POLITICA
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuestas maniobras de lavado con clientes falsos
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara nuevas acciones judiciales contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”.
La denuncia volverá a apuntar a presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuesto lavado con clientes falsos
Son distribuidoras que decían comprarle cigarrillos a Tabacalera Sarandí pero que para ARCA son empresas que en rigor pertenecen a Otero y todo sería una maniobra de lavado. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, en primer lugar por el fiscal Eduardo Taiano y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero según fuentes consultadas por TN, el organismo oficial prepara una nueva presentación judicial con nuevas pruebas que involucran a otras distribuidoras, pero en este caso en el año 2024. Se trata de ventas a empresas que, desde la perspectiva del fisco, no tienen capacidad económica, financiera ni operativa.
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El organismo recaudador detectó que esta misma operatoria habría continuado en 2024. Estas nuevas distribuidoras también presentan un perfil fiscal irregular: no cuentan con acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten facturas con márgenes de ganancia mínimos. Además, muchas de estas ventas se hicieron a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B.
Para el fisco, todo sugiere un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero. En el período 2021-2023, esa red representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí, según cifras oficiales.
Tabacalera Sarandí niega irregularidades y asegura que Otero ya fue sobreseido
Desde la empresa niegan las acusaciones. En un escrito judicial, argumentaron que el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad. Además, remarcaron que la denuncia presentada no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados. Aseguraron también que las pruebas son “insuficientes”.
El fiscal del caso Taiano desestimó la denuncia en función de lo establecido en el artículo 180 al entender que la denucia no aportaba pruebas concretas sobre la maniobra y entendió que mencionar el ingreso de dinero en efectivo y facturación dudosa no era suficiente.
La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen presentado por la fiscalía. El fiscal recurrió ese fallo y pidió que se lo revoque.
Su postura fue mantenida por el fiscal de segunda instancia. Finalmente el 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen de fiscalía del 25/06/2025 y recobró así virtualidad este último. Otero fue sobreseido.
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El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que intentaba frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo. El fallo dejó firme la constitucionalidad del tributo y descartó una presentación de último momento en la que la empresa había intentado desistir del juicio para forzar una nulidad.
El proceso prevé que el Tribunal Fiscal de la Nación determine el monto a reclamar. Una vez resuelto ese paso, se emitirá una intimación de pago, una boleta de deuda y, si no hay cumplimiento, se avanzará hacia el juicio de ejecución fiscal.
Con ese fallo, Otero quedó obligado a afrontar una deuda millonaria. Según los registros de ARCA, Tabacalera Sarandí debe $419.398 millones al fisco, incluyendo $305.239 millones de capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, y otros $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023.
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En simultáneo, sigue abierta una causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la exAFIP.
Las marcas que comercializa la empresa —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años gracias a estrategias judiciales que le permitieron esquivar por un tiempo el impuesto mínimo al tabaco. Ese esquema, sin embargo, empezó a desmoronarse.
Pablo Otero, tabaco, tabacaleras, ARCA
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
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En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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