POLITICA
El Gobierno estimó un ahorro de casi 11 millones de dólares por la suspensión de las PASO
Por impulso del Gobierno, en febrero pasado, el Senado le dio sanción definitiva a la ley que suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones legislativas de este año. Según las estimaciones oficiales, el ahorro que implicará la medida es de casi 11 millones de dólares.
Con el levantamiento de la competencia intrapartidaria, el esfuerzo fiscal para convocar a elecciones representará un ahorro de 37,85%, con relación a los procesos electorales de 2019 y 2023. La empresa estatal Correo Argentino hizo el cálculo, al comparar el presupuesto devengado con las convocatorias anteriores.
De acuerdo a las proyecciones, el proceso electoral de 2023, que incluyó las PASO junto con las elecciones generales, representó un costo total de $34.063 millones, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a valores vigentes. Medido en divisa extranjera, equivalía a USD 28,4 millones, según el tipo de cambio de referencia.
El dato contrasta con la menor erogación que se desembolsará durante 2025 para completar el proceso electoral que definirá la renovación parcial de la Cámara de Diputados y del Senado. Sin las PASO, se requerirá una partida de $21.169 millones, es decir, USD 17,6 millones, para llevar a cabo la transmisión de telegramas y gestión de los datos del escrutinio provisorio. Por lo tanto, el ahorro en ambas divisas será de $12.894 millones, o 10,7 millones dólares.
“Si tomamos la elección de 2023 como referencia, el escrutinio provisorio tuvo un costo de poco más de 5.500 millones de pesos, el equivalente a 31.500 millones de pesos de hoy, si se le aplica el 472,9% de IPC desde esa fecha”, deslizaron desde Correo Argentino. “Si tomamos la elección de 2019 -continúa-, la transmisión de telegramas costó algo más de 61 millones de pesos, que, si se le aplica el IPC de 4.056%, da un equivalente a 2.500 millones de pesos de hoy”.
De esta manera, la empresa pública confirmó que el menor gasto que se desembolsará es una “consecuencia directa” de suprimir el llamado a las urnas, lo que representaba una “duplicación de costos”.
El conjunto del “gasto electoral” incluye la logística para llevar a cabo la competencia política democrática. La cifra abarca desde los desembolsos para impresión de boletas (este año, se unificará en la Boleta Única Papel), la organización de mesas, capacitación de autoridades, operación y transmisión de datos, junto a una serie de recursos materiales y humanos requeridos para jornada de votación.
En esta estimación, el ahorro se concentra en el costo de contratar los sistemas de transmisión de telegramas y carga de datos del escrutinio provisorio —una de las fases más sensibles del proceso electoral—.
Este viernes, se conoció oficialmente que el Poder Ejecutivo adjudicó a la empresa Indra la prestación de los servicios de transmisión y escrutinio provisorio. Y ello “se logró sin comprometer estándares de calidad, cobertura y seguridad”, se indicó en un comunicado. “Con la licitación del 2025 estamos logrando la contratación de ambos servicios: transmisión y escrutinio por 21.000 millones de pesos”, completaron.
El proceso licitatorio estuvo a cargo del Correo Argentino, que preside Camilo Baldini, un ex dirigente de La Cámpora. La compulsa se abrió formalmente en las últimas semanas, y los funcionarios finalmente se inclinaron por Indra, nacida en España – y monopolio del escrutinio desde fines de los ’90 hasta la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia-. Esta vez, su competidora Smartmatic, con quien disputó el negocio en los últimos años, perdió la pulseada.
Era una de las últimas incógnitas por resolver en torno al esquema electoral, luego de que durante el verano, la Casa Rosada logró avanzar con la suspensión de las PASO, al convocar a las sesiones extraordinarias. Lo hizo obteniendo el apoyo de los bloques dialoguistas y del PRO, con la mayoría absoluta de 43 votos en el Senado, y el respaldo parcial de un kirchnerismo que se mostró fracturado en el debate.
POLITICA
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.
