La exfiscal Viviana Fein fue citada a prestar declaración indagatoria el 15 de diciembre próximo, acusada de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el fiscal Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015.

Hasta ahora, la Justicia considera que la muerte de Nisman se trató de un homicidio y Fein está acusada de no haber cuidado la escena del crimen, al igual que los jefes policiales que acudieron al lugar y el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni.

Nisman apareció muerto cuatro días después de haber denunciado por encubrimiento a Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán y en vísperas de exponer su denuncia en el Congreso.

La citación a Fein fue dispuesta por el juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Fein fue la primera fiscal que investigó la muerte de Nisman. Actualmente está jubilada.

El fiscal Taiano pidió en un dictamen de 205 carillas que Fein sea responsabilizada por irregularidades que tuvieron lugar tras el hallazgo del cuerpo.

Taiano hizo un relato de lo que sucedió en el departamento de las torres Le Parc, de Puerto Madero, donde Nisman apareció tirado en el baño, ensangrentado, con un arma bajo su cuerpo.

Fein es cuestionada por el tiempo que tardó en constituirse en el lugar de los hechos y por no haber cuidado adecuadamente la escena, donde irrumpieron gran cantidad de personas que pudieron haber contaminado el lugar. El fiscal Taiano entiende que la escena a preservar no era solo el baño del departamento, sino toda la vivienda y el complejo de torres, que fue invadido por policías, funcionarios y los peritos forenses.

Existían varias entradas y recorridos internos que no fueron documentados a tiempo, lo que impidió reconstruir movimientos y posibles intervenciones de terceros, según la fiscalía.

El dictamen enumera con una línea de tiempo las personas que llegaron al lugar, los que tenían tareas y los que no las tenían e igualmente estaban allí, entre ellos funcionarios.

Se le criticó además a Fein que no utilizó la vestimenta adecuada para ingresar a la escena sin contaminar el lugar, como sucede con los peritos, que suelen vestirse con un mono blanco y cubrir sus cabellos y zapatos para no dejar rastros propios en el espacio o el cuerpo a analizar.

El fiscal sostiene que no se levantaron de manera adecuada las huellas digitales, que demoraron esa tarea toda la noche y que además hubo una contaminación en el lugar. Después de que se encontró el cadáver, más de 40 personas ingresaron a la escena del crimen, advierte.

Este expediente, que investiga si se arruinó la escena del crimen, se reactivó. Los imputados son Berni y su entonces colaborador Darío Ruiz, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler, además del juez Manuel de Campos, que estaba de turno con la fiscalía de Fein.

Taiano habló en esta causa de la inoperancia, la desidia y la indiferencia con que actuaron los funcionarios que llegaron al departamento de la Torre Le Parc. “Solo permite representarnos un alto grado de incompetencia de su parte”, afirmó.

Di Santo ya se defendió y dijo que obedecía órdenes de Berni y acudió al lugar por sus instrucciones. Taiano consideró “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”. Y sostuvo que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”. Taiano es, además, el fiscal que hoy tiene a su cargo la investigación de la muerte del fiscal.

“Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”, afirmó el fiscal Taiano.

En el departamento del fiscal se hallaron 35 huellas digitales diferentes. Correspondían a diversas personas que estaban en el lugar, pero ninguno de los rastros levantados en la casa de Nisman pertenecían al fiscal. “Se tomaron mal las huellas, se actuó mal, con impericia”, dijo a una fuente del caso.

Los jefes policiales, pese a notar el descalabro de la escena, no dejaron constancia de ello en el sumario. Hubo rastros borrados, se limpió la sangre de la corredera del arma con la mano, las personas pisaron las manchas de sangre del baño.

La noche del 18 de enero, cuando apareció el cadáver de Nisman, un espía que recibía órdenes de Fernando Pocino visitó el edificio “para realizar tareas de inteligencia”. Según las pruebas reunidas en la causa, llegó hasta el playón, en la planta baja de Le Parc y se apoyó en un automóvil, que dijo que creía que era de Nisman (no lo era). Este espía relató que no subió al departamento porque no quiso, pero que era posible hacerlo. Estuvo allí una hora y se retiró. Luego, llamó a sus superiores para informar. “Esto habla de la vulnerabilidad de la escena”, dijo un investigador.

Otro elemento que destacó el fiscal es que no se analizaron otros accesos al departamento de Nisman. Había cuatro unidades por piso. Tiempo después se halló un pasadizo en una puerta, que conectaba el inmueble con otro vecino. Allí está colocado el equipo de aire acondicionado. Se encontró una huella en el piso, que supuestamente era de un técnico que fue a revisar el equipo.

En el departamento vecino vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada. El sábado previo, alrededor de las 17, se había producido un incendio que provocó la pérdida del registro de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, prueba considerada relevante para la denuncia que había hecho Nisman. La causa pasó luego a la justicia federal.

La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó .

La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.

Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.

En ese sentido, contactó a su vocero ayer y le transmitió diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que hoy contactó a este diario, planteó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.

Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).

Al momento de ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una “boutique” llamada “Blueberry Fashion” en Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social –terminado en 9346- y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.

Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.

En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.

Días después, Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.

El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.

En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia oral.

Tras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.

Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.

A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.

Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas “Guías”.

En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.

En el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó . Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.

El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.

¿Qué pasó con ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que compulsó .

Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.

Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.

¿Lo último que hay en el expediente “USA v. Restrepo, et al”? Un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde –o aportadas por ella- fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.