A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy -a las 18- la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.

Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.

En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.

Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.

La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.

Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo: “Nunca sabes lo que te va a tocar”. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.

Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.

En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.

El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.

Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.

El Gobierno encara una semana clave, en la que buscará los primeros triunfos legislativos del 2026 a través de las medias sanciones del nuevo régimen penal juvenil y de la reforma laboral, por los que viene negociando con la oposición dialoguista desde comienzos de año.

Ambos proyectos serán tratados durante estos días, cada uno en una Cámara diferente, por lo que las últimas conversaciones que llevarán adelante los referentes del oficialismo se darán prácticamente en simultáneo en el Senado y en Diputados.

En el primero de esos recintos, el miércoles se debatirá la iniciativa que busca modernizar las leyes de trabajo, la cual generó una fuerte resistencia por parte de algunos sectores, especialmente el de los gremios, que si bien no consiguió el consenso para convocar a un paro, sí anunció una movilización.

Aunque son críticos de esta norma que impulsa la administración del presidente Javier Milei, los sindicatos todavía esperan una oportunidad para poder acordar cambios en algunos de los artículos que los perjudican, como las modificaciones en las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales.

Por su parte, las provincias también elevaron una queja puntual: pidieron algún tipo de compensación por la caída en las recaudaciones que significaría la baja de las alícuotas de Ganancias para las sociedades.

Aunque en un momento el Poder Ejecutivo prometió que iba a tomar algunas recomendaciones; recientemente, la cúpula libertaria habría decidido no hacer ningún retoque sobre el texto que ya tiene dictamen.

En tanto, el jueves la batalla será en Diputados, donde el escenario, en principio, estaría más claro, ya que el régimen penal juvenil contaría con el respaldo de varios bloques, y no solo de los aliados, como el PRO y el MID, sino también de otros que habitualmente están más alejados de La Libertad Avanza (LLA), como Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto.

De todas formas, el oficialismo buscará que no haya sorpresas de último minuto, como sucedió en otras sesiones importantes en el pasado, e intentará asegurarse los votos antes de cada elección.

Para esto, según pudo saber Infobae, desde el martes, los principales enviados del Gobierno prácticamente se instalarán en el Congreso para seguir de cerca las negociaciones finales.

Hasta allí irán el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, en representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien por sus compromisos de gestión tendrá menos tiempo para dedicarle a este asunto.

Todos ellos estarán exclusivamente abocados a ayudar al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y con la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, a sostener los votos para los proyectos que se van a discutir.

El más complejo, como se mencionó, era el de la reforma laboral, que no contaba, por ejemplo, con el respaldo de los gobernadores que integran el grupo de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)

“Ellos no apoyan el desfinanciamiento a las provincias. Menos en este contexto de caída de coparticipación y recaudación a nivel local. Ya hicieron el ajuste las provincias. Esa es la postura del espacio”, aseguró una persona con diálogo fluido con uno de ellos.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, Llaryora y Pullaro suspendieron una reunión que iban a tener con dirigentes de la CGT, en un gesto de no querer romper el vínculo con la Casa Rosada.

Por su parte, Torres aparece como un jugador clave, con influencia no solo sobre Andrea Cristina, del Frente PRO, sino también sobre Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut.

Asimismo, por un pedido de Santilli a varios de los protagonistas, el Ejecutivo logró suspender un encuentro que los mandatarios tenían previsto encabezar la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la reforma y acordar una postura en común.

Por otra parte, todavía Adorni no convocó a una nueva cumbre de la mesa política nacional, que integra junto a Santilli, Bullrich, Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo.

El grupo se volvería a ver esta semana para terminar de delinear la estrategia legislativa y pensar cómo avanzar con el resto de los asuntos que están en agenda, como la ley de glaciares y los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por otro lado, y tal como anticipó este medio, la cúpula libertaria evalúa extender un día las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, ya que con los plazos actuales se complican los tiempos para que sea sancionada antes de esa fecha.

Todos estos puntos debe resolver la Casa Rosada en estos días en los que, finalmente, el Presidente estará en el país, tras haber cancelado el viaje a Miami por cuestiones de agenda y para consentrarse, justamente, en los conflictos locales.

A una semana de haber presentado su renuncia, el Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Marco Lavagna del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) e hizo efectiva la designación de quien era su número 2, Pedro Lines, como el nuevo titular.

Los cambios quedaron establecidos mediante la publciación del decreto 91/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La dimisión del funcionario técnico se dio en medio de las diferencias con el titular de la cartera por la aplicación de la nuevo fómula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero.

Así, Lavagna puso fin a una gestión que había comenzado mucho antes de la llegada de La Libertad Avanza a la Presidencia, puesto que fue designado por Alberto Fernández al inicio de su mandato. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico fue lo que le permitió seguir en el cargo.

A través de una carta a los empleados del organismo, el ahora ex funcionario dio a conocer más detalles de su dimisión. En su mensaje, destacó los logros alcanzados durante su mandato: “Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”.

En ese sentido, señaló que la realidad económica y social exige que el sistema estadístico nacional “siga adaptándose y fortaleciéndose”, y valoró el compromiso del equipo: “Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”. Además, expresó su confianza en el futuro del Indec y en la posibilidad de que “próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, dijo Lavagna.

Lavagna concluyó su despedida agradeciendo el trabajo diario de los empleados y afirmó: “Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”.

El número 2 del organismo, Pedro Ignacio Lines, es quien queda a cargo al menos temporalmente como resultado de la renuncia. Se trata de otro funcionario de perfil técnico. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente, cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Desde su rol como director ténico del Indec —cargo que ocupó desde 2018—, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

También es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

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En los últimos meses, Lavagna y el Indec estuvieron abocados a la actualización de la canasta con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dato de inflación. Los cambios en la canasta buscaron acercarse a los consumos de las familias argentinas actuales de manera tal de reflejar mejor el impacto del movimiento de los precios en las cuentas de los hogares.

El cambio sustancial en el IPC radica en que empezará a utilizarse la canasta de consumo que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización de la fórmula con la que se mide el avance de los precios llevó a subestimar el impacto de muchos consumos que crecieron en las últimas décadas, como por ejemplo la mayor relevancia que ganaron los servicios de internet y celulares.

Los cambios más drásticos están en los rubros Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, donde la ponderación (es decir el peso de ese capítulo en el total de la canasta) pasa de 9,4% a 14,5%, lo que lleva a que las tarifas de los servicios públicos incidan más. Así, con la nueva fórmula, cada incremento en el cuadro tarifario de electricidad o gas tendrá un impacto directo en el nivel general superior al que evidenciaba con la canasta anterior.

En Transporte se notará otro cambio sustancial, ya que la ponderación pasará de 11% a 14,3 por ciento. Aquí tendrán mayor peso los combustibles y los boletos de pasajeros. También en Comunicaciones (de 2,8% a 5,1%), donde se duplicará el peso de internet y celulares, y Educación (de 2,3% a 3,1%) con mayor relevancia de las cuotas y servicios educativos.

Otros rubros como Salud (de 8,0% a 9,1%) se mantendrán estables respecto al impacto que tienen en la inflación. Respecto a los que reducen su peso, figura Alimentos y Bebidas (de 26,9% a 22,7%), ya que el agro y la industria alimenticia se reducen. Este segmento fue la principal razón de la aceleración en el último cuatrimestre de 2025.