POLITICA
El Gobierno eliminó varios requisitos para los comerciantes de armas y municiones

El Gobierno nacional desreguló el reglamento que los comerciantes de armas y municiones deben cumplir, por lo que varias condiciones fueron eliminadas para simplificar su ingreso y/o permanencia en el rubro. La medida fue adoptada como parte del plan de reducción de carga administrativa y burocrática para el Estado y sus ciudadanos.
A través de la publicación de la Resolución 49/2025 en el Boletín Oficial, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, eliminó varios de los requisitos aplicados a los usuarios comerciales distribuidores mayoristas, usuarios comerciales minoristas, talleres, y fábricas de armas, municiones y repuestos.
De esta manera, resolvieron eliminar la obligatoriedad de contar con la habilitación municipal y/o rehabilitación, y la inscripción y/o reinscripción de instalaciones comerciales e industriales proporcionadas por la ANMaC.
La medida beneficiará a los pequeños comerciantes, entre ellos, los usuarios comerciales distribuidores mayoristas, usuarios comerciales minoristas, talleres de reparación de armas, fábricas de armas y fábricas de armas en forma no continua, es decir, que funcionen bajo modalidad de trabajo artesanal y no superen un máximo de 1.200 unidades producidas por año.

En el artículo 1°, las autoridades incluyeron a las fábricas de materiales de usos especiales, fábricas de repuestos principales de armas, fábricas de municiones, fábricas de componentes de munición y fábricas de elementos de recarga de municiones.
Además, agregaron al listado a los talleres de recarga comercial de municiones, de reparación y armado de materiales de usos especiales -para vehículos blindados-, plantas de destrucción de materiales de usos especiales y depósito de armas y/o municiones.
En línea con esto, el director de la ANMaC extendió el beneficio hacia los usuarios entidades de tiro con instalaciones propias, quienes tampoco precisarán de las habilitaciones municipales e inscripciones del organismo mencionadas previamente.
No obstante, en el 3° artículo aclararon que los tipos de usuarios que serán alcanzados por la desregulación de los requisitos “deberán cumplir con los demás requisitos y condiciones de seguridad para la guarda y almacenamiento de materiales controlados conforme lo establece la normativa vigente”.

Asimismo, subrayaron que contar con la inscripción y habilitación de ANMaC no significará que los comerciantes dejarán de cumplir con las normativas instaladas a nivel nacional, provincial y municipal. Sobre todo, aquellas normativas que afectarían al inicio y continuidad de las actividades.
Por otro lado, las autoridades explicaron que esta flexibilización está relacionada con “el desarrollo del plan de desregulación y simplificación del Estado, procediendo a una revisión integral de toda la normativa de la Administración Pública Nacional, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.
En este sentido, mencionaron que en todo el país existen dos mil municipios, que cuentan con normas locales propias y requisitos diversos. Por este motivo, consideraron que la pluralidad de reglamentos generaría una carga para los trámites administrativos que deben cumplir los usuarios.
Otras de las medidas adoptadas por la ANMaC se trató de la habilitación que le otorgaron a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para poder reutilizar las armas que hubieran sido decomisadas en operativos contra las armas delictivas.
Mientras que el armamento aún deberá ser entregado y registrado por la agencia, permanecerá en un depósito hasta que el Ministerio de Seguridad decida cuál será su destino, según lo establecido en el DNU autorizado por el presidente Javier Milei.
La medida también introdujo cambios en el procedimiento de decomiso y destrucción de armas, indicando que, tras una sentencia firme, la ANMaC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público.
En todos los casos, los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales. Según los fundamentos del decreto, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
POLITICA
Senado: oficialismo y aliados firmaron el pliego de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá

Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.
Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.
“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.
Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.

En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.
Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Y no dejó pasar por alto los dardos opositores y reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.
Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.
“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.

Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.
Qué dijo la justicia
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.
Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
POLITICA
La Corte confirmó el tribunal que juzgará a un exintendente kirchnerista por fraude con la obra pública

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín deberá llevar adelante el juicio oral en que se investiga al exintendente de Zárate Osvaldo Raúl Cáffaro y a un grupo de funcionarios municipales por el delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, por dinero recibido para hacer obras públicas.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia entre el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín y el juzgado en lo Criminal 2 del Departamento de Zárate-Campana, cuando el caso ya estaba elevado a juicio.
Según el dictamen del procurador Eduardo Casal, en la causa se investiga a Osvaldo Raúl Cáffaro, a Pablo Andrés Giménez (exsecretario de Obras y Servicios Públicos), a Osvaldo Nicolás Caccaviello (exsubsecretario de Obras Públicas), a Salvador Carlos Ingrassia (Infraestructura), Gustavo Alberto Castillo (exdirector de Obras) y Santiago Roberto Rottari (representante técnico) por el manejo irregular de fondos transferidos a Zárate mediante convenios celebrados con el Ministerio de Planificación para la ejecución de obras de seguridad en el sistema eléctrico de esa localidad.
La fiscalía acusó a los imputados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se acusó a Cáffaro −surgido del socialismo, que ganó el municipio como vecinalista y se integró al kirchnerismo− y a Giménez por la presentación de una nota ante el Ministerio solicitando un segundo envío de dinero, entre las cuales se adjuntaba un certificado de avance de obra que habría sido falso.
Tras el auto de elevación a juicio, la causa quedó radicada ante el tribunal federal de San Martín, cuyos integrantes declararon su incompetencia a solicitud de algunas defensas.
Entendieron que una vez ingresado el adelanto de dinero del Estado nacional a la comuna, la responsabilidad de su destino era de la Municipalidad de Zárate, la que además de la planificación, contratación y ejecución de los trabajos, se habría comprometido a aportar el dinero para finalizarlos.
Por eso, entendieron los jueces federales que el asunto era de competencia provincial. Pero el juzgado bonaerense rechazó el caso.
El asunto llegó a la Corte Suprema para destrabar el conflicto. El Procurador General de la Nación subrayó que el tema había sido planteado a lo largo del expediente y que el 17 de julio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó lo resuelto por el juez de grado, con énfasis en que el dinero comprometido por la Nación tenía como destino una obra de seguridad eléctrica que habría implicado el cambio de traza de líneas de alta tensión para resguardar a la población y que formaría parte del sistema interconectado nacional, vinculado a un servicio público de interés del Estado nacional.
Por eso, la Procuración concluyó que el caso era de competencia federal. La Corte Suprema validó este criterio. “Resulta claro que corresponde que continúe interviniendo la justicia federal” en “en el juzgamiento de la totalidad de los aspectos de la maniobra por la cual se formuló la acusación”, señala el fallo.
Hernán Cappiello,Corrupción,Zárate,Conforme a,Corrupción,,Revés para el jefe de la AFA. La Justicia rechazó un pedido de Chiqui Tapia para salir del país sin restricciones por 60 días,,Sueños Compartidos. Comenzó el juicio con los Schoklender y De Vido en el banquillo de los acusados,,Investigó al poder. Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción
POLITICA
Karina Milei gana poder interno e impulsa a Sebastián Pareja para presidir una comisión clave en el Congreso

