El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones radiales en las que afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

Según el dictamen fiscal, estos dichos podrían constituir delitos de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”. Stornelli subrayó que las expresiones adquieren una “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

La denuncia se basa en una entrevista donde Quintela relató una conversación con otros gobernadores y líderes de la CGT sobre la necesidad de tomar “fuertes decisiones”. En su discurso, el mandatario riojano hizo alusión a los sucesos de 2001 señalando: “Tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”.

Ante estos hechos, la fiscalía planteó que las declaraciones podrían encuadrar en figuras del Código Penal como instigación a cometer delitos (art. 209), intimidación pública (art. 211) e incitación a la violencia colectiva (art. 212), además de apología del crimen y amenaza de sedición.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza en La Rioja, Javier Ruiz, presentó una denuncia paralela considerando que el gobernador utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Ruiz solicitó a la Justicia que se investigue si las palabras de Quintela sobre los fallecidos de 2001 constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. El denunciante pidió que se llame al gobernador a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en aquel entonces y qué rol cumplió él en esa estructura que habría asumido como legítima la “exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte”.

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La disputa por el control institucional y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un capítulo de alto voltaje político, que supera el plano administrativo. El gobierno de Axel Kicillof reconoció formalmente el domicilio de la entidad en la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, pese a que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia constataron que en esa dirección no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío.

La decisión se conoció menos de dos horas después de que el gobierno nacional, a través de la IGJ, que encabeza Daniel Vítolo, anunciara el pedido de designación de veedores para revisar los estados contables de la AFA. La simultaneidad de ambas acciones transformó una discusión técnica en un episodio de confrontación abierta entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la gobernación bonaerense.

El movimiento del Ejecutivo provincial tuvo efectos jurídicos inmediatos y una dimensión política visible. En medio de las acusaciones de organismos nacionales por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos del fútbol, la Provincia consolidó la radicación formal de la AFA en su territorio y, con ello, la competencia exclusiva de su órgano de contralor. Así, blindó a la conducción de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el terreno donde hoy se libra la disputa: el control de los números.

La resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) consignó la finalización del trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria de la AFA, dejando asentado que la entidad tiene su sede social en la calle Mercedes 1366 de Pilar. En sus considerandos, el acto administrativo recuerda que la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del artículo 1.º del estatuto social, estableciendo el domicilio en la Provincia de Buenos Aires, y que el Comité Ejecutivo fijó la sede social en Mercedes 1366, y la sede deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La disposición es concluyente: “Tómese razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

Ese reconocimiento formal se produce pese a que inspectores de ARCA y la IGJ constataron la inexistencia de actividad administrativa en la dirección declarada, describiéndola como un baldío. La Provincia no condicionó la inscripción a esa verificación y validó la radicación. Desde el derecho administrativo, el domicilio declarado por la entidad quedó convalidado por la autoridad registral competente. En términos políticos, el mensaje fue otro: la Provincia asume la fiscalización de la AFA y buscó desplazar a la Nación de ese rol, en línea con la estrategia de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

El dato clave no es solo el contenido de la decisión, sino el momento. Pocas horas antes, la IGJ difundió una resolución particular en la que solicitó la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA. En el texto se señaló: “ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable”. El organismo subrayó que la medida no constituye una intervención, sino una herramienta de control legal prevista en la normativa, orientada a verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales.

La proximidad temporal entre ambos actos administrativos —el anuncio de la designación de veedores desde Nación y el reconocimiento de domicilio desde Provincia— transformó lo que pudo haber sido un intercambio jurídico en una escena de confrontación institucional. Los órganos administrativos dependientes del gobierno de Javier Milei avanzó con una medida de supervisión contable mientras el de Kicillof consolidaba la tesis de que la IGJ ya no tiene jurisdicción sobre la AFA.

El trasfondo de la controversia es el control de los números. La IGJ fundamentó su pedido en la falta de presentación de información solicitada por parte de la AFA. Según la resolución difundida, la entidad no habría remitido la documentación requerida sobre estados contables y otra información complementaria necesaria para el control legal. Esa omisión, de acuerdo con el organismo nacional, “justifica la designación de veedores con facultades para examinar libros, balances y documentación respaldatoria”.

Desde la perspectiva del gobierno nacional, el eje del conflicto es la transparencia contable. La administración libertaria basa su relato en la auditoría permanente y la revisión de estructuras consideradas opacas o corporativas. En ese marco, la fiscalización de una institución poderosa y económicamente importante como la AFA fortalece la lógica de control.

Para el gobierno bonaerense, el punto central es la competencia. Al reconocer la finalización del cambio de jurisdicción y validar el domicilio en Pilar, la DPPJ sostiene que la IGJ perdió el poder de policía sobre la entidad. La propia AFA reflejó así esta posición en su comunicado oficial: “La resolución analizada expresa de manera categórica que, a partir de dicha inscripción, la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”. Y añadió: “En consecuencia, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, careciendo la Inspección General de Justicia de competencia o poder de policía sobre la entidad”.

