POLITICA
El Gobierno quiere dejar atrás el traspié con el INDEC mientras el peronismo desconfía hasta de su sombra

En medio de la paz, al Gobierno le estalló un problema que no esperaba. Y nada tiene que ver con la reforma laboral. En Casa Rosada nadie anticipó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pensó que el ahora ex titular se quedaría en el cargo a pesar de la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del organismo. En Nueva York, grupos de inversores referenciados en asesores argentinos, además de no esperarlo, no lo podían entender. Por estas horas sigue la sorpresa, a lo que uno de ellos definió ante un lobbysta con sede en Manhattan como una “arrogancia innecesaria”, porque “el mercado ahora te la deja pasar y luego te la cobra”.
Las consecuencias en la credibilidad del instituto son impredecibles, sobre todo por los motivos de la salida de Lavagna a raíz de la fuerte discusión para publicar el nuevo método. Quien estuvo al tanto de esta discusión se sinceró ante Infobae: “No era cuestión de si daba más o menos, porque eso hace un año que iba arriba y abajo. Lo que se rompió fue la completa independencia del INDEC, sus planes de trabajo y la credibilidad”.
La frase se condice con el informe de diciembre del Banco Central. En su página 58, la entidad señalaba: “En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del índice busca reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado”.

En otro apartado, llegaba a este punto: “La primera conclusión que surge de estas estimaciones es que los servicios ganarán peso en forma significativa en detrimento de los bienes (aproximadamente 12 puntos porcentuales)”. El Gobierno, en consecuencia, le prohibió al INDEC reflejar los datos estadísticos. Por eso renunció Lavagna.
Ese tropezón evitable apareció en una semana intensa para el Gobierno en el Congreso. Por ahora, más allá de las declaraciones que buscan calma en el poroteo, los votos no están para aprobarlo en el Senado. Patricia Bullrich asegura que irán al recinto sí o sí el 11 de febrero. La discusión central con los gobernadores afines —tanto del PJ como radicales y del PRO— es por el ya trillado Impuesto a las Ganancias. El proyecto, en esta parte impositiva, busca reducir la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5%, con escalas intermedias que bajan del 30% al 27%. Significan 1,7 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Los gobernadores estiman en 144 mil millones de pesos por mes lo que dejarían de percibir en concepto de coparticipación. Los mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz en Salta, no dudaron en sacarse la foto con Diego Santilli, ministro del Interior, pero por lo bajo aseguran que es imposible votar eso sin que haya una recomposición por otro carril. El presidente Javier Milei, por ahora, ordenó no cambiar de idea.
En ese sentido, el jueves habrá una reunión de todo el bloque de Fuerza Patria. Contará con presencia perfecta, salvo algún caso de viaje personal que pueda tener un senador. Allí se tocarán varios temas. El primero será la reforma laboral. Quienes responden a gobernadores “dialoguistas” plantearán la necesidad de acercar posiciones. Pero, como está pasando en la mayor parte de las estructuras políticas opositoras, el gran problema vendrá por planteos internos. El último pasó bajo el radar mediático, pero por estas horas es clave para evitar una ruptura que puede ser total.

Para entenderlo hay que repasar lo sucedido en Jujuy. Allí el PJ está intervenido y quienes llevan adelante la tarea son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, ambos cercanos a Cristina Kirchner. En febrero habrá elecciones internas en esa provincia. Allí, la senadora Carolina Moisés planea enfrentar a La Cámpora. Pero ahora la legisladora fue suspendida por “inconducta partidaria” —la acusan de votar y favorecer al Gobierno—. Además, dieron de baja a 300 afiliados que le responden. “Los kirchneristas creen que fue la cabecilla de la rebelión y por eso saltaron así. Ella no quiere saber nada y está dispuesta a terminar de romper”, relató un compañero de banca. Desde San José 1111 negaron una interna partidaria y apuntaron a sus votos “como si fuera libertaria”.
El temor es que lo sucedido en Jujuy pueda reproducirse en otros ámbitos. “Es cierto que los sellos no le importan a nadie salvo a nosotros. Pero ahí se juega el armado para lo que viene”, explicaron. Puede dar fe de eso el gobernador Axel Kicillof, que tiene las horas contadas para aceptar o declinar la oferta que lanzaron desde La Cámpora para ser el presidente del PJ bonaerense. El mandatario quería imponer a Verónica Magario, pero no generó consenso. Máximo Kirchner contraatacó y dijo que debería ser él quien se ponga al frente. El armado de las listas vence el 8 de febrero. Por ahora, todos —por las dudas— juntan avales, aunque nadie quiere llegar a la instancia de votación.
“No van a financiar una interna. Es una discusión sin sentido para los que están en el territorio”, se animó a plantear un dirigente del PJ que busca acercar posiciones. Por las dudas, hubo paz en un punto clave: los veedores partidarios. En la práctica, son quienes aceptan o desestiman las listas. A los cuatro que ya estaban confirmados —Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez— se sumaron dos más para el “axelismo”. De fondo quedó otra discusión latente: las reelecciones indefinidas de los intendentes.
Más allá de la alternativa legislativa, hay quienes insisten en una definición judicial que les permita seguir de la misma manera. Por fuera de la rosca partidaria, la preocupación en las filas del gobernador pasa por el déficit fiscal, que no baja de 1,5 billones de pesos. Proveedores del Estado bonaerense repiten por estas horas una pregunta clave: “¿Está el dinero para pagar las deudas con las empresas que le prestan servicios a la administración de Kicillof?”. Solo en alimentos, para citar un ejemplo, el gobierno bonaerense gasta más de 60 mil millones de pesos por mes. “Estamos financiando todo lo que Nación cortó”, explicó uno de sus funcionarios.

