POLITICA
El Gobierno mira con preocupación la votación en particular de la reforma laboral: la estrategia que prepara

A la espera de la cumbre clave a realizarse desde las 18 de mañana con eventuales aliados, donde se conocerá el borrador final de la reforma laboral a debatirse en la sesión extraordinaria del miércoles próximo, La Libertad Avanza en el Senado comenzó a delinear la estrategia que llevará al recinto no tanto para una votación en general que dan por descontada, sino por la definición en particular de la iniciativa. La idea que prima en la esfera oficialista apunta a una moción que implicará capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.
Este canal, que corre en paralelo a las usuales volteretas de libertarios del Congreso y, sobre todo, de la Casa Rosada, que nunca deja de reflotar la idea simplificada del “por todo y contra todos”, el oficialismo ya escaneó en las adhesiones trascendentales que precisa de “dialoguistas” que no podría, salvo que ocurra un milagro en el convite de mañana, votar capítulo por capítulo en la compulsa en particular.
La situación en la Cámara alta quedó algo cargada al término de la semana por la inentendible y mega promocionada arenga desde Balcarce 50 para no aceptar muchos cambios -si fuese cierta- al dictamen de mayoría firmado en diciembre pasado. No tanto por el derecho o no de hacerlo, sino por todo lo que ello implicaría en un recinto siempre salvaje para los libertarios, salvo que los apoyos ya estén “cerrados” de antes, como deslizan despachos con experiencia. Debe recordarse que, en meses recientes preelectorales, la táctica mileísta derivó en angustias y piñas legislativas por doquier. Y el período ordinario ni siquiera arrancó aún, algo que hará el jefe de Estado el domingo 1 de marzo.
Desde las bancadas dialoguistas confían todavía en el conocimiento que la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, trae de épocas anteriores -más la actual- en el Congreso. No obstante, la palabra que de verdad vale es la de la Casa Rosada. Y, más allá de la verticalidad que se vende desde allí, hay idas y vueltas para nada precisas sobre asuntos importantes. Por caso, ¿qué harán con los aportes de sindicatos y las ya más que ansiosas cámaras empresariales? ¿Serán todos voluntarios? ¿Unos sí y otros no, fuera de toda lógica de ecuanimidad? Las melodías que parten desde el Ejecutivo alteraron oídos.

Tampoco debe olvidarse el capítulo fiscal y la caída de la coparticipación. Nación perderá más que las provincias y casi nadie se anima a decirlo, ya que las lágrimas parecen pesar más en los sufridos gobernadores. También es cierto que los distritos cuentan, luego de dos años de un severo ajuste, una base de reclamo más honesta que en temporadas anteriores, donde primaba el bolsillo inacabable del payaso -contribuyentes y pymes, el alma del país- a cambio de cerrar los ojos ante delirios ejecutados desde la administración central. Es el promedio de la política vigente y de quienes ahora pregonan desde un altar fantasmal la construcción de un consenso, por lo menos, más sano.
Más lejano a estas compulsas se asoman objeciones menores a un puñado de artículos donde diversos dialoguistas, según el caso, no quieren acompañar. Un ejemplo comentado en usinas aliadas se direcciona a la eliminación de una pequeña fracción de la ley relacionada con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Un asesor lo planteó de la siguiente forma a Infobae: “Después de tanta pelea, le sacan el porcentaje de los tickets. O sea que, a partir de esto, vamos fondear a los ‘súper enemigos’ de este Gobierno con el IVA de los alimentos”. En esta zona se incluyen varios estatutos que el Gobierno quiere reventar de un sacudón y sin anestesia, ante solicitudes para poner un plazo de “readecuación” de los mismos -¿180 días?-, como ya informó este medio.
Bullrich maneja a 21 senadores en su interbloque y precisa, sí o sí, de la mayor fracción que pueda de los diez de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO -comanda el misionero Martín Goerling-, los dos revoltosos de Provincias Unidas, y silvestres provinciales atados o no a las órdenes -sin chistar- de mandatarios locales. Con 37 de piso habrá luz verde. Este aglomerado suma, en total, 44.
Los interrogantes en el último sector giran hacia los santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Elena Gadano, la silenciosa Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo. En el oficialismo además miran con cierto cariño a los cinco peronistas de Convicción Federal, que convidaron guiños cuando se sancionó el Presupuesto 2026.
POLITICA
Acuerdo con EE.UU.: el Gobierno quiere una aprobación rápida pero admite que el Congreso recién lo tratará desde marzo

