POLITICA
El Gobierno rechazó un informe de la ONU que advirtió por el hacinamiento de presos en comisarías y el rol de las fuerzas en las marchas
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes un duro informe con advertencias sobre la situación de presos en comisarías y cárceles de Argentina y sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional expresaron en un comunicado su “enérgico rechazo” al texto porque “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“El documento —abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista— exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos», remarcó el Ministerio de Seguridad en su repudio.
El documento apunta a irregularidades relacionadas al trato de personas privadas de su libertad, condenadas o con procesos abiertos. Especialmente a la situación de detención prolongada en comisarías, para la cual manifestó su “seria preocupación” por las condiciones en “dependencias policiales que son sumamente deficientes”.
El organismo describe esa situación con algunos ejemplos: “Celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo”. También remarcó que el Comité observó “demoras significativas” en la atención médica a las personas detenidas.
Por eso reclamó al Estado nacional terminar con el uso de estas dependencias policiales para privaciones de libertad de “larga duración” y “garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica”.
La ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas. Reclamó al Estado que “debilitó” las disposiciones para que los agentes federales se identifiquen durante operativos y que con las resoluciones firmadas, el Ministerio de Seguridad “amplía su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha”.
Lo mismo hizo con los nuevos reglamentos de 2024 para el uso de armamento no letal. “No especifica suficientemente las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas”, remarcó el Comité.
Los expertos de la ONU pusieron como ejemplo de preocupación las manifestaciones de marzo de este año, por la que resultó herido de gravedad el fotorreportero Pablo Grillo tras un impacto de un proyectil de gas lanzado por Gendarmería, que tiene al cabo Héctor Guerrero procesado penalmente en la Justicia, “particularmente las alegaciones de lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante manifestaciones sociales”.
Para el ministerio de Seguridad, el documento elaborado en Ginebra, Suiza, “asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito”.
Y señaló que el informe “carece de equilibrio”, “omite hechos centrales de la realidad reciente”, “se aparta de su mandato técnico” y “reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”.
El Gobierno nacional va más allá incluso y acusa al Comité contra la Tortura de elaborar un documento “plagado de una narrativa que engrandece selectivamente al gobierno anterior”.
“El informe omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández”, remarca y enumera “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia”; “el luctuoso caso de Magalí Morales, muerta bajo custodia policial en circunstancias gravísimas que nunca fueron esclarecidas”; “los excesos policiales registrados en distintos puntos del país durante la eterna cuarentena impuesta”; y “el escándalo del Vacunatorio VIP”.
El Comité expresó su preocupación por “los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024″.
En particular, inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía. Y puso como ejemplo el caso registrado el 2 de marzo del año pasado en el penal santafesino de Piñero, donde hubo simulacro de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales.
También cuestionó “la sobreocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país”, el registro de “un aumento sostenido de la población carcelaria”. Y comunicó su preocupación por la transferencia del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación ya que “podría tener un impacto adverso en el enfoque de la gestión penitenciaria”.
La ONU llamó además al Gobierno a “tomar las medidas necesarias” para prevenir y poner fin a las “detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados” por parte de policías durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, en el marco de registros policiales y otros operativos policiales.
Y destacó “informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires” por lo que llamó a adoptar medidas para poner fin a estas prácticas con esquemas “cuasi policiales sin base legal ni supervisión judicial”.
“Resulta llamativo el tono del documento al cuestionar las patrullas municipales del Conurbano bonaerense, que operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos. A su vez, el Comité ignora la responsabilidad provincial en la gestión policial y penitenciaria en jurisdicciones donde surgen los casos que menciona”, respondió el Gobierno.
POLITICA
El Gobierno restringe la entrada al país de funcionarios y personal de las fuerzas armadas venezolanas que responden a Nicolás Maduro
El Gobierno de Javier Milei restringe la entrada al país de funcionarios y personal de las fuerzas armadas venezolanas que responden a Nicolás Maduro.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que a partir de ahora se restringe la entrada al país de funcionarios y personal de las fuerzas armadas Venezolanas que responden al chavismo.
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De acuerdo a lo informado por Adorni, las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados a Maduro y sancionados por los EE.UU, entre otros. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, expresó.
Horas antes, el Gobierno manifestó su “firme respaldo” a la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, destacando la importancia estratégica de la operación que permitió la detención de Maduro.
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A través de un comunicado oficial difundido por Cancillería, la administración nacional calificó el accionar de Washington como “una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región”.
Además, el propio Presidente Javier Milei habló públicamente tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Maduro: “Significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones; estamos viendo la caída de un dictador“.
