POLITICA
El Gobierno envió el DNU que modificó la SIDE al Congreso

El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia. El DNU ingresó en ambas cámaras para ser tratado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que contó con la firma del presidente Javier Milei y el resto del Gabinete, entró hoy por mesa de entrada en el Senado, mientras que ayer lo hizo en Diputados. De esta manera, en teoría, habrá un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo lo trate. Sin embargo, como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. Es decir, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.

En ese sentido, la medida que aprobó el Poder Ejecutivo busca reordenar la estructura de todas las áreas, creando agencias, dejando sin funcionar otras y unificando tareas para mejorar el intercambio de datos. Así, se redefinen las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y se eliminan organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
“Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”, señalaron en un comunicado.
Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. Además, apuntan a que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso.
En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.

La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.
La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.
Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadoresy del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento, guardaron un silencio absoluto sobre el tema. Mientras que desde el PRO se pronunciaron a favor de la medida a través de un comunicado.
POLITICA
Qué dice la reforma laboral sobre las licencias por enfermedad y por qué genera reclamos en el Congreso

En Infobae en vivo, la discusión sobre el artículo 208 de la reforma laboral se volvió central tras la difusión del texto que habilita recortes salariales ante accidentes o enfermedades ajenas al trabajo.
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, se analizó el origen y las consecuencias de la modificación introducida. Jastreblansky subrayó: “Invierte la carga de la prueba. El empleador tendrá derecho a pagar la mitad, no es una obligación, sino que la ley le abre la puerta. Probablemente la mayoría se agarre de esto para hacerlo, está claro”.
El texto del artículo 208 y la controversia sobre los derechos laborales
Manu Jove remarcó la ambigüedad del texto legal: “Lo de ‘el trabajador tendrá derecho’ hace ruido por cómo está planteado, pero al mismo tiempo se convirtió en un eslogan casi vacío de la oposición más férrea, el kirchnerismo, el peronismo. Esta idea de ‘la ley viene a quitar derechos’ empezó a instalarse con este artículo”. Jastreblansky recordó que la votación en el Senado se realizó con el proyecto repartido apenas seis minutos antes, lo que alimentó el desconcierto: “Muchos senadores se enteraron de este artículo y no sé si llegaron a leerlo porque hubo imágenes de cómo repartían el texto final de la ley de reforma laboral minutos antes de votar”.
La polémica también se concentró en la figura de Federico Sturzenegger, señalado como principal impulsor de la desregulación: “Desde que Sturzenegger entra al mundo Milei, lo único que él quiere hacer es cambiar, casi refundar las normas en Argentina y desregular todo lo posible”, sostuvo Jastreblansky. El staff recordó su impronta performática: “Es el hombre que andaba con esas carretillas, creo que literalmente, con pilas y pilas de hojas de artículos y leyes para derogar. El hombre detrás de la Ley Bases, incluso antes de ser funcionario formal”, sumó Jove.
Judicialización, conflicto de intereses y la reacción del Gobierno
El programa abordó el impacto judicial y los eventuales conflictos de interés vinculados al entorno del Gobierno. Jastreblansky explicó: “Muchas de las desregulaciones terminaron judicializadas y la justicia la frenó. Él dice: ‘Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque el sistema judicial es el último reducto de la casta’”. La periodista recordó el caso de la adjudicación directa de un contrato entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Sturzenegger: “Es una adjudicación directa por especialidad, no hubo licitación. Se presenta un conflicto de interés, eso es así. Tenés que darle intervención a los organismos de control y en este caso se hizo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de la Nación dictaminaron sobre esta situación”.
El debate también incluyó las críticas a la estrategia oficialista de instalar casos extremos como “lastimarse jugando al fútbol” para justificar la reducción salarial. Paula Guardia Bourdin planteó: “Lo que hace es girar el eje del debate a una pavada, como es el romperte la pata jugando al fútbol, y lo quita de las enfermedades graves”. Jastreblansky enfatizó: “La primera parte del artículo dice que si tenés una enfermedad inculpable te pueden reducir hasta el 75% del sueldo. Si tenés un cáncer, ¿el empleador te va a pagar el 75% y no te va a cubrir esa licencia que hasta ahora te cubría el 100%?”.
Presión política y alternativas para destrabar la reforma laboral
