POLITICA
El Gobierno envió al Congreso la “Ley de Hojarascas”, el proyecto para eliminar más de 70 normas


El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada “Ley de Hojarascas”, un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.
El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.
Seis criterios para eliminar normativa
En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. En los fundamentos se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.
El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.
Entre las motivaciones expuestas para la eliminación de normas, el Ejecutivo detalla:
- Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil.
- Leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital.
- Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional.
- Leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.
El proyecto afirma que el sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, involucra apenas al 0,1 % del público, mientras que los costos de gestión superan el valor de los premios sorteados.
- Normas que refieren a organismos o procesos extinguidos, como los relativos al “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”, Ediciones Culturales Argentinas o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión —todos disueltos hace décadas—.
- Leyes que crean organismos sectoriales con financiamiento del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, entidades que, tras la reforma propuesta, deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales.
Ejemplos de leyes a derogar: del privilegio al absurdo administrativo
El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional —como la pena de azotes prohibida en 1853—, beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación por la gratuidad general de la educación pública, y regulaciones que condicionan la creación o promoción de actividades culturales, artísticas, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.
Entre los casos paradigmáticos citados por el Poder Ejecutivo, destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974, que fue impulsada en contexto de represión antisubversiva. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la imposición de contenidos mínimos para la transmisión televisiva o radial, o la declaratoria como “de interés nacional” de actividades u organismos que nunca tuvieron operatividad o cuya utilidad desapareció con el tiempo.
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El gobernador de Corrientes echó a su ministro de Economía por un conflicto con los gremios docentes

Una gran cantidad de docentes de la provincia de Corrientes se encontraron con fuertes descuentos en sus haberes durante el último fin de semana. La razón que estaba explicada en el recibo de sueldo fue la adhesión al paro nacional convocado el 2 de marzo pasado. La situación generó un tembladeral político en la gestión provincial que terminó con la salida del ministro de Economía de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini.
Todo esto se da en el marco de que Corrientes cuenta con al menos cinco sindicatos docentes y a los que se sumaron los autoconvocados, que no tienen representación en esas organizaciones. La medida de fuerza fue para acompañar una decisión nacional que se replicó en gran parte del país.
El miércoles, primer día hábil tras la novedad, el gobernador Juan Pablo Valdés salió al cruce y dijo: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva”. Los dos renglones estaban vinculados al presentismo. “Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”, que motivó la medida, agregó.
Valdés, tras poner la cara por el conflicto, adelantó que podría haber cambios en el gabinete. “Hay que esperar”, dijo. “Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y corresponda”, añadió.

No hubo que aguardar mucho tiempo para que se dieran las condiciones del recambio. A primera hora de la tarde del mismo miércoles, el Gobierno correntino dejó trascender que Valdés había pedido la dimisión a Rivas Piasentini. Tras una danza de nombres para la sucesión, el jueves por la mañana el Ejecutivo provincial confirmó a Héctor Grachot al frente de Economía.
Se trata de un funcionario que venía desempeñándose como subsecretario de Finanzas de Corrientes. Antes ocupó otros lugares en el diagrama provincial. Uno de ellos fue el Instituto de Vivienda correntino.
La salida de Rivas Piasentini fue un hecho significativo en la vida política de la tierra del chamamé. Se trata de un funcionario que estuvo 8 años al frente de la cartera. Es decir: los dos mandatos de Gustavo Valdés, hermano y antecesor del actual gobernador. Llegó al cargo para reemplazar a Enrique Vaz Torres, un hombre de confianza de Ricardo Colombi, mentor y luego enemigo político declarado de Gustavo Valdés.
La decisión que tomó el ahora exministro fue técnica. Pero necesitó de un respaldo político. Rivas Piasentini pagó el precio de ambos factores.
El relevo
Valdés puso en funciones al nuevo funcionario durante el mediodía del jueves. Habían pasado menos de 24 horas de la renuncia de su antecesor. El acto se realizó en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial. Rivas Piasentini ocupó un asiento en las primeras filas.
Tras el acto protocolar, el gobernador tomó el micrófono para darle la bienvenida formal a Grachot. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.

Con respecto al recambio de funcionarios, el mandatario expresó: “Es una decisión importante que llevará tranquilidad a todos los correntinos. Es un mensaje claro de que seguiremos trabajando con mucho compromiso y entusiasmo. El norte está puesto en el futuro y el desarrollo de Corrientes”, agregó.
Luego, mirando al lugar donde estaba el Ministro saliente, le dirigió un mensaje. “Te agradezco, Marcelo, por habernos acompañado este tiempo”, expresó. Un fuerte aplauso de los demás asistentes cortó las palabras del Gobernador, quien solo agregó un “gracias” a lo que venía diciendo.
Trascartón se dirigió al flamante funcionario. “Te deseo que con una visión clara y mucho compromiso hacia el futuro de los correntinos encares los días por venir”, soltó. “Sigamos construyendo. Sigamos trabajando con este equipo en lo que estamos convencidos: Corrientes tiene un futuro grande y promisorio”, redondeó.
Antes de retirarse del salón, Valdés se estrechó en un abrazo con su exfuncionario.
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El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes según el motivo por el cual las quiere dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
“Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social, existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Ejecutivo, que indicó: “Los derechos no requieren leyes”.
En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: «Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.
Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.
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Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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