En una entrevista concedida esta mañana, Milei no ahorró calificativos para describir al líder del régimen capturado: “Es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español. Tiene vínculos con Irán, Hezbollah, ha dado apoyo a Hamas y a las Farc”.
Para Milei, el fin del mandato de Maduro por la fuerza representa un alivio no solo para los venezolanos, sino para todo el continente. “Esta franquicia contaminó la región con ideas perversas y siniestras para la libertad. Es una excelente noticia para el mundo libre“, afirmó.
El Presidente aprovechó para marcar una diferencia tajante con otros líderes de la región, apuntando directamente contra el mandatario brasileño: “Yo condené el régimen venezolano, la posición de Lula fue muy diferente con el narcoterrorista. A mí no me financió Venezuela, a mí me persiguieron”.
Con Maduro fuera de juego, Milei fue contundente sobre quién debe tomar las riendas del país caribeño: “Edmundo González Urrutia debería asumir, ganó las elecciones y tiene un mandato que cumplir. Maduro era un usurpador”. Además, confirmó que aún no ha podido comunicarse con él ni con María Corina Machado debido a la “extrema tensión” que se vive en Caracas.
Manuel Adorni, Migraciones, Nicolás Maduro
POLITICA
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, apoyó el operativo de Estados Unidos en Venezuela: “Sacó a un dictador”
En pleno, el peronismo opositor al gobierno de Javier Milei rechazó la ofensiva en Venezuela del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para capturar al mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, hay sectores dialoguistas del Partido Justicialista (PJ) que empiezan a tomar una posición opuesta. Es el caso del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que viene interviniendo como aliado de Milei.
«Es un hecho que tenemos que apoyar todos los países del mundo que queremos vivir en paz, que respetamos los sistemas democráticos de gobierno”, aseguró Jaldo, en declaraciones a la prensa.
El gobernador aseguró que, con el operativo militar llevado adelante durante la madrugada de este sábado, Estados Unidos “sacó a un dictador de Venezuela”. “Es alguien que no sólo ha estado vinculado directa e indirectamente con el narcotráfico, sino que también ha albergado a narcotraficantes, a terroristas. Era un peligro para todo el mundo, sin excepción”, apuntó. “Y Maduro, lejos de combatir esos flagelos, los albergaba y les daba protección”, añadió, en total sintonía con la política exterior del gobierno de Javier Milei, alineada con Washington.
En ese sentido, Jaldo advirtió sobre los presidentes de países “que son cómplices” de esos grupos delictivos. “Entre ellos está Maduro. Y ojalá Estados Unidos pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, limpiar el mundo de terroristas y limpiar el mundo de narcotraficantes, que tanto daño hacen a la Argentina, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, la vamos a pasar mal”, subrayó.
El tucumano, incluso, fue más allá de la acción en Venezuela y respaldó todo tipo de intervención norteamericana en la región. En concreto, reiteró su expectativa de que “esto no pare en Venezuela, sino que siga en otros países que producen droga y la introducen en nuestra querida República Argentina y en países vecinos”.
“Nuestras generaciones se van quedando en el camino. Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuajo, y esa es la decisión del presidente de Estados Unidos. Hay que apoyar la medida de Trump y pedirle que vaya por más”, añadió el mandatario, que encabezará este lunes el lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao.
El peronismo condenó la acción militar en Venezuela
En contraste con la postura de Jaldo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que “la Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela” y sostuvo que la operación “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.
Desde su cuenta social en X, Kicillof argumentó que las acciones estadounidenses “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconoce el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”. “Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, remarcó.
En la misma sintonía, el Partido Justicialista (PJ) nacional, que está alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, también difundió un comunicado oficial repudiando el ataque dirigido por Trump, al que calificó como una “amenaza para toda la región” y una violación de la Carta de Naciones Unidas. El PJ reafirmó su compromiso con los principios de no intervención, rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos, subrayando que “América Latina es territorio de paz y soberanía”.
La agrupación La Cámpora se sumó a las críticas, condenando en un comunicado “el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela” y describiéndolo como “una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento”. La organización fundada por Máximo Kirchner advirtió que “los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responden a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela”.
El mensaje de La Cámpora también incluyó críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de respaldar la intervención militar y “demostrar una vez más que es un auténtico empleado de Donald Trump y que prefiere ser un buen alumno de los yankees antes que plantarse para defender los intereses de su pueblo”.
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En vísperas del lanzamiento de un plan de reconversión de los planes sociales que se gestionan en su área, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello cierra el año con importantes refuerzos presupuestarios. De hecho, su ministerio se ubica primero en el podio con una partida que, a lo largo del año, se incrementó en casi un 50%.
