POLITICA
El Gobierno le pidió a la justicia de Estados Unidos suspender el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF
El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.
Se trata del reclamo por más de US$16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y asegurá que apelará el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.
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En el escrito que se presentó a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo —como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales—, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.
En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.
“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.
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El Ejecutivo no ofreció garantías financieras -como un bono o activos- para frenar la ejecución. En la Casa Rosada aseguran que no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso. En ese marco, el planteo del Gobierno busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.
La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.
El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo. Según pudo saber TN, los equipos técnicos del oficialismo creen que la fecha que se utilice para valorar las acciones puede alterar fuertemente el número. Lo mismo aplica para el tipo de cambio y para el precio de mercado de las acciones de ese momento.
El Ejecutivo descarta por el momento cualquier tipo de arreglo extrajudicial. “Las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara”, aseguran. De hecho, hubo simulacros de audiencia en febrero y se espera que la audiencia pública ante el Segundo Circuito pueda celebrarse en septiembre.
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La Casa Rosada busca evitar que se materialice un embargo y sostiene que forzar la entrega de acciones ahora sería “mover los límites de lo aceptable en derecho internacional”. Insisten además en que la sentencia aún no está firme y que la Argentina tiene argumentos sustanciales para revertirla en segunda instancia.
Nación mantiene además la postura de que la orden judicial excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión, incluso por orden judicial extranjera, choca con la legislación local vigente.
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POLITICA
El oficialismo apunta al 11 de febrero para la aprobación de la reforma laboral en el Senado: todos los detalles
El oficialismo en el Senado intensifica sus gestiones para llevar al recinto la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Los encuentros técnicos continuarán esta semana.
“Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, señaló un integrante del equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich.
El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría; cualquier ajuste se incorporará directamente en el recinto. Unión por la Patria, en cambio, presentó un dictamen de minoría en rechazo.
Representantes de la Cámara Argentina de Comercio, CAME y ADIMRA participaron de las conversaciones. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó: “Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa de diálogo donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral”.
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Mario Natalio Grinman, presidente de la CAC, agregó que la iniciativa busca “adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo”.
La CGT, sin embargo, advirtió que mantiene distancia del proyecto y aseguró: “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral” y afirmó que se defenderá “el derecho y la dignidad del trabajador” incluso “en la Justicia o en la calle”.
En paralelo, el ministro Diego Santilli recorre provincias para consolidar apoyos políticos. Las gestiones buscan garantizar los votos necesarios para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación del proyecto, que según el oficialismo permitirá “incorporar a más trabajadores a la economía formal y facilitar la creación de puestos de trabajo”.
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POLITICA
“Récord histórico”: el Gobierno anunció que aumentó el número de extranjeros rechazados en las fronteras
El Gobierno intensificó los controles migratorios en las fronteras y registró un fuerte aumento ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados del país durante los últimos dos meses.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas fueron rechazadas en los pasos fronterizos o removidas del territorio argentino.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el incremento al endurecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y corredores terrestres. Según detalló, solo en diciembre se contabilizaron 2400 casos y en lo que va de enero otros 2300, lo que calificó como un récord histórico.
“Los extranjeros con antecedentes penales, que hayan cometido delitos o que intenten ingresar de manera ilegal no pueden entrar al país”, sostuvo.
RÉCORD DE EXTRANJEROS INADMITIDOS Y EXPULSADOS
En diciembre y enero, casi 5.000 extranjeros no pudieron ingresar o fueron expulsados del país.
Más controles en fronteras, en puertos y aeropuertos. Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta… pic.twitter.com/BoKSS2x7OW
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 26, 2026
A su vez, la Policía Federal Argentina realizó un operativo en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
El procedimiento fue solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y permitió identificar a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, mediante controles biométricos y consultas a bases de datos oficiales. Como resultado, se labraron actas migratorias y se iniciaron actuaciones contra responsables de comercios que empleaban trabajadores sin residencia regular.
Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta vinculación con una feria clandestina, donde se secuestraron teléfonos celulares denunciados como robados y mercadería con marcas falsificadas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón.
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POLITICA
VIDEO | La desopilante reacción de Daniel Scioli cuando le preguntaron sobre ‘Chiqui’ Tapia: “Me tengo que ir a comer”
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, evitó dar una respuesta clara sobre el escándalo que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante una entrevista en Mar del Plata.
Mientras participaba del “Tour de la Gratitud” del presidente Javier Milei, Scioli fue consultado por la periodista Laura Di Marco en LN+ sobre las supuestas irregularidades financieras de la entidad y la responsabilidad de Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
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“Ya fijé posición al principio de todo esto… está muy claro… cuál era mi visión”, respondió el exgobernador bonaerense, de manera confusa y sin referirse a los hechos.
Ante la insistencia de la periodista, que le repreguntó “¿Pero de ‘Chiqui’ Tapia, en concreto, qué pensás?”, volvió a eludir la respuesta. “Evidentemente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema… yo fui de una posición muy clara”, insistió.
La entrevista concluyó abruptamente cuando Scioli habló de un corte técnico para retirarse.
“¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso”, dijo antes de irse, dejando sin respuestas las consultas sobre la AFA.
El insólito momento
Momento televisivo del día pic.twitter.com/m7uoVWfy6J
— Panqui (@panquimolina) January 27, 2026
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