POLITICA
El Gobierno prevé invertir US$ 200 millones en la reforma judicial que le da más poder a los fiscales
El anunciado desembarco en los tribunales federales del nuevo sistema procesal que le da más poder a los fiscales sobre los jueces contempla un financiamiento de al menos 200 millones de dólares previstos por el Banco Internacional de Desarrollo (BID).
En en el corto plazo, la iniciativa contempla una inversión solo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 que se aplicará en tecnología, salas de audiencias y herramientas para la investigación judicial, dijeron a altas fuentes del Gobierno.
Sin embargo, el diagnóstico del Gobierno es lapidario sobre la eficacia de la justicia federal. Dicen en el Ministerio de Justicia que entre 2022 y 2023 se dictó sentencia en apenas el 0,4 por ciento de los casos de narcotráfico complejos.
La Plata, Tucumán, Posadas y General Roca no dictaron ni una sentencia. En Tucumán, por ejemplo, no hubo condenas por corrupción ni trata de peronas en todo 2023.
Los anuncios de inversión no alcanzan para calmar la desconfianza de los fiscales, que por un lado reclaman recursos y por otro que se cubran las vacantes, dijeron funcionarios del ministerio público a .
En los tribunales hay quienes tienen una mirada conspirativa. Son los que creen que el cambio procesal oculta alguna intención de hacer fracasar las investigaciones de corrupción.
“No hay peor corrupción que dejar la investigación de la corrupción en manos de un organismo ineficaz”, dijo a un experimentado fiscal que lidera una suerte de resistencia en la sombras.
Otra es la actitud de sus colegas más jóvenes, como los fiscales federales Paloma Ochoa o Alejandra Mángano. Ambos participaron la semana pasada de las capacitaciones del Ministerio de Justicia en Mar del Plata, donde hicieron simulacros de juicios y recrearon audiencias como las que deberán protagonizar desde el 11 de agosto, cuando se ponga en marcha el sistema en Comodoro Py 2002.
Franco Picardi integra este grupo de los entusiastas del sistema. Comparte con sus colegas la idea de que los recursos técnicos, de capacitación, de personal son indispensables para el funcionamiento del sistema pero confía en el salto de calidad que implica el acusatorio.
Se prevé una reunión de fiscales de Comodoro Py para la semana próxima, liderada por el fiscal Carlos Rívolo. La idea es debatir las ventajas del sistema y las necesidades de los fiscales. Hay muchas incógnitas, por ejemplo quién será el fiscal coordinador o los fiscales coordinadores que den instrucciones para desestimar o no un caso, según un criterio normado.
Hay dudas y no hay mucha información.
El Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador Eduardo Casal, está elaborando un diagnóstico de Comodoro Py 2002, con la cantidad de causas y el grado de relevancia institucional para hacer una evaluación de qué recursos se necesitan.
Está previsto en la ley que la falta de vacantes entre los empleados de las fiscalías se cubra con la migración de empleados del Poder Judicial, pero ahí también hay resistencias porque temen que los recién llegados, con un cargo superior, sean un “tapón” en la carrera profesional de los que ya están.
Se anunció ayer la puesta en marcha de nuevo sistema acusatorio en Mar del Plata. Medido, sin estridencias, Casal dijo lo que piensan los fiscales: que sin plata esto no puede funcionar. Dijo que hicieron malabares para “superar las marcadas carencias presupuestarias, de recursos técnicos, edilicios y humanos”. Su mensaje fue escuchado por los minstros Mariano Cúneo Libarona (justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), con los que compartió escenario.
Reconoció Casal que con el apoyo el Ministerio de Justicia pusieron en marcha en cada jurisdicción un software para abrir celulares de sospechosos con computadoras potenciadas, pero dijo que ello “no quita el deber institucional de poner de resalto la insuficiencia de los recursos disponibles”.
“Se hizo saber en más de una ocasión, cada vez que se lo consideró oportuno que hace falta plata. Es decir que son necesarios los recursos para el éxito del sistema”, reclamó el procurador.
En el Gobierno, en tanto, hay gran entusiasmo. Por lo pronto, se adecuarán cinco o seis salas de audiencias en Comodoro Py 2002, pues se dejará de lado el expediente de papel y todo el trámite será oral, público y registrado en soporte audiovisual.
