POLITICA
El Gobierno negocia que Guillermo Francos sea interpelado para evitar que el Congreso busque removerlo con una moción de censura
Aunque las miradas estarán posadas en la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos, el panorama doméstico también muestra actividad. Durante esta jornada se dictaminará el pedido para una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haber incumplido con la aplicación presupuestaria de la Ley de Emergencia de Discapacidad.
La administración libertaria -según pudo saber Infobae– está negociando una suerte de canje con la oposición para que no se aplique ese recurso contra el ministro coordinador; sería a cambio de que vaya a una interpelación formal en el recinto de la Cámara de Diputados, tal y como lo ha hecho meses atrás para dar explicaciones sobre el caso de la criptomoneda $Libra.
La Cámara de Diputados avanzó la semana pasada en el proceso para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparezca ante el cuerpo, tras la decisión del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad y luego suspender su aplicación mediante el Decreto 681/2025. El oficialismo justificó la suspensión al señalar que el Congreso no definió las fuentes de financiamiento para la norma.
Entre las iniciativas presentadas figuran desde una moción de censura hasta un pedido de informes, pasando por la posibilidad de interpelar a Francos. El debate sobre cómo proceder quedó en manos de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. De esas gestiones estaban participando integrantes de la misma Jefatura de Gabinete en conjunto con las autoridades libertarias de Diputados. Francos y Martín Menem gozan de una buena relación estratégica en un marco de alta conflictividad en la cúpula libertaria.
Las interpelaciones a los tres funcionarios mileistas
En paralelo a la situación de Francos, la oposición en Diputados logró aprobar la convocatoria para que Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones sean interpelados en una sesión que está prevista para mañana. La medida busca que el ministro de Economía responda sobre las negociaciones con Estados Unidos y que la secretaria general de la Presidencia y el ministro de Salud den explicaciones sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.
Aun así, ninguno de ellos tiene previsto asistir. “No hay ninguna penalización por no ir, tampoco una obligación”, afirmaron desde una de estas carteras a este sitio. Se trata de una decisión manifiesta y no un inconveniente de agenda. Salvo Lugones, tanto Caputo como Karina Milei llegarán a la Argentina mañana a las 8 de la mañana del viaje oficial que realizó la comitiva presidencial para el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En rigor, el llamado a estos ministros fue una concesión del oficialismo en Diputados para que varios legisladores nacionales aportaran los votos para dar de baja el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). “Preferían exponerse a no presentar a los funcionarios a que saliera la ley”, marcó un diputado de la oposición.
El expediente que involucra al ministro de Economía, Luis Caputo, fue impulsado con el objetivo de que brinde detalles sobre las negociaciones que habría mantenido con el gobierno de Estados Unidos.
El diputado Itai Hagman, al presentar el pedido en nombre de Unión por la Patria, citó una declaración previa de José Luis Espert para subrayar la importancia de la intervención legislativa en asuntos económicos: “No puedo dejar de festejar que el Congreso de la Nación esté haciendo honor al artículo 75 inciso 7 de discutir el arreglo de la deuda, cuanta más participación tenga el Congreso en los temas económicos, más democracia y federalismo”, expresó. Además, justificó la solicitud de interpelación al señalar la supuesta violación de la ley 27.612, que exige la aprobación parlamentaria de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La convocatoria a Caputo quedó fijada para el miércoles 15 de octubre a las 12:00, momento en el que deberá explicar en detalle el alcance de las conversaciones con el secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos, así como los términos de la asistencia financiera en discusión. “El pedido concreto es que se cite al ministro de Economía para dar cuenta de las negociaciones que está llevando adelante con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos, que nos explique con lujo de detalles en qué consiste la asistencia financiera”, exigió Hagman.
El caso de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, se centra en la investigación sobre los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habría mencionado el presunto cobro de coimas.
“Citarlo a declarar a dos semanas de las elecciones para hablar sobre audios es solo un intento de generar show mediático, no de conocer la verdad. Mario está trabajando y gestionando, mientras otros solo quieren un rédito político. El objetivo en el que ya estamos trabajando activamente en ANDIS es ordenar y transparentar las pensiones, las compras y los procesos”, marcaron en el entorno de Lugones.
El diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, lamentó la falta de respuestas previas por parte del Ejecutivo: “Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, pedir informes a través de usted, presidente, para conseguir que nos contesten sobre estos temas y no lo hemos conseguido”, declaró. Recordó también la ausencia de explicaciones cuando se eliminó la cobertura a los beneficiarios del PAMI. Ante esta situación, Yedlin sostuvo: “No tenemos otra alternativa, nuestro reglamento no nos da otra alternativa que pedir la interpelación de estos funcionarios”, y calificó el contexto como “un escándalo”.
Durante el debate, la diputada Sabrina Selva intervino para rechazar las acusaciones del oficialismo sobre supuestos intentos de desestabilización: “Este gobierno se desestabiliza solo. Karina Milei y Mario Lugones son dos funcionarios que tienen que venir a dar explicaciones”, manifestó al solicitar la suspensión del debate.
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POLITICA
Tierra del Fuego: denuncian que un diputado libertario les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego Santiago Pauli quedó en el centro de una controversia tras la filtración de presuntos audios que revelarían que exigía a asesores legislativos del bloque provincial libertario que devolvieran el ítem de “desarraigo” de su salario para cubrir gastos del partido en Río Grande. El adicional salarial que se abona por “desarraigo” es de aproximadamente $500.000.
En las presuntas grabaciones, una voz atribuida a Pauli hablaría con un puntero sobre la utilización de parte de su sueldo para solventar gastos del local partidario en Río Grande, en el norte de la isla de Tierra del Fuego.
El denunciante es Rolando Correa, autodenominado puntero del frente La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien ha mencionado en declaraciones a medios locales que en un principio trabajó con Pauli como asesor en Diputados y luego pasó al bloque libertario de la Legislatura provincial, integrado por los legisladores Natalia Gracianía y Agustín Coto.
Los audios difundidos contienen recortes de conversaciones entre el diputado Pauli y Correa, en los que este último expresa su negativa a realizar el “retorno” del ítem de desarraigo argumentando su necesidad del dinero.
Pauli, en respuesta, le indicaría que de no concretarse el retorno del monto darían de baja los contratos: “Es simple de entender, es un viático por un trabajo que alguien no hace, en vez de exigir un porcentaje de un contrato que es lo que cualquier partido hace, dijimos, quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando”.
Pauli no respondió ayer a las consultas de . En la justicia fueguina no se presentó aún una denuncia formal. Correa apuntó solamente contra Pauli en los medios de comunicación.
El denominado ítem “desarraigo” es un plus salarial destinado a cubrir los gastos de traslado y residencia de los empleados que cumplen funciones en la Legislatura provincial, cuya sede central se encuentra en Ushuaia, y deben viajar desde Río Grande, a 200 kilómetros de distancia.
Finalmente, fuentes cercanas al partido Republicanos Unidos – que conforma la Alianza en Tierra del Fuego y del cual Correa es afiliado- dijeron que se trataría de un aporte voluntario de parte de un afiliado, que “esta persona se apartó por diferencias políticas y dejó de aportar”.
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POLITICA
El Ejecutivo promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación
El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
Lee También:Javier Milei anticipó que podría usar el swap con EE.UU. para pagar deuda en 2026
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
Qué implica la suspensión en la puesta en marcha de las leyes
- La promulgación formal significa que las leyes existen y están vigentes.
- La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
- Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.
En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
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En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral. Esta incluye todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que se define en cada provincia. Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. En ese sentido, muchas personas se preguntan si es necesario llevar una lapicera al momento de acercarse a las urnas.
De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.
El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.
Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.
Las elecciones legislativas de 2025 introducen la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.
Es importante destacar que habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción, debido a la variación de cargos a elegir. Por un lado, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados, tendrán como máximo los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.
El proceso de votación con la BUP es el siguiente:
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera
En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).
Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.
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