El gobernador Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes bonaerenses para este jueves a una reunión en La Plata, en un contexto marcado por la caída de recursos y el impacto del ajuste sobre las administraciones locales. La convocatoria incluye a jefes comunales de todos los espacios políticos y se realizará en el Salón Dorado de la Gobernación.

El encuentro fue planteado como una instancia de trabajo para evaluar el escenario económico y compartir un diagnóstico sobre el estado de las cuentas públicas, según pudo saber TN. La consigna para la jornada apunta a analizar las consecuencias del ajuste económico nacional en la provincia y en cada uno de los municipios.

La reunión llega en un momento en que las administraciones locales enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento. En la provincia argumentan que a la baja de la recaudación se suma el incremento de la demanda social, lo que obliga a los intendentes y a la gobernación a reorganizar recursos y, en muchos casos, a reforzar la asistencia directa.

Entre los puntos que se pondrán sobre la mesa aparecen la caída de la coparticipación, el freno de la obra pública y el aumento de los pedidos de asistencia en los distritos, en un escenario que atraviesa a municipios de distinto signo político. La Provincia planteará las gestiones que lleva adelante para reducir el impacto y las demandas ante la Corte Suprema.

Caída de ingresos y tensión en las cuentas locales

Uno de los ejes centrales del encuentro será el deterioro de los ingresos, tanto provinciales como municipales. La caída de la recaudación impacta de manera directa en la masa coparticipable, principal fuente de financiamiento de los distritos.

Según datos de la consultora PPA sobre datos del Ministerio de Economía bonaerense, en enero de 2026 los municipios recibieron $450.230 millones, un 2,24% menos que en el mismo mes de 2025 en términos reales, es decir, descontando inflación. La baja se explicó principalmente por la caída en la coparticipación bruta, que concentró el 80,7% de los recursos transferidos.

La distribución de los recursos mostró resultados dispares entre los distritos. Un grupo de 43 municipios logró mejoras en términos reales, mientras que otros 49 registraron retrocesos superiores al 3%. En algunos casos, la aplicación de los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución modificó la participación relativa de los distritos, pero la baja de la masa total terminó neutralizando esos cambios.

La reducción de estos ingresos limita el margen de maniobra de los municipios, que utilizan esos fondos para cubrir gastos corrientes y sostener prestaciones esenciales. En la Provincia saben que ese será uno de los principales reclamos en la reunión de este jueves.

Mayor demanda social y presión sobre los intendentes

En paralelo a la caída de ingresos, los municipios registran un aumento de la demanda social. Intendentes de distintos espacios coinciden en que creció la asistencia alimentaria, la necesidad de medicamentos y los pedidos de ayuda económica para afrontar gastos cotidianos.

También se incrementó la morosidad en las familias, lo que repercute en la recaudación local y en la capacidad de los distritos para sostener sus propios recursos. En ese marco, los jefes comunales recurren a la Provincia en busca de apoyo financiero.

La situación se combina con el impacto de la actividad económica. La caída del consumo, el freno en la construcción y las dificultades en sectores productivos tienen efectos directos en el empleo y en la dinámica de las economías locales, es lo que repiten en La Plata.

En algunos distritos del conurbano, informes municipales muestran niveles de utilización de capacidad instalada por debajo de registros recientes y retrocesos en el empleo, lo que agrega presión sobre los gobiernos locales.

Reclamos a Nación y disputa por los fondos

El encuentro también servirá para ordenar la posición de la Provincia frente a los reclamos de recursos al Gobierno nacional. La administración bonaerense sostiene que existen deudas vinculadas a transferencias no automáticas, obras públicas paralizadas y programas discontinuados.

Según datos que dio a conocer el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, “las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones”.

Dentro de ese esquema, uno de los puntos en discusión es la interrupción de transferencias de la Anses al Instituto de Previsión Social, reclamo que ya fue llevado a la Corte Suprema.

La semana pasada se realizó una audiencia entre las partes y se fijó un nuevo encuentro para el 21 de abril. En el Gobierno provincial señalan que ese proceso puede abrir una instancia de negociación, aunque no hay definiciones sobre su resultado.

La reunión de este jueves en La Plata será encabezada por Kicillof junto a su gabinete, con exposiciones a cargo de los ministros López y Augusto Costa, de Producción. Allí se presentarán datos sobre recaudación, empleo y actividad productiva.

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El objetivo es construir un diagnóstico compartido que permita coordinar respuestas entre la Provincia y los municipios. Además, evaluarán herramientas de financiamiento provincial, como el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que prevé destinar recursos para cubrir necesidades de caja y sostener programas locales.

Además, muchos intendentes mantienen vivo el reclamo para que Kicillof apure en la Legislatura bonaerense el proyecto de reelecciones indefinidas.