Más allá de que el Gobierno pretende avanzar lo más rápido posible con la aprobación del pacto con Estados Unidos, distintas fuentes consultadas por coinciden en que el debate del acuerdo se hará recién cuando arranque el período de sesiones ordinarias, en marzo.
El jueves, cuando ingresó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que sí fue incluido dentro del temario de extraordinarias de febrero, en la presidencia de la Cámara de Diputados dijeron que esperaban la llegada del entendimiento con la administración de Donald Trump. Así dieron por hecho que esa será la Cámara de origen.
Pero por ahora distintas fuentes Ejecutivas y legislativas consultadas por este sábado dejaron entrever que es improbable que el acuerdo con EE.UU. logre introducirse en el debate de extraordinarias. Esto tanto por las cuestiones formales que todavía debe abordar la Casa Rosada, ahora que el pacto ya está rubricado, como así también porque el debate con los aliados todavía no se inició.
“Hay que traducir el texto, que es larguísimo. No creo que lleguemos antes de marzo porque no dan los días”, expresó un integrante de la mesa chica libertaria a .
Además, juega contra los tiempos de la Casa Rosada que el 16 y 17 de febrero hay feriado por carnaval, por lo tanto se pierde un martes del mes, tradicionalmente día hábil para el Parlamento. Al mismo tiempo, el oficialismo trabaja con un ambicioso esquema de extraordinarias, que tiene como ejes principales la reforma laboral (en el Senado) y la baja de la edad de imputabilidad (en Diputados), dos textos que recién llegarán a recinto la semana entrante. Se suma el acuerdo con el Mercosur, que Milei ya remitió.
“Muy probablemente no se llegue a tratar el acuerdo con Estados Unidos en extraordinarias”, coincidió otra fuente importante del Ejecutivo con conocimiento de los temas parlamentarios consultada por este medio. En la misma línea se expresó un tercer funcionario.
Tras la conferencia de prensa del viernes, en la que el Gobierno presentó algunos detalles de la firma en voz del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del canciller Pablo Quirno, el entusiasmo era tal que los funcionarios ya daban por hecho que tendrían aval legislativo. Pero de momento, según pudo saber , La Libertad Avanza (LLA) no hizo un sondeo del devenir legislativo de esta iniciativa ni tampoco conoce que aceptación tiene entre los bloques aliados, ni en Diputados, ni en el Senado.
El tema tampoco entró en las conversaciones con los gobernadores, que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli. En el Congreso, el peso de los mandatarios provinciales es importante.
Para el martes está prevista la reunión constitutiva de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, por donde pasará el pacto antes de ir al recinto.
De entrada, en Diputados el oficialismo cuenta con 95 integrantes de su bancada, a los que se suman 12 votos de Pro, un total de 107 voluntades. El espacio amarillo es uno de los pocos que tiene posición tomada sobre el acuerdo. Una alta fuente de Pro consultada por dijo: “Bancamos el pacto con Estados Unidos. Es una oportunidad enorme para la Argentina”.
El otro bloque fuerte en el mundo legislativo es el de Unión por la Patria (UP), el principal espacio opositor, con Germán Martínez de presidente, 93 integrantes y cuyas voces más fuertes suelen criticar la supuesta “sumisión” con que el presidente Javier Milei articula su relación con Estados Unidos. Más allá de eso, fuentes del kirchnerismo, de la órbita de Máximo Kirchner, dijeron a este medio que todavía no hay una postura definida al respecto del pacto y que van a analizar el detalle una vez que Milei lo envíe. “No es una decisión por blanco o por negro”, plantearon, pese a que, en una primera mirada, admitieron que “no parecería un texto que el kirchnerismo estaría dispuesto a firmar”.
El bloque de Provincias Unidas, en tanto, ostenta 18 integrantes, comandados por la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, con representación de esa provincia (Maximiliano Pullaro), de Córdoba (Martín Llaryora), Jujuy (Carlos Sadir) y Chubut (Ignacio Torres), como así también de legisladores que no responden a mandatarios provinciales. A nivel bancada todavía el tema no se puso a consideración.
De momento, dos integrantes de ese variopinto espacio, el socialista Esteban Paulón y la exlibertaria Lourdes Arrieta, por su propia cuenta, junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), pidieron que Quirno vaya a la Cámara baja a explicar el acuerdo, por un “aparente desbalance en la reciprocidad entre ambos países”. Todavía la Cancillería no respondió.
