En 2024, fue la voz y la imagen del escritor y exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, quien habló por primera vez de “memoria completa” en un video oficial, acompañado por testimonios de familiares de víctimas militares de las organizaciones guerrilleras en la década del 70. Al año siguiente, el intelectual libertario Agustín Laje dio un paso más, al cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos y confrontar “la teoría del demonio único”, instalada a su criterio por los gobiernos kirchneristas con una “visión sesgada e incompleta” de lo ocurrido en la Argentina.

En silencio, el gobierno de Javier Milei se prepara para el tercer capítulo de la batalla cultural en materia de derechos humanos que se escenifica cada 24 de marzo, esta vez en el aniversario número 50 del golpe de Estado que terminó con el gobierno peronista de María Estela “Isabel” Martínez e inauguró siete años de represión, causando miles de muertes, desapariciones forzadas y un estado de terror que menguó con el retorno de la democracia al país, en diciembre de 1983.

“Están preparando algo. No sabemos qué tan virulento va a ser”, alertaron desde el predio de la exEsma, donde conviven las sedes de distintas organizaciones de derechos humanos con la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Joaquín Mogaburu, quien asumió en diciembre y responde a las órdenes del Ministerio de Justicia, conducido ahora por Juan Bautista Mahiques.

Desde la Casa Rosada coincidieron en que “habrá, como siempre, una toma de posición” oficial en relación al aniversario. Una posición que apunta a la “memoria completa”, confronta con la de los organismos de derechos humanos y rescata la tarea de las Fuerzas Armadas en el combate a las organizaciones guerrilleras. El video oficial, que según fuentes oficiales está a cargo del cineasta oficial Santiago Oría, contendrá testimonios de familiares de víctimas de la guerrilla, como el de Arturo Larrabure, asesor del Ministerio de Defensa e hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, asesinado por el ERP en 1974. También trascendió que hablarán hijos de desaparecidos alejados de los organismos de derechos humanos.

“Vamos a ir hacia allí, pero despacio”, matizaron días atrás cerca del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, cuando la consulta giró alrededor de cambios “simbólicos” adicionales que estarían en carpeta, como algunos agregados al texto que visitantes de distintas partes del mundo escuchan al ingresar al Museo Sitio Esma, donde se repasa lo ocurrido allí en la última dictadura militar, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada. El texto, como los demás contenidos del museo y la labor del Archivo Nacional de la Memoria, cuentan con el aval y la protección de la Unesco, organismo internacional en el que la Argentina tiene una representación acotada por decisión del Gobierno. “Teóricamente estos sitios están supervisados por la Unesco, pero nunca se sabe”, afirmó una voz cercana a los organismos, conscientes de que el Gobierno buscará profundizar su “nueva narrativa” en todos los ámbitos donde le sea posible.

En los últimos días, y en coincidencia con la cercanía de un nuevo aniversario del golpe militar, comenzó a correr el rumor -reflejado por el diario Clarín– de una eventual mudanza de la subsecretaría desde la ex Esma al edificio del barrio de San Telmo en el que funcionaba, durante el gobierno de Alberto Fernández, el fenecido Ministerio de la Mujer. “Puede ser en abril”, murmuraron desde las organizaciones en base.

“No hay ninguna decisión vinculada al tema”, respondieron, escuetos y terminantes, cerca del subsecretario Mogaburu, cercano a su vez al saliente secretario de Justicia, Sebastián Amerio (quien respondía a su vez a Caputo) y que en diciembre asumió el cargo luego de dos años de polémicas con los organismos y ajuste permanente del área, a cargo de su antecesor, el ex juez Alberto Baños.

Lo cierto es que en el predio de la ex Esma, de 17 hectáreas, y que contiene 20 edificios, cada uno de ellos adjudicado a distintas entidades, como las dos vertientes de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos, entre otras, se vive una tensa calma.