La declaración no solo coincide con la postura provincial, sino que la disputa se traslada al plano federal. Si la IGJ insiste en designar veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el conflicto puede escalar hacia la judicialización. Incluso sin llegar a los tribunales, el enfrentamiento ya forma parte del intercambio político entre la Nación y la Provincia.

La intervención de Kicillof no es neutra ni técnica. El respaldo institucional a Tapia adquiere el carácter de un gesto de autonomía frente al gobierno nacional. La AFA no es una asociación civil más: concentra recursos millonarios derivados de derechos televisivos, contratos comerciales y competencias internacionales, además de un capital simbólico inigualable en la sociedad argentina. La Selección campeona del mundo y el peso cultural del fútbol convierten cualquier disputa en un asunto de sensibilidad pública.

El reconocimiento del domicilio en un terreno que inspectores nacionales describieron como baldío ha producido interpretaciones políticas opuestas. Para la Nación, el dato refuerza la sospecha de irregularidad o simulación. Para la Provincia, la inscripción registral basta para legitimar la competencia, sin que la constatación física altere el acto administrativo.

La disputa por la AFA se inserta en la tensa relación entre Milei y Kicillof. El gobernador bonaerense se ha posicionado como uno de los principales contrapuntos del proyecto libertario. Las diferencias en materia económica, fiscal y de distribución de recursos son conocidas. Cada enfrentamiento se incorpora al relato general sobre el alcance del poder estatal y la autonomía provincial.

Desde la Casa Rosada, el pedido de veedores puede leerse como un mensaje de que ninguna institución está fuera del radar de control. Desde La Plata, el reconocimiento del domicilio y la validación de la jurisdicción bonaerense aparecen como una reafirmación del federalismo. Entre ambas posiciones, Tapia consolida su lugar con el respaldo provincial mientras enfrenta cuestionamientos nacionales.

El argumento formal de la IGJ —la falta de información contable— es el detonante inmediato. La pregunta política es otra: quién tiene la autoridad para exigir esa información y bajo qué jurisdicción. La AFA sostiene que, tras la inscripción en la Provincia, el control corresponde exclusivamente a la DPPJ bonaerense. La IGJ, al solicitar veedores, actúa como si su competencia siguiera vigente.

El choque de interpretaciones deja abierto el futuro desarrollo del conflicto. Si la Nación avanza con la designación de veedores, podría forzar una reacción judicial o un conflicto abierto de competencias. Si retrocede, el gobierno provincial afianzará su posición y la conducción de la AFA quedará bajo un esquema de fiscalización alineado con su nueva jurisdicción.

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Si nada arruina sus planes, cuando el presidente Javier Milei hable el próximo domingo para abrir el año parlamentario de manera oficia dirá, entre otros conceptos, que es el primer presidente de la región que logró la ratificación del Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso, claro está, si el oficialismo logra el aval del Senado en la sesión de este jueves a la media sanción que ya tiene de Diputados. LLA cuenta con los votos necesarios.

El bloque libertario, que presidente Patricia Bullrich, se movió rápido en las últimas 48 horas para apurar el tratamiento del convenio entre los bloques comerciales, previsto de manera inicial para el viernes. Al igual que la Argentina, Uruguay aceleró los tiempos para lograr la ratificación. Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi señalaron a Infobae que la idea es que se vote también este jueves. En otros países, como Brasil y Paraguay, el proceso es más lento.

“El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina”, señaló a este medio un importante legislador libertario. Y agregó: “Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región”.

El acuerdo se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Se trata de un proceso que podría demorar hasta dos años.

En cuanto al aspecto económico, las facultades para avanzar con algunos procesos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, explicaron desde el oficialismo.

La asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea fue resultado de más de una década de negociaciones. El tratado prevé una eliminación gradual de aranceles y la adopción de regulaciones técnicas comunes en las exportaciones bilaterales. El Gobierno nacional sostiene que el acuerdo conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

“Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, aseguraron desde Casa Rosada. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, elogió el acuerdo, expresó que representa una “oportunidad para profundizar la integración y promover innovación” y una reducción de los aranceles en el 90% de los grupos de productos, algo beneficioso para las empresas alemanas y argentinas». A su vez, aseguró que la aplicación provisional del acuerdo “es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”.

Por su parte, los bloques opositores advirtieron sobre el posible impacto negativo en la industria nacional y sobre la capacidad de adaptación a regulaciones técnicas más estrictas, enfocados en resguardar empleos en sectores sensibles. En Diputados, el tratado obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, y el bloque Unión por la Patria quedó dividido.

La semana pasada, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maros Sefcovic, aseguró que el bloque perdió casi 300.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación al no haber puesto en marcha el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

El avance del convenio regional fue obstaculizado por una serie de dificultades políticas, ambientales y sectoriales, y por la preocupación de varios Estados miembros de la UE, especialmente Francia, Irlanda, Austria y Polonia, por el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo y la posible competencia desleal de productos sudamericanos.

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