La Ciudad de Buenos Aires y la provincia mantienen un conflicto en torno a la asistencia de personas en situación de calle. En los últimos días, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en su cuenta en X un reclamo directo a Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Exige que la administración provincial asuma los costos y la atención de los bonaerenses que actualmente residen temporalmente en los centros de inclusión social de la Ciudad. El ministro de Desarrollo Humano de la ciudad, Gabriel Mraida, detalló en Infobae en Vivo el alcance de esta problemática y el reclamo formal realizado.

El dato más reciente del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, informó que la pobreza descendió al 28,2 %, el índice más bajo desde 2018. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires creció la preocupación y visibilidad sobre la cantidad de personas que viven en la calle, muchas de ellas provenientes de la provincia. El gobierno porteño sostiene que, de las 4.000 personas alojadas en paradores, 2.327 serían bonaerenses.

Según la nota oficial enviada por la Ciudad a la provincia, “cada una de estas personas que viene desde la provincia de Buenos Aires le representa a los porteños $1.163.075 por mes. El total asciende a más de $27.000 millones mensuales por este grupo”.

La respuesta de la provincia y el marco legal

El tema escaló cuando Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, respondió a Macri en redes sociales: “En la provincia duplicamos los centros de integración social que operan en el área metropolitana y en el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad”. También señaló que el principal reclamo debía dirigirse al Gobierno nacional y no a la provincia.

El gobierno porteño fundamenta su reclamo en el decreto nacional 373/2025, que indica que cada jurisdicción debe hacerse responsable de las personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, señaló en Infobae en Vivo: “Hay una ley nacional que indica que cada jurisdicción tiene que hacerse cargo”, y agregó que la provincia de Buenos Aires “debería disponer de un sistema de atención y, además, existe una ley provincial de 2008 todavía más taxativa”.

Mraida remarcó: “No solo tienen que dar alojamiento. Deben tener una línea de teléfono, un censo, y conocer quiénes son las personas. Ninguna de esas condiciones se cumplen en la provincia”.

El operativo de asistencia en la ciudad y la demanda a la provincia

En la Ciudad de Buenos Aires, según Mraida, hay un sistema activo basado en el teléfono 108, que atiende las 24 horas y despliega casi cien móviles para identificar y asistir personas en calle. Además, existen “71 centros donde las personas pueden dormir, bañarse, comer, y recibir asistencia psicológica”. Mraida resaltó: “La provincia no tiene nada de todo eso”.

El funcionario aportó un caso reciente: “Antes de ayer, una mamá de Rafael Castillo llegó a la ciudad con su hijo para instalarse en una esquina. Respondimos con atención médica inmediata y los llevamos a un parador para familias. Lo ideal para ese chico sería poder seguir con su escolaridad y su vida en la provincia, no recurrir a un refugio porteño”.

Sobre la capacidad de la provincia, el ministro porteño cuestionó la veracidad de la información difundida por la administración bonaerense: “Antes figuraban 13 centros en toda la provincia y hoy, tras la nota formal de la ciudad, aseguran tener 58. Sin embargo, no hay pruebas concretas de esa infraestructura ni respuesta efectiva para personas que lo requieren. Muchas veces, quienes llaman a líneas de la provincia son derivados a la Ciudad de Buenos Aires”.

La estadística de personas en situación de calle

Gabriel Mraida explicó que en la Ciudad de Buenos Aires se realizan dos censos anuales. El último, en noviembre, reflejó que había 1.500 personas en vía pública y casi 4.000 en paradores. Además, señaló que el subsidio habitacional cubre hoy a 12.000 personas dentro del distrito. El funcionario remarcó: “De los 4.000 en paradores, 2.300 son bonaerenses. En los dispositivos diurnos, el 70% de las personas asistidas proviene de la provincia”.

El crecimiento de la demanda es notorio. Mraida informó: “En el último año, la cantidad de personas en situación de calle aumentó un 25%. Casi todo ese aumento fue absorbido por el sistema social de la ciudad, sobre todo por el incremento de personas en paradores”. El fenómeno, añadió, también está vinculado al agravamiento de los problemas sociales y económicos desde 2017, especialmente desde la pandemia y con el impacto de la ley de salud mental, que impide intervenciones compulsivas.