La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.
En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínmos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.
El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.
En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.
Leé también: El Gobierno negocia para que el Congreso trate en abril un punto clave para el acuerdo comercial con EE.UU.
El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentarará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.
El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensiones judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.
Gobierno, universidades
POLITICA
Los bienes de Adorni: el fiscal Pollicita citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito
El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tal como reveló ayer de , Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros públicos- le hicieron las propias vendendoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.
Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.
Consultada por , Nechevenko respondió esta mañana que no iba a dar información sobre el caso porque está en juego el “secreto profesional”.
El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo– ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa), quiere hacerse de los documentos disposibles en los registros de la propiedad.
Por el momento, no planea citar a las mujeres que figuran como quienes le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.
Las mujeres identificadas como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni fueron Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. se comunicó ayer con Viegas, que dijo que no conoce a Adorni.
En cuanto a Sbabo, la mujer que atendió su teléfono celular sostuvo no ser ella, pero respondió que no conocía a Adorni y que no sabía si Sbabo lo conocía o no.
Con la causa delegada en su fiscalía, Pollicita ordenó decenas de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete y su mujer.
Pidió todas las declaraciones juradas de bienes que Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción (OA), incluidos los anexos reservados -hasta hoy no conocidos- donde están los bienes declarados a nombre de su mujer. En ese documento debería constar la compra de la casa de Indio Cua, su valor y el origen de los fondos con los que se adquirió.
En cuanto a la casa del country, el fiscal ordenó además medidas para investigar si es cierto que el matrimonio Adorni hizo una obra importante antes de ocupar la casa. Para eso, le pidió a la administración del club que informe si “se ha gestionado o aprobado algún plano, permiso de obra, remodelación, ampliación o declaración de mejora respecto del lote 380 o de cualquier otro inmueble asociado a esas personas, y la fecha de inicio y finalización de eventuales obras”. Algo similar preguntó en la municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde además pidió que le informaran sobre posibles “mejoras declaradas sobre el inmueble”.
Mientras investiga los gastos y el patrimonio de Adorni, el fiscal reúne la información sobre sus ingresos. Le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “el detalle mensual de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación y acto administrativo de sustento”.
Además, Pollicita le solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Manuel Adorni y su mujer, “incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista”.
Y lo mismo solicitó respecto de Silvia Pais y Norma Zuccolo, otras dos mujeres que Adorni declaró ante la OA que le prestaron dinero. En el caso de ellas, el fiscal dijo que la medida tenía como objetivo “establecer los ingresos previsionales o laborales registrados que pudieran guardar relación con los préstamos invocados”.
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POLITICA
Quién es Raúl Horacio Ojeda, el juez K que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei
El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, dictó un fallo que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los pedidos de inconstitucionalidad planteados por la CGT.
El magistrado cuenta con un perfil académico como docente de la UBA y autor de textos especializados, y entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor del ex ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada en asuntos legislativos.
En su trayectoria, Ojeda manifestó posiciones críticas hacia ciertas normativas, llegando a calificar de “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo en una conferencia universitaria en 2022. Durante esa charla, el magistrado defendió la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y sostuvo que “el derecho a huelga sale del Pidesc, que es una norma universal de derechos humanos”.
La Justicia puso en pausa la reforma laboral: suspendieron 83 artículos por la presión de la CGT
Además, es vocal del Grupo de Estudio de Derecho Social, una organización que declara confiar en la ciencia jurídica como un medio para la “realización de la justicia social”.
El magistrado, que reemplazó a la jueza María Alejandra D’Agnillo tras su renuncia en 2024, fue objeto de una recusación por parte de Hugo Moyano en 2020 en una causa vinculada a multas gremiales.
Con este nuevo fallo, Ojeda paraliza gran parte de la modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en ocasiones no hace falta plantear la inconstitucionalidad sino “la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo”.
La decisión judicial fue ratificada por la CGT como un respaldo a la organización sindical frente a las reformas vigentes.
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