Una funcionaria que participó en la gestión de gobierno de Alberto Rodríguez Saá en la provincia de San Luis enfrentará un juicio por un presunto caso de corrupción que comenzará la próxima semana. Se trata de la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien está acusada por malversación de fondos públicos por un valor cercano a $290 millones.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el proceso judicial está previsto que comience el próximo lunes 16 de marzo. Allí, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, intentará probar que la imputada concentró al mismo tiempo los cargos de secretaria de Deportes durante el período 2022 y 2023.

Justamente, entre las maniobras bajo investigación, figura la creación del Ente Deporte San Luis en marzo de 2022, que recibió un aporte no reintegrable de $280 millones. Seis meses después, en octubre de 2022, Ramirez fundó la asociación civil San Luis FC, un club dedicado al fútbol femenino y donde también fue designada como presidenta, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a su vez, dirigía el ente público.

La acusación apunta a que, desde la creación del club, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado por más de $166 millones, abarcando gastos de transporte, viandas, electrodomésticos y otros rubros. Para fundamentar los cargos, la fiscalía provincial de San Luis sostuvo: “Cualquier gasto que tuviera San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente presidido también por ella”. Según la fiscalía, las operaciones tenían apariencia legal, pero ocultaban una maniobra destinada a beneficiar intereses particulares.

Uno de los hechos que más resaltan en la causa fue la compra de un colectivo marca Volvo de 60 asientos, modelo 2018. Según la acusación, la operación se realizó pocos días antes de que Ramírez dejara su cargo, en diciembre de 2023, por un monto cercano a los $290 millones. El fiscal aseguró que “la cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo iniciado el 1° de diciembre del 2023, es decir, nueve días antes de la salida de la funcionaria”. La tasación oficial determinó que el valor real del vehículo era de $114 millones porque estaba en malas condiciones, lo que implicó un sobreprecio de $175 millones.

La fiscalía provincial de San Luis calificó inicialmente los hechos como malversación de caudales públicos, pero a partir de un dictamen del Procurador General provincial, la máxima autoridad judicial local, la figura legal aplicable resultó ser la de corrupción. También se incluyeron los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso ideal y real. El Ministerio Público, integrado por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, remarcó el impacto institucional negativo y la necesidad de restaurar el orden legal.

La defensa de Ramírez, encabezada por Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación formal, alegando que vulnera principios procesales básicos. Argumentaron que no todas las órdenes de pago estaban dirigidas a San Luis FC y que hubo un cambio en la calificación legal sin nueva convocatoria para ejercer la defensa. “No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado”, enfatizó Juárez. La jueza Banó rechazó el planteo y habilitó la apertura a juicio.

Entre los testigos citados para el debate figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa de la exfuncionaria. Su declaración está vinculada al subsidio otorgado a San Luis FC y la compra del colectivo, operación que fue autorizada mediante un decreto firmado durante su gestión. También deberán declarar el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, exfuncionarios de la Secretaría de Deportes e interventores del club, así como peritos que realizaron tasaciones y verificaciones del vehículo.

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que pondría en duda su presencia en los tribunales. La participación de exfuncionarios y peritos será determinante para establecer si las transferencias y operaciones cuestionadas respondieron a un procedimiento administrativo correcto o, como sostiene la fiscalía, constituyeron maniobras irregulares para beneficiar a un club privado presidido por la propia Ramírez.

En mayo del año pasado, la jueza de Garantía N°4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, ordenó la apertura a juicio de la causa. Hay un pedido de condena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación central sostiene que Ramírez habría realizado transferencias y operaciones que benefician a una entidad que ella misma dirigía, lo que constituye negociaciones incompatibles con la función pública.

El Gobierno busca acelerar la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas como parte de la nueva etapa de la reforma del Estado. En el Ejecutivo aseguran que el relevamiento patrimonial detectó una gran cantidad de predios -en especial del Ejército- que incluyen campos de grandes extensiones y otros inmuebles.

La medida forma parte de la agenda interna vinculada al recorte del tamaño del Estado y a la revisión de activos públicos. En Nación sostienen que varios de esos terrenos están hoy alquilados a privados para actividades productivas y que los ingresos quedan en manos de las propias fuerzas.

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“Están llenos de campos y de terrenos que tienen un valor alto. Queremos que se vendan”, agregan. El marco normativo que habilita estos procesos es el decreto 950/2024, publicado el 25 de octubre de 2024, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar con la enajenación de inmuebles nacionales declarados “innecesarios para la gestión estatal”.

La norma incluyó un listado de 309 propiedades en todo el país susceptibles de ser vendidas o transferidas tras los estudios técnicos correspondientes. En el oficialismo aclaran que ese decreto no forma parte de una decisión reciente, pero remarcan que funciona como la base administrativa sobre la que ahora buscan acelerar expedientes vinculados a inmuebles militares y otros activos del Estado.