Reclamos y límites del sistema de contención

Respecto a la articulación con la provincia, Mraida afirmó: “No tenemos diálogo directo y regular con Larroque. Hicimos un reclamo formal y respuestas informales a diario, pero no hay solución de fondo si no se prioriza políticamente el tema”.

El ministro subrayó dos propuestas concretas: “Si la provincia no tiene prioridad para ampliar la atención, puede al menos contribuir al financiamiento que hoy absorbe la ciudad. La otra opción es coordinar un trabajo conjunto para que las 2.723 personas identificadas como bonaerenses sean reinsertadas en su comunidad y que los niños puedan regresar a su escolaridad”.

Sobre la estadística general y el cruce con el contexto nacional, Mraida sostuvo: “Siempre que una estadística evidencia una mejora es una buena noticia. Pero la fragilidad social estructural no está reflejada completamente en los indicadores oficiales. El esfuerzo de la clase media y los adultos mayores no aparece. La situación general sigue siendo de mucha fragilidad”.

Finalmente, Mraida aclaró que la función del Ministerio de Desarrollo Humano porteño abarca no solo la asistencia a quienes llegan desde la provincia, sino también la atención individualizada de vecinos de la ciudad en casos de emergencia, como el reciente colapso en un edificio de Parque Patricios.

“Tenemos presencia constante y acompañamiento caso por caso a las familias afectadas, y la empresa constructora cubre la estadía en hoteles”, precisó.

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En medio del avance de investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei lo recibió en la Quinta de Olivos para una reunión de trabajo en la que repasaron la agenda legislativa y delinearon la segunda etapa de gestión, con proyecciones hacia 2026 y 2027.

Según se informó, el encuentro incluyó una ratificación del respaldo político del mandatario al vocero y la planificación de una ronda de reuniones con ministros que comenzará después de Semana Santa.

La reunión se realizó luego de que Adorni suspendiera la conferencia de prensa que tenía prevista para este miércoles en la Casa Rosada. En ese contexto, el jefe de Gabinete mantuvo un encuentro mano a mano con Milei en la residencia presidencial, donde ambos retomaron las proyecciones de gestión y revisaron los proyectos y reformas en marcha.

De acuerdo con lo comunicado tras la reunión, el Presidente y su jefe de Gabinete trabajaron sobre la agenda legislativa y “la recta final de la segunda etapa de gobierno”. El objetivo, indicaron, es optimizar la gestión y avanzar con una planificación de metas operativas para el período 2026/2027. En esa línea, Adorni iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y la ejecución de cada cartera.

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Según se detalló, las primeras reuniones ya tienen fecha. El 6 de abril a las 14 se realizará el encuentro con el Ministerio de Seguridad; el 7 de abril, también a las 14, será el turno del Ministerio de Salud; y el 8 de abril a las 10 está prevista la reunión con el Ministerio de Defensa. En esos encuentros, el jefe de Gabinete buscará revisar el estado de los proyectos y avanzar en reformas tanto legislativas como internas de gestión.

Según pudo saber TN, durante la reunión Milei expresó su respaldo a Adorni y no se abordó una eventual renuncia del funcionario. En ese sentido, desde el Gobierno descartan los rumores que circularon en los últimos días y aseguran que el jefe de Gabinete “está 100% confirmado en el cargo”.

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El encuentro se dio en paralelo al avance de causas judiciales que analizan operaciones patrimoniales vinculadas a Adorni. En una de esas investigaciones, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la certificación de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada por el funcionario. La citación está prevista para el miércoles 8 de abril en los tribunales de Comodoro Py.

La investigación judicial se centra en la compra del inmueble concretada el 18 de noviembre de 2025, declarada por un valor de 230 mil dólares y bajo análisis por la estructura financiera utilizada en la operación. Según consta en los registros, la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes también figuran como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares utilizado para completar la transacción.

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La fiscalía pidió distintas medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y verificar la información presentada ante organismos oficiales. Entre ellas, se solicitaron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien planteó presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según se consignó en el expediente, el fiscal consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” de Adorni.

Manuel Adorni, Javier Milei, La Libertad Avanza