Pasado el humo (abundante) y el estruendo (atenuado) que rodearon la aprobación de la reforma laboral en las dos cámaras del Congreso, y a la que solo le falta la confirmación que se espera llegue el próximo viernes en el Senado, asoman algunos elementos relevantes sobre los efectos que la norma tendrá. Así como el impacto en la geografía política que dejó su tratamiento.

La discusión ahora cambia de plano y entra en un terreno donde puede haber más complejidades y complicaciones que las que no tuvo en el pobre debate dado en las dos cámaras del Parlamento.

La Justicia y los efectos prácticos sobre la sociedad y la economía son las vallas cruciales que enfrentará ahora la nueva ley, que tiene muchos más propósitos que la mera regulación de las relaciones laborales. Aún cuando esto solo ya sea mucho para la historia moderna argentina. Por lo pronto, el texto que se convertirá en ley tendrá efectos desde lo previsional hasta lo financiero.

Es un hecho que el tránsito por el Congreso fue, literalmente, un trámite parlamentario expedito y de baja complejidad. Tal vez la mejor referencia para dimensionar la facilidad con la que el proyecto oficial lo atravesó sea el hecho de que el mayor tropiezo que tuvo se dio con el polémico artículo 44, sobre las licencias por enfermedad y accidentes. Una disposición insólita que no se cayó por impulso de los legisladores sino por el escándalo que se desató cuando se hizo público una vez que en el Senado ya había sido aprobado por una holgada mayoría.

Lo cierto es que el fondo de esa disposición (irritante socialmente por su amplitud) así como la forma (subrepticia e inexplicada) en la que se la incluyó llevaron a que fuera insostenible hasta para buena parte de la mayoría que estaba dispuesta a apoyar en todo la “ley de modernización laboral”. Demasiado. La mera difusión la condenó.

Las votaciones y los discursos de la primera de las reformas estructurales con las que el Gobierno se propone cambiar la realidad socioeconómica a través del marco normativo dejaron en evidencia, antes que nada, el efecto devastador que tuvo fuera del oficialismo el resultado electoral del año pasado.

El Gobierno volvió a constatar en el Senado y en Diputados, aunque también en las calles y en las plazas, que la única oposición eficaz que hoy encuentra es la que construyen sus errores, sus excesos y sus disputas internas.

En el plano nacional solo existen adversarios fragmentados, debilitados y desconcertados, sin más proyectos nacionales alternativos, en la mayoría de los casos, que el rechazo a las políticas oficialistas, parcial o totalmente, según el espacio que ocupen en el cuadrante político-ideológico y sobre todo de los intereses que representen y busquen proteger.

Como ocurría en los primeros años de la hegemonía kirchnerista, no hay una oposición sino, apenas, islotes opositores. Por ahora. Puede haber sido este el punto de inflexión o el piso desde donde empiece a esbozarse algún proyecto alternativo con la pretensión de llenar el vacío. En las últimas dos semanas, en silencio, pero muy activamente, han empezado a desplegarse contactos para tratar de articular algún diálogo performático en varios espacios. Los que lo intentan tienen un elemento a su favor, parten prácticamente desde cero, por lo cual cualquier avance será un logro.

Dirigentes del radicalismo, del Pro, de la Coalición Cívica y de distintas tribus peronistas han activado sus redes de mensajería, los llamados telefónicos, las comidas y hasta algunos viajes con la esperanza o la ilusión de llegar a conformar una gran PASO en la que se dirima una candidatura presidencial capaz de enfrentar a Javier Milei, en 2027, con, aunque sea, alguna mínima posibilidad de éxito. Asumir las falencias con realismo ya es todo un paso, aunque lo que se persiga sea una quimera.

Es ese un proyecto a mediano plazo, como mínimo, que depende en gran medida del éxito o los tropiezos del oficialismo. Y en ese punto aparece y comparte escenario con la reforma laboral, cuya viabilidad y efectos también pueden impactar en su propósito, determinar acciones propias y crear nuevas condiciones donde operar.

Ya fue anunciado por varios críticos, empezando por los gremios, abogados laboralistas, constitucionalistas y economistas que la aplicación de la ley, una vez sancionada por el Senado, deberá sortear los desafíos que encontrará en dos dimensiones. Por un lado, se esperan demandas ante la Justicia que no esperarían a su aplicación en casos concretos.

Aunque uno de los objetivos declarados de la reforma es bajar la litigiosidad, la discusión sobre la quita de derechos que reconocía la legislación anterior, enmarcada en el debate sobre la no regresividad y la progresividad de las disposiciones, encabeza los puntos de posibles conflictos legales, según diversos especialistas.

Ahí se encuadran los cambios incluido en el cálculo y la forma de pago de las indemnizaciones, así como la amplia restricción del derecho de huelga con la ampliación de las actividades esenciales y las que integran la nueva categoría de “importancia trascendental”.

También asoma como un punto de tensión y demandas los límites a los honorarios de abogados y peritos, como ya lo adelantó la crítica formulada por el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, que preside el prestigioso excamarista Ricardo Gil Lavedra.

Por otro lado, y un poco más adelante en el tiempo la “Ley de modernización laboral” estará expuesta al impacto de su aplicación. El apoyo y la permisividad social, inclusive de sectores tradicionalmente reactivos, con los que esta iniciativa y otras políticas del gobierno libertario han contado para su adopción, están sujetas a los efectos prácticos, concretos, directos e indirectos sobre los involucrados.

El valor simbólico que tiene una reforma estructural como la laboral también genera una alta expectativa respecto de sus consecuencias.

