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El Gobierno impulsa una nueva Ley de Financiamiento Universitario: podría tratarse en las extraordinarias

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El Gobierno sumará el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.

En los últimos días, funcionarios del Presidente Javier Milei comenzaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. La intención es “garantizar viabilidad fiscal” y al mismo tiempo responder a los reclamos históricos del sector.

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En este sentido, el Gobierno trabaja en una nueva ley, que no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo. En este punto será vital construir el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma que reemplace la anterior.

Los docentes reclaman un aumento de presupuesto para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes y no docentes. (Foto: Agustina Ribó/TN)

Según trascendió, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. El Ejecutivo apunta a sumar a la nueva ley al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados sostiene que debe votarse en el recinto.

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El decreto en cuestión se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero.

La jugada del Gobierno se produce luego de que en las últimas horas se lograra la aprobación de la reforma laboral en el Senado; y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también dieron el visto bueno al acuerdo del Mercosur.

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La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.

Para ello, en el Ejecutivo trabajan sobre la “viabilidad” de la ley. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para pulir los detalles de la norma.

La Ley de Financiamiento Universitario se votó en 2024 y fue aprobada por ámbas cámaras. No obstante, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso la ratificó. Dicha norma es la que el Gobierno pretende reemplazar por una nueva.

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Gobierno, FINANCIAMIENTO, universidades

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Un testigo de identidad reservada, el lavado y sospechas de más negocios ilegales: las nuevas líneas del caso Andis

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Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro días en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aportó detalles sobre cómo funcionaban los negocios de Miguel Calvete, uno de los procesados de la semana pasada en esta causa por asociación ilícita, fraude y sobornos.

Fuentes del caso relataron que la declaración de esta persona -que fue hace semanas, pero se había mantenido en reserva, en un legajo que no integra el expediente principal- es parte de la prueba que sirvió de base para los procesamientos dictados la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello contra el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, Calvete y otros 17 acusados, y que el testigo dio pistas para analizar registros de transacciones sobre los que trabajan los investigadores, que están convencidos de que el caso tiene interrogantes por resolver que podrían demostrar que la maniobra fue aún mayor: que hubo otros hechos delictivos y otros responsables aún no identificados. En palabras del juez, hay elementos para creer que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en lo detectado hasta ahora.

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¿Cómo sigue la investigación? Por un lado, la fiscalía está analizando lo obtenido en allanamientos a ortopedias que les vendieron insumos a la Andis y que -según surge de comunicaciones telefónicas- tenían lazos con Calvete, informaron fuentes de la causa. En el fallo de los procesamientos, Casanello alude a una serie de ortopedias cuando dice que Calvete “habría obtenido pagos de terceras empresas por su actuación como intermediario con el organismo”. Es un rubro en el que se está explorando.

Miguel Calvete, en el momento de su detención por una condena en un caso de explotación de la prostitución ajena

Además, está pendiente el capítulo del presunto lavado de dinero obtenido de la Andis: el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y el Ministerio Público, con intervención de la procuraduría especializada en delitos económicos (Procelac), está detrás de otros posibles hechos de lavado.

También se sigue investigando a la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que por el momento quedó fuera del reparto de responsabilidades que plantearon juez y fiscal. Los investigadores quieren ver qué encuentran cuando accedan a todo el contenido de los servidores de la droguería –hay un peritaje previsto para el mes próximo- y todavía intentan abrir el teléfono Samsung de Emmanuel Kovalivker, que era uno de los directivos de la Suizo Argentina, aunque quien estaba al frente era su hermano Jonathan, que entregó un teléfono que “estaba vacío”, relataron fuentes oficiales. Además, los investigadores pretenden hacerse de los correos corporativos de los altos ejecutivos de la compañía. Como la empresa no entregó las claves, están pidiendo la información a la prestadora del servicio en Estados Unidos, pero es un tipo de solicitud que lleva tiempo y rara vez da resultado.

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Jonathan Kovalivker sale de los tribunales de Comodoro PyENRIQUE GARCIA MEDINA

Los Kovalivker tuvieron un rol central en las primeras horas de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. En el fallo de los procesamientos, que no los incluyen, Casanello hizo alusión a Sebastián Nuner Uner, a quien describió como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina con “marcada influencia en el grupo” que habría hecho negocios a costa de la Andis.

