POLITICA
El Gobierno enviará en los próximos días la documentación solicitada por la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este

El Gobierno enviará en los próximos días la documentación que pidió la Justicia en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo sostienen que se tomaron “unos días” para reunir toda la información requerida por el juez Ariel Lijo y que a partir del lunes comenzarán a remitirla en tandas, a medida que cada organismo termine de consolidar la respuesta formal.
El material abarca registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), planes de vuelo solicitados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), informes vinculados a movimientos y facturación, presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia, entre otras actuaciones pedidas por el juzgado.
En la Casa Rosada aseguran que la intención es remitir “todo lo que pidió la Justicia” para que el juzgado avance con la reconstrucción del circuito del viaje, en un expediente que busca determinar quién financió los vuelos y bajo qué condiciones se realizó el traslado del ministro coordinador y su familia. En ese marco, en Balcarce 50 mantienen cautela ante los avances del caso, aunque afirman que están “tranquilos” porque Adorni tiene “forma de justificar todo”.
El jefe de Gabinete no tiene designado por el momento un abogado defensor, más allá de que en el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que acercaron algunos nombres para su representación. En el oficialismo esperan que Lijo avance primero con la revisión de la documentación y de eventuales peritajes antes de definir nuevas medidas dentro del expediente.
En el Gobierno no esperan que el juez cite a declarar a Adorni en el corto plazo. Argumentan que la causa todavía se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de pruebas documentales y testimoniales. También reconocen que quedaron rispideces con Lijo tras el impulso fallido de su candidatura a la Corte Suprema, aunque remarcan que se trata de la gestión que “más lo cuidó” en términos institucionales.
El expediente ya avanzó, sin embargo, con medidas concretas. Lijo ordenó requerimientos sobre el viaje y dispuso levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Entre ellas figuran pedidos sobre declaraciones patrimoniales, viajes, bienes, vehículos y registros vinculados a su esposa y a su entorno familiar.
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A eso se sumaron testimonios que complicaron las declaraciones públicas del jefe de gabinete sobre el caso. La empleada de la firma que gestionó los vuelos declaró que Grandio habló de una “invitación” a una familia amiga, ratificó que fue él quien pagó los tramos y aportó chats, audios y una carta documento en la que el periodista luego desconoció la factura. Grandio la llamó además mientras declaraba ante la Justicia, un episodio que quedó asentado en el expediente.
Esos movimientos generaron fuerte malestar en el Ejecutivo, donde siguen de cerca el comportamiento de Grandio y evitan hacer defensas cerradas sobre su rol en la causa. En la Casa Rosada conviven distintas lecturas sobre el impacto del expediente, pero por ahora la estrategia pasa por colaborar con los requerimientos judiciales y esperar la evaluación de Lijo sobre las pruebas. “Nosotros queremos estar cerca formal e informalmente con Lijo, pero como con todos”, expresan en Balcarce 50.
Gobierno, Manuel Adorni, Justicia
POLITICA
Tras el fallo de YPF, un ministro de Axel Kicillof explotó contra Javier Milei y lo llamó “perturbado mental”

La tensión política volvió a escalar tras el fallo favorable para la Argentina en el litigio por YPF en Estados Unidos. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei y lo calificó de “perturbado mental”.
Las declaraciones se dieron luego de que el mandatario cuestionara públicamente a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador Axel Kicillof por haber impulsado la expropiación de la petrolera en 2012, origen del juicio que se extendió por más de una década.
“El perturbado mental del presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, lanzó el funcionario provincial en declaraciones radiales, en uno de los cruces más duros de los últimos días.
Milei celebró el fallo por YPF con críticas al kirchnerismo: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas de Kicillof”
El funcionario bonaerense también minimizó el rol del actual Gobierno en el resultado judicial. Según sostuvo, la gestión de Milei se limitó a continuar con la estrategia de defensa que ya estaba en marcha: “Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento para tratar de sacar una ventaja política”.
El trasfondo del conflicto
El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York representó un alivio para el país, al dejar sin efecto la sentencia de primera instancia que podía implicar un costo multimillonario para la Argentina.
En ese marco, Bianco defendió la decisión de avanzar con la expropiación de YPF y aseguró que se trató de una medida ajustada a derecho. “La nacionalización del 51% se hizo de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes. Fue una decisión estratégica que genera beneficios a futuro para el país”, afirmó.
