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POLITICA

El gobierno porteño reforzó la seguridad y el control en la Villa 31 y avanza con el plan de reordenamiento

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento del asentamiento. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y la peatonalización de calles, todo con el objetivo de impedir el ingreso de materiales de construcción y detener la expansión edilicia que alteró la dinámica del barrio durante los últimos años.

Según informó el Gobierno porteño, la estrategia busca “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”. El plan, que responde a una preocupación persistente sobre el crecimiento desordenado de la Villa 31, apunta a frenar prácticas que pusieron en jaque la seguridad y la convivencia en el barrio, donde residen aproximadamente 45 mil personas en condiciones precarias, distribuidas en un área de 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro.

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En la presentación de las nuevas medidas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

De acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo local, el plan de control de accesos modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que se convirtieron en calles peatonales.

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Además, tres accesos pasaron a contar con puestos policiales permanentes y se sumaron a otros tres preexistentes, mientras que dos calles cambiaron de sentido y se instalaron bolardos para restringir el paso. También se implementaron controles itinerantes y rotativos, con la intención de reforzar los operativos de fiscalización y la vigilancia urbana.

Durante el operativo especial de este jueves, hubo controles policiales en los accesos de Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de Ómnibus de Retiro—, en Yaguareté e Islas Galápagos —próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación de la Ciudad—, y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14), vecina al Barrio Saldías.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan frenar el ingreso de materiales que alimentan el crecimiento edilicio sin habilitación, una problemática que cobró fuerza tras la sanción de la Ley 6.129 en 2016, la cual estableció la urbanización del barrio, pero no logró contener la expansión irregular ni propiciar un ordenamiento territorial efectivo.

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En palabras de Jorge Macri, “tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.

El jefe de Gobierno Jorge Macri supervisó un operativo en la Villa 31 y reiteró la aplicación de la ley en toda la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad puso el foco en los operativos contra las ocupaciones ilegales y el desalojo de veredas tomadas, muchas de las cuales se usaban como depósitos improvisados por cartoneros o patios anexos a viviendas.

También se removió un lavadero de autos que obstruía la circulación en una zona peatonal y se desalojó una gomería montada en un micro inutilizado que ocupaba gran parte de una vereda.

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El plan contempló la clausura de corralones de materiales de construcción no autorizados, en línea con la normativa que prohíbe ese tipo de establecimientos dentro del barrio para evitar un crecimiento sin regulación y reducir riesgos estructurales y de seguridad.

En la Villa 31, la informalidad propició la especulación y la aparición de negocios ilegales, según la información difundida por el Ejecutivo porteño.

Policías controlan el acceso a la Villa 31 y buscan impedir el ingreso de materiales para nuevas construcciones

Entre las prácticas más frecuentes, figura la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las casas, y el alquiler de viviendas, que oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.

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De este modo, quienes operan en la informalidad aprovechan la necesidad de quienes buscan alquilar, pero no reúnen los requisitos exigidos por las inmobiliarias en otros barrios de la Ciudad.

El plan cuenta con la intervención conjunta de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, en un esfuerzo coordinado para lograr que la urbanización de la Villa 31 avance hacia un modelo bajo regulaciones claras y un marco de convivencia común.

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POLITICA

El gobernador de Corrientes echó a su ministro de Economía por un conflicto con los gremios docentes

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Una gran cantidad de docentes de la provincia de Corrientes se encontraron con fuertes descuentos en sus haberes durante el último fin de semana. La razón que estaba explicada en el recibo de sueldo fue la adhesión al paro nacional convocado el 2 de marzo pasado. La situación generó un tembladeral político en la gestión provincial que terminó con la salida del ministro de Economía de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini.

Todo esto se da en el marco de que Corrientes cuenta con al menos cinco sindicatos docentes y a los que se sumaron los autoconvocados, que no tienen representación en esas organizaciones. La medida de fuerza fue para acompañar una decisión nacional que se replicó en gran parte del país.

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El miércoles, primer día hábil tras la novedad, el gobernador Juan Pablo Valdés salió al cruce y dijo: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva”. Los dos renglones estaban vinculados al presentismo. “Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”, que motivó la medida, agregó.

Valdés, tras poner la cara por el conflicto, adelantó que podría haber cambios en el gabinete. “Hay que esperar”, dijo. “Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y corresponda”, añadió.

El ministro de Economía saliente, Marcelo Rivas Piasentini

No hubo que aguardar mucho tiempo para que se dieran las condiciones del recambio. A primera hora de la tarde del mismo miércoles, el Gobierno correntino dejó trascender que Valdés había pedido la dimisión a Rivas Piasentini. Tras una danza de nombres para la sucesión, el jueves por la mañana el Ejecutivo provincial confirmó a Héctor Grachot al frente de Economía.

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Se trata de un funcionario que venía desempeñándose como subsecretario de Finanzas de Corrientes. Antes ocupó otros lugares en el diagrama provincial. Uno de ellos fue el Instituto de Vivienda correntino.

La salida de Rivas Piasentini fue un hecho significativo en la vida política de la tierra del chamamé. Se trata de un funcionario que estuvo 8 años al frente de la cartera. Es decir: los dos mandatos de Gustavo Valdés, hermano y antecesor del actual gobernador. Llegó al cargo para reemplazar a Enrique Vaz Torres, un hombre de confianza de Ricardo Colombi, mentor y luego enemigo político declarado de Gustavo Valdés.

La decisión que tomó el ahora exministro fue técnica. Pero necesitó de un respaldo político. Rivas Piasentini pagó el precio de ambos factores.

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El relevo

Valdés puso en funciones al nuevo funcionario durante el mediodía del jueves. Habían pasado menos de 24 horas de la renuncia de su antecesor. El acto se realizó en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial. Rivas Piasentini ocupó un asiento en las primeras filas.

Tras el acto protocolar, el gobernador tomó el micrófono para darle la bienvenida formal a Grachot. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.

Juan Pablo Valdés sucedió a su hermano en la gobernación de Corrientes

Con respecto al recambio de funcionarios, el mandatario expresó: “Es una decisión importante que llevará tranquilidad a todos los correntinos. Es un mensaje claro de que seguiremos trabajando con mucho compromiso y entusiasmo. El norte está puesto en el futuro y el desarrollo de Corrientes”, agregó.

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Luego, mirando al lugar donde estaba el Ministro saliente, le dirigió un mensaje. “Te agradezco, Marcelo, por habernos acompañado este tiempo”, expresó. Un fuerte aplauso de los demás asistentes cortó las palabras del Gobernador, quien solo agregó un “gracias” a lo que venía diciendo.

Trascartón se dirigió al flamante funcionario. “Te deseo que con una visión clara y mucho compromiso hacia el futuro de los correntinos encares los días por venir”, soltó. “Sigamos construyendo. Sigamos trabajando con este equipo en lo que estamos convencidos: Corrientes tiene un futuro grande y promisorio”, redondeó.

Antes de retirarse del salón, Valdés se estrechó en un abrazo con su exfuncionario.

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POLITICA

El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

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El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes según el motivo por el cual las quiere dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.

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“Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social, existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Ejecutivo, que indicó: “Los derechos no requieren leyes”.

En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: «Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.

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Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto

Noticia en desarrollo.


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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

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El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.

Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.

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En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.

El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.

Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros

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Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.

Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Noticia que está siendo actualizada.-

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