Con la aprobación en Diputados en riesgo, el staff analizó las opciones que barajan los legisladores ante el rechazo social y político. Jastreblansky anticipó: “Empiezan a surgir algunas ideas para no tocar la ley como está: hacer una segunda ley de un solo artículo que aclare todo esto y diga que en casos de enfermedades gravísimas todavía el empleador tiene que cubrir el 100% del sueldo. Otros dicen de empacharlo desde la reglamentación y ahí aclarar que no aplica para casos de enfermedades graves”.
Jove señaló que la fragmentación política en Diputados abre la puerta a múltiples reclamos: “Aquellos dispuestos a acompañar la reforma dicen: ‘Si se abre la ventana para meter una modificación, aprovecho y te pido por acá, te pido por allá, hay que cambiar esto, ya está’. El bloque de Provincias Unidas ya votó en disidencia. El PRO y parte del radicalismo presionan para sumar sus propios temas. Si modifican el artículo, todos quieren meter la cuchara y se complica la aprobación”.
El debate evidenció la tensión entre la urgencia oficialista por sancionar la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias y la resistencia de sectores que advierten sobre la regresividad de los cambios. La opinión pública, atravesada por la discusión sobre derechos laborales y la credibilidad de los controles estatales, sostiene el tema en agenda mientras crecen las negociaciones legislativas.
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POLITICA
La CGT suma a los colectiveros y se encamina a un nuevo paro general contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza hacia la convocatoria de un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei y ya aseguró una adhesión clave: la de los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El respaldo del gremio del transporte garantiza un fuerte impacto en la actividad diaria y eleva la presión política en la antesala del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
La conducción cegetista se reunirá para formalizar la medida de fuerza, pero dentro del sindicalismo dan por hecho que el cese de actividades cuenta con consenso mayoritario. La central busca que la huelga coincida con la sesión parlamentaria en la que se tratará el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Desde la UTA confirmaron su alineamiento con el resto de los gremios. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron fuentes del sector, que en la última protesta nacional no habían adherido por encontrarse bajo conciliación obligatoria.
En la CGT advierten que “están dadas las condiciones” para un paro general contra la reforma laboral
El apoyo de los colectiveros resulta determinante para el alcance de la protesta. Con la paralización del transporte público automotor, la medida afectaría la movilidad en gran parte del país y dificultaría el funcionamiento de la actividad económica y administrativa.
Para asegurar esa adhesión, dirigentes sindicales mantuvieron contactos previos con Roberto Fernández, titular de la UTA, que no integra la conducción actual de la CGT pero mantiene peso propio dentro del esquema gremial. La respuesta positiva terminó de consolidar la estrategia.
La central obrera decidió adelantar la reunión de su Consejo Directivo ante la posibilidad de que la Cámara baja trate la iniciativa en los próximos días. Algunos sectores internos, incluso, presionan para avanzar luego con un plan de lucha más amplio.
El foco del conflicto
El detonante del malestar sindical es la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en especial el artículo que modifica el régimen de licencias médicas. El texto aprobado en el Senado establece un nuevo esquema de remuneración para trabajadores que sufran enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral.
Según el proyecto, durante la licencia el empleado percibiría el 50% del salario si la incapacidad deriva de una acción voluntaria o riesgosa, mientras que cobraría el 75% cuando no esté vinculada a ese tipo de conductas. De esta manera, dejaría de abonarse el 100% del sueldo como ocurre en el sistema vigente.
En la CGT consideran que la modificación implica un retroceso en derechos laborales y cuestionan su incorporación. Un dirigente del ala dialoguista afirmó a Infobae que “este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”.
Reforma laboral: el Gobierno anunció cambios y evalúa mantener el total del sueldo en enfermedades graves
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma busca reducir el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, la polémica escaló rápidamente y unificó posiciones dentro del sindicalismo.
Presión política en la previa del debate
El oficialismo pretende sancionar la ley antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. La CGT, en cambio, intenta frenar el avance parlamentario mediante una medida de alto impacto que visibilice el rechazo gremial.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió el dirigente sindical Cristian Jerónimo al anticipar la postura de la central obrera.
Con el respaldo del transporte y la posibilidad de adhesión de otros sectores estratégicos, el paro podría convertirse en el cuarto contra la administración libertaria y anticipa un escenario de tensión política y social en los días previos a la votación en Diputados.
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CGT,Paro de colectivos,Reforma Laboral,UTA
POLITICA
Los planes del Gobierno para insistir con el capítulo XI y el articulado impositivo excluido de la reforma laboral

