POLITICA
El Gobierno limitó los pagos a los presos que no realizan tareas productivas en la cárcel
A través de la Resolución 429/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un nuevo límite para el pago de remuneraciones económicas a personas privadas de libertad que no realicen tareas con fines de reinserción social.
La norma, firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca corregir desvíos en el uso de fondos públicos destinados al sistema penitenciario.
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Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a diciembre de 2024 había 11.728 internos, de los cuales el 66% (7545) recibía un incentivo económico.
Sin embargo, solo 2922 realizaban tareas productivas orientadas a la reinserción. El resto (4623) cobraba por cumplir tareas de limpieza, mantenimiento o higiene, pese a que muchas veces no las efectuaban.
Según el Gobierno, “se consolidó, en los hechos, un esquema que tergiversó la finalidad del trabajo en contexto de encierro” y “el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar”.
Esta situación desincentiva la capacitación y promueve el asistencialismo, consideró la cartera nacional que dirige Patricia Bullrich.
En ese sentido, la norma establece:
- Solo el 5% de la población carcelaria podrá recibir una remuneración por realizar tareas no productivas como única ocupación.
- Deberán cumplir jornadas mínimas de 8 horas diarias para acceder a ese beneficio.
- El monto otorgado no tomará como referencia el salario mínimo, vital y móvil.
- El SPF deberá elaborar cronogramas, controlar el cumplimiento y reportar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
- Los pagos que excedan ese 5% o que no se correspondan con tareas reales serán dados de baja.
La medida se publicó semanas después de que la ministra ordenara cerrar los centros de estudiantes en los servicios penitenciarios, tras argumentar que los presos ocupaban su tiempo de trabajo en estos espacios.
La resolución del Gobierno sostiene que durante 2024, el Encope destinó más de $19.300 millones al pago de remuneraciones, lo que representó el 75% de su presupuesto total. De ese monto, un 60% se destinó a tareas no productivas.
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La resolución no modifica la obligatoriedad ya existente para todos los internos de participar en tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos penitenciarios, tal como fue dispuesto por la Resolución 1346/2024.
Con esta medida, el Gobierno busca “revalorizar el trabajo como herramienta de transformación individual”, limitando el uso indebido de recursos y fortaleciendo políticas penitenciarias orientadas a la reinserción.
Patricia Bullrich, presos, sueldos, trabajo
POLITICA
Quién es la esposa de Javier Faroni, el empresario ligado al “Chiqui” Tapia y por qué está involucrada en el caso AFA
El juez federal Luis Armella ordenó este martes operativos en la propiedad de Javier Faroni e involucró a su esposa, Érica Gillette, en una causa por presunto lavado de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Efectivos policiales demoraron al productor teatral en el Aeroparque Jorge Newbery cuando pretendía viajar hacia Uruguay. La justicia investiga el manejo de fondos que la mujer realizó mediante una firma radicada en Estados Unidos.
Érica Gillette es la mujer del empresario teatral y ejerce el control legal de la firma TourProdEnter LLC. Esta compañía posee un contrato exclusivo con la AFA para la recolección de ingresos globales desde hace cuatro años. La justicia la involucra en el expediente porque los registros bancarios de Estados Unidos demuestran que ella autorizó pagos por US$ 16,6 millones para costear bienes de lujo.
Estos fondos pertenecen a la institución deportiva y financiaron vuelos privados, estancias en villas exclusivas y alquileres de embarcaciones de alta gama. La mujer figura como la responsable de ordenar las transferencias desde cuentas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitó su imputación ante la sospecha de que participó en un esquema de desvío de dinero institucional. El magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio para determinar el origen de los recursos que solventaron un estilo de vida suntuario en el extranjero.
La investigación que lidera el fiscal Diego Velasco detectó el giro de US$ 42 millones hacia cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida. Estas firmas son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Los titulares de estas empresas residen en la ciudad de Bariloche y presentan perfiles de insolvencia económica.
Algunos de ellos perciben viviendas sociales o enfrentan ejecuciones fiscales previas. La justicia sostiene que estas personas actúan como prestanombres para ocultar el rastro de los activos que debían ingresar a las cuentas oficiales de la entidad de la calle Viamonte.
La firma TourProdEnter LLC reunió una suma superior a los US$ 260 millones en cuatro entidades bancarias estadounidenses mediante contratos de patrocinio y derechos de transmisión. Solo una fracción de ese capital se destinó a las actividades operativas de la selección nacional o la gestión deportiva.
El resto del dinero fluyó hacia este entramado offshore sin actividad comercial declarada ni empleados registrados. La justicia busca establecer si estas maniobras permitieron el retiro ilegal de divisas fuera del control de los organismos tributarios argentinos.
Los registros internos obtenidos mediante un discovery judicial en Estados Unidos revelan consumos personales elevados. Gillette afrontó compromisos por más de 13,5 millones de dólares en servicios aéreos desde diciembre de 2022. La lista de proveedores incluye a Insured Aircraft Title Service (IATS), Winter Palace SAS y Jet Support Services.
El dinero de la entidad también financió el alquiler de yates de lujo en aguas europeas. La firma realizó giros a Michl Marine Ibiza SL y Charter Dreams Yacht Services SL para el disfrute de embarcaciones valuadas en millones de dólares.