Dentro de esa trastienda, en el Gobierno advierten que ya comenzaron a aparecer interesados privados en algunos predios específicos. Según fuentes oficiales, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, acercó una propuesta para comprar un terreno en esa provincia con el objetivo de desarrollar un centro deportivo de entrenamiento.

En el Ejecutivo remarcan que la oferta incluía además un aporte para la construcción del regimiento que ocupa el predio. El ofrecimiento no fue oficializado públicamente y no existe por el momento un proceso formal de venta abierto para ese terreno. “No nos parecía una mala propuesta”, agregan.

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La revisión de activos inmobiliarios se da en paralelo con el plan de privatizaciones que la Casa Rosada busca activar durante este año. En Balcarce 50 mencionan entre los procesos más inmediatos los casos de Correo Argentino, Intercargo, Belgrano Cargas y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que forman parte de la hoja de ruta del Ministerio de Economía.

En el entorno del jefe de Estado sostienen que la reforma del Estado entrará en una etapa de mayor ejecución administrativa en 2026. El objetivo del oficialismo es avanzar tanto con la venta de activos inmobiliarios como con privatizaciones y concesiones de empresas públicas para darle más volumen a las arcas del Tesoro.

Gobierno, Fuerzas Armadas

En medio del debate por el aumento de casi el 10% que pasarán a cobrar los senadores a partir de mayo, la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, negó tener la facultad de frenar el acuerdo salarial. No obstante, propuso a los legisladores que opten por donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A modo de responder las críticas por el incremento que se firmó el miércoles, Villarruel rechazó tener algún tipo de responsabilidad en la cuestión. “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, sostuvo en un comunicado que emitió en sus redes sociales.

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, deslizó como una posible solución la funcionaria. Al mismo tiempo que remarcó que la decisión quedaba a criterio de cada legislador, explicó que tampoco puede intervenir en el número de asesores que cada senador puede contratar ni en los salarios que pudieran percibir.

Luego de que se confirmara que la suba salarial llevaría a que los trabajadores del Congreso de la Nación pasen a cobrar casi 11 millones de pesos mensuales, el bloque de La Libertad Avanza criticó la medida e incentivó a los demás espacios a rechazar la cifra. “El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”, sostuvieron en un comunicado compartido por la jefa de la bancada, Patricia Bullrich.

“Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas”, evaluaron al comparar la situación con la de los “millones de argentinos que hacen esfuerzos todos los días”.

Por este motivo, desde el oficialismo sostuvieron: “Creemos que la política debe acompañar con responsabilidad”. Y concluyeron: “Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”.

En línea con esta postura, la senadora libertaria por Salta, María Emilia Orozco, replicó los cuestionamientos contra el incremento de las dietas de los senadores durante una entrevista para ¿La Ves?, el programa de Jonathan Viale en TN. “No vamos a aceptar ningún incremento”, ratificó.

“En su momento, Martín Menem desenganchó el incremento de diputados con el del empleado del Congreso. ¿Por qué la señora Villarruel no hace exactamente lo mismo?“, recriminó la legisladora al apuntar que el resto de la Cámara Alta ”no van a renunciar» al aumento.

De la misma manera, Orozco cuestionó el destino del dinero excedente que correspondería a las subas rechazadas de la primera camada de senadores libertarios en 2024. Asimismo, propuso: “Si nosotros podemos elegir una institución, sería ideal. Porque vos estás materializando que esa plata está yendo a algún lado”.

Frente a esto, la vicepresidente respondió por medio de su cuenta personal de X a los señalamientos realizados por la libertaria. “La senadora sabe perfectamente que no tengo facultades para aumentar o disminuir la dieta de los senadores”, contestó. A la vez, sugirió que “ella puede proponer que se congelen, puede donar el aumento o cobrarlo, pero las facultades son de los senadores”.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, este miércoles los titulares de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados autorizaron una suba salarial para los empleados del Congreso de la Nación que representa un incremento total de 9,4 % entre diciembre pasado y mayo de este año.

El acuerdo, que fue rubricado por Agustín Giustiniani, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo y Adrián Pagán, también contó con la participación de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo. Esta decisión impactará además en la dieta de los miembros de la Cámara Alta.

El desglose de la mejora contempló un 2 % retroactivo a diciembre, seguido por un aumento acumulativo de 2,2 % desde el 1 de enero, un 2 % adicional en febrero, 1,7 % en marzo y 1,5 % desde abril, aplicados sobre los módulos que determinan el sueldo del personal.

Reforma Laboral,Senado,Recinto