En las últimas semanas, el presidente Javier Milei cosechó importantes triunfos en el Congreso, donde consiguió recuperar la iniciativa política, evitar derrotas y fragmentar al peronismo. Frente a la crisis de liderazgos en la oposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) activó un feroz ataque contra los grandes empresarios del país y volvió a confrontar con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien está en la mira de la Justicia por las denuncias de desvío de fondos a empresas fantasma.

El Presidente se mueve con soltura en el ring político, como si no tuviera motivos por los que preocuparse o como si su gestión no hubiera sufrido un desgaste. Defiende los logros de su plan económico y, lanzado en la “batalla cultural”, vocifera insultos contra los que considera enemigos de su modelo. Sin embargo, una encuesta realizada en febrero por AtlasIntel y Bloomberg refleja que crece la desaprobación a Milei y que aumenta la preocupación en la ciudadanía por la economía y el futuro del país. Además, la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos.

Desde junio de 2025, ese ítem trepó a la cima de las preocupaciones ciudadanas. En ese momento, desplazó al desempleo o la inflación. Concuerda con el estallido del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al Presidente y su hermana, Karina Milei, y el avance de la investigación sobre el supuesto pago de sobornos en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de Andis Diego Spagnuolo, quien supo ser amigo de Milei -lo visitaba frecuentemente en Olivos-, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

El estudio -de 4.761 casos- arroja datos sorprendentes. Por ejemplo, el 55.3% de los encuestados desaprueba a Milei, una cifra que creció seis puntos respecto de enero, frente a un 41.5% de aprobación. Desde finales de 2025, la consultora detecta un incremento del rechazo a la gestión libertaria.

En ese contexto, AtlasIntel y Bloomberg señalan que el 53.1% de los encuestados considera al gobierno de Milei como “malo o muy malo”, mientras que solo el 35% lo califica de “excelente o bueno”.

A su vez, Milei tiene una imagen positiva del 41% frente a un 57% de negativa. Respecto de febrero, esa cifra creció cinco puntos. Y es el peor registro desde octubre de 2024.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof conserva un nivel similar de aprobación (40%), pero su imagen negativa está en entorno al 53%.

Por otro lado, el 62% de los argentinos tiene una “mala” percepción sobre la economía del país. Y el estudio refleja un marcado pesimismo en la población: el 50% cree que la economía empeorará durante los próximos meses y el 55% aguarda lo mismo para el mercado laboral.

Si bien la percepción de la inflación actual bajó al 25% -si se comprar con el pico del 60% a fines de 2024-, la expectativa de inflación para los próximos meses se mantiene en el 8.9%.

Por otra parte, la corrupción lidera la lista de preocupaciones de los argentinos, con un 43.9%. Más atrás figuran el desempleo (37.8%), los altos precios e inflación (33.5%) y la situación económica general (30.0%).

Entre tanto, el 71.4% de los encuestados cree que el nivel de criminalidad es “alto o muy alto”. Además, el 78.7% sospecha que las organizaciones criminales “controlan esferas importantes de la política y la justicia”.

En momentos en que Bullrich choca con su sucesora, Alejandra Monteoliva, por el ataque que sufrió por parte un integrante de la Policía Federal un camarógrafo en los alrededores del Congreso, el 58.3% califica de “malo o muy malo” el desempeño de la administración de Milei en seguridad pública.

No obstante, la propuesta impulsada por la Casa Rosada para bajar la edad de imputabilidad cosecha un gran apoyo en la sociedad. Es que el 61.3% de los consultados respalda el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, frente a un 33,9% que está en contra.

En ese marco, el sondeo refleja una grieta en la sociedad respecto de la reforma laboral que apalanca Milei. Un 46% sostuvo que es necesaria, mientras que un 49% opinó lo contrario. En esa línea, el 59% de los encuestados reconoce su temor de que la reforma disminuya los derechos de los trabajadores, y el 55% considera que ampliará la precarización laboral.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.

El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.

La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.

La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.

Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.

Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.

En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.

Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.

Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.

En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.

El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.

La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.

El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.

El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.

El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.

Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.

El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.

La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.

Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.

Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.

En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.

Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.

Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .