POLITICA
El Gobierno recibirá al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada mientras avanza el acuerdo comercial con los EEUU

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá esta mañana en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Fuentes oficiales afirman que se trata de un encuentro estrictamente protocolar e introductorio entre ambos, dado que ambos han asumido hace semanas sus respectivas funciones.
La reunión será a las 10.30 horas en el despacho de Santilli. Coincidentemente, por esas horas podría llegar el presidente Javier Milei a la Casa Rosada, ya que al mediodía se hará la ceremonia de jura de la Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación.
Lamelas cumple un mes desde que comenzó sus tareas formales como diplomático en el país. El 4 de noviembre estuvo en Casa Rosada para presentar sus cartas credenciales al presidente Javier Milei, con quien dijo compartir “principios claros y valores que no se negocian”.
Desde entonces, Lamelas se ha mostrado con la amplia mayoría de la plana ministerial libertaria. Estuvo con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud). En la Embajada marcan que se trata de reuniones introductorias con el Gabinete y que habrá nuevas más adelante.

Como última actividad, el embajador estuvo este lunes con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, para firmar un memorándum de entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Dorado Task Force en Nueva York. “Este es un acuerdo que va a permitirnos seguir el rastro del dinero de terroristas, traficantes y criminales”, escribió Lamelas en su cuenta oficial de X.
La reunión se produce en el marco del avance del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Lamelas había señalado el mes pasado que el acuerdo comercial de los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.
Y es que hacia el final de esta semana se podrían conocer nuevos detalles de ciertos lineamientos del acuerdo marco anunciado semanas atrás. Infobae consultó con fuentes oficiales sobre algunos de esos trascendidos, pero evitaron dar detalles al respecto.
El trasfondo del acuerdo comercial con los Estados Unidos
En ese marco, Milei decidió cancelar su viaje previsto para esta semana hacia Estados Unidos. Allí iba a estar en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington. Con ese disparador, el Presidente iba a visitar la American Chamber of Commerce e iba a ser recibido por Suzanne Clarck, presidenta de la cámara norteamericana, así como por las autoridades del Argentine Business Council.
Se esperaba que el viaje de Milei permita que ambos gobiernos avancen en los detalles específicos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Hasta el momento, solo se anunció formalmente un “framework” o acuerdo marco, pero el texto legal definitivo aún no se ha difundido y deberá someterse a una exhaustiva revisión jurídica por parte de los equipos técnicos de los dos países.
El reciente avance en las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos abre la puerta a una transformación significativa para los exportadores argentinos, especialmente en sectores como la carne, el acero y el aluminio. El acuerdo marco de comercio e inversiones, anunciado por ambos gobiernos, prevé la eliminación de aranceles y la ampliación del acceso a mercados estratégicos, lo que podría modificar sustancialmente el panorama para los productos nacionales que buscan consolidarse en el tercer destino más relevante para el comercio exterior argentino.

El comunicado oficial difundido por la Casa Blanca detalla que ambos países se comprometen a abrir sus mercados para productos clave. Según el texto, “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.
Esta apertura recíproca se enmarca en el reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el gobierno de Javier Milei y en el cumplimiento de los requisitos de seguridad económica y de la cadena de suministro.
En cuanto a los beneficios para los productos argentinos, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas.
El comunicado agrega que Estados Unidos “podrá considerar positivamente el efecto que el Acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo la toma en consideración del Acuerdo al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862)”.
Este punto resulta especialmente relevante para el sector del acero y el aluminio, ya que la Sección 232 habilita la posibilidad de otorgar a la Argentina un cupo de exportación sin aranceles para ambos productos, que actualmente enfrentan una tasa del 50%. Según fuentes consultadas por Infobae, la medida busca replicar el cupo aprobado en 2018, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump, con un tope cercano a 180.000 toneladas anuales para ambos rubros.
POLITICA
La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto y alertó sobre el “espionaje político”

