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina dedicado exclusivamente a profundizar el conocimiento histórico sobre la vida y el legado de una mujer que fue líder política en el país.
En paralelo, a través del decreto 231/2026, el Instituto Nacional Sanmartiniano, también dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, contará con un nuevo presidente.
La designación del doctor Hernán Federico Cornut, también “ad honórem”, será por un período de tres años y se formalizó a partir de la propuesta del Consejo Superior del instituto, la intervención de la Secretaría de Cultura y el asesoramiento jurídico correspondiente.

Tal como detalla el sitio web de la cartera de Cultura, este espacio “tiene como finalidad investigar y difundir la vida, obra y pensamiento del Libertador General José de San Martín». Fue creado por la Ley Nº 15.538, el 5 de abril de 1933 por el doctor José Pacífico Otero. El nombramiento de Cornut responde a la necesidad de cubrir la vacante en la presidencia del instituto, tras el procedimiento habitual de selección de candidatos y evaluación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de un Coronel Mayor, egresado del Colegio Militar de la Nación en 1982 como subteniente del arma de infantería, quien en junio de 2024 fue condecorado con las Palmas Sanmartinianas, una máxima distinción otorgada por el organismo, “en reconocimiento a su destacada acción sanmartiniana”. Además recibió la Medalla de las Naciones Unidas – misión UNPROFOR – Croacia 1994; la Medalla del Pacificador del ejército brasilero y la Pluma académica de la Escuela Superior de Guerra, en el año 2006.
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POLITICA
El fiscal pidió agravar las acusaciones contra Claudio Chiqui Tapia por evasión fiscal

El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, pidió ampliar las acusaciones contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y contra el resto de los miembros de la cúpula de la organización futbolística, que están acusados de evasión y retención indebida de aportes de la seguridad social.
El fiscal argumentó que, a la hora de procesar a Tapia, no se consideraron los ingresos por “patrocinio oficial” en los embargos trabados.
El fiscal presentó un recurso de apelación contra los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante el 30 de marzo pasado para agravar la acusación.
Si bien el juez de primera instancia dispuso el procesamiento y embargo de bienes de la AFA y de Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, el fiscal advirtió que el fallo calculó el perjuicio económico muy por debajo de la realidad.
El centro del reclamo de la fiscalía radica en lo que técnicamente se denomina el “subconcepto 551” del Impuesto 353. Allí aparecen los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de “patrocinio oficial con fines publicitarios”.
Según la acusación, la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional.
La normativa establece que de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar una alícuota del 7,5% destinada a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares de futbolistas, médicos y empleados).
La Justicia investiga la omisión de depósito en tiempo y forma de estas sumas millonarias retenidas.
Sin embargo, al momento de dictar los procesamientos y fijar los embargos, el juez excluyó de la cuenta los fondos provenientes de estos sponsors, al argumentar interpretaciones técnicas sobre la figura de la “autorretención”.
Para el fiscal Navas Rial, esta decisión judicial representa una ofensa “grave, inminente e irreparable” y constituye un análisis fragmentado que beneficia a los acusados.
La fiscalía sostuvo que esta exclusión no se trata simplemente de “bajar el monto”, sino de una “reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”.
Navas Rial argumentó que los fondos retenidos por patrocinio nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.
Con este recurso, el fiscal buscó que la Cámara de Apelaciones corrija esta situación.
El pedido solicitó que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Toviggino, Blanco, Malaspina y Lorenzo para que reflejen la “totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública”.
De avanzar esta apelación, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.
El fiscal advirtió que el concepto de los sponsors excluidos, en cada período investigado, el de “mayor volumen” económico.
En caso de un revés, el fiscal ya dejó planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.
La decisión fue adoptada por el juez Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.
Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.
Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.
Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: dos funcionarios de Economía hablaron sobre los créditos que tomaron del Banco Nación

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), hablaron este jueves sobre la polémica alrededor del otorgamiento de créditos hipotecarios en el Banco Nación y rechazaron haber tenido privilegios para obtener los préstamos.
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino, que sea apto crédito, a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, enfatizó Núñez en su primera mención pública sobre la controversia.
En ese contexto, Núñez explicó que tanto él como Furiase recurrieron al Banco Nación para tomar sus respectivos préstamos porque ambos cobran su sueldo ahí y son clientes del banco. “Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el BNA y uno de ellos es el crédito hipotecario”, señaló.
En ese sentido, Núñez rechazó haber recibido una tasa subsidiada o preferencial, y subrayó que se inclinó por la entidad pública para tomar el crédito por su ventaja competitiva.
“Nuestras familias se están endeudando a 30 años para comprar una casa y elegimos la tasa más competitiva del mercado. Por eso es que el BNA está dando 9 de 10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio”, señaló el director del BICE.
Furiase sostuvo que él sacó un crédito para una segunda vivienda, “a una tasa incluso más alta”. Así, el funcionario buscó desmentir las versiones periodísticas que aseguraron que el funcionario había tomado el crédito para comprar una tercera propiedad.
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La aclaración se produjo en el programa “Las Tres Anclas” que los dos integrantes del equipo económico tienen en el canal de streaming oficialista Carajo.
Tanto Núñez como Furiase aparecían en la lista de funcionarios públicos y legisladores que tenían créditos hipotecarios en el Banco Nación, lo cual desató especulaciones sobre si había habido algún tipo de discrecionalidad en la entrega de los elevados préstamos.
La defensa del Gobierno a los créditos del Banco Nación
De acuerdo a los registros, la deuda inicial de Núñez es de $373.000.000 (alrededor de USD 315.000) desde febrero de 2025; mientras que Furiase posee un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.
Sin embargo, tanto Javier Milei Luis Caputo salieron a defender a sus funcionarios y sostuvieron que no existió irregularidad alguna en el proceso.

“Los tomaron por recomendación mía”, reveló Caputo, quien además remarcó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” alrededor de los créditos. “Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, dijo el funcionario esta semana en entrevista con LN+.
Banco Nación
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