POLITICA
El Gobierno puso en marcha los seguros de cese laboral para reemplazar la indemnización por despido
El gobierno de Javier Milei puso en funcionamiento el seguro de Cese Laboral, un mecanismo que busca reemplazar a las actuales indemnizaciones por despido. Lo hizo mediante la resolución sintetizada 347 de la Superintendencia de Seguros (SSN).
Desde la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA), informaron que la SSN aceptó el modelo presentado y ordenó su regulación.
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Se trata de una medida incluida en el capítulo laboral de la Ley Bases, que apunta a reemplazar a la indemnización por antigüedad dispuesta en la Ley de Contrato de Trabajo.
El seguro de Fondo de Cese Laboral funcionará como un mecanismo de adhesión voluntaria, que reemplaza a la indemnización por antigüedad al fin de la relación contractual de trabajo, “facilitando su resolución de manera sencilla precisa y clara para las partes, al disponibilizar los fondos para efectuar el pago”, explicaron desde la Superintendencia de Seguros.
El empleador, a través de aportes periódicos que destinará a cuentas especiales a nombre de cada empleado participante, constituirá en la compañía de seguros de vida o de retiro un saldo que se utilizará como indemnización en caso de despido.
También el empleado podrá ahorrar de forma voluntaria en una cuenta individual de la que tendrá libre disponibilidad.
Existirá una cartera de inversiones habilitada para que la aseguradora coloque esos fondos a fin de aumentar su rendimiento. El fondo es inembargable.
Mientras que la cuenta individual será de libre acceso para el empleado, lo depositado en la cuenta especial solo puede retirarse en el supuesto de la desvinculación por alguna de las causales explicitadas en la póliza y en el porcentaje correspondiente.
El Decreto 847 de 2024 detalló que el Sistema de Cese Laboral es “un régimen alternativo acordado en el marco de las Convenciones Colectivas de Trabajo, que otorga a empleadores y trabajadores la posibilidad de sustituir la mencionada indemnización por antigüedad, como así también cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo tome como parámetro a la referida indemnización”.
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Las claves del Seguro de Cese Laboral
● Las compañías de seguro de vida y retiro tienen amplia experiencia en coberturas colectivas contratadas por los empleadores, contando con regímenes de información claros y eficientes y la regulación de la SSN.
● Este tipo de cobertura tiene la posibilidad de permitir al empleado generar un fondo de ahorro con sus aportes individuales .
● Los fondos ahorrados en este tipo de instrumento pueden contar con una rentabilidad mínima garantizada
● El Seguro de Fondo de Cese puede incluir cobertura de riesgos, como por ejemplo de vida.
SEGÚN UN INFORME DE LA UBA, DESDE NOVIEMBRE DE 2023 SE PERDIERON 196.000 PUESTOS DE TRABAJO FORMAL Y EL SALARIO MÍNIMO CAYÓ UN 32%
De marzo del 2024 a marzo del corriente año hubo una caída de 71.000 puestos de trabajo y una pérdida de casi 196 mil respecto de noviembre de 2023. En el mismo sentido, el salario mínimo experimentó un descenso del 32% entre noviembre del 2023 y mayo de este año.
Así surge del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En marzo (último dato disponible) aproximadamente 10.104 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social. Ello incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.
El informe –elaborado sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalla que luego de las caídas consecutivas observadas desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024, el empleo asalariado formal total se mantuvo relativamente estancado, alternando leves mejoras con caídas, y en marzo de este año registró una reducción de 9 mil puestos de trabajo con respecto al mes anterior.
En el informe, se detalla que entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 32%, que lo ubica en términos reales de mayo de 2025 en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.
reforma laboral, indemnizaciones, despido, SEGUROS
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Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
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Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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