En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de haber logrado la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno Nacional estudia las posibilidades en carpeta para insistir con el contenido del capítulo XI, excluido de la previsión presupuestaria y del articulado tributario que quedó afuera del proyecto de “Modernización” laboral, según confirmaron a Infobae dos integrantes de la mesa política.
Lo cierto es que para avanzar en la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei al Congreso durante el período de extraordinarias, los encargados de negociar con los bloques aliados y gobernadores debieron ceder en algunos debates y marginar parte de la redacción para conquistar las voluntades legislativas necesarias.
El accionar que inició en diciembre, cuando la oposición, incluso los sectores que mantiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo, rechazaron lo contemplado en el capítulo XI de la Ley de Leyes, algo que se repitió este febrero en el marco del tratamiento de la reforma laboral. Ante estos escenarios, después de varios intentos fallidos de sostenerlo, el mandatario dio luz verde para quitarlos de los proyectos, pero bajo la idea volver a intentarlo más adelante.
A finales del 2025, el oficialismo debió declinar de la idea de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, pero también de incorporar la demanda por la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las modificaciones en la ley de zonas frías al tratamiento. También de la posibilidad de discutir el financiamiento del Poder Judicial, y de aplicar cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.
Por orden del mandatario y voluntad del ministro del Economía, Luis Caputo, el círculo de funcionarios y legisladores designados para la aprobación del temario durante el verano intentó mantener el capítulo, pero debieron abandonar el mandato a raíz de la rígida postura de los aliados.
“La idea es insistir con todo lo que quedó afuera. Pronto”, confesó una fuente inobjetable ante este medio. Hasta entonces, el reducido círculo que designó el mandatario debate las formas para concretarlo. Lo cierto es que la postura encuentra algunas dudas, en especial del ala que encarna las negociaciones de manera directa con los aliados que no ven factible que el resto de los bloques den el brazo a torcer.

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta, la jefa de bloque Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentaban que el apartado tributario contemplado en el proyecto, en especial la reducción en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas, no gozaría de la bendición de los gobernadores en el recinto, luego de que los representantes provinciales se mostraran reticentes a su aprobación.
Para eso, la propia Bullrich se encargó de anunciar en conferencia de prensa la aplicación de 28 modificaciones para alcanzar un proyecto de “consensos”, como lo definió. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, supo plantear.
De esta forma, la exfuncionaria prometió a su vez avanzar con una Reforma Fiscal integral que como contó este medio figura en los planes del Poder Ejecutivo para el año legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo cuando el mandatario pronuncie su habitual discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, hasta entonces, según revelaron fuentes involucradas, las ideas para materializarla son diversas y se encuentran en análisis.
Aún en pleno diseño, la administración libertaria intenta encontrar coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción. Actualmente, la idea en mente es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Sin detalles, más allá de la determinación de modificar Ganancias e implementar un “IVA dividido”, que anticipó el ministro de Economía, el oficialismo analiza opciones.

Con intención de insistir en lo excluido, la mesa chica tiene en mente el diseño de un proyecto de ley, para debatir en ordinarias, que contemple casi la totalidad de lo abarcado en el capítulo XI, a excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre este último punto, en los últimos días, el Ejecutivo resolvió incluir una versión propia de la ley para compensar a las autoridades universitarias al temario de extraordinarias e intentar dejar atrás uno de los reclamos que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes que tuvieron lugar con esta gestión.
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