Javier Milei aseguró este viernes que va a “llegar hasta las últimas consecuencias” para “identificar a todos” los actores involucrados en una campaña de espionaje ruso para desacreditar a su Gobierno. La red ilegal fue destapada por un consorcio de periodistas que reveló que el Kremlin financió más de 250 artículos publicados en medios locales.

“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande”, escribió en su cuenta de la red social X.

La campaña, revelada en las últimas horas, ocurrió durante 2024 por un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía”, y consistió en un serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar a Milei y su gestión con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo y apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Luego de que la campaña se diera a conocer, Milei usó sus redes sociales para desacreditar al periodismo involucrado. “El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ‘periodistas” y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!“, publicó.

Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

“La Compañía” es una continuación del Grupo Wagner, el brazo paramilitar de Yevgeny Prigozhin. De acuerdo con lo publicado, tras su muerte en 2023, la estructura quedó bajo el control de la inteligencia militar (GRU), mientras que sus operaciones de información y desinformación en el extranjero fueron puestas bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), liderado por Sergei Naryshkin, un alfil de máxima confianza de Vladimir Putin.

El SVR no es ajeno a la Argentina. Esta agencia coordinó el despliegue de los espías “ilegales” Artem Dultsev y Anna Dultseva, quienes vivieron una década en el barrio de Belgrano bajo las identidades de Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños. Según revelaron los propios agentes tras ser canjeados en 2024, su plan a largo plazo incluía que sus dos hijos, nacidos en Buenos Aires, continuaran con la profesión de espías aprovechando la “leyenda” de su nacionalidad argentina.

En vísperas de la llegada a la Argentina del presidente chileno José Antonio Kast, la policía busca al exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien estaba refugiado aquí desde hace quince años, para extraditarlo al país trasandino, donde lo buscan por el crimen del senador derechista Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

Galvarino Sergio Apablaza Guerra vivía en Moreno con su familia, donde lo fue a buscar Interpol a comienzos de esta semana. Los efectivos allanaron su casa, pero no lo encontraron.

La orden de captura de Apablaza Guerra fue firmada por la jueza María Servini, que subroga al juez federal Ariel Lijo, a cargo interinamente del juzgado federal 11, actualmente vacante por la muerte de Claudio Bonadio.

Servini escribió en su orden de detención que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad le informó que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el lunes pasado, 31 de marzo, le denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensoría Pública Coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección de Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación.

Por eso es que “ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta inminente su entrega a las autoridades policiales de Interpol Chile, con el objeto de materializarse su traslado” hacia el país vecino.

Así ordenó detener a Galvarino Sergio Apablaza Guerra y allanó su casa de Aime Schiffely 1653, de Moreno, sin hallarlo. La policía, dijeron fuentes policiales a , estaba haciendo operativos durante el fin de semana de Pascua para encontrarlo.

Días antes, los policías de Interpol, de civil, ya habían estado siguiendo los pasos de la mujer y de los hijos de Galvario Apablaza Guerra, en lo que su abogado Rodolfo Yanzón denunció como “una maniobra de hostigamiento”.

“Es que [Javier] Milei quiere hacerle un regalo a Kast cuando llegue el lunes al país, es una persecución porque su condición de refugiado aún está judicializada”, dijo Yanzón a .

En las últimas horas, el ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, ofreció “la suma de veinte millones de pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura” de Apablaza Guerra.

Apablaza Guerra perteneció al izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN), nacido del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

De 75 años, el exguerrillero llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile, se encuentra en libertad desde 2005.

La Corte Suprema de Justicia llevó adelante el juicio de extradición y lo concedió, pero el Gobierno argentino no lo ejecutó y le concedió en 2005 el estatus de refugiado político, al entender que si lo extraditaban iba a encarcelarlo sin someterlo a un juicio justo.

Cristina Kirchner fue quien sostuvo su estatus de refugiado, pero fue revocado en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Con el auxilio de su abogado Yanzón, Apablaza Guerra judicializó esa medida administrativa para intentar mantener el estatus que le permitía seguir en libertad.

Y ahora esa causa está en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde fue rechazado el recurso extraordinario planteado.

Por eso es que Yanzon entiende que puede llegar a la Corte mediante una queja por lo que sigue abierta la vía judicial para discutir el estatus de refugiado. Argumenta que no se puede ejecutar la extradición, ya que ese caso fue cerrado con el pedido de refugio.

Según explicó el abogado, la causa por el pedido de extradición, iniciada en 2010, es un procedimiento paralelo y que esa solicitud se cerró tras el otorgamiento del asilo. Cree el abogado que, en todo caso, Chile debería pedir la extradición nuevamente.

Kast es del mismo signo político que Milei. Se replican situaciones cuando Mauricio Macri, en sintonía con el entonces presidente de Chile Sebastián Piñera, le revocó el estatus de refugiado.

En su último viaje a la Argentina, Kast se reunió con Milei y le pidió que Apablaza sea juzgado en Chile.

El crimen por el que Apablaza es acusado de ser el autor intelectual es el del senador Jaime Guzmán, que es el mentor y referente de Kast.

Guzmán fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) y fue el ideólogo de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura.

Guzmán, de 44 años, murió de un disparo el 1 de abril de 1991, ya en democracia.