POLITICA
El Gobierno le pidió a la justicia de Estados Unidos suspender el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF
El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.
Se trata del reclamo por más de US$16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y asegurá que apelará el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.
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En el escrito que se presentó a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo —como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales—, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.
En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.
“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.
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El Ejecutivo no ofreció garantías financieras -como un bono o activos- para frenar la ejecución. En la Casa Rosada aseguran que no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso. En ese marco, el planteo del Gobierno busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.
La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.
El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo. Según pudo saber TN, los equipos técnicos del oficialismo creen que la fecha que se utilice para valorar las acciones puede alterar fuertemente el número. Lo mismo aplica para el tipo de cambio y para el precio de mercado de las acciones de ese momento.
El Ejecutivo descarta por el momento cualquier tipo de arreglo extrajudicial. “Las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara”, aseguran. De hecho, hubo simulacros de audiencia en febrero y se espera que la audiencia pública ante el Segundo Circuito pueda celebrarse en septiembre.
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La Casa Rosada busca evitar que se materialice un embargo y sostiene que forzar la entrega de acciones ahora sería “mover los límites de lo aceptable en derecho internacional”. Insisten además en que la sentencia aún no está firme y que la Argentina tiene argumentos sustanciales para revertirla en segunda instancia.
Nación mantiene además la postura de que la orden judicial excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión, incluso por orden judicial extranjera, choca con la legislación local vigente.
Gobierno, Justicia, EE.UU, YPF
La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Laboral generó repercusiones del arco político en las redes sociales y en el Congreso, a favor y en contra de la iniciativa que ahora volverá al Senado para su sanción definitiva.
El presidente Javier Milei expresó en su cuenta de X: “Histórico”. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron en el recinto de Diputados la aprobación de la reforma laboral.
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Tal como sucedió la semana pasada en el Senado, los funcionarios nacionales se acercaron a la Cámara Baja poco antes del momento de la votación. Tras conocer el resultado de 135 votos afirmativos contra 115 negativos, los integrantes del Poder Ejecutivo festejaron con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados.
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente festejó la votación y afirmó que se trata de “una de las reformas estructurales que Milei prometió y está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.
“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, destacó el Gobierno.
Según el Gobierno, la reforma permitirá que trabajadores y empleadores “planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.
“Hoy se dio un gran paso”: la satisfacción de Cristian Ritondo tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados
En diálogo conTN, el diputado Cristian Ritondo valoró de manera positiva la aprobación en Diputados de la reforma laboral. Ritondo dijo estar «contento por una Ley de Modernización Laboral. Ahora va al Senado. Pero hoy se dio un gran paso para muchísimos argentinos que tenían una gran expectativa con esta ley“.
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto debe volver al Senado para que se aprueben los cambios. En este sentido, la senadora Patricia Bullrich respondió al mensaje del Presidente y declaró: “Palabras de honor: el viernes 27 es ley”.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió en X: “Muchas gracias a todos los que trabajaron incansablemente para que la modernización laboral sea una realidad. Fin.”.
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados, dijo que la aprobación significa un “paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez” y remarcó que Milei le da una respuesta a “millones de argentinos que hoy están en la informalidad”.
En paralelo, el armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, resaltó: “Más cerca de hacer historia. Chau industria del juicio, chau leyes del siglo pasado, chau status quo. Los argentinos que laburan dejan de ser víctimas de la política“.
Por su parte, el legislador y exministro de Defensa Luis Petri afirmó: “Dimos media sanción a la modernización laboral. La Argentina se encamina a tener una ley que permitirá generar más empleo registrado en calidad. Quienes se oponen son los mismos que apuesta a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”.
El bloque del PRO, uno de los que acompañó el proyecto, señaló: “Acompañamos con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización. Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias“.
Fuerte rechazo de la oposición
El diputado Itai Hagman consideró que es “el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura” y aseguró que el proyecto del Gobierno es “indefendible”.
“Por eso hicieron un tratamiento exprés, sin debate en comisiones, ni siquiera pudieron defender la ley en el recinto y tuvieron que leer un discurso armado. Por eso, la única forma de sancionarla fue con represión y comprando votos con promesas a los gobernadores”, cuestionó.
En la misma vereda, la diputada kirchnerista Julia Strada dijo que la reforma laboral implica un “recorte de derechos laborales”. Y ahondó: “Ya tienen su mega DNU, una ley ómnibus, un presupuesto de ajuste, dos salvatajes financieros y una reforma tributaria proricos encubierta”.
Agustín Rossi, legislador del kirchnerismo, atribuyó la ley a una orden del FMI. “Nunca vamos a acompañar un proyecto que perjudique a los trabajadores y jubilados. Ganan los grandes empresarios y las financieras. ¿Qué nos espera? Más despidos, bajos salarios, menos jubilaciones, menos consumo, mayor recesión».
“El Congreso se llenó de therians”
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, cuestionó la sanción en su cuenta de X con mensaje llamativo. “El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas y votaron la ley”, se descargó el gremialista.
Y agregó: “Nobleza obliga, el presidente @JMilei tenía razón. El Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas. Si piensan que eliminando el artículo 44 los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan”.
