POLITICA
El Gobierno puso en pausa las auditorías a las pensiones por invalidez laboral de todo el país
El Gobierno de Javier Milei derogó la Resolución N° 187/2025, que había sido emitida con el objetivo de regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta decisión no implica que el Ejecutivo no continúe con el proceso de revisión, sino que utilizará este tiempo para establecer un nuevo procedimiento.
Esta medida había sido anunciada el 16 de enero con la intención de corregir las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones. La derogación se formalizó este martes mediante la publicación de la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el Boletín Oficial.
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluiría entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estos procesos se habían hecho necesarios debido a los hallazgos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y personas privadas de libertad que seguían recibiendo los pagos.
En ese contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que las auditorías revelarían “un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, donde se detectó que se desviaban fondos públicos de manera sistemática. En su momento, las cifras alarmantes indicaban que aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para acceder a estos beneficios.
La decisión de derogar la resolución se produjo luego de la identificación de varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por dicha normativa.
En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó que la derogación de la resolución permitirá un enfoque más detallado y acorde con los estándares del mundo para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en lo que respecta a los baremos médicos utilizados en el sistema.
Con la derogación de la Resolución N° 187/2025, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple una actualización de los criterios y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.
En su lugar, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se encuentra elaborando un nuevo esquema de auditoría que permita corregir las irregularidades, pero sin generar un impacto tan drástico para los beneficiarios que realmente necesitan el apoyo del Estado.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos públicos se gestionen de forma eficiente y que los beneficios lleguen a aquellos que verdaderamente los necesitan.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
Denuncias de irregularidades
Una de las auditorías previas, llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal, identificó que 212 personas privadas de la libertad percibían la pensión sin justificación. Además, una investigación adicional realizada con el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, detectó 331 prófugos que también recibían el beneficio, de los cuales 33 fueron puestos a disposición de las autoridades y 14 resultaron detenidos.
Los operativos han revelado casos particulares que generaron preocupación en las autoridades. En La Matanza, un hombre obtuvo su pensión tres días después de presentar la solicitud, a pesar de que su evaluación médica fue negativa. En Quilmes, un beneficiario recibió el pago en solo seis días, aunque cumplía prisión domiciliaria.
En otro caso, un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor asistió acompañado de un abogado. La persona no presentaba ninguna incapacidad. Había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso. En su exposición ante las autoridades dijeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”.
Según un informe al que accedió Infobae a principios de febrero, en la provincia de Chaco, de los 2.689 beneficiarios citados, 1.796 (66,79%) no cumplían con los requisitos y serán dados de baja, mientras que 345 (12,83%) no se presentaron a la evaluación. Entre los casos detectados se encuentra el de una mujer que cobró la pensión alegando una amputación de brazo, aunque en la revisión médica se comprobó que tenía ambos miembros en perfecto estado.
POLITICA
En una sesión que se prevé extensa, el Senado tratará la reforma laboral con un kirchnerismo con estrategia propia
Después de un dictamen de mayoría que apuró en diciembre pasado la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), y que tuvo que recibir un reciente ramillete de modificaciones a favor de gobernadores, CGT y empresarios, un conglomerado conformado por 21 oficialistas y, en principio, entre 16 y 23 opositores “dialoguistas” -según la votación- intentarán aprobar este miércoles y girar a Diputados la ley de reforma laboral, un tema más que sensible y con un par de nocauts en su haber desde el regreso de la democracia.
Se prevé una jornada extensa en la Cámara alta. La sesión extraordinaria tiene las 11 como horario de inicio. Siempre hay media hora para obtener el quorum, de 37 sobre 72 -mitad más uno del pleno- sentados en sus bancas. La cantidad de horas no será estimada hasta que no se sepan bien los oradores que expondrán sobre la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo debido a que, ayer, oficialismo y dialoguistas no lograron consensuar un encuentro con relativa calma ante el kirchnerismo. Ocurrió en Labor Parlamentaria.
El interbloque más crítico en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans (Formosa), pensó -como contó Infobae el lunes- no asistir a dicho convite e ir al recinto directo, reglamento en mano -curioso, según antecedentes de gestiones pasadas- para imponer el máximo de tiempos permitidos para oradores clásicos, miembros informantes y presidentes de bancadas para el cierre de la discusión. Al final, la plana mayor cristinista se presentó y, tras algunos enojos, oficialismo y dialoguistas dejaron el camino liberado a sus pretensiones que, por supuesto, incluirán -al menos- un homenaje y varias cuestiones de privilegio. La frase recomendada por expertos del Congreso es que los rivales se lleven los discursos; el Gobierno, la ley.