La oposición rechazó con dureza la reforma del sistema de inteligencia que prepara el Gobierno y que se formalizaría en los próximos días a través del DNU 941/2025.
Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la SIDE. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
Los dirigentes que se pronunciaron en contra de la norma anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo. Buscarán impugnar el DNU para evitar que quede vigente, una tarea compleja: el mecanismo exige el rechazo por mayoría en ambas Cámaras. Si una de ellas no lo trata o solo una lo rebate, el decreto conserva plena validez.
En Pro, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, aún no hubo una posición pública. Tampoco se expresó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, uno de los referentes del espacio indicó a que preparan un comunicado conjunto. Según pudo saber este medio, además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.
El antecedente está fresco en el Congreso. El primer DNU que la oposición, en su conjunto, le rechazó a Milei fue el que autorizaba el giro de $100.000 millones a la SIDE, en pleno apogeo del discurso oficial del “no hay plata”.
Uno de los primeros opositores que salió a rechazar la reforma que prepara Milei fue el diputado socialista Esteban Paulón. En un mensaje publicado en redes sociales, cuestionó el momento y el contenido del decreto. “El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió. Señaló, además, que los cambios se adoptaron “sin pasar por el Congreso y sin participación de la Comisión Bicameral”. Y agregó una lectura política: sostuvo que la interna entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo “es un riesgo para la seguridad nacional” y afecta la autonomía del sistema de inteligencia.
El DNU que pulen en el Gobierno -aún no se oficializó con la publicación en el Boletín Oficial- establece que todas las actividades de la SIDE revisten carácter “encubierto” por razones de “sensibilidad” estratégica. Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, lo que, según sus críticos, permite que la inteligencia se concentre exclusivamente en tareas operativas. Paulón atribuyó esta reconfiguración a la interna libertaria: interpretó que el cambio fortalece el control de Karina Milei sobre un área clave del Estado, al colocarla bajo la órbita de uno de sus principales aliados, y le resta margen de maniobra a Caputo, quien conserva influencia sobre la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra.
Uno de los puntos que encendió mayores alarmas fue la facultad otorgada al personal de inteligencia para proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que esa atribución equivale a la creación de una “policía política”.
Así lo expresó el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sostuvo que el decreto “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Recordó que es la segunda vez que Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que, en esta ocasión, “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Según Moreau, el esquema obliga a distintos niveles del Estado a transformarse en “delatores de la oposición política” y constituye “un claro retroceso democrático”.
En la misma línea se manifestó el diputado peronista Agustín Rossi, extitular de la SIDE durante el gobierno de Alberto Fernández. Advirtió que el DNU “transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta” al habilitarlos a aprehender personas sin orden judicial y alertó que el organismo “se convertirá en una fuerza parapolicial”.
La reforma también reorganiza el sistema bajo nuevas agencias especializadas, como la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia. Rossi puso el foco en las nuevas atribuciones de la Agencia de Contrainteligencia, que -según el texto del decreto- podrá producir inteligencia “sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas dentro de la jurisdicción nacional”. La oposición cuestionó que se trata de una definición amplia, sin delimitaciones técnicas precisas, que deja un margen significativo a la interpretación institucional.
Ese fue, también, uno de los ejes señalados por Paulón. Al denunciar lo que consideró un regreso del espionaje político, sostuvo que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas. “Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El Estado policial en su máxima expresión”, afirmó.
Otro de los cambios relevantes del decreto es la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar para unificarlo bajo el Estado Mayor Conjunto. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana centró sus críticas en ese punto. Aseguró que la reforma “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” al disolver la Diniem y concentrar poder en la conducción estratégica militar. Según explicó, a cambio de esa autonomía se subordina la inteligencia militar al área de seguridad, “dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. Para Taiana, el esquema avanza en la idea de transformar a las FFAA en una “Guardia Nacional”, una concepción que -dijo- impulsa desde hace años el Comando Sur. Taiana fue ministro de Defensa entre 2021 y 2023.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma del sistema de inteligencia como “un retroceso histórico” y apuntó contra las autoridades del Congreso. Desde su cuenta de X, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la falta de conformación de las comisiones clave. “Es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo para que este DNU sea tratado y rechazado a la brevedad por su nulidad absoluta e insanable”, sostuvo. Y advirtió: “De lo contrario, iremos directo al recinto”.
Las críticas también llegaron desde el radicalismo. Ricardo Alfonsín cuestionó que una reforma de esta magnitud haya sido instrumentada por decreto. “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos y consensuados, este es uno de ellos. Y es obvio que Milei no quiso hacerlo. Esto es muy grave”, escribió. Y cerró con un llamado a la acción: “Espero que las fuerzas políticas se manifiesten”.
Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo reclamó que el DNU sea anulado por el Congreso y advirtió que implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas” y la legalización de un estado policial. En términos similares, el legislador Néstor Pitrola, del Partido Obrero, sostuvo que el decreto “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”.
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POLITICA
Cristina Kirchner sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de enero

La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada. Además, está a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.
La expresidente fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Se encontraba en su domicilio de San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”.
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En tanto, la defensa de la exmandataria intentará que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, solicitudes que fueron en principio rechazadas por el TOF2.
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Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial que comienza ahora se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.
La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. De esta manera, cambian dos votos del tribunal y se abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.
Mientras, y transcurridos 12 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el último comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.
cristina kirchner, salud, feria judicial
POLITICA
El Gobierno iniciaría el proceso para privatizar el Belgrano Cargas: la letra chica y el plan para renovar otra compañía clave

El Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar durante el mes de enero el pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas, la cual finalizaría a mediados de este año. Se trata de la primera fase de un plan mayor que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen sobre la política ferroviaria: en este caso particular, las líneas abarcadas son el Belgrano, San Martín y el Urquiza. Para una etapa posterior, a largo plazo, se estudia llamar a licitación sobre el Ferrosur Roca.
Se tratan de dos fases de una masterplan que diseñan funcionarios con conocimiento del sector ferroviario, aunque los fines de esta política exceden solo al ámbito del transporte, ya que el rubro de carga está estrechamente interrelacionado con diferentes polos productivos dispersos a lo largo y ancho del país, tales como el agrícola, el minero, el petrolífero, entre otros.
El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access (acceso abierto).
El primer término quiere decir que se desbloquea la posibilidad de que una compañía pueda adquirir una de las unidades de negocios del Belgrano Cargas. Las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también serán concesionados. No así el material rodante (las locomotoras y vagones), que será vendido a través de un remate público.
Fuentes oficiales remarcaron que el dinero que se genere por ese último mecanismo será reorientado para realizar una inversión por única vez para la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.
El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.
Hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano. El pliego que ya está confeccionado obliga a la compañía a que invierta en la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.
Con estas mejoras sobre las trazas ferroviarias buscan generar una solución logística para multiplicar las cargas transportadas, haciendo que el tren pase a ser el medio de transporte de productos de 5% a 20% en cuestión de años. Creen que para finales de 2027 la carga podría duplicarse. “Actualmente hay mucha inversión en el punto de destino. Muchas están preparadas para transportar el triple de carga de lo que aguanta nuestro sistema”, marca una fuente libertaria.
Es por ello que diversos grupos empresarios manifestaron interés para hacerse con segmentos estratégicos del Belgrano y San Martín. Un consorcio liderado por Aceitera General Deheza (AGD) e integrado por firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, figura entre los principales aspirantes. Grupo México Transportes (GMXT) también formalizó su intención y espera canalizar una inversión de USD 3.000 millones. Otras compañías de Chile y España realizaron sondeos, al igual que firmas mineras multinacionales como la británica Río Tinto.

A grandes rasgos, el diagnóstico es el siguiente: en el San Martín hay menos capacidades ferroviarias y se precisan inversiones para reforzarlas; en el Belgrano hay falta de material rodante, buenas vías, pero hay un cuello de botella por la no-finalización de la circunvalación de Santa Fe; por último, en el Urquiza consideran que hay una demanda insatisfecha y que podría suplirse si es que logran planificar un esquema para satisfacer las conexiones internacionales.
“Lo que se transporta es muy poco para la cantidad de vías que hay. Tenemos costos fijos altos y el mantenimiento de la vía es complicada con la baja recaudación actual. Lo que se busca es incrementar el volumen de carga para hacer rentable el negocio. Creemos que el open access contribuye a eso”, explican desde el Gobierno. Ese sistema establece que cualquier operador privado podrá utilizar la red existente mediante el pago de un canon, siempre que cumpla con las condiciones legales y logre la autorización de la empresa operadora.
Si bien el nuevo esquema ferroviario puede favorecer a los sectores y zonas productivas comprendidas a lo largo de la traza de las tres líneas, varios de los negocios mineros y la totalidad de Vaca Muerta tienen cuellos de botella por la inexistencia de servicios ferroviarios que lleguen a esos polos.
Además de las tres líneas administradas actualmente por Belgrano Cargas, existen otras tres: Ferroexpreso Pampeano (con Techint como socio mayoritario), Ferrosur Roca (propiedad de Loma Negra) y Nuevo Central Argentino (de Aceitera General Deheza). De estas, el Gobierno está satisfecha solo con la última, que hace unos meses aceptó pasar por una adecuación contractual que le permitió extender su contrato hasta 2032.
Aunque no hay satisfacción con el estado de Ferroexpreso Pampeano, todavía no hay una decisión tomada sobre qué hacer. Para el caso de Ferrosur Roca se sabe que se llamará a un proceso licitatorio más adelante y sin fecha estimada. La compañía tuvo diálogos con el Ejecutivo y le presentó propuestas para renovar su contrato, pero fueron rechazadas.
La decisión del futuro llamado a licitación reviste de un particular atractivo para toda el área de Vaca Muerta. Ven que los privados verían con interés en favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca, provincia de Río Negro; y a 70 kilómetros de las vías de acceso más frecuentadas de la cuenca. “Ya tenemos la traza mapeada, aunque no hay planes específicos por el momento”, marcan.
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