El radicalismo en la Cámara baja tiene seis miembros comandados por la mendocina Pamela Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, uno de los socios de la Casa Rosada. “Este acuerdo significa una herramienta más para el camino de crecimiento de la Argentina. Es un paso más para la apertura comercial que necesita el país tras años de aislamiento del mundo. Seguramente escucharemos distintas voces sobre el tema, pero lo que sí estamos viendo es que el acuerdo traerá beneficios relevantes para la producción y la exportación de bienes nacionales”, dijo la diputada a , al igual que otros exponentes de ese bloque, que se manifestaron a favor del pacto por el impacto que consideran que tendrá en las exportaciones.
Los gobernadores, además, tienen injerencia en otras bancadas, como Innovación Federal, con siete miembros de Misiones (Hugo Passalacqua) y Salta (Gustavo Sáenz), Elijo Catamarca (Raúl Jalil) de tres miembros, Independencia (Tucumán, Osvaldo Jaldo) con otros tres diputados, Producción y Trabajo (San Juan, Marcelo Orrego) con dos integrantes, Por Santa Cruz (Claudio Vidal) con un integrante, La Nequinidad (Neuquén, Rolando Figueroa) con una diputada más. Además, los mandatarios provinciales tienen peso en el Senado.
Hasta este sábado, el MID, que gestiona Oscar Zago, no tenía una postura definida sobre el acuerdo, al igual que el monobloque de la radical Karina Banfi. Esperaban leer la letra chica.
Está descontado que los cuatro diputados de la izquierda votarán en contra.
En su plan de aplicación del acuerdo, el Gobierno también necesita que el Congreso apruebe antes del 30 de abril el PCT (Patent Cooperation Treaty), un tratado de cooperación internacional en materia de patentes. Según la Casa Rosada, la media sanción que la adhesión al PCT ya tiene por parte del Senado todavía es válida pese a que se hizo 29 años atrás, por lo que -dicen- solo deberá pasar por Diputados.
Así lo expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Un tema central es la aprobación del PCT, al que solo le resta la aprobación en Diputados luego de haber sido aprobada en el Senado. Eh… sí, hace 29 años (es decir que ocho gobiernos les hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los dolobus)“, escribió en X.
La adhesión a ese tratado genera los primeros chispazos con la industria farmacéutica local, que se opuso históricamente a que la Argentina ingrese al PCT.
Fuentes que manejan las cuestiones parlamentarias del oficialismo aseguran que la decisión del Senado de tres décadas atrás todavía es válida basadas en el artículo 2 de la ley 13.640, que establece que los proyectos de tratados internacionales no caducan.
Esa ley, en su artículo 1, plantea que todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado; y que si obtuvo sanción en alguna de las Cámaras en el término indicado, se prorrogará por un año más.
Sin embargo, el artículo 2 indica: “Exceptúense de lo dispuesto en el artículo anterior los proyectos de códigos, tratados con las naciones extranjeras, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre provisión de fondos para pagar los créditos contra la Nación y los reclamos de particulares con igual carácter». En este apartado se ancla LLA.
Resta, además, que el Congreso refrende diez tratados internacionales (algunos ya avalados) y la modificación de determinadas leyes que van contra lo sellado en Washington.
aprobación del pacto con Estados Unidos,vaya a la Cámara baja a explicar el acuerdo,Paula Rossi,Estados Unidos,Congreso Nacional,Javier Milei,Conforme a,,Acuerdo con EE.UU. Cuáles serán los efectos más rápidos en la Argentina y qué resta que hagan el Gobierno y Trump para habilitarlo,,Conferencia de Quirno y Adorni. El Gobierno calificó como un «hito histórico» el acuerdo con EE.UU. y criticó al kirchnerismo,,Críticas. La oposición quiere citar a Quirno al Congreso y alerta sobre una cláusula del acuerdo comercial con EE.UU.,Estados Unidos,,“Decisiones difíciles”. Renuncia el director de The Washington Post tras la ola de despidos,,“Coleccionaba personas poderosas». Las revelaciones sobre el caso Epstein golpean a más políticos europeos: cayó un exministro francés,,Tensión en aumento. A qué apuesta Trump en Irán, y los peligrosos riesgos que enfrenta
POLITICA
Malestar entre los aliados porque el Gobierno no incluye a Diputados en las negociaciones de la reforma laboral