Advierten en el Ministerio de Justicia que la implementación será gradual y por etapas.
Para todo el sistema, en todas las jurisdicciones del país, la inversión prevista es de 200 millones de dólares financiados con un crédito el BID, dijeron en el Gobierno.
Siguiendo al Centro de Estudios de Justicia de la Américas (CEJA) evaluaron que el índice del ingreso de casos por día por fiscal en Comodoro Py 2002 es de 0,83. Es decir, menos de un caso por día. Y que eso incluye a las denuncias fantasiosas que se desestiman de inmediato, que constituyen el 70 % de los casos de Comodoro Py 2002, dijeron a especialistas del Ministerio de Justicia con este estudio en la mano.
Indicaron que se prevé que cada fiscalía actual pueda contar además con auxiliares fiscales, de mínima dos, para que puedan asistir a diario a las audiencias donde expondrán sus casos ante los jueces, que serán ahora como árbitros, jueces de garantías que definirán en audiencias públicas entre la prueba que le acerque el fiscal y los argumentos de los defensores.
Hay dos “órganos” sensibles del nuevo sistema: la Unidad fiscal, que es comandada por un fiscal coordinador y de ella dependen la fiscalías de casos sencillos, de casos complejos, o de casos residuales.
Y el otro órgano es la Oficina Judicial, un área administrativa que se encarga de fijar las audiencias, citar testigos, encargarse de la custodia de los efectos. De esta oficina judicial depende además el sorteo de cada juez que intervenga en cada incidencia. Estos jueces estarán en una “bolsa” y serán asignados para cada audiencia por esta oficina.
Los resquemores entre los jueces de Comodoro Py obligan a pensar en tres oficinas: una de jueces de garantías, otra de la Cámara Federal y otra de los jueces de juicio oral. Nadie quiere perder su estatus ni su estructura.
Un estudio de las condenas de 2023 de la Justicia federal que hizo el Ministerio de Justicia concluyó que solo el 3,24 por ciento de los expedientes es por delitos complejos, como trata corrupción, lavado o armas. El resto, un 96,7 por ciento, es por otros delitos, lo que habla de la falta de efectividad del sistema.
POLITICA
Reforma laboral 2026, EN VIVO: principales puntos, a quiénes afecta y qué falta para que sea ley
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Todo sobre el debate de la reforma laboral en el Congreso minuto a minuto:
Vie. 20.02.2026-08:29
«El Congreso se llenó de therians», la furiosa respuesta de un jefe gremial tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral
Marina DevitaBio completa
POLITICA
Cómo seguirá el plan de lucha de la CGT: el debate interno que viene y que puede quebrar al sindicalismo
Ya terminó el cuarto paro general de la CGT y su nivel de adhesión, a diferencia del anterior, fue muy importante. ¿Y ahora? La pregunta se la hace la mayoría de los dirigentes sindicales. Todos creen que tiene que seguir el plan de lucha contra la reforma laboral, pero hay fuertes diferencias respecto de cómo debería continuar.
La próxima reunión de la cúpula cegetista para analizar sus próximos pasos se realizará el lunes o martes. El proyecto se tratará el viernes 27 en el Senado para convertirse en ley y hay poco tiempo para definir qué harán ese día para expresar su rechazo a la reforma laboral y la estrategia futura de la central obrera.
Esta vez, el debate interno de la CGT se canalizará a través de la mesa chica, de 8 a 10 integrantes, y no desde el inmanejable Consejo Directivo, de 50 miembros, donde suele haber sobreactuaciones y presencia de varios dirigentes de segunda línea.
Para el actual triunvirato cegetista, que asumió el 5 de octubre pasado, el fuerte impacto del paro general significó la convalidación de su incipiente liderazgo: algunos miraban de reojo a los 3 cotitulares porque les achacaban falta de experiencia para cargarse al hombro el desafío de pilotear la batalla contra la reforma laboral.
Una clave del alto acatamiento a la huelga fue la adhesión brindada por los choferes de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que hace cuatro meses decidieron quedarse afuera de la CGT porque no querían que llegara el triunvirato Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). El sindicato que lidera Roberto Fernández tiene una vieja fama de no sumarse a los paros generales para “congraciarse con los gobiernos de turno”, como dicen sus colegas. Esta vez, sin embargo, el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro) habló el fin de semana pasado con los jefes de la UTA y su tarea persuasiva logró que, con la excepción de los vehículos de dos empresas, este jueves circularan pocos colectivos.