Ante este panorama, y con entre 15 peronistas anotados y un puñado extra que aún duda disertar en el recinto, más los informantes y legisladores libertarios y potenciales aliados que hagan uso de la palabra, la votación en general se extendería hasta bien entrada la noche, en el peor de los casos. Esto no sería lo más importante: la definición en particular es trascendental y, ahí, todo deberá funcionar como un reloj suizo. Por eso la casi confirmada participación para leer los cambios al texto que tendrá el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Su discreto equipo es de lo más profesional que puede mostrar la Cámara alta hoy en día.
¿Por qué se menciona un mínimo de 16 y un máximo de 23 acompañantes? La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto. En especial, para la votación en particular. A modo previo, se podría deslizar que para la compulsa en general habría 42 adhesiones, como piso más bajo. Distinto caso para la segunda, donde se presume flexibilidad.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Gadano -sugestivos silencios de ambos en los últimos días-, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
Los que pasaron desapercibidos sobre cómo se moverán, pero se encuentran en una ya agobiante -y multi operada- guerra sobre si se van o no del interbloque kirchnerista, son los cinco senadores de Convicción Federal. Este espacio es manejado por el puntano Fernando Salino. Hasta anoche, entre sus integrantes dieron diversas respuestas ante diferentes bloques que consultaron por el destino de sus votos. En el Presupuesto 2026, hubo acompañamiento selectivo. La realidad allí es que algunos responden a gobernadores y fueron maltratados sin cesar por el cristinismo. Suelen no quejarse ni armar novelas. En cambio, otros aprovecharon para juguetear en ambos bandos y armar rencillas interminables. A esta altura, inviable para todos.
Horas atrás, este medio informó que en Labor Parlamentaria sí se pudo congeniar, de no mediar sorpresas de último minuto -aquí siempre se mira hacia Balcarce 50-, la votación en particular por títulos. Esto implica un proceso más acelerado -aunque seguirá lo engorroso y complejo-, con la posibilidad de abrir pocos capítulos a dialoguistas que no quieran avalar una sección de los mismos. En el borrador final -aún se revisaban palabras, algo insólito por el tenor del asunto-, aparecen más de 200 artículos. Fueron casi dos meses de negociación.
POLITICA
Cuadernos de las Coimas: un exfuncionario cargó contra los “delatores” y se calienta el juicio
La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continuó este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.
El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.
En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.
“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.
Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó-; que está impulsada por la “economicidad procesal” y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.
Dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.
Ubeira optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.
“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en otro tramo de su presentación.
El planteo tuvo lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa.
Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.
El resto de los imputados
Después que el exfuncionario Thomas, distintos empresarios que declararon como imputados colaboradores presentaron diversos planteos, nulidades o requerimientos adicionales.
Fueron Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A, quien admitió haber pagado 600 mil dólares en 2010 a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio de Vido; Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio; Miguel Marcelino Aznar, de la firma Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.
Por su parte, el empresario Armando Loson, de Albanesi S.A., dirigió sus críticas contra los dos cuadernos que lo incriminan en la maniobra.
Apoyado en un peritaje de Gendarmería y en otro procedimiento privado, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, dijo que dos de los ocho cuadernos de Centeno habían sido adulterados y que su cliente Loson no debía ser juzgado en el proceso. “Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, afirmó.
También sostuvo que Loson “fue forzado a arrepentirse” y dijo que cuando estuvo preso “se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”.
Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el caso en esta etapa apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y a cuestionar el uso que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio hicieron de la ley del arrepentido, uno de los ejes centrales del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por , con anotaciones repletas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.