Sin déficit pero con movimientos sin freno, en la Ciudad de Buenos Aires hay que poner la lupa. Quizás el cambio más importante, en términos de poder y relaciones con empresarios clave, fue el que se produjo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desde esa silla se habilitan los permisos para proyectos inmobiliarios. El ganador, como de costumbre en los últimos meses, fue Daniel “Tano” Angelici. El empresario del juego y hombre fuerte del radicalismo porteño se quedó con el área.
Allí estaba Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Había ocupado ese cargo en Vicente López y asumió cuando el primo del expresidente ganó la elección en 2023. Ahora al frente estará Agustina Olivero Majdalani. “Fue un movimiento del ‘Tano’, que ahora va a manejar un área clave para la Ciudad”, relató a Infobae un dirigente del PRO.
Angelici ya había obtenido un premio a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto. Como parte del acuerdo con Macri, puso a Christian Gribaudo, ex senador bonaerense del PRO, como secretario administrativo de la Cámara. Desde allí maneja los gastos y contrataciones del Parlamento, con una billetera que envidia cualquier distrito por el volumen y la opacidad de los manejos. En ese puesto estaba Ignacio Pérez Lorgueilleux, que responde a Santilli. Pocas semanas después saltó a Nación para ser titular del RENAPER. Quienes siguen de cerca estos movimientos creen que Macri está entregando parte de su poder para no tener mayores problemas con una Legislatura que puede jugarle en contra —tiene menos de siete legisladores que le responden—. Algunos piensan que demasiado.
Días atrás, otro que encontró trabajo rápido fue el exlegislador Yamil Santoro. En diciembre dejó la Legislatura y hasta posteó en LinkedIn que buscaba empleo. La Ciudad lo volvió a cobijar: asumió como CEO del Parque de la Innovación. “Se animan varios cuando parece una estructura endeble. Y la Ciudad tiene lugares infinitos”, sentenciaron.
POLITICA
Cerró la paritaria de Comercio: de cuánto será el aumento trimestral que recibirán los empleados

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector cerraron este jueves un acuerdo paritario para este año dentro de la pauta del Gobierno, que contempla un aumento salarial del 5% en tres tramos y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio de 2026.
El aumento salarial, que fue firmado por el sindicato que lidera Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), prevé una mejora escalonada para los ingresos de 1.200.000 trabajadores de la actividad: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.
La paritaria contempla la aplicación de un proceso de monitoreo continuo de la evolución económica para ajustar los ingresos ante las variaciones de precios, con el objetivo declarado de salvaguardar el poder adquisitivo durante el primer semestre, según destacó FAECYS.

Al anunciar la paritaria firmada para abril-junio de 2026, Cavalieri remarcó: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.
“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil -agregó el sindicalista-. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.
La paritaria de Comercio sintoniza con la pauta salarial del Gobierno, por lo que se descuenta que será homologado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.
Ante la amenaza oficial de que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación, los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.
El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.
El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.
Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.
En el caso del Sindicato de Comercio, no se trata de una paritaria cualquiera. Involucra al sindicato con mayor cantidad de trabajadores y cuyos salarios sirven de referencia para otras actividades. Ahora, a diferencia de lo sucedido hace un año, donde la paritaria superó la pauta oficial y no fue homologada hasta que se replantearon sus cifras, Cavalieri y las cámaras firmaron un acuerdo a tono con lo que quiere el Gobierno.
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Paritarias: Comercio acordó un aumento del 5% en tres meses y un bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026, tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).
Según informaron las entidades, el acuerdo contempla un incremento salarial para los empleados de comercio del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.
El gremio informó a través de un comunicado que el convenio logrado “mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado” frente a la inflación en el primer semestre del año.
Al respecto, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.
“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.
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POLITICA
Tapia desafía a la Justicia: inaugura la sede de AFA en Pilar y busca blindaje político y de la Selección

