POLITICA
El Gobierno dispuso una sanción millonaria contra dos gremios del transporte que se sumaron al paro de la CGT
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, avanzará con multas millonarias sobre los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.
Según pudo saber , los importes de las multas, decididas por la cartera dirigida por Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, serán de más de 70.000 millones para los colectiveros de la UTA y más de 20.000 millones para los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad.
Esas cifras, cuyos montos estimados fueron confirmados a por fuentes al tanto del conflicto, fueron calculadas en los respectivos sumarios que se les iniciaron a ambos gremios luego de que adhirieran al paro general de la CGT del último 19 de febrero, en el marco de la antesala de la discusión parlamentaria por la reforma laboral.
En la previa a ese paro, desde la cartera dirigida por Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Se argumentó que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria” al tratarse de una actividad escencial.
Ambos sindicatos estaban dentro de conciliación obligatoria desde el 14 de febrero y hasta el 27 de ese mismo mes, por lo que desde el Ministerio les advirtieron que no podían adherir a la medida.
Desde que se produjo el paro, las áreas de Transporte y Trabajo verificaron el incumplimiento en las distintas jurisdicciones. Y a fines de la semana pasada Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
A través de esos cálculos es que se llegó a las cifras de más de $70.000 millones y $20.000 millones para la UTA y La Fraternidad, respectivamente.
Desde la cartera, la semana pasada, a través de un comunicado, agregaron que se contemplan “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
En el Gobierno siempre distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, y a Roberto Fernández, de la UTA, como los dirigentes no dispuestos a acatar la medida. En el corazón del gobierno libertario alegaron desde el comienzo del conflicto que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.
Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.
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POLITICA
El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
El Gobierno nacional declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista e dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida, coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia e Inteligencia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales. Según el comunicado, esta decisión habilita sanciones financieras para proteger al sistema local y limitar la capacidad de acción de la entidad en el país.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026
La Casa Rosada sostuvo que la determinación responde a que la República Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.
Las investigaciones de inteligencia determinaron que los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron “planificados, financiados y ejecutados” con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y operativos de la Guardia Revolucionaria.
Con esta acción, el presidente Javier Milei manifestó que espera que la decisión “salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. Asimismo, desde la Presidencia subrayaron que el Gobierno “está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
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POLITICA
Lemoine asumió como presidenta de la Comisión de Juicio Político para bloquear los pedidos de remoción contra Milei
Tras recibir el aplauso de sus compañeros de bloque, la diputada libertaria Lilia Lemoine, uno de los alfiles más fieles del presidente Javier Milei, asumió la presidencia de la Comisión de Juicio Político, una de las más sensibles de la Cámara de Diputados pues es la encargada de evaluar y, eventualmente, impulsar los pedidos de remoción del jefe de Estado, sus ministros y los miembros de la Corte Suprema.
La misión de Lemoine será, justamente, impedir que prosperen los proyectos para enjuiciar al presidente Milei que impulsa la oposición. En las últimas horas se presentaron otros dos proyectos en ese sentido −suman en total ocho−, pero todo indica que el oficialismo y sus aliados, que conforman la mayoría en la comisión, la mantendrán cerrada para bloquear su tratamiento.
“Tenemos el temor de que esta sea la primera y última reunión de la comisión”, sinceró el diputado Néstor Pitrola, cuyo bloque, el Frente de Izquierda, presentó hoy un pedido de enjuiciamiento contra el jefe de Estado.
Desde Unión por la Patria, sin embargo, advirtieron que aunque el oficialismo intente clausurar la comisión la oposición podría apelar al recurso del emplazamiento para activarla.
“Se necesita mayoría simple en el recinto. Hoy puede ser que no tengamos número, pero el desgobierno de Milei y los crecientes casos de corrupción se van a ocupar de que consigamos el número. Sobre todo después del caso de [Manuel] Adorni, que pasó de ser candidato estrella del oficialismo a mochila de plomo», acicateó Juan Marino.
El legislador de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ampliación de los pedidos de juicio político contra Milei: uno de ellos por la posición del gobierno argentino, encabezado por el jefe de Estado, a favor de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la segunda presentación incluyó nuevos fundamentos que, a su juicio, involucran al presidente en la causa de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA.
Difícilmente estas iniciativas prosperen, al menos por ahora: el oficialismo, con sus aliados, se aseguró la mayoría con 17 miembros: 13 propios, dos de Pro, uno de la UCR y el restante de Innovación Federal. Unión por la Patria tiene 11 representantes, Provincias Unidas dos y la Coalición Cívica, uno.
La postulación de Lemoine fue aceptada luego de que el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, la propusiera porque sus antecedentes “son de público y notorio conocimiento”. La vicepresidencia recayó en Pro (que aún no designó a su representante), mientras que la vicepresidencia segunda le correspondió a Guillermo Snopek, de Unión por la Patria.
La diputada kirchnerista Paula Penacca no se privó de lanzar sus ironías hacia la designación de Lemoine.
“Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad de la que habían nombrado anteriormente por si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación”, acicateó Penacca en alusión a la trunca designación de la exlibertaria Marcela Pagano, hoy ferviente opositora del gobierno libertario, al comienzo de la gestión de Milei.
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POLITICA
El gobierno argentino declarará “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán
El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispondrá su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.
El antecedente central son los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, que dejaron más de un centenar de muertos y constituyen los mayores actos terroristas cometidos en el país. En ambos casos, la Justicia argentina avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios del régimen iraní y a la articulación operativa de Hezbolá, organización señalada como brazo ejecutor en el terreno.
Las investigaciones judiciales sostienen que la estructura de decisión y planificación se originó en las más altas esferas del poder iraní, con participación de organismos de seguridad y de inteligencia. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor clave en la proyección internacional del régimen.
Ese antecedente otorga a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.
La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.
En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.
Impacto de la medida en la política y la seguridad argentinas
Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización en el país. También habilita a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, en línea con estándares internacionales y con el contexto global actual.
En el caso argentino, la medida adquiere una dimensión propia: la de dos atentados que siguen marcando la agenda judicial y política del país, y que colocan a la Guardia Revolucionaria —de manera directa o indirecta— dentro de ese entramado de responsabilidades que aún se intenta esclarecer.
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