Además, cuestionó el enfoque del Presidente tras conocerse la resolución judicial. “Era un momento para decir ‘qué bien’. La Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible. Lamentablemente, el Presidente no hizo eso”, agregó.
La respuesta de Milei y la disputa por el relato
Por su parte, Milei celebró el fallo, pero lo utilizó para reforzar sus críticas contra el kirchnerismo. En un mensaje público, apuntó directamente contra Cristina Kirchner y Kicillof, a quienes responsabilizó por el origen del conflicto judicial.
“Expropiar está mal porque robar está mal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que calificó la decisión de 2012 como “una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.
El Presidente también rechazó que el resultado judicial pueda interpretarse como un aval a la expropiación y afirmó que, de haberse mantenido el fallo en contra, el impacto económico habría sido devastador para el país.
“Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”, advirtió, en línea con su discurso crítico hacia las políticas económicas de gobiernos anteriores.
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Si bien el fallo fue celebrado como un triunfo para la Argentina, el caso todavía no está completamente cerrado. Los demandantes aún tienen instancias para apelar la decisión, lo que mantiene abierto el frente judicial.
En paralelo, la resolución reavivó la disputa política interna sobre la responsabilidad por la expropiación y sus consecuencias.
De un lado, el Gobierno nacional busca capitalizar el resultado y cuestionar el origen del conflicto; del otro, desde la provincia de Buenos Aires defienden la medida y reclaman reconocimiento.
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El gobernador Vidal se presentó a la Corte Suprema y pidió que intervenga en el conflicto judicial de Santa Cruz

EL CALAFATE.- La crisis institucional de Santa Cruz llegó a las puertas del máximo tribunal del país, mientras cuatro de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, cercanos al kirchnerismo, se niegan a la ampliación del cuerpo, el gobernador Claudio Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto. Consideró que el poder judicial provincial “actúa de forma destituyente”.
En las últimas horas, el enfrentamiento entre la corte kirchnerista y Vidal alcanzó otro punto álgido: la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, luego de que el tribunal provincial rechazara la medida cautelar contra el fallo que declaró inconstitucional la ley que amplió su integración. El gobierno de Vidal solicita que la Corte avance sobre el fondo del conflicto y se exprese sobre la validez de la ley que amplió el tribunal de cinco a nueve miembros.
Se trata de una pelea institucional que sacude a la provincia y que expresa la resistencia de cuatro jueces nombrados por el kirchnerismo a compartir su poder.
El 17 de diciembre pasado, con la firma de cuatro vocales -y una vocal subrogante del TSJ-, se declaró inconstitucional la ley 3949, que elevó de cinco a nueve miembros la integración del máximo tribunal. Aquel fallo marcó la declaración de guerra entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Las escaramuzas habían empezado en septiembre, cuando se opusieron a la asunción de los nuevos vocales designados, a quienes les tomó juramento en soledad el juez Daniel Mariani, luego removido de la presidencia.
Desde entonces convive en la Corte provincial una suerte de doble comando: por un lado, los cuatro jueces kirchneristas, presididos por René Fernández –que convoca a la defensora general para constituir mayoría- y, por el otro, Mariani –el juez con más antigüedad en el tribunal-, junto a los nuevos vocales propuestos por Vidal.
La pelea escaló al punto que, según el oficialismo local y reconocidos juristas consultados, solo la intervención de la Corte Suprema podría encausar el enfrentamiento, que no tiene precedentes. En el inicio de esta pelea se evaluó la figura del per saltum, que finalmente no se concretó.
Según pudo reconstruir , hay por lo menos cuatro expedientes en la Corte Suprema referidos al caso Santa Cruz: la presentación del presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, de febrero pasado, el recurso federal presentado ayer por la Fiscalía de Estado y dos presentaciones de los cuatro jueces nombrados por Vidal, a quienes el ala kirchnerista se niega a dejarlos ejercer.