Por debajo del triunvirato (que se completa con Octavio Argüello, de Camioneros), había dirigentes de cuño dialoguista que la semana pasada no compartían la idea de hacer un paro general, que fue promovido el sábado pasado por los 3 cotitulares de la CGT, con un oído puesto en las presiones del ala dura por una protesta urgente y otro en el malestar que generó en la sociedad el polémico artículo 44 de la reforma laboral, que reducía los sueldos en caso de accidentes o enfermedades.
Su propuesta de un paro general de 24 horas el día que Diputados tratara el proyecto sirvió para unificar el frente interno de la CGT, taponando críticas de “tibieza” ante el Gobierno y demostrando que pueden mantener autonomía respecto de referentes dialoguistas que promovieron su ascenso y retienen una elevada cuota de poder en el comando de control cegetista.
Además de impulsar el paro general, los 3 líderes de la CGT endurecieron su discurso: en la conferencia de prensa de este jueves, Jerónimo no sólo criticó a los “gobernadores inescrupulosos” que apoyaron la reforma laboral y aseguró que “recién empieza el plan de acción”, sino que lanzó una advertencia que hizo tambalear su pertenencia al sector dialoguista: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”.
Ahora, el gran dilema de la CGT es qué hará después del paro general. “Está todo sobre la mesa -dijo a Infobae un directivo cegetista-. La movida de hoy (por la huelga) fue muy importante y debemos ser estratégicamente exitosos en la protesta que llevemos adelante».
Que esté “todo sobre la mesa” quiere decir que se analizará realizar el día que sesione el Senado otro paro general de 24 horas, uno de 36 horas con movilización o sólo una movilización ante el Congreso. Incluso hay quienes opinan que, antes que una protesta para el viernes 27, la CGT debe expresar de forma contundente su repudio a la reforma laboral con una masiva marcha hacia el Palacio de Tribunales cuando se presente la impugnación a la ley (similar a la que se hizo el 27 de diciembre de 2023 contra el DNU 70).
Este debate se dará en medio de las presiones del ala dura, que se radicaliza aún más e incluso suma adherentes. El titular de la UOM, Abel Furlán, que se independizó de la CGT (aunque mantiene a Osvaldo Lobato como secretario Gremial de la central obrera) dispuso un paro y se movilizó este jueves al Congreso junto con sus socios del combativo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), donde están Aceiteros, pilotos, ATE, SOMU y Viales, entre otros, y propuso un paro de 36 horas, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo en todo el país durante 24 horas (es lo mismo que promueve el trotskismo sindical).
Desde ese sector también hay propuestas de un paro por tiempo indeterminado, como plantearon Daniel Yofra (Aceiteros) y el flamante aliado del Fresu Omar Maturano (La Fraternidad), quien extrema sus posiciones dentro de la CGT y ya se reunió con dos líderes del frente sindical combativo para consensuar un plan de acción.
En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), también parte del ala dura, no quieren apartarse por ahora de la estrategia de la CGT, aunque plantearán profundizar el plan de lucha con una ola de paros parciales y sectoriales, donde cada día se alternen huelgas en el transporte, la educación y otros servicios públicos, como se hizo en Francia. Cerca del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) piensan que será más efectivo como método de protesta que un simple “paro dominguero”.
Desde la fracción dialoguista, mientras, uno de sus representantes está convencido de que la CGT debe elegir un camino moderado. “Por ahora hay saber mediatizar el espacio que nos dio el paro para avanzar en los temas que debemos seguir negociando con el Gobierno”. Y agregó: “Hay que mantener esa lógica de acción y negociación con este gobierno hasta 2027″.
Se trata de una postura pragmática. Con resignación ante la sanción de la reforma laboral y el alivio de haber dejado a salvo las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales, hay sindicalistas que no quieren romper con el Gobierno: buscan influir en la reglamentación de la futura ley y, además, saben que dependen del poder libertario para no complicar la gestión cotidiana de sus gremios y las entidades de salud que administran.
Es evidente que hay diferencias profundas entre los dirigentes sobre los próximos pasos de la CGT. El paro general de este jueves ayudó a congelar la interna sindical, pero el debate que se viene puede poner al rojo esa eterna grieta entre el ala dura y los dialoguistas, con la reforma laboral del Gobierno como telón de fondo.
