POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la ley de protección a glaciares

El Gobierno envió al Congreso el proyecto con el que busca modificar la ley de protección a glaciares y obtener inversiones millonarias. Así lo informó el Ejecutivo mediante un comunicado difundido este lunes a la noche por la Oficina de la Presidencia en el que asegura que la ley firmada en 2010 presenta “graves falencias”. ”Bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país“, afirma.
Según resalta el Gobierno, su intención es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 durante el periodo de sesiones extraordinarias “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
“Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, dice el escrito difundido en redes sociales.
Según aclara el escrito “el proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”.
Con eso en mente, el proyecto del oficialismo tendría como objetivo “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”. Asegura que se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”.
Tras ello, se resalta que la reforma sigue los lineamientos y el rumbo trazados por la administración libertaria, en el marco de las “desregulaciones, el orden del Estado, el respeto a la Constitución y la liberación de las fuerzas productivas”.
No obstante, el comunicado enfatiza que la nueva reforma busca responder a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Pero no menciona a ninguna de las patagónicas, donde se encuentran los principales glaciares del país.
La Ley N.º 26.639 (“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”) define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Asimismo, se entiende por ambiente “periglacial” en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, entre otras actividades que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei había anticipado que la modificación que analizaba enviar el Ejecutivo a extraordinarias tenía que ver con una definición más clara de lo que es una zona glaciar y una periglaciar en la que tengan participación las provincias. Además, empresas del sector coinciden en que con esa modificación se destrabarán inversiones para la explotación de cobre, que suman US$35.000 millones.
Milei también reconoció que la idea había sido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conversada con las otras tres provincias que conforman la Mesa del Cobre: San Juan (Marcelo Orrego), Raúl Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir).
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó a que una flexibilización en la Ley de Glaciares implicaría destrabar proyectos que traerán aparejadas inversiones multimillonarias en los próximos años. “El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares, la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, detalló.
Cabe señalar que más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su preocupación ante la posible reforma de la Ley de Glaciares. Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
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POLITICA
Polémica por un viaje de diputados de La Libertad Avanza a China

La diputada libertaria Juliana Santillán realizó un viaje a China durante la primera quincena de enero. Lo hizo junto a un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza y de otros bloques socios del oficialismo en la Cámara de Diputados.
El viaje, que no fue anunciado por las autoridades del bloque ni por la propia diputada oriunda de Mar del Plata, se conoció por la publicación en la red social X de un video en donde se la observa a la legisladora en pleno vuelo conversando con el diputado de origen radical que fue líder del grupo denominado radicales con peluca y que hoy milita en el bloque de LLA, Mariano Campero.
El viaje de varios diputados entre los primeros días de enero hasta el 14 del mismo mes generó polémica por los gastos que representa en medio del debate público sobre el ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei y generó el repudio en redes sociales respecto de quién había costeado el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos. Santillán hizo lo propio aunque dejó varias dudas porque en un posteo en la red social X dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China” y agregó: “No hubo viáticos de la cámara de Diputados”. Sin embargo, en la línea siguiente, la legisladora dijo que “cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos”.
Según explicó Santillán a las horas de haber regresado del viaje, fue “una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China“. Durante el viaje visitaron “varias provincias” y se reunieron con empresas privadas, señalando a COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.