Aún antes de la llegada de Mogaburu, y mientras la mayoría de los edificios presentaba graves signos de deterioro por la falta de inversión, con goteras en los techos y frentes descascarados, desde la subsecretaría acondicionaron dos edificios en tiempo récord para trasladar allí los archivos de la causa por el atentado a la AMIA. Archivos que cobran valor ante la inminencia del juicio oral en ausencia a los ex funcionarios iraníes acusados por su participación en el atentado terrorista contra la mutual judía, en julio de 1994. Otro edificio, denominado ex presidente Raúl Alfonsín, también se encuentra por estos días en refacciones, para instalar allí oficinas de la Procuración que encabeza, de modo interino, el Procurador General Eduardo Casal.

¿Y si la sorpresa este año fuera un indulto presidencial, a la manera del menemismo, para los militares que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, o la prisión domiciliaria? “No intervenimos en causas judiciales”, dijeron desde el Gobierno, sin dar mayores explicaciones. “Nunca vamos a dar un indulto en la gestión Milei”, recalcaron, a pesar de las sospechas de los organismos de derechos humanos. Desde el Gobierno no descartaron, eso sí, impulsar una ley que obligue a los jueces a otorgar la prisión domiciliaria a todos los detenidos mayores de 70 años. Hasta el momento, esa potestad es optativa, dependiendo del criterio del juez.

En el inicio del gobierno de Milei, hacia julio de 2024, seis diputados libertarios visitaron en la cárcel de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda. Tanto Cúneo Libarona como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora nacional, se expresaron en su momento a favor de la prisión domiciliaria para los militares condenados, sobre todo para los ancianos con complicaciones de salud, para que “Justicia no sea venganza”, según expresara en ese mismo 2024 el entonces ministro de Justicia.

La batalla por la memoria promete tener nuevos capítulos, mientras en la mañana del lunes se reforzaba la presencia policial y las vallas que protegían la Casa Rosada, a la espera de la llegada de los organismos de derechos humanos, que comenzarán hoy desde las 14 las actividades de homenaje y el reclamo de justicia.

CÓRDOBA.- En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Repartió $ 47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).

En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $8000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $7000 millones y el entrerriano Rogelio Frigerio, con $6000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional.

El listado se completa con otras provincias cuyos mandatarios también vienen actuando alineados con la LLA: Misiones (Hugo Passalaqua) con $5500 millones; San Juan (Marcelo Orrego) y Chaco (Leandro Zdero) con $ 4000 millones cada uno; Gustavo Sáenz (Salta) con $3500 millones; Catamarca (Raúl Jalil) y Chubut (Ignacio Torres) con $ 2500 millones en cada caso. Cierran Jujuy (Carlos Sadir) y Neuquén (Rolando Figueroa) con $ 2000 millones cada una.

Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, con los últimos $ 47.000 millones entregados la semana previa, el monto total supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero. En ese mes apenas se repartieron $ 20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $ 18.000 millones).

Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $ 14.000 millones ($ 3000 millones en enero y febrero y los $ 8000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $ 9500 millones ($4000 millones en febrero y $ 5500 millones este mes) y Salta queda tercera con $ 7500 millones ($4000 millones en febrero y $ 3500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($7000 millones totales), Chubut ($ 6500 millones), Entre Ríos $6000 millones), Jujuy ($5000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2500 millones.

Casi al cierre del primer trimestre, los ATN girados totalizan $ 74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%. En los diálogos por los repartos de fondos que los gobernadores mantienen de manera permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, le vienen insistiendo que solo el reparto de estos Aportes no alcanza frente a la caída de la coparticipación por la baja de la recaudación nacional y a la de sus propios ingresos por que la mejora de la actividad no llega a todos los sectores

En los primeros dos años de la gestión de Javier Milei quedaron en manos de Nación ATN por el equivalente, en pesos constantes a diciembre,al 5,2% del superávit primario acumulado por sector público no financiero nacional (SPNF). La cifra de $1.838.229 millones se reparte en partes casi iguales entre 2024, cuando el Ministerio de Economía ejecutó apenas el 7,3% del total del fondo, y el año pasado, cuando distribuyó entre las provincias solo el 21,9%.