En la hoja de ruta trazada por el Tribunal está previsto que las indagatorias comiencen en marzo.
juicio por los Cuadernos de las Coimas,Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a,,Por la valija de Antonini Wilson. La Corte dejó firme la condena a Uberti y debería quedar detenido,,Caso Seguros. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández,,Hostigamiento digital. Investigan si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra Villarruel,Los cuadernos de las coimas,,Cuadernos de las Coimas. El abogado de Cristina pidió la nulidad del caso: denunció forum shopping y «aprietes» a arrepentidos,,Cuadernos de las Coimas. Se reactiva el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso,,Secretarios de los Kirchner: de la nada, a millonarios
POLITICA
La CGT marcha al Congreso en contra de la reforma laboral y el Gobierno asegura que aplicará el protocolo antipiquetes
La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará su tratamiento este miércoles en el Senado. La marcha está prevista a partir de las 15, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial.
La central obrera decidió manifestarse luego de meses de tensiones con el Ejecutivo por el alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral. La iniciativa oficial prevé modificaciones en aspectos como el cálculo de indemnizaciones, la regulación de jornadas laborales y la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos que los gremios consideran perjudiciales para los derechos de los trabajadores.
Leé también: El Gobierno evalúa un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria en marzo
La marcha fue acordada en el seno del Consejo Directivo de la CGT, aunque en las últimas semanas se registraron diferencias internas sobre la estrategia a seguir. Mientras algunos dirigentes buscaban mantener canales de diálogo con el Gobierno y legisladores, otros sectores impulsaron una protesta más contundente, incluso con paralizaciones sectoriales. Finalmente se optó por la movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.
La protesta se da en un contexto de fuerte oposición sindical al proyecto del Ejecutivo, que los principales referentes de la CGT han calificado como “un avance que podría debilitar la negociación colectiva y limitar los mecanismos de representación gremial”. Distintas organizaciones sociales y sectores sindicales también han expresado su adhesión o sumado marchas y acciones en diversas provincias para visibilizar su rechazo.
La marcha como antesala de un paro nacional
La movilización está prevista para generar impacto político en el Congreso al mismo tiempo que se debate el proyecto, en un intento de presionar a los legisladores para que introduzcan cambios o lo rechacen. Desde los sindicatos sostienen que la protesta representa la preocupación de miles de trabajadores por las consecuencias que podría tener la reforma sobre la estabilidad laboral y los beneficios conquistados históricamente.
Leé también: El Gobierno anunció que sacó el capítulo de Ganancias de la reforma laboral que se trata mañana en el Senado
La marcha fue convocada por la CGT y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso. El Gobierno aseguró que aplicará el protocolo antipiquetes.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
El operativo de seguridad del Gobierno para la movilización
El Gobierno desplegará el operativo antipiquetes, que consistirá en un operativo especial de seguridad en la zona del Congreso durante la movilización convocada para este miércoles, con vallados, cortes y accesos restringidos en distintos puntos del centro porteño. El esquema estará enfocado en ordenar el ingreso de manifestantes, resguardar el edificio parlamentario y garantizar el funcionamiento del recinto mientras se desarrolla el debate en el Senado.
Según lo previsto, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.
En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso. La CGT ingresará por Hipólito Yrigoyen, mientras que otros espacios —como organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sectores del peronismo— se ubicarán sobre Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo y calles aledañas, bajo monitoreo de las fuerzas de seguridad.
CGT, reforma laboral, marcha
En una sesión que se prevé extensa, el Senado tratará la reforma laboral con un kirchnerismo con estrategia propia
Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región
Cuadernos de las Coimas: un exfuncionario cargó contra los “delatores” y se calienta el juicio
Tini Stoessel mostró el tatuaje que se hizo borracha: se arrepintió y lo quiere borrar
Guía para entender el proyecto de reforma laboral: banco de horas, vacaciones y despidos
Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo
Natalie Weber contó toda la verdad del coqueteo de Sabrina Rojas a Mauro Icardi en un boliche: “Yo sé lo que pasó esa noche y te puedo decir que Sabrina no fue”
El sector industrial advierte que la apertura económica exige eliminar las distorsiones internas
Mirtha Legrand se quebró desconsolada al hablar de la renuncia de Jimena Monteverde a su mesaza
Central Córdoba vs. Unión: formaciones, hora y dónde ver por tv
ECONOMIA3 días agoEl sector industrial advierte que la apertura económica exige eliminar las distorsiones internas
- POLITICA1 día ago
Acuartelamiento policial en Santa Fe: reclamo salarial y temor a un conflicto nacional de seguridad
- ECONOMIA3 días ago
Argentina usa la canasta más vieja de la región: así mide el INDEC frente a países vecinos