En el gobierno sostienen que la decisión judicial no solo es cuestionable en términos legales, sino que además tiene un trasfondo político. “Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, planteó Vidal, quien fue más allá y calificó la conducta de los jueces como “antidemocrática y anticonstitucional”. Según el mandatario, existe una actitud sistemática que busca frenar decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Con esta presentación, el gGobierno provincial intenta que la Corte Suprema revise lo ocurrido y habilite el tratamiento del recurso extraordinario que fue rechazado en Santa Cruz. En declaraciones compartidas por su oficina de prensa, Vidal también apuntó con dureza contra los jueces del Tribunal Superior, a quienes acusó de mantener una postura “destituyente”.
“Claramente hay una decisión política de la Justicia y de los que hacen política de no dejarnos gobernar. Hay actores políticos que tienen miedo de que esto cambie porque temen perder la libertad”, afirmó Vidal. Apuntó, además, a las denuncias presentadas en la justicia por su gobierno contra la administración de Alicia Kirchner que no registran avances.
“Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al gobierno de la provincia”, afirmó el mandatario, quien consideró que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión.
Vidal también cuestionó una decisión reciente del Tribunal Superior, que -afirmó- agrava la situación financiera de la provincia: cuestionó la intimación al Poder Ejecutivo para otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que elevaría los ingresos de los magistrados por encima de los $25 millones mensuales.
“Es una medida irresponsable en un momento crítico. Mientras estamos discutiendo una emergencia económica para sostener el funcionamiento del Estado, estos jueces avanzan en decisiones que buscan desfinanciar a la provincia”, advirtió. Y aseguró que ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas
El conflicto radica en la ley provincial 3949, sancionada en agosto de 2025 y que ordenaba la ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros. La decisión fue apelada por el gobierno provincial, mediante un recurso extraordinario federal. El Estado se encontró con un muro: el TSJ rechazó la vía, basándose en supuestos incumplimientos formales y técnicos.
Para la Fiscalía, este rechazo no es más que “un exceso ritual manifiesto”, destinado a ocultar la verdad jurídica y evitar que la Corte analice el fondo de la cuestión, mientras denuncia que los magistrados provinciales actúan con un “deseo de perpetuarse en el poder”, bloqueando el ingreso de nuevos vocales designados mediante los mecanismos constitucionales de terna y sesión secreta,
La presentación ante la Corte resalta que se trata de un caso de “suma gravedad institucional”, se acusa al Poder Judicial de haber invadido facultades exclusivas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, arrojándose competencias propias de una convención constituyente, al decidir sobre su propia integración y suprimir la eficacia de las leyes provinciales. Según el recurso, esta conducta viola el principio fundamental de división de poderes establecido en el artículo 1 de la Constitución nacional.
El Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado -representada, por Natalia Linardi- sostiene que la Corte no puede ser ajena a este conflicto, que afecta “profundamente el sistema republicano y la administración de justicia”. Por ello, solicitan que intervenga de manera urgente, haga a un lado los formalismos interpuestos por el tribunal santacruceño y restaure el “orden constitucional federal” que consideran, según el recurso, se encuentra “amenazado” en la provincia.
El grupo de jueces que resiste la llegada de otros miembros fueron designados durante los gobiernos kirchneristas y lo integran Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta. Algunos de ellos fueron dirigentes políticos del kirchnerismo.
Fuentes con acceso al TSJ confirmaron a que desde febrero, cuando culminó la feria judicial, los cuatro jueces K se reunieron en las sesiones de acordada, sin convocar al presidente del cuerpo Daniel Mariani, ni a los vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. Estos cuatro últimos fueron nombrados por Vidal.
A los cuatro nuevos vocales nunca les asignaron despacho, ni personal, y hasta les negaron el ingreso a las reuniones de Acuerdo, que se realizan todos los miércoles en el cuarto piso del edificio judicial. Nunca les pagaron los sueldos como vocales, recién a finales de diciembre, la Legislatura debió aprobar un proyecto para que el Ministerio de Economía habilite el pago del 50% de los haberes, hasta tanto la situación judicial de la ley de ampliación quede firme. –
Mariela Arias,Conforme a
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Ley Alfonso y el derecho a morir: qué dice el proyecto que volvió a presentarse en Diputados tras la eutanasia en España


La muerte de Noelia Castillo, la persona más joven en recibir la eutanasia en España, reabrió el debate en la Argentina. La joven de 25 años falleció este jueves mediante muerte asistida, tras quedar parapléjica luego de un intento de suicidio derivado de una brutal agresión sexual. Sufría “dolores permanentes e irreversibles”.