Claudio Chiqui Tapia tiene su propio álbum de la Selección y político. El martes tuvo la foto con Lionel Messi y hoy sumó la de Rodrigo de Paul. Hay detrás una jugada mayor: la inauguración de la sede de la AFA en Pilar en la primera semana de abril, cuando los jugadores estén aún en el país. Un blindaje albiceleste para encarar el frente judicial. Este miércoles, el juez en lo penal económico Diego Amarante le rechazó un pedido general para viajar al exterior en los próximos 60 días. El Mundial comienza en 84 días.
“La verdad es que deberían estar Messi, El Dibu, Otamendi, Cuti Romero, Paredes, pero vamos a ver porque, como coincide con Semana Santa, es lógico que quieran estar con su familia. Pero el Chiqui hizo mucho por Leo”, dicen cerca de Tapia.
No es casual la fecha que buscó el mandamás del fútbol argentino para la inauguración de la sede de la AFA en Pilar. La locación formó parte de la pulseada con la Inspección General de Justicia, encabezada por Daniel Vítolo, hasta que el nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques le pidió la renuncia. La IGJ rechazó el cambio de domicilio y argumentó que en el lugar había un descampado. LA AFA levantó en un mes la nueva sede y busca asentarse allí para lograr que las causas judiciales queden en manos del juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Este miércoles la jueza nacional Paula Petazzi resolvió que la investigación de las cuentas de la AFA en Estados Unidos recaiga en la Justicia de Campana.
Antes de renunciar, Vítolo decía que el plazo para que la AFA recurra el rechazo de la IGJ vencía el 11 de marzo. Sin embargo, en la gestión de Mahiques —con vínculos con la AFA— hicieron otro cálculo y le dieron un mes más de plazo: “Fueron notificados el 18 de febrero y el plazo es de 30 días hábiles administrativos, por lo que vence técnicamente el 7 de abril”.
El 30 de marzo es la audiencia clave que convocó la Cámara Federal de Casación Penal para definir qué juez se queda con la causa que investiga la compra de una lujosa mansión en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El trasfondo es un esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino.
La Cámara debe decidir si el caso sigue en manos de González Charvay, o vuelve al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, en la Ciudad de Buenos Aires, o al de Daniel Rafecas.
El argumento de la AFA para que siga en manos de González Charvay es que el domicilio en Pilar corresponde a ese departamento judicial. Una maniobra de forum shopping. Por eso, dicen en tribunales, la premura por la inauguración de la nueva sede en la provincia de Buenos Aires. Para eso, Tapia cuenta con el guiño de Axel Kicillof: el Ministerio de Justicia bonaerense aprobó el cambio de domicilio. Así, la AFA se desmarca del control de sus balances por parte de la Inspección General de Justicia.
No obstante, Mahiques designó, como había pedido Vítolo, dos veedores -el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco– por 180 días.
Tapia enfrenta junto a Toviggino una causa iniciada por denuncia de ARCA por la retención indebida de aportes previsionales por 19.000 millones de pesos. Ambos fueron indagados a mediados de marzo y tienen prohibición para salir del país. Amarante tiene que resolver la situación procesal de la cúpula de la AFA.
El viernes, González Charvay dispuso allanamientos en el predio de Ezeiza de la AFA y en la sede de la calle Viamonte por la mansión de Pilar y por la otra causa que investiga los fondos que manejaba en el exterior TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. La hipótesis judicial es que se desviaron US$300 millones de la AFA a empresas fantasmas de Estados Unidos.
Cuando la Prefectura Naval llegó a la histórica sede de Viamonte, encontraron un papel en la puerta que decía: “(CERRADO) Dirigirse a MERCEDES 1366 PILAR”.
El plan de Tapia, como anticipó TN, es desmarcarse de Toviggino y que una buena performance de la Selección en el Mundial lo saque de las malas judiciales para lanzarse como candidato a gobernador. “Eso va muy en serio. Está hablado con el Gobernador y se va a medir en su momento”, dicen cerca de su entorno.
Como presidente de la CEAMSE, logró sumar al municipio de Luján. El intendente de Luján, el peronista Leonardo Boto, firmó el contrato y el municipio de Luján comenzará a enviar, por primera vez, la totalidad de sus residuos a la CEAMSE.
El dato es político también. Boto fue uno de los intendentes que compartió palco con Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza) durante la Asamblea Legislativa que encabezó Kicillof. Son los intendentes que apoyan a Tapia en la interna bonaerense. También formarían parte de los invitados a la inauguración de la sede de Pilar.
Al final las fallidas giras de la Selección le terminaron dando un guiño al calendario judicial y político de Tapia. Este viernes, la Selección juega un amistoso con Mauritania, y el martes 31, con Zambia. El 30 se sabrá qué juez investigará el AFAgate. La suerte de Toviggino estará echada. Tapia se imagina un futuro en la política y descorchando en la inauguración de la sede en Pilar.
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