Hasta aquí ha dominado, como lo reflejan las encuestas, la esperanza de que, aunque pueda tener costos en el presente, sirva para ayudar a terminar con un ciclo de decadencia que alcanzó su pico en los últimos 15 años sin que se crearan empleos formales privados y en la última década en la que la economía se estancó y retrocedió per cápita. Ese es el sustrato que sostuvo y aún sostiene la profunda transformación encarada por la administración de Milei.

Sin embargo, el contexto que rodeó el tratamiento de la reforma laboral desde que ingresó en el Senado en diciembre pasado ha sufrido sensibles mutaciones. Y no han sido precisamente positivas en materia de actividad económica, ingresos y empleo, así como en conflictividad. El panorama se ensombreció más, y de forma acelerada, en los últimos 15 días en medio del debate en los recintos parlamentarios.

Ninguna metáfora puede graficar mejor el escenario político, económico y social de febrero que la ola, producto de un leve sismo, que irrumpió sobra las playas marplatenses días pasados, después de un enero de mar soberbiamente calmo. Un mes que Milei y su gobierno barrenaron sin sacudones y la conversación de la población politizada versó sobre asuntos internacionales.

La paciencia social, que después de las vacaciones de verano siempre suele ponerse en tensión, empieza a ser desafiada por el efecto de las políticas comerciales, cambiarias y financieras del Gobierno en diversas actividades, así como por las fragilidades o incapacidades de esas compañías y sus directivos para afrontar el momento.

Como se ha dicho hasta el cansancio, el cierre de Fate -postergado apenas unos días por la conciliación obligatoria- solo es el más resonante por historia, oportunidad y magnitud. No es el primero ocurrido en los últimos dos años ni será el último, según se verifica cotidianamente y estiman las entidades empresariales.

Las serias dificultades financieras y económicas que enfrentan empresas de sectores que se supone son competitivos y rentables, como el agroindustrial o el de la alimentación, encienden señales de alarma. En muchos casos su lejanía con la Plaza de Mayo oficia de invisibilizador y atenuante en cuanto a impacto. Pero en el ámbito de incidencia de cada uno crece la preocupación, aunque muchos quieren creer que se trata de casos aislados.

Suspensiones, despidos, cierres, rechazo de cheques y deudas impagas son algunas de las situaciones que exponen las complicaciones registradas en rubros que van desde la industria automotriz hasta los frigoríficos. La situación de la industria cárnica, donde ya se conocen al menos tres casos relevantes de frigoríficos que han incumplido con los pagos de compras realizadas, tiene en alerta a muchos productores de ganado. El aumento de los precios de la carne y la rentabilidad que eso le generaría no es todo para ellos. “Fijate bien a quién le vendés”, es el mantra que resuena en la geografía de la pampa húmeda.

Por eso, si bien ya el propio Gobierno ha admitido que la reforma laboral no creará empleo per se, pero que es condición necesaria para el crecimiento que sí lo generaría, un aumento de los despidos o suspensiones en los primeros meses de su aplicación podría crear un ambiente poco auspicioso. Algunos funcionarios del Gobierno lo reconocen y prometen acciones para “mitigar el costo de estas reformas”, como demandó el Fondo Monetario Internacional. Por ahora, no hay anuncios ni se filtran medidas al respecto.

Así, la proclamada máxima del gobierno mileísta dirigida al sector empresario que dice “nosotros nos ocupamos de la macro, ustedes ocúpense de la micro”, empieza a ser desafiada.

Por eso, resonó fuerte un tuit del exministro de Economía Hernán Lacunza, publicado el miércoles de la semana pasada cuando en Diputados comenzaba el debate en comisión de la reforma laboral y atronaba el cierre de la fábrica de neumáticos de la familia Madanes Quintanilla: “Fate es un tema micro. También Techint. Pero si son muchos, es un tema macro”. El posteo remitía a uno anterior de su autoría en el que tras reconocer varias medidas adoptadas por el Gobierno alertaba sobre los efectos de la política cambiaria oficial. Lo remataba con una sentencia: “Tema macro, no micro. Libérese”.

Por otra parte, asoman algunas dudas sobre otras implicancias que tendría la reforma, que, como se ha dicho, tiene efectos previsionales, financieros y tributarios, aun cuando se haya quitado el articulado referido a la baja en el impuesto a las Ganancias para las empresas, por la presión de los gobernadores, que verían recortados sus ingresos.

En este plano, la creación del fondo de asistencia para los despidos (FAL) agita discusiones y también alimenta la posibilidad de que se planteen acciones legales, ya que recortará ingresos al ya desfinanciado sistema previsional. La reducción de aportes a las jubilaciones para engrosar ese fondo no solo busca aliviar el costo indemnizatorio a las empresas sino también construir un mercado de capitales.

En este punto, asoma la advertencia de que el Gobierno buscaría que esa sea una nueva fuente de financiamiento, en línea con el propósito declarado a fin de año por el ministro de Economía, Luis Caputo, de “bajar la dependencia de Wall Street”.

Al respecto, varios economistas advirtieron sobre un probable doble efecto negativo para el Tesoro por la creación del FAL: “Se perderán ingresos para sostener el gasto previsional y se corre el riesgo de que, encima, se aumente el endeudamiento”, sostienen los críticos. El Palacio de Hacienda los niega rotundamente y descalifica a esos objetores. Lo cierto es que los últimos números oficiales muestran un aumento de la deuda pública, aunque en línea con el objetivo oficial, ese incremento se registró en pesos. La manta sigue siendo corta y la cuestión es a quién se le hace pasar frío.

Los desafíos que enfrenta la ley multipropósito son, así, casi tantos como sus objetivos. Este es el comienzo. Todavía faltan otras reformas estructurales, como la fiscal. Ni más ni menos.