Con algunas idas y vueltas, el PRO es uno de los aliados clave del Gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión, aunque en el último tiempo comenzó a despegarse. El partido fundado por Mauricio Macri busca recuperar protagonismo en la política argentina y a la vez, mantener su identidad.

En ese proceso, el oficialismo se vio atravesado por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el uso de vuelos privados para viajar al exterior, vacaciones en destinos paradisíacos y hasta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Hasta hay un pedido de interpelación en marcha por parte de la oposición en Diputados. El PRO está incómodo con esta situación.

“Creo que fue un error, sobre todo porque el mensaje que siempre quiere dar este gobierno es otro”, aseguró un dirigente de primera línea del partido. Y agregó: “Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante”.

Otro legislador cercano al expresidente Macri hizo hincapié en la retórica del Ejecutivo. “El Gobierno construyó su legitimidad y su apoyo social sobre la base de la austeridad, de terminar con los privilegios y del ‘no hay plata’”. Y apuntó: “Eso tiene que valer para todos”.

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En ese sentido, nadie en el PRO va a defender abiertamente a Adorni. En eso, hay un consenso general. “La verdad es que trabajar de sol a sol es la obligación básica de cualquier funcionario público, para eso se jura en el cargo”, apuntó a TN alguien que está en el partido desde sus inicios.

Tampoco están conformes con las respuestas del jefe de Gabinete ante los cuestionamientos, ni en la postura tomada por él ni el Gobierno en general. “No creo que haya sido una buena respuesta, más allá que no tengo dudas del esfuerzo y de la importancia que tiene el viaje a EE.UU . para atraer inversiones clave para el país”.

De todas maneras, que haya un acuerdo para no defender, no implica vía libre para atacar. “No vamos a prestarnos a nada”, indicaron desde el bloque del PRO en Diputados a este medio, con referencia al pedido de interpelación a Adorni que piden no pocos en la oposición. “Lo importante de verdad hoy es que Argentina pueda conseguir inversiones en un mundo cada vez más complicado y convulsionado”, remarcaron.

Pese a no estar de acuerdo con la conducta de Adorni, no quieren ser funcionales a lo que consideran “la oposición destructiva”. “No creo que tenga tanta importancia más allá de la cuestión política y de ejemplaridad”, expresó un referente de peso en el PRO. Y sentenció: “Desde el Congreso tenemos desafíos mucho más importantes que interpelar al Jefe de Gabinete por esto”.

Los pedidos de interpelación a Adorni

Desde principios de marzo, el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, presentó un pedido de interpelación en los términos del artículo 101 de la Constitución. La iniciativa busca que Adorni dé explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Entre los puntos incluidos, se solicita información sobre el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York en el marco de una comitiva oficial, con detalle de la partida presupuestaria utilizada.

También se pide un informe sobre un viaje reciente a Uruguay en un avión privado, incluyendo la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, dado que —según la oposición— no estaría vinculado a funciones oficiales.

El temario contempla, además, cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja durante la interpelación o de hechos de público conocimiento.

En tanto, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade impulsaron otro pedido de interpelación que también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las derivaciones del caso de la criptomoneda LIBRA.

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El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, dio un espaldarazo al Gobierno de Javier Milei tras la decisión de este último de declarar persona non grata al encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, y exhortarlo a que abandone el país en 48 horas.

La medida se oficializó este sábado a través de un comunicado de la Cancillería argentina a cargo del ministro Pablo Quirno, y replicado por el presidente Javier Milei.

I welcome the decision by @Cancilleria_Ar to declare Mohsen Soltani Tehrani, the Iranian Embassy’s chargé d’affaires in Argentina, persona non grata and to expel him from the country.

The grounds for this decision include the Iranian regime’s persistent refusal to cooperate with…

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 2, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel celebró la medida en su cuenta de X: “Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”, declaró.

A su vez, el diplomático agradeció al su par Pablo Quirno por el gesto y al mandatario Milei, quien calificó como un referente de la defensa de la libertad y en el combate contra el terrorismo.

En palabras del canciller de Israel el régimen de Irán constituye “la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales”, a la vez que resaltó que es “asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; no es legítimo”.

La entrada Israel respaldó la decisión del Gobierno de Milei de expulsar al encargado de negocios iraní se publicó primero en Nexofin.

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La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

La palabra de Yacobitti

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.

Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.

A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.