Según Casanello, Nuner Uner sería “el Helvético” nombrado en un chat de audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete (ambos procesados en esta causa). Se trata del mensaje, desconocido hasta esta semana, que parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). En esa comunicación, Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado” (apodo con el que llamaban a Spagnuolo). Dice que ya le informó de sus temores “al Helvético” que ese mismo día “se lo iba a informar a Rioja”.

Casanello tuvo a su cargo esta causa hasta el miércoles pasado como juez suplente del juzgado donde está radicado el expediente, el federal 11, vacante desde la muerte de Claudio Bonadio. El miércoles, la Cámara Federal sorteó al nuevo subrogante: Ariel Lijo, a quien el Gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema, que todavía no asumió el caso porque vuelve esta semana de vacaciones. Fue reemplazado jueves y viernes pasado por María Servini. El primer interrogante es si Lijo mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.

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El juez Ariel LijoMarcos Brindicci

Cuando llegue a Comodoro Py, Lijo se encontrará en la causa con una orden de la Cámara Federal para investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en el Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso. Las defensas reclaman que la supuesta adulteración de esos audios arrastre todo el expediente y el caso se declare nulo. El primero en plantearlo fue Martín Magram, en abogado de los Kovalivker. No le fue bien con Casanello, que esta semana volvió a rechazarle ese planteo sin peritar los audios, pero el abogado apeló ante la Cámara, donde es posible que su suerte sea otra. Esta semana, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal hizo lugar a un viejo reclamo de Spagnuolo, le anuló un fallo a Casanello y le recriminó que no había cumplido con la instrucción que le habían dado de que rastreara el “origen y veracidad” de aquellos audios. El reproche fue un día después de los procesamientos, que también deberán ser revisados por la Cámara.


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Respaldado por las recientes victorias legislativas, el Gobierno evalúa impulsar una reforma electoral con vistas al 2027

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Javier Milei cree que las reformas de peso deben tener una secuencialidad definida para que estas impacten progresivamente en su programa económico. Una vez que la laboral sea sancionada a fin de febrero, el oficialismo acelerará con su proyecto impositivo para que ambas generen las condiciones para que hacia finales de 2027, o más adelante, se pueda hablar de una reforma previsional. O eso es lo que el Presidente le dice a los suyos.

Para que esto suceda, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. Es por eso que el oficialismo conversa en sus reuniones más íntimas sobre aspectos que trascienden lo económico y que se refieren a asuntos estrictamente políticos.

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En una reunión reciente en Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política dialogaron preliminarmente sobre la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas al año próximo. “No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.

El Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.

Sesión Pública Especial, el 12 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Ante la pregunta de Infobae, una figura del estrechísimo entorno presidencial indicó que vería con buenos ojos que al comienzo de las sesiones ordinarias se inicie una senda para hablar de una reforma política. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó esta persona.

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No hay una idea consensuada por ninguna de las partes. Todavía no está claro qué puede llegar a ser oportuno proponer en los próximos meses. Aún así, hay tres propuestas que les gustan a varios integrantes de la Mesa Política:

  1. La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o directamente su eliminación.
  2. Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
  3. Incorporar en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP) el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca.

Al menos por ahora, el calendario electoral del 2027 contempla la realización de las PASO porque lo que se aprobó a principios de 2025 no fue su eliminación, sino su suspensión circunstancial por ese año. El proyecto original que el Gobierno había enviado a finales del 2024 proponía la eliminación, pero no tuvo adhesión suficiente. Puede ser que la Casa Rosada, con una masa legislativa más amplia, pueda apostar de vuelta por esta última opción.

Que se hable de este asunto no es casual. El Gobierno tiene varios motivos para proponer lo mismo que impulsó años atrás. Por un lado, buscan argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar a los fines de cuidar la política de déficit cero.

Gustavo Gavotti

La Libertad Avanza tampoco tiene necesidad de realizar internas, ya que se trata de un esquema altamente verticalista, donde el poder de la colocación de las candidaturas emana de la propia presidenta del partido nacional, Karina Milei. Solo se habla de eventuales internas a través de PASO en el caso de las provincias que tienen incorporado ese esquema para la disputa de cargos locales. ¿La Ciudad podría ser un ejemplo? Más de una persona no se lo ha descartado ante la consulta de este medio, aunque falta mucho para decidir quién puede ser una figura que pueda disputar la Jefatura de Gobierno porteño.

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Que en 2027 no haya PASO implicaría que las opciones opositoras al Gobierno para la categoría Presidente deban ordenarse directamente para las elecciones generales. Es posible que el sector vinculado a Axel Kicillof piense en una coalición o ampliación a los fines de poder polarizar directamente con Milei.