El oficialismo quiere impulsar al diputado Sebastián Pareja como candidato para integrar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Si bien en el Gobierno evitan confirmar al armador bonaerense de La Libertad Avanza de manera definitiva, este medio pudo saber que su nombre pica en punta dentro del esquema que se discute por estas horas para la conformación de ese organismo parlamentario.
La definición formal todavía no está cerrada. Los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de la bicameral mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha.
En ese marco, el nombre de Pareja aparece como el candidato que impulsa el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el oficialismo señalan que su eventual llegada forma parte de la disputa por el control de espacios estratégicos dentro del Congreso, en un momento en que el Gobierno busca consolidar posiciones en distintas comisiones.
Leé también: Manuel Adorni buscará retomar su agenda y hará conferencias de prensa todas las semanas
La Bicameral de Inteligencia es un organismo clave dentro del esquema institucional. Desde el Parlamento, es el órgano encargado de fiscalizar las actividades de los servicios de inteligencia, auditar su presupuesto y requerir informes. Además, por esa comisión deberá pasar la reforma del sistema de inteligencia que el presidente Javier Milei tiene previsto enviar al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional debe ejercerse a través de esta comisión bicameral permanente. En ese marco, los organismos de inteligencia están obligados a entregar la información o documentación que la comisión requiera, respetando los recaudos previstos en la normativa vigente sobre la clasificación de seguridad de actividades, personal, documentación y bases de datos.
Leé también: La Casa Rosada afirma que habrá cambios en el ejercicio militar entre la Argentina y EE.UU.
La comisión está integrada por 14 miembros, con siete representantes de cada cámara legislativa. En la nueva configuración parlamentaria, el oficialismo aspira a ampliar su presencia. La Libertad Avanza sumará representantes desde el Senado, donde antes no tenía, y también podría incrementar su número en Diputados tras los resultados electorales de octubre pasado, que lo posicionaron como primera minoría.
Dentro de la Cámara baja, la presidencia de la Bicameral de Inteligencia es un cargo que, en esta reconfiguración legislativa, le corresponde a Diputados. Pese a tratarse de una comisión bicameral, desde el Senado postularán a sus integrantes, pero dejarán que las autoridades de la Cámara baja definan quién la encabezará.
En ese escenario también se cruzan intereses de distintos bloques. El jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, tiene aspiraciones en torno a la comisión, aunque en el Congreso dan por hecho que contará con una de las siete bancas que corresponden a Diputados, pero no con la presidencia del organismo. Dentro del oficialismo señalan que las definiciones finales se están coordinando entre Martín Menem y Karina Milei.
Entre los libertarios que integraron la bicameral hasta diciembre pasado estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos al titular de la Cámara de Diputados. Uno de ellos podría ocupar un lugar relevante dentro de la comisión, aunque el esquema todavía no fue oficializado.
Leé también: El Gobierno anunció el envío al Senado de los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia
Mientras tanto, en el Congreso también se sigue de cerca la dinámica interna del oficialismo, marcada por tensiones entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, en el entorno de Caputo relativizan el impacto que podría tener la eventual designación de Pareja. Según indican cerca del asesor, no hay objeciones a que sea el armador bonaerense quien encabece la comisión si finalmente resulta elegido.
En ese sector recuerdan que anteriormente la presidencia de la bicameral estuvo en manos del radical Martín Lousteau y sostienen que ese antecedente no modificó su posición dentro del esquema político. Por ese motivo, aseguran que no planean intervenir en la discusión actual sobre el futuro titular del organismo.
Sebastián Pareja, Karina Milei, Santiago Caputo, La Libertad Avanza, inteligencia, Congreso de la Nación
POLITICA21 horas ago¡VERGÜENZA NACIONAL! Humillan a la Policía Federal mandándolos a un merendero antes de darles un aumento de sueldo digno
POLITICA3 días agoEl mensaje de Milei sobre la “traición” que llamó la atención en el Gobierno y también en la oposición
POLITICA2 días ago24 DE MARZO: La historia completa que el relato omitió sobre el golpe de 1976 y el Juicio a las Juntas