“Son unos irresponsables que legislan al margen de la Constitución. Se llenaron la boca hablando de la crisis del mercado de trabajo pero no están solucionando nada, con esta reforma lo empeoran todo. Es una ley que no va a crear un solo puesto de empleo nuevo”, advirtió.
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“El FAL hiere de muerte a la ANSES. De nuevo abren las puertas para la privatización del sistema previsional. Quiren volver a timbear con las AFJP”, afirmó.
“Sepan que están poniendo en riesgo la paz social. Lo que está en juego es nuestra dignidad. No esperen que los trabajadores nos resignemos. La próxima semana de nuevo los vamos a ir a buscar al Congreso, y va a llegar el día que con huelga y movilización los vamos a frenar”, exclamó.
reforma laboral, Diputados, Repercusiones
La Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el 5 de marzo para definir los planteos sobre el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner como parte de su condena a seis años de prisión en la causa de Vialidad.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que debía disponerse de una vez el remate de los bienes y que, si hubiera algún reclamo, los afectados pueden plantear luego que se los devuelvan mediante un juicio civil.
“Todas las personas físicas o ideales que tengan alguna reivindicación, se trate de parte en este proceso o terceros que aleguen buena fe, no se encuentran legitimados aquí, en este proceso penal, para accionar, sino que deben ocurrir a un proceso civil o administrativo, según sea el caso, para llevar adelante sus peticiones”, dijo el fiscal y los mandó a hacer un juicio en todo caso.
Sobre estos asuntos versará la audiencia del 5 de marzo convocada por los jueces de la Sala IV de la Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Ese día se dará tratamiento a los recursos de casación que plantearon las defensas en el incidente de ejecución del decomiso dictado en la causa conocida como Vialidad.
Audiencia en la Cámara de Casación Penal
Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El fiscal Mario Villar y los abogados de Cristina Kirchner Carlos Beraldi y Ari LlernovoyNicolás Suárez
La audiencia será oral y pública, y estará presidida por el juez Hornos. Se abrirá el trámite para la revisión de los cuestionamientos a la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 del 18 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso el decomiso y remate de diversos bienes hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.
El tribunal oral ordenó la tasación y eventual ejecución de los bienes registrables pertenecientes a los condenados, al considerar que constituyen producto o provecho del delito por el cual fueron condenados.
Asimismo, estableció que, de no resultar suficiente la afectación inicial de determinados activos, podrían rematarse otros bienes pertenecientes a los condenados para cubrir el monto del decomiso.
Contra esa decisión interpusieron recursos de Casación las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner.
Con la fijación de esta audiencia, la Sala IV dará inicio al tratamiento de los planteos vinculados a la ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad.
En este caso, la sentencia contra Cristina Kirchner fue confirmada en julio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia.
En lo que va desde ese momento, Cristina Kirchner fue detenida, alojada en arresto domiciliario en su casa de San José 1111, se le colocó una tobillera electrónica para controlar sus movimientos y evitar que se vaya de su departamento.
Sin embargo, nunca se pudo avanzar con la otra parte de la ejecución de la condena, que es el decomiso de sus bienes.
Las defensas plantearon diversos recursos que llegaron a la Cámara de Casación para discutir los límites del decomiso en materia de corrupción en la administración pública.
El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata.
La semana pasada plantearon el decomiso de bienes de la expresidenta y de Lázaro Báez, que abarca 141 inmuebles, incluido el departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Los fiscales relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.
Pidieron el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud responde a que las personas condenadas «todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».
“Y no solo eso –afirmaron–; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Las defensas, y en particular la de Cristina Kirchner, se opusieron a que se realicen las subastas. Argumentaron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos.
También Florencia y Máximo Kirchner se opusieron a que sus bienes sean subastados, como pretende la fiscalía, porque señalaron que son ajenos a la causa de Vialidad y que ellos no fueron condenados.
La fiscalía quiere rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner y luego fueron cedidos a sus hijos.
Las objeciones de las defensas fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal N°2, pero Cristina Kirchner apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación. Allí, el 5 de marzo, se tomará una decisión final.
Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Casos de corrupción,Justicia Federal,Conforme a,Cristina Kirchner,,Las mentiras de Cristina Kirchner y de su abogado,,Se mostró tras la internación. Cristina Kirchner saludó a militantes con motivo de su cumpleaños,,Pintadas y mensajes. La Cámpora activó un operativo para saludar a Cristina por su cumpleaños y rechazar la reforma laboral
En su primera intervención durante la reunión inaugural del Consejo de Paz, convocado por el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, anunció el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos”, dijo el libertario en el marco del primer encuentro del organismo creado por el líder republicano y que busca accionar como una especie de ONU paralela.
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Durante su discurso, Milei señaló: “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, en el territorio palestino que viene sufriendo de constantes embates bélicos por parte de Israel.
“Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. El presidente Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas”, agregó el libertario.
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En esa línea, el Presidente aseguró: “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafías complejos con determinación como el del presidente Trump”.
“Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos sin negociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar esa dirección. La Argentina lo respalda”, concluyó Milei desde Washington.
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