Pero la controversia también gira en torno no solo a los costos del viaje sino a la representación. En noviembre pasado ya había viajado una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero en este caso fue una representación multipartidaria. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del GPA, diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), y los diputados Damián Arabia (PRO), Martín Ardohain (PRO), Juan Marino (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Julia Strada (Unión por la Patria), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).
Sin embargo, a poco más de un mes de diferencia entre ese viaje y este último, la representación de Diputados solo estuvo dada por legisladores del bloque de La Libertad Avanza. La propia Santillán señaló que fue como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China el cual preside. Sin embargo, esa presidencia “cayó” con el cambio de la conformación de la Cámara el pasado 10 de diciembre y, además, solo fueron el GPA está conformado por 44 legisladores con representatividad de todas las fuerzas políticas y al viaje solo fueron libertarios o socios parlamentarios.
Según las imágenes que subió a las redes la libertaria de la visita a la República Popular de China participaron además de Santillán y Campero, el pampeano del PRO Martín Ardohain y su compañero de bloque Emmanuel Bianchetti, los libertario Alvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibañez. Y hubo una particularidad, en las imágenes se observa la presencia de María Fernanda Araujo; ex diputada de LLA que había asumido en lugar de la vicepresidenta Victoria Villarruel y que no formó parte del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China.
Desde la oposición también surgieron las críticas al viaje. “No hubo ningún tipo de aviso del viaje, lo hicieron todo desde las sombras”, dijo una legisladora que forma parte del Grupo Parlamentario. “Lo grave es que había un compromiso de tratar temas importantes con China en los proyectos que están frenados como Atucha, las represas del sur, los trenes; pero ellos se van de viaje a hacer no sé qué”, agregó la legisladora.
POLITICA
Gustavo Sáenz propuso a dos exfuncionarios para renovar la Corte de Salta y abrió un conflicto con LLA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanzó con un proceso de renovación de la Corte Suprema local y postuló a Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para ocupar dos lugares vacantes en el Máximo Tribunal. Con pasado en la gestión del mandatario peronista, ambos tendrán un rol clave en caso de que Sáenz busque otra vez la relección, una alternativa que ya empezaron a agitar desde el oficialismo local. En La Libertad Avanza (LLA) rechazan las candidaturas y reclaman por la independencia del Poder Judicial.
Sáenz es uno de los gobernadores que se mueven como aliados de Javier Milei en el Congreso. De hecho, logró colocar a Pamela Calletti como representante de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que desató la furia de Cristian Ritondo (Pro).
La postulación de ambos abogados se oficializó el lunes pasado a través de los decretos 9/2025 y 10/2025 publicados en el Boletín Oficial provincial. Según consigna en ambos textos, Plaza asumiría en reemplazo del juez Ernesto Samsón -cuyo mandato concluyó el pasado 29 de noviembre- y Diez Villa, de Guillermo Catalano, que dejó el tribunal el 3 de diciembre.
Ahora, con su postulación oficializada y conforme lo establecido en la Ley 8311, el Gobierno deberá publicar los antecedentes de ambos candidatos y tanto la ciudadanía como entidades colegiadas y organizaciones de la sociedad civil podrán remitir observaciones o impugnaciones a su nombramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles. Luego, se discutirán las designaciones en el Senado, donde el oficialismo pisa fuerte: 22 de 23 legisladores responden a Sáenz.
La banca restante pertenece al Roque Cornejo, legislador por la capital de La Libertad Avanza. Referentes del partido de Javier Milei rechazan la postulación de Plaza y Diez Villa por su cercanía con el gobernador. “Estamos en contra de que funcionarios que han participado de una manera u otra del Ejecutivo o del gobierno provincial, formen parte de un poder independiente como lo debe ser la Corte sobre todo, cabeza del Poder Judicial”, indicó a la senadora nacional por Salta Emilia Orozco (LLA).
Sucede que ambos candidatos han integrado la gestión de Sáenz -que ostenta la gobernación desde 2019- en los últimos años. Según consta en el Boletín Oficial de la provincia, el 11 de diciembre de 2023, Plaza fue designado como delegado de la Casa de Salta en la Capital Federal, un cargo por el que percibía -según consigna en el decreto 66/2023- “remuneración de Ministro”. Anteriormente, en agosto de 2022, se había convocado al letrado para que integrase la Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia de Salta, una entidad creada para la discusión de modificaciones a los Códigos de Procedimiento de la provincia.
Diez Villa, en tanto, es el actual Defensor General de Salta, cargo para el que fue designado en agosto de 2022, y desde abril de 2023 ejerce también como vicepresidente el Consejo de la Magistratura provincial, el organismo que se encarga de la selección y remoción de magistrados inferiores.
En el partido de Milei también reclaman por la reducción de la Corte, ampliada en dos oportunidades: originalmente contaba con cinco miembros, pero Juan Manuel Urtubey sumó otros dos jueces y Sáenz la terminó de llevar a nueve. “Debe quedar en cinco miembros por una cuestión económica y de funcionamiento más rápido”, sostuvo Orozco.
Y agregó: “Quedó demostrado que tener nueve jueces en la Corte en nada benefició a los salteños, solo sirvió para resguardarse el gobernador de turno con designaciones afines”.
Los reclamos por la falta de autonomía del Poder Judicial en la provincia cobran especial relevancia ante la posibilidad de que Sáenz decida competir en 2027 por un nuevo mandato al frente de la gobernación. En caso de confirmarse su candidatura, será la Corte local la que deba expedirse sobre su legalidad.
El dirigente peronista llegó por primera vez a la gobernación en 2019 y fue reelecto en 2023 con el 47,51% de los votos. En 2021, durante su primer mandado, impulsó una reforma constitucional que, entre otros cambios, limitó las reelecciones del Ejecutivo provincial.
El texto aprobado establece que el gobernador y vicegobernador “pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente en los citados cargos por un solo período consecutivo”. Anteriormente -a instancias de una reforma previa impulsada en 2003 durante la administración de Juan Carlos Romero- la Constitución habilitaba un máximo de tres mandatos consecutivos.
Como ya cuenta dos mandatos en su haber, según la última enmienda aprobada, Sáenz no estaría habilitado para volver a competir en los comicios de 2027. Hay, sin embargo, distintas interpretaciones respecto de cuándo comienza a regir el nuevo texto y, por tanto, cuál debe ser considerado como primer mandato del peronista.
Dado que el texto actualizado fue aprobado a mitad de su primera gestión, hay quienes, como el exministro de Justicia, Rodolfo Barra, argumentan que no puede aplicarse una ley retroactivamente y que el mandato actual (2023-2027) debe ser contabilizarse como si fuera el primero. En otros sectores, en cambio, incluyen en el cálculo su primera incursión al frente de la provincia (2019-2013). Es una diferencia de criterio que podría terminar de dirimirse en el Máximo Tribunal.
Dirigentes del oficialismo promueven la candidatura de Sáenz para 2027. “La postura se mantiene firma y seguimos con la misma mirada y la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un período más”, dijo Marcelo Moisés, jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, en diálogo con la prensa local. intentó contactar a Sáenz para consultarle sobre la posibilidad de que se presente para un tercer mandato, pero al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.
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POLITICA
“Mis respetos al Tren de Aragua”: el video que complica al venezolano detenido en Corrientes por sus vínculos con el narco