Aun así, la agenda del sindicalismo estará dominada por la conflictividad por otro tema sensible: a unos 10 días del comienzo de las clases, y sin propuesta de aumento salarial a la vista, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, evalúan iniciar medidas de fuerza que pueden complicar el inicio del ciclo lectivo.
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POLITICA
Dos contadoras revelaron que Toviggino concentraba la información impositiva y daba las órdenes de pago
Dos contadoras que trabajan para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon ante la Justicia que el tesorero Pablo Toviggino concentraba toda la información impositiva vinculada a la entidad y que daba las órdenes para ejecutar los pagos. Esos testimonios fueron valorados por el juez Diego Amarante al momento de citar a indagatoria a los jerarcas de la AFA, a los que acusa haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos por más de $19.300 millones.
Una de las contadoras que declaró como testigo es Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control de la AFA. Ante la Justicia aseguró que las declaraciones juradas vinculadas a las percepciones del decreto 510/2023 (que estableció el régimen previsional de los clubes) se elaboran en su área y que luego ella misma informa “por mail” a Toviggino sobre los vencimientos.
“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y el me transmite la instrucción de pagar, con la cual generamos los Vep, los puedo generar yo o alguien de mi oficina”, explicó Bouvet. Luego de eso, el tesorero daba la instrucción de pago, siempre de manera “verbal”, personal o telefónica. Y finalmente intervenía el área de Finanzas de la AFA, que debía ratificar “la instrucción” con el tesorero.
“Yo desconozco quién toma las decisiones, sólo puedo decir que las instrucciones de pago de lo impositivo y retenciones y percepciones relacionados al decreto 510, las transmite el tesorero”, detalló Bouvet hace una semana.
La otra contadora que declaró como testigo, Paula Méndez, ratificó que Toviggino es el responsable del control económico de la AFA y explicó que el presidente, Claudio “Chiqui” Tapia se encarga de firmar los estados contables y además es el administrador de la clave fiscal de la entidad.
“Recibida la orden del tesorero respecto de qué obligaciones van a ser abonadas, nosotros generamos el volante electrónico de Pago, la doctora Bouvet informa a Finanzas que está el VEP para su pago y entiendo que finanzas vuelve a ratificar la orden de pago con el tesorero”, explicó Méndez como testigo.
Los abogados de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, plantearon ayer que más allá del rol central de Toviggino, todos los dirigentes que integran la “mesa chica” de la AFA tenían conocimiento de la situación financiera y por lo tanto algún grado de responsabilidad penal. Ahí aparecen Cristian Malaspina (secretario general desde 2025), Gustavo Lorenzo (director general), y Víctor Blanco Rodríguez (secretario general hasta 2025).
“Todos ellos estaban vinculados a las cuentas que la entidad poseía en el Banco Credicoop (cuentas que siempre utiliza la contribuyente para el pago de los veps)”, resaltaron los abogados de ARCA al momento de pedir las indagatorias.
Según un informe de esa entidad, aportado al expediente el 13 de enero, para firmar cheques o disponer de los fondos de la AFA, era indispensable la firma conjunta de tres de los integrantes de la “mesa chica”.
El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó ayer las indagatorias de Tapia, Toviggino y otros tres directivos. Todos deberán declarar entre el 5 y el 9 de marzo en los tribunales de la avenida Inmigrantes.
Según la denuncia de ARCA, presentada a fines de diciembre, hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Luego el organismos recaudado amplió la denuncia y sumó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones.
Además de citarlos a indagatoria, el juez les prohibió de salida del país por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderle”. En este caso, el delito está regulado por los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de prisión de entre 2 y 6 años.
haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos,Nicolás Pizzi,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Elecciones partidarias. El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, avaló la de Massa y habilitó al menos 12 internas,,Reforma laboral. Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar,,La crisis de Iosfa. Asume un administrador en la obra social militar, que tiene deudas y cortes de prestaciones,AFA,,Modelo Tapia. Vivir en Aruba, ver fútbol de ascenso argentino y no pagar, el nuevo permitido de la AFA rica,,»Carente de justificación». La respuesta de la AFA a la citación indagatoria de Tapia y Toviggino por evasión,,Indagará a Tapia y Toviggino. Quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales
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