Varios integrantes del Gobierno quieren que la BUP del año próximo tenga un casillero que permita votar lista completa. De mínima, todos los distritos del país elegirán Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales. Hay ocho provincias a los que se les sumará la categoría Senadores Nacionales. Así, la boleta única será más extensa que la que hubo durante las legislativas del año pasado.

Tal y como lo propuso a finales del 2024, el Gobierno podría avanzar en una iniciativa que ya tuvo el visto bueno de Milei: la de reformar el financiamiento de los partidos políticos.

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La propuesta dada a conocer por el oficialismo años atrás implicaba la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales bajo la excusa de que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. El texto preveía que se mantenga el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean cada vez más mixto y con aportes privados.

En los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Consideraban que podían lograrlo con la modificación de los aportes de campaña y con una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Con esta última, el Gobierno proponía facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos, obligando a una fuerza a tener 3% (en vez de 2%) en dos elecciones consecutivas. Además, el proyecto buscaba incrementar de 0,4% a 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito, pidiendo que para crear un partido nacional exista un reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.

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Esto es solamente la propuesta que se hizo en el 2024, donde advertían que aquello no iba a tener implicancias en las elecciones del 2025, sino en julio del 2026. Con esa lógica, una eventual propuesta de esa índole no debería tener incidencia para el 2027, sino para el 2029.

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Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz

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El presidente Javier Milei volvió a atacar ayer desde su cuenta de X al columnista de Jorge Fernández Díaz, a quien calificó de “mentiroso compulsivo”.

Lo hizo sobre la base de un posteo del diputado Alberto Benegas Lynch (n): “Me adelanto a la Oficina de Respuesta Oficial para decir que Fernández Díaz dice que Karina Milei, en una reunión con los diputados de LLA, nos dijo que ´se vota primero y después se lee´. Estuve en la reunión. Eso es mentira”, afirmó Benegas Lynch.

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El diputado Bertie Benegas Lynch, Bertie (LLA) Soledad Aznarez

Se sumó el diputado libertario Alejandro Fargosi: “Lo ratifico. También estuve desde el principio hasta el final en esa reunión, y Karina Milei jamás dijo eso ni nada parecido. Es mentira”, afirmó.

El Presidente primero retuiteó el posteo de Benegas Lynch y agregó: “Desenmascarando mentirosos. Al hombre en cuestión (en obvia alusión a Fernández Díaz) le cuesta ver la diferencia entre realidad y ficción. Obvio que el lado que elige siempre tiene un sesgo claro… ya no hay lugar para el beneficio del error si siempre pifia para el mismo lado. Fin”. Después hizo lo mismo con el de Fargosi, y añadió: “¿Pedirá perdón el mentiroso? Lo dudo, ya que es un mentiroso compulsivo al momento de ensuciar. Fin”.

Fernández Díaz, en realidad, había leído en su programa de Radio Mitre fragmentos de un artículo del jueves pasado en que analizaba esa exhortación atribuida a Karina Milei.

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Karina Milei, al llegar al Senado

La frase fue publicada tanto por Clarín como por hace más de una semana, en base a testimonios recogidos entre asistentes a la reunión.

En el caso de , se lo dijo un importante integrante del bloque libertario a una periodista de larga trayectoria en una conversación personal que mantuvieron el miércoles 4 de febrero, en horas de la tarde, en una oficina de la Cámara de Diputados. Fue un día después de la cena que compartió Karina Milei con legisladores oficialistas, de la que había participado la fuente que habló con . Hasta ayer, las publicaciones no habían sido desmentidas. Tampoco fueron refutadas hasta ahora por la Oficina de Respuesta Oficial, creada para replicar lo que el Gobierno considera “noticias falsas”.

Después de los posteos de Benegas Lynch y de Fargosi, la diputada libertaria Lilia Lemoine, también desde su cuenta de X, reconoció, dentro de sus filas, el uso de la frase atribuida a Karina Milei, aunque afirmó que “los periosobres inventan cualquier cosa. Karina jamás dijo eso. Algunos jodemos con ser termos y usamos el ´levanto la mano, después leo´ como metáfora de verticalismo y lealtad… No somos Zaracho (en referencia a la diputada Natalia Zaracho). Pero muchos ´formadores de opinión´ mueren de literalidad”.

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Conforme a

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