Semejante aumento se explica, en buena parte, a que el presupuesto del Ministerio de Capital Humano incluye la Anses, organismo a cargo del pago de las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares. En virtud de la actualización por la fórmula de movilidad, estos montos tuvieron un importante incremento este año, lo que obligó al Ministerio de Economía a llevar el crédito inicial de $50 billones a $74,3 billones.
Contrario a lo que sucedió el año pasado, cuando el gasto previsional cayó 15,1% real, en 2025 mostró una fuerte recuperación y acumuló un incremento del 11,8% en once meses, señaló en su último informe la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esto obedece a que el esquema de movilidad atado al índice de precios al consumidor (IPC) con dos meses de rezago generó aumentos reales al inicio del año, ya que los ajustes tomaron inflaciones pasadas más altas que las corrientes.
A medida que la inflación mensual se estabilizó en niveles bajos, la movilidad comenzó a incorporar variaciones de precios menores, lo que redujo gradualmente el ritmo de crecimiento real del gasto, explicó la OPC.
Las asignaciones familiares –entre las que se incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH)- también tuvieron un incremento por encima de la inflación acumulada; según la OPC, en once meses subieron el 12,6% interanual debido a que, al igual que el gasto previsional, se actualiza por el índice de movilidad.
Intentos de ajuste
El presupuesto que el Gobierno destina al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones diversas es el más alto de toda la administración y, al estar indexado por inflación, es el más rígido a la hora de intentar aplicar un ajuste. El Ministerio de Economía lo intentó –sin éxito- en el presupuesto 2026, cuando propuso derogar la actualización automática de las asignaciones que otorga la Anses; el Congreso lo rechazó, por lo que debió dar marcha atrás.
También tuvo que retroceder en su intento por podar las pensiones por invalidez que administra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); a raíz de un fallo adverso de la Justicia, el Gobierno se vio obligado a restituir a nivel nacional todas las pensiones que había dado de baja a lo largo del año; según la OPC, sumaron 132.672 entre octubre de este año y octubre de 2024.
Ante las dificultades para aplicar el ajuste en el gasto social que, por ley, se indexa por inflación, el Gobierno podó una serie de programas que engrosaban el presupuesto del ministerio que conduce Pettovello. Por caso, los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” tuvieron una caída interanual de casi el 41% real ya que el valor de la prestación se mantiene congelado desde diciembre de 2023.
Reconversión de los planes sociales
Este vaciamiento presupuestario de ambos programas tiene su explicación, explican los voceros de Pettovello. Según informaron, la ministra tiene previsto lanzar el 6 del mes próximo un programa piloto para reconvertir los planes sociales en un sistema de capacitación laboral orientado a la empleabilidad.
La propuesta oficial busca transformar el programa Volver al Trabajo, que alcanza a más de 900.000 beneficiarios que actualmente perciben $78.000 mensuales, en un esquema de vouchers educativos destinados a capacitación y certificación profesional. Si bien el programa ya se encuentra habilitado, el inicio de enero marcará la primera prueba concreta del nuevo modelo.
En paralelo, la cartera que conduce Pettovello evalúa encarar una reorganización integral de las asignaciones sociales. Entre las alternativas en estudio figura la unificación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una AUH Familiar, con el objetivo de simplificar el sistema y mejorar el control del gasto social.
Estos programas tienen hoy asignaciones presupuestarias dispares. La Tarjeta Alimentar, por caso, experimentó una caída de casi un 20% real interanual según la OPC. Esto obedece a que los montos no tuvieron incrementos desde junio del año pasado, presentando una pérdida de poder de compra de 24,0% promedio en once meses. Por el contrario, el Plan Mil Días tuvo un aumento del 59% interanual.
La ministra ahora quiere unificar todas las asignaciones familiares en una AUH familiar, aunque tal reconversión exigiría la aprobación de una ley. Desde el Gobierno sostienen que estos cambios no implican una eliminación inmediata de la asistencia, sino una reorientación del gasto social hacia la capacitación y el empleo.
Laura Serra,Sandra Pettovello,Conforme a,Sandra Pettovello,,Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años,,»Tiene que haber justicia». El Gobierno dice que recibió más de 2000 llamados en la línea de denuncias por “adoctrinamiento” en las aulas,,Coloquio de IDEA. Pettovello, una figurita difícil del Gobierno que pasó el examen con los empresarios
El Gobierno restringe la entrada al país de funcionarios y personal de las fuerzas armadas venezolanas que responden a Nicolás Maduro
Iran and Maduro ties suffer major blow following US operation and capture of Venezuelan dictator
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