Axel Kicillof, intendentes, Provincia de Buenos Aires, Coparticipación

En medio de semanas complejas, el gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

El argumento formal para el desmontado de las copías de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

Ante la desnudez de las paredes, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de canjear paisaje por paisaje, en el Poder Ejecutivo meditan la chance de replicar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil. La explicación a la elección la vinculan a la proximidad del espacio vacío con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

A finales de febrero, Helmut Ditsch, el autor de la obra “El hielo y la eternidad transitoria, la más valuada en la historia del arte argentino, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las claves del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2026, y pidió que legisladores y funcionarios “estén a la altura de las circunstancia”. “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial“, argumentó el argentino en la carta abierta que publicó en El Destape.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron enviadas al Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

Con la quita del cuadro, el Ejecutivo suma una nueva acción a la tendencia que inició el Ministerio de Capital Humano, que tiene a Sandra Pettovello al frente, en 2024 luego de que ordenara un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que implicó la quita afiches, fotos y bustos de la figura de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

La lógica fue replicada en febrero de 2025 con la quita de la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA en la que se observaba al expresidente Kirchner aquella jornada del 24 de marzo de 2004, cuando resolvió bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. La determinación fue adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada en aquel entonces por Alberto Baños.

El accionar forma parte de un nuevo capítulo de la batalla cultural que encarna Javier Milei, quien se define profundamente crítico de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, pero que replican además sus funcionarios, legisladores, referentes y exponentes en redes sociales. “Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, metaforizó el mandatario en una síntesis de sus deseos por dejar atrás el populismo y todo lo que representa.

Con momentos de tensión y bajo la certeza de que, si se aprueba la modificación a la Ley de Glaciares, el tema terminará judicializado, se desarrolló el miércoles la primera audiencia pública convocada por el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz.

Este jueves será la segunda audiencia, en formato virtual.

Más de 190 participantes expusieron a favor y en contra del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado tras su aprobación en febrero. La mayoría de los oradores rechazó los cambios y anticipó que impulsará presentaciones judiciales si la iniciativa avanza.

Además hubo numerosas críticas por la falta de transparencia con respecto a la lista de oradores (que nunca se pudo conocer).

El oficialismo contó con la presencia de varios legisladores, entre ellos Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni. La hoja de ruta prevé que, tras la segunda audiencia de este jueves, se convoque a un plenario el martes 31 de marzo para firmar dictamen y que el 8 de abril el proyecto llegue al recinto. Si se aprueba sin cambios respecto del texto del Senado, quedará convertido en ley.

Posturas enfrentadas

Entre los expositores, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, expresó su rechazo al proyecto: “Tenemos una memoria hídrica dolorosa. El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Somos una provincia aguas abajo y nuestro futuro depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio”.

En contraste, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la reforma y cuestionó “la falsa dicotomía entre la minería y el uso sostenible del agua”. “San Juan es una provincia montañosa y desértica: solo el 3% de su territorio son oasis donde viven la población y la agricultura. La minería es clave para nuestras posibilidades de desarrollo”, afirmó.

También participó la exdiputada Marta Maffei, autora de la Ley 26.639, quien rechazó la modificación: “Es una norma construida con consenso científico, tras un año de trabajo con académicos, instituciones y comunidades que muchas veces quedan afuera”.

A lo largo de la jornada también expusieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el exministro de Ciencia Daniel Filmus, la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y Fernando Godoy Carrizo, presidente de la cámara minera Caprimsa.

Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale anticipó que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por presunta incompatibilidad en la función pública. Según sostuvo, la legisladora votó a favor de la reforma mientras “tiene una consultora que asesora a la minera Río Tinto”.

Impugnaciones y críticas

La audiencia arrancó con una fuerte controversia. Un grupo de diputados, encabezado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), impugnó la convocatoria ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La presentación cuestiona la validez del proceso por “graves irregularidades” en la metodología, al considerar que limita la participación ciudadana y vulnera el reglamento de Diputados, la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Ferraro denunció que el esquema restringe la intervención oral, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la mayoría de los inscriptos. También advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso.

La impugnación fue firmada, entre otros, por Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

Selva afirmó que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y que se obligó a miles de inscriptos a reformular sus intervenciones, limitando su derecho a expresarse oralmente.

Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Romina del Pla también cuestionaron el proceso y llamaron a movilizarse contra lo que consideran “un nuevo atropello contra los bienes comunes”.

La respuesta del oficialismo

Desde La Libertad Avanza defendieron el esquema de las audiencias y aseguraron que cuentan con “orden y modalidades” definidas por las comisiones organizadoras.

En ese sentido, indicaron que los inscriptos fueron notificados sobre las distintas formas de participación y remarcaron que todos los diputados pueden acceder a la sala. También justificaron la organización en la necesidad de garantizar la comodidad de expositores y legisladores.

Mayoraz tomó la presentación de la oposición, pero evitó leerla durante la audiencia. Señaló que será tratada por los canales administrativos correspondientes y aseguró que las presentaciones judiciales realizadas hasta ahora “han sido rechazadas”.

Mientras se desarrollaba el debate dentro del Congreso, en las inmediaciones se realizó una movilización en rechazo al proyecto, que se hizo oír pese al operativo de seguridad con vallas, gendarmes y policías federales.

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