El Gobierno publicará en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para impulsar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, la cual busca delegar el mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, las cuales atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa; estando dividido en ocho tramos diferentes.

Fuentes gubernamentales confirmaron que la licitación pública será publicada en el Boletín Oficial entre esta semana o la próxima. “Debería ser por estos días”, confirmó un funcionario a Infobae. En rigor, se trata de algo que ya se había comunicado oficialmente ante las primeras empresas interesadas en aplicar al manejo de los tramos.

Los pliegos preliminares generales ya son públicos y en los últimos días los responsables de la Secretaría de Transporte estaban terminando las revisiones legales, las cuales también eran auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal.

La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.

Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.

Esta Etapa II estará revestida de una complejidad mayor. Son ocho tramos en total, de extensiones variables, pero con una longitud total de 4.428,93 kilómetros. La mayoría de estas ya estaban en manos de Corredores Viales, sumando a otras que no orbitaban en esa empresa, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta Nacional 35 en Córdoba y la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires y La Pampa.

En detalle, los ocho corredores son:

• el Tramo Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar;
• el Tramo Atlántico, a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar;
• el Tramo Pampa, a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó;
• el Tramo Mediterráneo, conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35;
• el Tramo Puntano, con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná;
• el Tramo Portuario Sur, que supone la conexión desde Campana hasta Rosario;
• el Tramo Portuario Norte, que conecta de San Nicolás hacia el centro del país;
• y el Acceso Sur, abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

La propuesta requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, además de la transformación tecnológica en la operación del peaje mediante el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y avanza hacia un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.

Además, el modelo de concesión estipula obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias, bajo auditoría estatal y un esquema de control de inversiones.

El marco legal de la etapa está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación prevé la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y exige la presentación de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras.

El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.

En tanto, desde hace más de una semana que la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el Decreto 461 que Milei publicó el 8 de julio pasado y por el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno afirman que la decisión se tomó a los fines de terminar con el solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.

En la gestión libertaria hablan de que están mutando del modelo de intervención directa en obra pública -el cual justificó la existencia de Vialidad- hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez que se finalice ese proceso, las funciones ejecutivas se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas en la órbita del Ministerio de Economía.