POLITICA
El Gobierno limitó los pagos a los presos que no realizan tareas productivas en la cárcel
A través de la Resolución 429/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un nuevo límite para el pago de remuneraciones económicas a personas privadas de libertad que no realicen tareas con fines de reinserción social.
La norma, firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca corregir desvíos en el uso de fondos públicos destinados al sistema penitenciario.
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Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a diciembre de 2024 había 11.728 internos, de los cuales el 66% (7545) recibía un incentivo económico.
Sin embargo, solo 2922 realizaban tareas productivas orientadas a la reinserción. El resto (4623) cobraba por cumplir tareas de limpieza, mantenimiento o higiene, pese a que muchas veces no las efectuaban.
Según el Gobierno, “se consolidó, en los hechos, un esquema que tergiversó la finalidad del trabajo en contexto de encierro” y “el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar”.
Esta situación desincentiva la capacitación y promueve el asistencialismo, consideró la cartera nacional que dirige Patricia Bullrich.
En ese sentido, la norma establece:
- Solo el 5% de la población carcelaria podrá recibir una remuneración por realizar tareas no productivas como única ocupación.
- Deberán cumplir jornadas mínimas de 8 horas diarias para acceder a ese beneficio.
- El monto otorgado no tomará como referencia el salario mínimo, vital y móvil.
- El SPF deberá elaborar cronogramas, controlar el cumplimiento y reportar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
- Los pagos que excedan ese 5% o que no se correspondan con tareas reales serán dados de baja.
La medida se publicó semanas después de que la ministra ordenara cerrar los centros de estudiantes en los servicios penitenciarios, tras argumentar que los presos ocupaban su tiempo de trabajo en estos espacios.
La resolución del Gobierno sostiene que durante 2024, el Encope destinó más de $19.300 millones al pago de remuneraciones, lo que representó el 75% de su presupuesto total. De ese monto, un 60% se destinó a tareas no productivas.
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La resolución no modifica la obligatoriedad ya existente para todos los internos de participar en tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos penitenciarios, tal como fue dispuesto por la Resolución 1346/2024.
Con esta medida, el Gobierno busca “revalorizar el trabajo como herramienta de transformación individual”, limitando el uso indebido de recursos y fortaleciendo políticas penitenciarias orientadas a la reinserción.
Patricia Bullrich, presos, sueldos, trabajo
En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y hay cuatro personas detenidas.
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. El 1 de diciembre de 2025, la mujer le ordenó a Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
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Juan Soler, empleado de la financiera, detenido porque en una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Los allanamientos se dieron en el expediente que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
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La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia
Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.
Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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