En el país rige desde 2012 la Ley de Muerte Digna. Esta norma establece que una persona con un diagnóstico terminal, incurable o irreversible puede rechazar procedimientos que prolonguen su sufrimiento o resulten desproporcionados en relación con los beneficios esperados.
Pero la eutanasia va un paso más allá: implica la administración de una sustancia que provoque la muerte del paciente, tal como ocurrió con la joven catalana.
En ese marco, la diputada por Unión por la Patria Gabriela Estévez volvió a presentar en las últimas horas el proyecto de Ley Alfonso, creado en homenaje a un paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que falleció en 2019. Hacia el final de su vida, Alfonso Oliva se encontraba “encerrado en su propio cuerpo” y solo podía mover los ojos.
La norma propuesta por la legisladora de Córdoba prevé algunos requisitos para acceder a la muerte asistida. Entre ellos, ser ciudadano argentino; que la solicitud sea “libre, voluntaria e informada”; y que la persona padezca una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento crónico que le impida llevar adelante su vida con autonomía. En caso de que el padecimiento sea evolutivo e incapacitante, se establece que, a través de dos testigos, se pueda dar fe de la voluntad de avanzar con el procedimiento.
También contempla la objeción de conciencia de los profesionales, al igual que con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Prevé una instancia de consejería a cargo de un equipo interdisciplinario que acompaña y evalúa, con el objetivo de constatar que la persona es consciente de la decisión que está tomando.
Sobre Oliva, la diputada aseguró esta mañana: “Su compromiso de vida antes de morirse era poder garantizar que nadie tuviese que transitar el mismo padecimiento que él por no poder acceder a este derecho”. Contó que, cuando lo conoció, el joven ya solo podía pestañear y se comunicaba mediante una computadora adaptada para leer el movimiento de sus ojos.

“Yo me encontré con un joven con mucha decisión, que tenía muy claro lo que quería, que tenía los ojos llenos de vida y un cuerpo que no le respondía. De verdad tenía la voluntad de que nadie tuviese que transitar un padecimiento como el que él estaba transitando. Toda su familia lo acompañaba en esta decisión», siguió, en declaraciones a Radio Con Vos.
Y concluyó: “Se trata de humanidad, derechos humanos, de la posibilidad de que -cuando una persona ya no puede más seguir resistiendo ese sufrimiento- pueda morir con dignidad”.
Y es que Alfonso, antes de fallecer a los 36 años, impulsó junto al médico Carlos “Pecas” Soriano una iniciativa que ingresó al Congreso en 2021 y que, luego de perder estado parlamentario, volvió a presentarse en los años siguientes.
Las claves del proyecto
El proyecto de “Buena muerte médicamente asistida” contempla la cobertura gratuita de la práctica en el sistema público de salud, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las empresas de medicina prepaga. La muerte puede producirse mediante la administración de una sustancia por parte de un profesional o a través de la autoadministración, suministrada por un médico.
Establece, a su vez, dos supuestos en los que se puede solicitar la eutanasia: por un lado, una enfermedad grave e incurable que origine “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio”; y, por otro, un padecimiento “grave, crónico e imposibilitante”, es decir, que afecte la autonomía de una persona “de manera que no pueda valerse por sí misma”.

La iniciativa, que también firman los diputados Carlos Castagneto, Hilda Aguirre y Alejandrina Borgatta, también prevé la intervención de un equipo de consejería conformado por profesionales de la psicología, la psiquiatría, la bioética y la medicina paliativa. Su objetivo es asistir al médico responsable en la confirmación de la situación del paciente, su voluntad de morir dignamente y su plena capacidad para tomar la decisión. Asimismo, contempla la firma de un consentimiento informado.
Es requisito ser ciudadano argentino o residente permanente con al menos un año de antigüedad, ser mayor de edad y contar con plena capacidad al momento de solicitar la eutanasia. En caso contrario, el pedido podrá realizarse a través de dos testigos, que no podrán ser padres, cónyuges, convivientes ni personas con interés en la muerte del paciente -por contratos, derechos sucesorios, obligaciones civiles u otras razones-.
El protocolo del proyecto de ley incluye, a su vez, tres instancias de valoración del caso. Además, los pacientes pueden revocar la solicitud durante todo el proceso, incluso hasta el último momento.
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