“Una coma que le cambien y tiene que volver al Senado, y eso sería una señal malísima para los mercados”. A pocos días de que el Senado trate el proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, entre los diputados de la oposición dialoguista crecía la preocupación por la ausencia de contactos y negociaciones con el oficialismo.
Tras la reunión que mantuvieron el miércoles pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y todos los jefes de bloque para acordar la convocatoria a sesión para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, algunos referentes dejaron trascender que no compartían la estrategia legislativa de los libertarios respecto a la reforma laboral.
“Leyes de esta magnitud tienen que tener un tratamiento integral, donde se converse en simultáneo con los senadores y diputados. Pero el Gobierno decidió concentrar las negociaciones con los gobernadores relegando a los bloques en Diputados”, explicó un referente del PRO que respalda casi todos los puntos de la reforma laboral.

En esa línea, advierten que los acuerdos con los gobernadores no se trasladan de forma lineal a la Cámara de Diputados, donde los bloques son más heterogéneos y la disciplina de los legisladores es más laxa. A modo de ejemplo, explicaron que sectores que podrían reforzar los números para aprobar el proyecto no fueron contactados. “¿Quién está hablando con Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot) o con la Coalición Cívica, que no responden a gobernadores y no tienen bloque en el Senado? Además la mayoría de los gobernadores de Provincias Unidas tampoco está negociando. Los números están muy justos en Diputados”, ejemplificaron.

Ante la consulta de Infobae, un diputado de la UCR reconoció que no existía un trabajo conjunto con la bancada del Senado. De hecho, aseguró que a título personal se había puesto en contacto con uno de sus pares de la Cámara alta para asegurarse “que algunas cuestiones estén resueltas cuando lleguen a Diputados”.
“Nosotros ya estamos trabajando para cambiar algunas cosas en el Senado, como la derogación del estatuto del periodista. Pero no hay nada orgánico”, sintetizaron.
Sin embargo, también hay radicales que señalan que la discusión por la reforma laboral ya lleva “más de 15 años” y por lo tanto sus puntos principales ya fueron ampliamente debatidos a nivel social.
Los cuestionamientos a la estrategia parlamentaria se enmarcan en un cronograma que prácticamente no tiene margen de error. Las sesiones extraordinarias terminan el 27 de febrero y según el reglamento (artículo 106) el dictamen de comisión se puede firmar hasta diez días. Es decir, el martes 17. Pero dado que es feriado por carnaval, al igual que el lunes 16, el plenario solo podrá reunirse y dictaminar el viernes 13, por lo que no habrá reuniones informativas y las exposiciones de expertos deberán ser muy limitadas.
Ante este panorama, los libertarios analizaban extender por decreto las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28, lo que permitiría dictaminar el miércoles 18, después de los feriados.