En la zona de Ibiza, la empresa gastó US$ 76.443 en el arrendamiento de residencias de cinco estrellas a través de la plataforma LinkedIn del proveedor Patrice Anselin. Los documentos bancarios detallan además erogaciones en peluquería y arreglo personal masculino en firmas como Rocco Donna Professional y Conair.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi.
ordenó este martes operativos en la propiedad de Javier Faroni,justicia la involucra en el expediente,participó en un esquema de desvío de dinero institucional,artículo firmado por Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi,Audiencia,Claudio Chiqui Tapia,AFA,,La vice dijo estar «en rojo». La reacción del Gobierno a las quejas de Villarruel por el presupuesto del Senado,,Análisis. La Justicia ante la ciénaga del fútbol,,El control de la calle. Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el Gobierno apelará: “Ni un paso atrás”, dijo Bullrich,Audiencia,,»Hay que tratar de no salir». Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN, este martes 30 de diciembre,,Trineos de empuje y carne de reno. Vivir a 21 grados bajo cero: tiene 39 años, es argentino y trabaja en la Laponia finlandesa, el pueblo de Papá Noel,,»Bajá la frecuencia». Un especialista desaconsejó el uso de medicamentos para dormir
POLITICA
Video: el momento en el que Faroni descartó su celular al ser interceptado por la Policía en Aeroparque
En medio del escándalo, se conoció el video del momento en que el empresario Javier Faroni descartó su celular antes de que fuera interceptado por la Policía cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparte en un vuelo privado.
En las imágenes capturadas por cámara de seguridad se ve que Faroni tenía un teléfono en la mano y que, en segundos, lo escondió aparentemente en una bolsa.
Cuando fue requisado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no contaba con ningún dispositivo móvil, solo llevaba pertenencias personales.
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El operativo se dio esta madrugada, cuando el juez federal Luis Armella decidió prohibirle la salida del país en el marco de la causa donde se investigan transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos.
Faroni quiso viajar a Uruguay y fue informado en Migraciones que tenía activa la prohibición de salida del país. El empresario está vinculado a TourProdenter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.
Junto a la fiscal Cecilia Incardona, el juez Armella busca dar con el celular de Faroni para preservar la prueba. Hasta el momento, no fue encontrado.
También se realizó un allanamiento de Faroni en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.
A su vez, Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quién se encuentra en Uruguay.
En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
El avance judicial se apoya en documentación local y en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de Estados Unidos puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero. El foco está en transferencias “presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales”.
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El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. “La entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino”, planteó en su presentación.
Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección. Según la denuncia, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, “sin declararlos ante el fisco argentino”.
TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.
Javier Faroni, AFA, Chiqui Tapia
El Gobierno nacional eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad para integrarla al Ministerio de Salud. Manuel Adorni anunció la medida este martes en la Casa Rosada tras la detección de irregularidades administrativas y una investigación judicial por supuestos sobornos.
La disolución de la entidad responde a la necesidad de sanear el sistema de prestaciones y eliminar la falta de control en el manejo de los recursos. Manuel Adorni explicó que la autonomía de la que gozaba el ente desde su creación en 2017 generó “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. El vocero comunicó que “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.
La administración nacional busca unificar los criterios sanitarios y presupuestarios para evitar la superposición de funciones. Según informaron fuentes de Balcarce 50 a , “la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias”. El Gobierno sostiene que esta transformación representa un cambio profundo en la gestión y no implica una reducción de derechos para los beneficiarios. Alejandro Vilches, quien trabajó como interventor de la agencia, lidera la nueva secretaría por su experiencia en sistemas de salud pública y privada.
En la misma línea, el funcionario evitó hablar de la causa judicial que involucra a Spagnuolo y argumentó que debido a la “autonomía” de dicha agencia se generó un “descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.
La reforma institucional sucede en medio de una causa judicial que investiga el cobro de coimas dentro de la Andis. El conflicto inició con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, anterior titular de la agencia y exabogado de Javier Milei. Las grabaciones sugieren que funcionarios de la dependencia percibieron sobornos de empresas farmacéuticas a través de la droguería Suizo Argentina. La denuncia menciona de forma extraoficial a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi no los involucraron formalmente en el expediente.
El Presidente echó a Spagnuolo de su cargo tras el inicio de las actuaciones en tribunales. La fiscalía solicitó este mes nuevas indagatorias para el exdirector y Miguel Ángel Calvete, quien operaba de manera extraoficial en la agencia y su familia tiene vínculos con los hechos investigados. El Gobierno presentó ante la justicia la información que documentó Vilches durante el periodo de intervención. La Casa Rosada negó las acusaciones contra la secretaria general y el asesor presidencial.
El Ministerio de Salud confirmó que las partidas del Presupuesto 2026 destinadas originalmente a la agencia pasarán a la nueva secretaría que comandará Vilches. El Gobierno mantiene su política de equilibrio fiscal a pesar de los reclamos de las organizaciones del sector.
Javier Milei vetó este año la ley de emergencia en discapacidad porque la norma afectaba la estabilidad de las cuentas públicas y los familiares de los pacientes denunciaron que el ajuste recayó sobre la calidad de las prestaciones médicas.
El Jefe de Gabinete insistió en que la transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”. El objetivo oficial reside en garantizar que el dinero llegue a los usuarios de forma directa y transparente. La nueva estructura bajo el mando de Lugones y Vilches pretende eliminar los intermediarios y las irregularidades detectadas en la gestión anterior.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.
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