POLITICA
El Gobierno espera que el caso Spagnuolo no lo afecte en las elecciones y se focaliza en seis distritos clave

“En septiembre puede afectar, en octubre será otra historia”, afirmó, mitad especulación, mitad deseo, un importante referente del gobierno libertario, preocupado como todos en el oficialismo por los alcances del escándalo por presuntas coimas denunciadas en un audio atribuido al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
Aún golpeados por la trascendencia creciente que adquiere el caso, los referentes libertarios hacen cuentas y confían en que el efecto negativo de las denuncias no repercuta en los resultados de la elección madre: la que renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, el 26 de octubre.
“La gente sabe que siempre antes de las elecciones aparecen estos casos. No creemos que vaya a influir para octubre”, se esperanzan distintos referentes electorales oficialistas.
En los seis distritos más poblados del país, el oficialismo confía en lograr, al menos, tres triunfos contundentes. En la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos, las encuestas -al menos antes del fatídico miércoles pasado- auguran cómodos triunfos libertarios por sobre la oferta peronista, en los tres casos aliados a gobernadores de otros signos políticos.
En la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, las cosas aparecen mucho más parejas, aunque hay más confianza en la lista que encabeza José Luis Espert en territorio bonaerense que en los ignotos candidatos libertarios en Santa Fe, que lucharán contra el oficialismo del radical Maximiliano Pullaro y el algo desgajado peronismo santafesino.
La sombra de la derrota se proyecta, nítida, en territorio cordobés, donde la dispersión opositora favorece a la lista del peronismo oficialista, que lleva al exgobernador Juan Schiaretti como cabeza de la nómina.
“Las elecciones del 7 y las de octubre en la provincia son muy distintas. La gente va a ir con una motivación diferente en octubre”, afirman desde un importante despacho de la Casa Rosada. Allí ven chances de éxito para Espert −más allá de su vínculo en el pasado con Sapgnuolo, agitado por el kirchnerismo− en su alianza con Pro, tomando en cuenta que su principal contrincante, el excanciller Jorge Taiana, “es un candidato que no despierta pasiones”, según ironizan en Balcarce 50.
“Si se guardaron [Sergio] Massa y Máximo [Kirchner], es porque saben que pueden perder en provincia”, afirmó un estratega libertario. El pesimismo por la eventual debacle de la Lista de Fuerza Patria es compartida en la gobernación bonaerense, donde por lo bajo ironizan sobre la dudosa “renovación” que simbolizarían los nombres elegidos para la batalla por 35 bancas en el próximo congreso. “Es una elección pareja”, sentencian desde el armado nacional libertario.
En la ciudad de Buenos Aires, el panorama está más que despejado para el oficialismo. Con números iniciales que le otorgan entre un 44 y un 46 por ciento de los votos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se muestra confiada en obtener un triunfo y dos de los tres senadores en disputa, y “derramar” el éxito a la lista de diputados nacionales, donde Pro sostiene al quinto y sexto integrante de la nómina.
“Si todo se polariza podemos sacar más de 50 puntos y hasta siete diputados. [Mariano] Recalde está midiendo muy mal”, remarcan los libertarios porteños, en relación al senador camporista, que irá a renovar su banca, con Itai Hagman [cercano a Juan Grabois] como primer postulante en la ciudad.
Al igual que en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos habrá confluencia entre libertarios y macristas, en este caso el gobernador Rogelio Frigerio, que cedió las dos bancas de senadores para candidatos de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, elegidos por el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y que pelearán contra la lista del PJ, de Adán Bahl. En la lista violeta de Diputados, Frigerio sí colocó dos candidatos propios en lugares entrables, y cerca suyo hablan de “entre 10 y 15 puntos de ventaja” y la posibilidad de al menos tres de las cinco bancas en juego contra el PJ entrerriano, que encabeza el exfuncionario massista Guillermo Michel.
Al igual que en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, y siguiendo instrucciones de Karina Milei, “Lule” Menem abrochó un acuerdo con el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, en una lista que encabezará el exradical y aún ministro de Defensa, Luis Petri. “Vamos a ganar con comodidad”, aseguran en la gobernación mendocina en relación a la elección, donde se renuevan también cinco diputados, y donde el PJ tiene como postulante al intendente de San Rafael, Omar Félix.
En Santa Fe, los libertarios apostaron a figuras casi desconocidas como el joven Agustín Pellegrini, de sólo 25 años y de confianza total de la diputada Romina Diez. Mientras confían en que el “efecto Milei” sea efectivo para dar la pelea, desde la gobernación reconocen que la elección será “difícil” y ven un escenario de “tres tercios”, con chances también para el PJ, que tiene a la joven Caren Tepp, de Ciudad Futura, y el exjefe de gabinete Agustín Rossi en los primeros dos lugares de la lista. “Podemos dar el batacazo”, se ilusionan los libertarios santafesinos.
En el tablero diseñado por el armado nacional el escenario más complicado aparece en Córdoba. “Schiaretti mide muy bien, y con nosotros no están todos los que tenían que estar”, se lamentan, con tono de velada crítica, en el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin un kirchnerismo fuerte, las listas que encabezan Ramón Mestre (UCR) y Oscar Agost Carreño (Pro) suponen una sangría de votos valiosos que no irán a los bolsillos de La Libertad Avanza, que colocó a Gonzalo Roca (referente del presidente del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni) a la cabeza de una lista “100 por 100 liberal”, con la bullrichista Laura Rodríguez Machado en el cuarto lugar de la nómina. Que la diputada Natalia de la Sota, también candidata, le “muerda” un buen porcentaje de votos peronistas a Schiaretti es la apuesta complementaria de los libertarios, en una provincia hoy por hoy con cancha inclinada para el “cordobesismo”.
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“Lule” Menem desmintió el contenido de los audios del escándalo de las coimas y responsabilizó al kirchnerismo

Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei, salió a desmentir el contenido de los audios por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó a través de la red social X.
Además, negó cualquier participación en las contrataciones y denunció “una burda operación política del kirchnerismo” con fines electorales. El comunicado fue compartido minutos más tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y luego por el propio presidente Javier Milei.
Leé también: Escándalo de las coimas: qué se sabe hasta ahora y cómo seguirán los peritajes en la Justicia
En su descargo, “Lule” Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.
También precisó: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis.”
Y respaldó la gestión: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados.”
Denuncia de una “operación política a días de las elecciones”
El funcionario puso el acento en el contexto electoral en que surgen las denuncias: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral“.
Leé también: Desde el bloque de diputados que rompió con LLA apuntaron contra Karina Milei por el escándalo de los audios: “De ella para abajo están todas las responsabilidades”
Y concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.”
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Escándalo en la ANDIS: el Gobierno ordenó una auditoría tras los audios de Diego Spagnuolo

El escándalo político que terminó de desmoronarse esta semana en el Gobierno se originó con la filtración de audios grabados por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que aluden a un sistema de recaudación ilícita en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
Tras la difusión de las grabaciones —que habrían sido grabadas hace más de un año y fueron editadas con precisión—, el Ejecutivo actuó con rapidez: removió preventivamente a Spagnuolo de su cargo, intervino la agencia bajo la órbita del Ministerio de Salud y ordenó una auditoría integral de todos los contratos vinculados al organismo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar explicaciones en su aparición pública. Defendió el accionar oficial y sostuvo que confía en que la auditoría arrojará claridad sobre el verdadero alcance de los hechos, y advirtió que, si se confirma la existencia de coimas, “lo vamos a hacer mierda”.
Coimas en Discapacidad: el Gobierno denuncia que hay utilización política y hace control de daños
El contenido de los audios resulta explosivo: Spagnuolo acusa directamente a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, señalando que recibirían un porcentaje del 8% que cobraban los proveedores a cambio de contratos, de los cuales un 3% iría al entorno presidencial
Paralelamente, la causa judicial ya abrió la fase pericial: el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos, incautaciones y secuestros de teléfonos, sobres con dinero, documentación y objetos clave en la investigación. El empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo Argentina —sospechada de canalizar las coimas—, fue sorprendido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en un operativo en Pilar.
En tanto, fuentes legales y políticas consultadas señalaron que, si bien no hay pruebas contundentes aún, el peso de los audios y la presión mediática podrían derivar en consecuencias graves para la cúpula del Gobierno, en pleno año electoral
Desde el Congreso, la oposición ya exige que se informe de manera pública sobre los contratos revisados. El abogado Gregorio Dalbón ya presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas maniobras de cohecho, administración fraudulenta y negligencia, que involucra a Milei, a su hermana Karina, al subsecretario Menem y a Kovalivker como posibles responsables.
La auditoría sumaria, prevista como prioridad por el Gobierno para contener el escándalo, busca determinar si los contratos fueron sustentables y transparentes o si existió un circuito sistemático de pagos ilegales. Fuentes oficiales aseguran que la investigación “no tapará nada” y será clave para determinar responsabilidades.
Guillermo Francos vinculó a Diego Spagnuolo con Victoria Villarruel y defendió a Karina Milei
¿Qué está en juego?
- Credibilidad política: Al estallar en plena campaña legislativa, el caso erosiona la narrativa de “mano firme contra la corrupción” del Ejecutivo.
- Fuerza institucional: La rapidez de la intervención y auditoría busca demostrar que el Estado responde con mecanismos de control ante irregularidades graves.
- Dimensión judicial: Con el despliegue de allanamientos y denuncias, la causa podría derivar en procesos penales contra figuras de alto perfil.
- Impacto simbólico: A nivel discursivo, los audios y sus relatos incrementan la percepción de que en Casa Rosada se consolidó un estilo de poder cerrado y opaco, opuesto al espíritu de renovación que pregonó Milesi.
Mientras los auditores repasan los contratos y la Justicia analiza los componentes incautados, el Gobierno se encuentra en una encrucijada para sostener su versión en medio del ruido político. El expediente de Spagnuolo pasó de ser un secreto oscuro a una mecha que prendió el tablero político nacional.
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Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.
A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.
Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.
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En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
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Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
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Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.
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Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.
Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.
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