El venezolano capturado el 20 de diciembre en el puerto de la localidad correntina de Puerto de Ituzaingó está cada vez más complicado. Un video publicado en sus redes sociales, al que tuvo acceso Infobae, confirma su relación con el Tren de Aragua. El cartel criminal fue declarado organización terrorista por los Estados Unidos y otros países.
El individuo, cuyas iniciales corresponden al nombre de José Félix Peñalver Veliz, dejó en la grabación un mensaje claro. “Mis respetos al Tren, a los que quedan vivos, que son serios. Ellos tienen que tener claro quiénes son las personas serias”.
“Soy yo. ¿Saben quién soy yo?”, agregó en tono desafiante. “Me ven la cara”, acotó. En el rostro quedan expuestos algunos tatuajes identitarios. Por ellos y otros que tiene en el cuerpo, fue vinculado al Tren de Aragua en los EEUU y expulsado de ese país en 2025.
El registro fue incorporado a la causa. Allí, Peñalver Veliz dejó “un saludo a mi gente en Venezuela, en mi barrio, los que me vieron crecer, andar por la pista”. Luego, lo extendió a “mis convives (personas con las que cohabitó o compartió parte de su existencia) que quedan vivos”.
“Me quiero desahogar ahorita”, añadió en la grabación. Este otro mensaje estaba dirigido a los “brujitas”, que “cayeron presos y ya se la creen que son malandros”. “Eso es mentira. Mis respetos a la gente seria en el malandreo”, agregó.
En el tramo final del video, dedicó un mensaje a los que “son brujas”. “Cayeron y ya creen que matan gente, que son malandros”. La filmación se corta. El posteo tiene un texto anexo: fue hecho “para los que me quieran más o me odien más”.
Cómo fue el traslado
El grupo Albatros llegó el miércoles a Corrientes. En horas de la tarde, Peñalver Veliz fue llevado en medio de un fuerte operativo al aeropuerto. Allí lo cargaron en un avión de la Prefectura. Descendió en San Fernando y fue trasladado a Marcos Paz. Se trata de una unidad penal de máxima seguridad.
Durante todo el trayecto, el venezolano estuvo esposado, con casco y chaleco antibalas. En los tramos en los que subió y descendió del avión, permaneció rodeado por miembros del grupo Albatros que portaban escudos y armas largas. En San Fernando le cambiaron la ropa. Le pusieron prendas similares a las del personal de Prefectura para que no sea identificable.
Desde el aeropuerto a Marcos Paz lo realizó a bordo de una unidad blindada escoltada por una camioneta y varias motocicletas de la fuerza. El Ministerio de Seguridad de la Nación registró todo el operativo. En el posteo, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva indicó: “Argentina no es refugio de delincuentes. El que las hace, las paga”.

Cuál será el futuro del venezolano
Peñalver Veliz permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el 26 de febrero por orden del juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda. El 23 de diciembre, tres días después de su detención en el Puerto de Ituzaingó, Migraciones dispuso su expulsión del país y le prohibió -con carácter permanente- el reingreso. Mientras este trámite se sustancia, estará preso.
La pesquisa en Argentina contra el venezolano está a cargo de la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel. Colaboran con ella los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich. En estos momentos, siguen reuniendo información sobre el acusado, sus intenciones y sus vínculos
Peñalver Veliz tiene un prontuario frondoso. Era integrante del Ejército venezolano, pero desertó de su país en 2017. Era tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea). Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.
En su tierra natal, registraba antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013, y por “porte, detención u ocultación de arma”, en enero de 2012.

Según dijo, circuló siempre de manera ilegal por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En Estados Unidos lo arrestaron el 16 de junio de 2024 luego de que se comprobara que carecía de documentación que habilitara su permanencia. A las autoridades norteamericanas les dijo que ingresó a través de la frontera con México. Se le secuestró un cuchillo.
Cuando le hicieron los chequeos médicos de rigor, advirtieron que tenía una bala alojada en su abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. También se determinó que el hombre tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.
Las autoridades estadounidenses lo relacionaron con el Tren de Aragua y lo expulsaron el 25 de enero de 2025.
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