Si bien Patricia Bullrich -principal espada de Milei en el Senado- aseguró días atrás que la negociación está “95% cerrada”, también reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.
Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).
Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.
No obstante, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Esa negociación sigue abierta a pocos días de la sesión en el Senado.
POLITICA
La hiperactividad de Pablo Moyano desafía a Hugo y agrava la interna en el Sindicato de Camioneros

Desde que reapareció, hace 10 días, Pablo Moyano tuvo una maratón de 14 reuniones con dirigentes y delegados, habló con tres radios y declaró un paro por tiempo indeterminado. Todo un récord para un dirigente que, desde que renunció a la CGT, el 22 de noviembre de 2024, no había vuelto a su oficina de la Secretaría Adjunta del Sindicato de Camioneros, se alejó prácticamente de la actividad político-gremial y permanecía atrincherado como presidente del Club Deportivo Camioneros.
El repentino protagonismo del polémico dirigente inquieta a Hugo Moyano, su padre y secretario general del sindicato: ambos están peleados desde fines de 2021 tras fuertes discusiones por la crisis de la obra social de Camioneros y hasta ahora las tensiones entre ambos se pudieron disimular gracias al paso al costado de Pablo.
“Ya nadie oculta la pelea, pero se va a tener que definir: o Hugo echa a Pablo, o Pablo lo echa a Hugo”, advirtió un empresario del sector, preocupado porque por culpa del enfrentamiento entre padre e hijo hay negociaciones trabadas o conflictos que no se resuelven o que están condicionados por sobreactuaciones de los dirigentes.

En su agenda súbitamente tan cargada, el hijo mayor del líder sindical se reunió entre el 28 de enero y el 6 de febrero con Abel Furlán (UOM), Alejandro Gramajo (UTEP), su hermana Karina y Emiliano Addissi (ITF), dirigentes del Partido de la Costa, trabajadores de la empresa Nittida, delegados de las ramas de Aguas Gaseosas, Lácteos y de la empresa Cliba, y el ex delegado Gustavo Ferreyra (golpeado por el hugomoyanista Garnica), además de un encuentro en el gobierno porteño para resolver un conflicto de la Rama de Residuos Patológicos. Y a la mayoría de estos encuentros, sugestivamente, los hizo en su oficina, a la que no iba desde fines de 2024.
En estos vertiginosos días, incluso, Pablo Moyano encabezó este viernes una asamblea con más de 1.500 trabajadores de la planta Mega de Coca Cola, ubicada en Tapiales, La Matanza, y logró el respaldo para iniciar un paro por tiempo indeterminado por reclamos salariales y laborales, que finalmente duró menos de un día porque el Gobierno declaró la conciliación obligatoria.
“Estamos de paro y nos quedamos en la planta hasta que aparezca una respuesta”, advirtió el dirigente, que estuvo acompañado por el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, un nombre que se hizo más conocido en los últimos meses porque los aliados de Hugo Moyano trataron de involucrarlo en la presunta estafa al hotel sindical de Mar del Plata (donde echaron a dos dirigentes cercanos a Pablo) y responsabilizarlo de que no se hayan pagado indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

En los pasillos del sindicato nadie oculta que hay dos bandos enfrentados ferozmente: los leales a Hugo Moyano, como Octavio Argüello (cotitular de la CGT) y José “Teta” Garnica (secretario de la rama Recolección de residuos), y los alineados con Pablo Moyano, como Aparicio y Oscar “Chuky” Borda (secretario de la rama Logística). En este tablero, el líder sindical cuenta con el apoyo incondicional de su hijo menor, Jerónimo, a quien acaba de encumbrar como secretario Gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Y el que está en el medio de la pelea, sin tomar partido por ninguno, es Hugo Antonio Moyano, el abogado del clan familiar y flamante diputado nacional por Fuerza Patria.
La disputa entre Hugo y Pablo comenzó cuando éste le reprochó a su papá que la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros era responsabilidad de su esposa, Liliana Zulet, dueña de una empresa que se ocupa del gerenciamiento de esas entidades sindicales de salud.
Desde que discutieron a los gritos, en 2021, el hijo de Moyano estuvo meses sin concurrir a su oficina del sindicato para no cruzarse con su padre y dejó el ejercicio de la vicepresidencia del club Independiente, que encabezaba Hugo. Pero las primeras señales del enfrentamiento se registraron durante la cuarentena obligatoria: en 2020, con el viejo líder camionero recluido por temor a los contagios, Pablo tomó las riendas del sindicato, pero tuvo problemas.

