POLITICA
El Gobierno planea reforzar la seguridad de Milei durante sus viajes al exterior por las tensiones con Irán

El Gobierno planea reforzar la seguridad de Javier Milei en los viajes que haga al exterior tras las tensiones con Irán. El Ejecutivo asegura que extremará los recaudos que realiza Casa Militar para prevenir los riesgos durante las giras presidenciales.
Se trata de la cantidad de agentes, de las avanzadas que realiza sobre los hoteles y de la coordinación con las agencias extranjeras, que tienen a cargo el cuidado del jefe de Estado.
Las comitivas del primer mandatario cuentan en general con la participación de tres a cinco efectivos de Casa Militar, que se dividen entre el lobby y el acompañamiento al jefe de Estado en sus actividades. Hay otro tipo de agentes -que pueden ser policías- que ocupan el puesto suite para supervisar en tramos de 8 horas cada uno la habitación del presidente.
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“Nos reunimos con los jefes extranjeros a cargo de los operativos y preparamos el despliegue”, expresan fuentes oficiales al tanto de los preparativos. Milei suele viajar también con sus custodios personales -Jonathan Salerno y Pablo del Valle- y tiene a disposición una caja que habilita el wifi para la comitiva y evita hackeos a los celulares. El jefe de Estado tiene dos: uno es conocido por la dirigencia política y al otro sólo tienen acceso veinte personas.
Las autoridades del Ejecutivo viajaron hasta abril de 2024 en vuelos comerciales hasta que el Ministerio de Seguridad los alertó sobre los riesgos tras un ataque de Irán hacia Israel en ese período. El presidente luego utilizó los aviones ARG01, el Boeing 757-256 y el Tango-11, un Learjet 60. Lo suelen acompañar dos médicos de la Unidad Médica Presidencial (UMP) y un fotógrafo.
Milei estuvo en Israel en las horas previas en que Benjamin Netananhyu autorizó los ataques hacia objetivos militares de Irán. Tuvo además un episodio tenso con un hombre que cargaba la bandera de Palestina e intentó saltar el vallado para interceptarlo cuando bajaba del auto oficial hacia la Universidad Hebrea de Jerusalén.
El jefe de Estado se pronunció en reiteradas ocasiones a favor de Israel en medio del conflicto en Medio Oriente y aseguró que “Irán es un enemigo” de la Argentina. Declaró además a Hamas como una organización terrorista e impulsó la sanción del juicio en ausencia para reactivar las causas por los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
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El primer mandatario ya había recibido amenazas en julio de 2024 a través del Tehran Times y reforzó la seguridad de Casa Militar para el acto por el aniversario del atentado a la AMIA. La editorial advirtió: “Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Pero Irán demostró que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, sino que en el momento y la posición adecuados le impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse por su enemistad con Irán”.
El Gobierno asegura igualmente que no modificará el esquema de seguridad en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos porque considera que no corre el riesgo de un ataque en el territorio interno. Descarta además que la amenaza de bomba que recibió este lunes haya sido promovido por una organización terrorista. “Hay varios llamados del estilo. Suelen ser falsos y sin consistencia”, expresan en Balcarce 50.
Gobierno, seguridad, Javier Milei
POLITICA
Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron formalmente este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. Las seis jurisdicciones reclaman una sesión presencial y exclusiva para analizar el alcance del proyecto.
El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de esas provincias. En el documento, sostuvieron que la discusión no puede limitarse al Congreso y que debe incorporar la posición de cada distrito.
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El pedido se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran en contra de la iniciativa. Los ministros y secretarios provinciales advirtieron que la ley tendría impacto no solo en materia laboral, sino también fiscal y en el esquema de inspección que depende de las jurisdicciones.
Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, junto a autoridades laborales de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.
Un reclamo por el rol de las provincias
En el comunicado titulado “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias señalaron que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, porque enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios.
Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —indicaron— debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses laborales, fiscales y de inspección de cada jurisdicción.
“El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo.
El trasfondo político de la media sanción
El escrito presentado a Cordero lo firmaron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, pero mientras que los senadores que responden a Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma laboral, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira -jefe político del gobernador Hugo Pasalacqua-, fueron dos votos clave para la media sanción de la iniciativa libertaria.
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Con el pedido de convocatoria al CFT, los mandatarios intentan trasladar la discusión al plano federal y sumar presión institucional antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.
Las autoridades provinciales consideraron “absolutamente necesario” activar ese espacio de debate ante la magnitud de la reforma y remarcaron que la realidad de cada región debe ser escuchada antes de una eventual sanción definitiva.
reforma laboral, Gobernadores, Julio Cordero
POLITICA
El Gobierno incluirá el financiamiento universitario en las sesiones extraordinarias

El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.
La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.
Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .
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POLITICA
Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado

Tras la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate culminó con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
La sesión comenzó con la intervención del diputado sanjuanino Carlos Jaime Quiroga, en un contexto donde el oficialismo espera que la iniciativa sea ratificada sin mayores inconvenientes. Los legisladores analizan un tratado que busca la reducción de aranceles y que el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, calificó como una “verdadera política de Estado”.
Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano valoró positivamente el pacto como una herramienta para romper el aislamiento y “reafirmar la consolidación y el rumbo hacia un modelo de libre mercado, representando una gran oportunidad para volver a nuestras bases y que Argentina se transforme, nuevamente, en el granero del mundo”.
Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil
Por su parte, Pichetto instó al Senado a tratarlo a la brevedad, señalando que el acuerdo implica “mover las piezas frente a una comunidad europea que todavía tiene debates internos” y resaltando que el proyecto fue un anhelo de administraciones anteriores.
En contraste, el bloque del Frente de Izquierda manifestó un firme rechazo a los términos del tratado. La legisladora Myriam Bregman advirtió que “el acuerdo con la Unión Europea es un industricidio” y cuestionó la falta de debate previo consultando: “Si es tan bueno, ¿por qué no quisieron discutirlo?”.
Según la visión de Bregman, la normativa “solo va a beneficiar a las grandes empresas”, marcando una de las principales voces críticas frente a la postura de quienes ven en el alineamiento con los países desarrollados una oportunidad histórica para el país.
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Acuerdo Comercial,Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Diputados
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