El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

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Tras el fallo favorable para la Argentina en el caso YPF, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, calificó la expropiación ocurrida durante el gobierno de Cristina Kirchner como “una violación al derecho de propiedad” y afirmó que dicho proceso “atrasó seguramente el desarrollo de Vaca Muerta”.

El directivo señaló que la resolución en los tribunales de Estados Unidos “despeja un problema en la Argentina” y evita complicaciones mayores con los socios, aunque admitió que la incertidumbre previa derivó en el pago de intereses superiores a los debidos.

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Marín destacó que desde su llegada impulsó una gestión alineada con criterios del sector privado, asegurando que “nosotros trabajamos como si fuese nuestra y como una compañía privada”.

Bajo esta nueva lógica, explicó que se cambió el enfoque estratégico para dejar de invertir en lugares donde la petrolera perdía dinero y concentrar los esfuerzos en Vaca Muerta. Al ser consultado sobre la influencia política en la toma de decisiones, el ejecutivo aclaró: “A mí no me dicen nada. Yo hago lo que tenemos que hacer”, remarcando que las definiciones se toman en el directorio con independencia.

Respecto al futuro operativo, el CEO precisó que la empresa cuenta con 10.300 locaciones propias para perforar, lo que representa “USD 220.000 millones de inversiones”. Marín fue enfático al definir el propósito actual de la petrolera estatal, sosteniendo que “YPF no es una compañía que tiene que dar bienestar. Es una compañía que tiene que generar valor para los accionistas”.

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La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva resolución para el intercambio de información entre organismos nacionales y sus equivalentes extranjeros a los efectos de prevenir e impedir delitos económicos y complejos.

La medida, que deroga la normativa anterior, busca coordinar los mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad, seguridad y correcta utilización de los datos intercambiados en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP).

El nuevo régimen regula la colaboración entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, considerados como Organismos de Contralor Específicos. Los mismos podrán intercambiar información de manera directa, así como hacerlo con entidades de funciones similares en otros países, siempre que cuenten con las “facultades a los efectos de identificar, debidamente, las operaciones sospechosas”.

En su rol de encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información, la UIF estableció mediante la resolución 35/2026, que todo intercambio deberá realizarse bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad, utilizando sistemas de gestión documental electrónica que garanticen el resguardo de los datos.

Los pedidos de información entre los involucrados deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por el ente autárquico. Este además, podrá solicitar información actualizada sobre los intercambios realizados y requerir datos con fines estadísticos para análisis nacionales o regionales. La información intercambiada solo podrá utilizarse para los fines específicos para los que fue solicitada y no podrá ser transmitida a terceros sin autorización expresa del organismo que la proveyó.

Para el caso, el texto publicado en Boletín Oficial indicó que “los requerimientos de información entre los Organismos de Contralñor Específicos deberán tener por objeto información disponible en el respectivo organismo y se deberán efectuar mediante un sistema de gestión documental electrónica que cumpla con estándares de seguridad y de resguardo de información confidencial». Asimismo, deberá indicarse en cada caso el motivo de la solicitud, el detalle de la información solicitada, explicitada con la mayor precisión posible y la indicación del nivel de urgencia.

La resolución también contempla la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), tal como lo hizo en la primera resolución publicada al respecto. En este sentido, la normativa señala que se “debe tener en cuenta las 40 Recomendaciones”. A su vez, no limita a los organismos “para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información en el marco de sus competencias».

En cuanto a la resolución UIF N° 233/2025, dictada en diciembre pasado cuando Paul Starc se encontraba a la cabeza del organismo, establecía también reglas para el intercambio de datos entre organismos nacionales y sus pares del exterior, aludiendo a las entidades mencionadas anteriormente. El objetivo siempre fue fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de detección y prevención de delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El procedimiento exigía que los pedidos de información se tramitaran directamente entre los organismos involucrados, bajo las mismas condiciones, en donde la UIF debía ser informada sobre cada intercambio y, una vez recibida la información, el organismo responsable tenía un plazo determinado para responder.

La Unidad Financiera ejerce también un rol de coordinador en los niveles nacional, provincial y municipal, y administra los archivos y antecedentes vinculados a su actividad. Entre sus funciones, se encuentra la conformación del Registro Único de Información, que integra las bases de datos de los organismos obligados a reportar y la información que recibe en el ejercicio de sus tareas, asegurando así una gestión centralizada y eficaz en la lucha contra el crimen financiero.

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