Tensó tanto el conflicto con Mercado Libre al bloquear el centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin en La Matanza, que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que hablar con su papá para pedirle ayuda con el fin de intentar descomprimir la situación. La solución que eligió Hugo Moyano fue desplazar a Pablo de las negociaciones y dejarlas en manos de Aparicio.
Lo mismo sucedió en abril de 2021 cuando la intransigencia de Pablo puso en peligro 10.000 fuentes de trabajo al insistir en aplicar la llamada “ley Moyano” en el cambio de manos de los supermercados Walmart: la exigencia de echar, indemnizar y volver a contratar a 500 trabajadores fue rechazada por la empresa tras considerarla ilegal. En una reunión, Hugo Moyano se mostró conciliador, pero su hijo se retiró de la mesa de manera violenta y el empresario Francisco De Narváez dio por terminadas las charlas. Se llegó a un acuerdo recién cuando Pablo fue apartado de las negociaciones.
Pero las diferencias también se manifestaron en sus disímiles adhesiones políticas. Mientras Hugo Moyano apoyó fielmente a Alberto Fernández, Pablo se mostraba como un crítico de su gobierno, entre fotos con Máximo Kirchner y reuniones con Cristina Kirchner.

Ese mismo componente hizo empeorar la relación: cuando la ex vicepresidenta fue detenida por corrupción, en junio pasado, el líder de Camioneros piloteó en la CGT la resistencia a declarar un paro general como protesta, pero Pablo fue uno de los primeros en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Poco después, en una reunión de mesa chica de la CGT, Hugo Moyano dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”.
En septiembre pasado volvió a hablar de su hijo mayor durante el Comité Central Confederal de la CGT, poco antes del congreso que eligió sus nuevas autoridades: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene… tenía una forma poco… No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera». Así justificó haber elegido para sucederlo en el triunvirato a Octavio Argüello.
El enfrentamiento no se limitó a lo discursivo. Cuando la federación nacional eligió sus autoridades en diciembre de 2021, Hugo no ratificó a Pablo como su secretario adjunto y nombró a Jorge Taboada en ese cargo. Y tres años más tarde, cuando su hijo renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato, Hugo fue desplazando a sus leales de la estructura gremial y, a la vez, empoderó a Argüello, Garnica y Jerónimo, pero eso no pacificó la interna.

El 17 de julio pasado, la interna se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan. Dicen que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores que estaba alineado con Hugo Moyano.
El último cruce violento se dio en noviembre pasado, durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, en el que miembros de las dos facciones protagonizaron una batalla campal que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo y trompadas a granel.
Los que conocen la interna de Camioneros creen que si Pablo Moyano reapareció de esta manera es porque está dispuesto a pelearle el liderazgo a su padre. Pero en el sindicato habrá elecciones para renovar autoridades recién en el segundo semestre del año próximo ya que allí, pese a la pelea familiar, ambos fueron reelegidos en 2023. ¿Competirán Pablo y Aparicio contra Hugo Moyano?

Por ahora, sin mencionar a su padre y titular del sindicato, Pablo se muestra activo en los conflictos de Camioneros y sostiene una postura muy combativa contra la reforma laboral, mientras que Hugo, aunque cuestiona el proyecto, comparte la estrategia moderada de la CGT, que privilegia las negociaciones para hacerle cambios a la iniciativa antes de ir a una guerra frontal.
Y todavía puede haber cortocircuitos más fuertes cuando este mes comience a discutir las paritarias 2026: el líder del sindicato viene firmando acuerdos en sintonía con la pauta oficial y si mantiene esa posición seguramente chocará con la intransigencia de su reaparecido hijo.
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